Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 29 de Abril de 2009

Pasa este Juzgado Superior a pronunciarse con respecto al rechazo a la estimación de la cuantía de la demanda de la actora, por considerar la accionada que la misma había sido fijada de manera arbitraria y sin sustento que la justifique.

Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 00807 de fecha 30 de noviembre de 2005, caso E. D´Escriban y otro contra E. Martínez, dejó asentado:

Sobre este asunto, cuando el demandado impugna la cuantía estimada en la demanda, por considerarla exigüa o exagerada, esta Sala, en decisión de fecha 15 de noviembre de 2004, caso: J.M.R.E., A.E.F.G. y N.D.V.B.M. contra P.S.B., L.S.d.B. y J.P.B.S., estableció:

…se limita la facultad del demandado a alegar un nuevo hecho, que la cuantía es reducida o exagerada y los motivos que lo inducen a tal afirmación; pudiendo, si lo considera necesario, sostener una nueva cuantía. No pareciera posible, en interpretación del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, que el demandado pueda contradecir la estimación pura y simplemente por fuerza debe agregar el elemento exigido como es lo reducido o exagerado de la estimación, en aplicación a lo dispuesto textualmente que ´el demandado podrá rechazar la estimación cuando la considera insuficiente o exagerada´.

Por lo tanto, el demandado al contradecir la estimación debe necesariamente alegar un hecho nuevo, el cual igualmente debe probar en juicio, no siendo posible el rechazo puro y simple por no estar contemplado en el supuesto de hecho de la misma

.

En consecuencia, se desprende del criterio jurisprudencial cuya transcripción antecede, que cuando el demandado rechace la estimación de la demanda, bien por insuficiente o exagerada, si no es probado ese nuevo elemento, quedará firme la estimación realizada por el demandante en su escrito libelar, que, como se dijo, fue estimada en la cantidad de…omissis…”. (Énfasis de esta Alzada).

Lo antes expuesto, determina que la parte demandada al rechazar la estimación en el hecho de que su representada no podía ser compelida al pago de cantidad alguna por concepto de indemnización, considerándola arbitrariamente fijada y carente de sustento, no cumplió con los requisitos de la jurisprudencia ut supra citada en cuanto a la carga probatoria del hecho en el cual sustentaba su impugnación, además de estar relacionado el motivo de o objeción con el mérito de la causa, debiendo resaltarse que en la reforma de la demanda, el actor no ratificó la estimación hecha en el libelo primigenio, indicando únicamente el monto de la indemnización reclamada, razón por la cual se debe desestimar dicho alegato, y así se declara.

Despejado lo anterior, toca ahora emitir pronunciamiento con respecto al fondo de la controversia, para lo cual se procede previamente al análisis probatorio correspondiente.

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA:

Con el libelo aportó lo siguiente:

• Marcado con la letra “A”, original del contrato de protección de la póliza de seguro signada con el No 01-00124 suscrita por las partes, que cubre los riesgos de la pérdida total o parcial del vehículo en caso de hurto, robo o destrucción total con vigencia desde el 29 de octubre de 2004 hasta el 29 de octubre de 2005. Este medio probatorio, a pesar de que la representación judicial de la parte demandada indicó en su contestación que negaba, rechazaba y expresamente desconocía cualquier valor probatorio de los documentos privados acompañados por la actora, no se debe entender que haya ejercido impugnación del medio probatorio como tal, motivo por el cual se aprecia y valora conforme a lo establecido en los artículos 1.363 del Código Civil y 444 del Código de Procedimiento Civil, y demuestra la relación contractual asegurativa habida entre las partes, y así se declara.

• Recibos de caja números 01-00228, 01-00318, 01-00258, 01-00358 de fechas 04 de noviembre de 2004; 19 de enero de 2005; 01 de diciembre de 2004;y 01 de marzo de 2005, el primero por concepto de pago inicial correspondiente al contrato No. 01-00124 por la cantidad de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA BOLIVARES (Bs. 2.155.630,oo), donde consta que la empresa aseguradora SECOFIN COOPERATIVA DE CONTINGENCIA, recibió del ciudadano J.L.Y.R. la cantidad antes mencionada, y el resto de los recibos por el pago de las letras de cambio emitidas conforme al contrato de financiamiento 01-00098 cuyo monto era por la cantidad de Bs. 3.177.232,oo, que al no ser efectivamente impugnado se valoran a los efectos decisorios conforme al artículo 1.363 del Código Civil en concordancia con el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, y demuestra los pagos realizados por el asegurado, y así se declara.

• Instrumentos cambiarios signados con los Nos. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 y 6/6 de fecha 29 de octubre de 2004, por la cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE BOLIVARES (Bs. 529.539,oo), cada uno, librados a la orden de la aseguradora, en virtud del contrato de financiamiento ya referido. Estos medios probatorios al no haber sido impugnados efectivamente, se le debe otorgar valor probatorio en cuanto al pago y financiamiento realizado, todo conforme a lo previsto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil, y así se declara.

• Marcada con la letra “C”, copia fotostática de la denuncia signada con el No. G-944896 formulada por el ciudadano J.L.Y.R., en fecha 14 de marzo de 2005 por ante la Dirección Nacional de Investigación de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, (CICPC) instrumento éste que igualmente fue consignado con la reforma de la demanda marcado con la letra “B”, el cual contiene estampado sellos originales de dicha dirección y en su reverso nota debidamente firmada y sellada, donde se indica: “…Por error involuntario del funcionario copio el número 7 en el serial de carrocería, siendo correcto el número 8XLV13VNDW0000107…”. Esta denuncia fue igualmente consignada en copia fotostática por la parte demandada en el lapso probatorio del juicio a fin de demostrar que no fue consignada en original por su antagonista. Este medio de prueba, a pesar de que en la oportunidad de dar contestación a la demanda la accionada señaló: “… Negamos, rechazamos, contradecimos y expresamente desconocemos, cualquier valor probatorio de FOTOCOPIA DE SUPUESTA DENUNCIA, presentada por la actora al tratar de convalidar como Original de denuncia…” Se debe ratificar el análisis realizado por el a quo en el sentido de que el mismo no fue impugnado en la forma prevista en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, que por tratarse de un documento público administrativo, la copia se tiene como fidedigna de su original, acogiendo el criterio de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (st. Nº 51 del 18.12.2003) que si bien es cierto, en un principio fue consignado en copia fotostática, luego fue consignada copia con sello original y en lapso probatorio en copia fototastica por la demanda atribuyendo imprecisiones y adulteraciones, que ha debido probar por otros medios probatorios, por cuanto dichos instrumentos públicos administrativos gozan de una presunción iuris tantum de veracidad que debe ser desvirtuada por quien objete la validez del instrumento. Adicionalmente, se debe indicar que los errores cometidos por el funcionario que tomó dicha denuncia no pueden ser imputables al denunciante, como tampoco el hecho de que la parte demandada no haya impulsado la prueba de información que iba dirigida al organismo policial que expidió la denuncia que se analiza, prueba esta que fue oportunamente admitida, lo que evidencia que hubo desinterés en la evacuación de dicha prueba por el promoverte, motivo por el cual dicho instrumento se tiene como fidedigno, y se aprecia como documento público administrativo de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y 1.363 del Código Civil, como demostrativo de la denuncia interpuesta, y así se declara.

• Constancia de fecha 05 de septiembre de 2005, dirigida por la aseguradora al ciudadano J.L.Y.R., donde se dejó constancia del recibo por parte del actor de los documentos que este entregara con respecto a la reclamación presentada por el robo del vehículo de su propiedad, donde se indica que está pendiente por recibir la denuncia realizada por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalìsticas (C.I.C.P.C.), por la parte actora en fecha 14 de marzo de 2005, que al no haber sido impugnada se valora de conformidad con el artículo 1.363 del Código Civil, y así se declara.

• Comunicación fechada 05 de septiembre de 2005, remitida por la compañía aseguradora a la parte actora, manifestando su rechazo al pago de la indemnización del bien asegurado por robo a mano armada, por considerar la aseguradora que se había incumplido el contrato, especialmente lo previsto en la cláusula doce que establece, que SECOFIN quedará relevada de la obligación de indemnizar si el contratante y/o titular “…Letra h) Suministro de información falsa dolosa, fraudulenta o inexacta, reticencia de mala fe tendiente a ocultar o mitigar datos, hechos o circunstancias, por parte del CONTRATANTE y/o TITULAR…”. Dicho medio probatorio no fue validamentente impugnado por la parte demandada, se tiene por reconocido y se valora conforme a lo previsto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

• Copia del comprobante de recepción de la denuncia formulada ante el INDECU por el ciudadano J.L.Y.R. contra SECOFIN COOPERATIVA DE CONTIGENCIA, adjunto al libelo marcada con la letra “F; Acta suscrita por el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario, de fecha 29 de septiembre de 2005, donde se deja constancia de la no comparecencia de la aseguradora y de la presencia del ciudadano J.L.Y.R.; y acta de no acuerdo emitida por el INDECU de fecha 16 de noviembre de 2005, en la cual se deja constancia que SECOFIN mantuvo el rechazo basado en la cláusula ya referida. Estos instrumentos se aprecian por constituir documentos públicos administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 1.363 del Código Civil, y demuestran que se gestionó una reclamación en sede administrativa previo al juicio que nos ocupa, y así se declara.

• Original de Certificado de Registro de Vehículo signado con el No. 23887777, identificado con la letra “J”, que demuestra la titularidad de la parte actora respecto al vehículo objeto del contrato de seguro, que se valora conforme a lo previsto en el artículo 1.363 del Código Civil, y así se declara.

• Aportado con la reforma de la demanda, reporte de vehículos solicitados de fecha 17 de marzo de 2005, código G-944-896 que hace referencia al vehículo identificado con las siguientes características: Placas: AB114G; Marca: MITSUBISCHI; Serial de Carrocería: 8X1V13VNDW0000107; Serial del Motor: CJ3717 MONTERO GL DAKA; año:1998; Color: Rojo, fecha de denuncia 14-03-05, lugar del delito: Chivera Pipo La Yaguara. Este instrumento al no haber sido impugnado, se aprecia como documento público administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 1.363 del Código Civil, y demuestra que la denuncia se interpuso en la fecha indicada en el mismo y con el código que aparece en la denuncia G-944-896, y que el reporte es expedido en fecha 17 de marzo de 2005, por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte terrestre, y así se declara.

Deja constancia quien aquí decide que, las pruebas promovidas por la parte actora en la fase de instrucción, fueron declaradas extemporáneas por el a quo mediante auto fechado 31 de julio de 2006, motivo por el cual la inspección judicial extralitem evacuada por el Juzgado Vigésimo de Municipio de esta Circunscripción Judicial en fecha 14 de junio de 2006, no puede ser apreciada, al igual que la copia certificada de la misma consignada en fecha 23 de enero de 2007.

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA: En la etapa probática aportó los siguientes medios probatorios:

• Formato original de Contrato de Casco de Vehículo Terrestre redactado por la aseguradora SECOFIN COOPERATIVA DE CONTINGENCIA RL. Este instrumento apócrifo por no estar suscrito por ninguna de las partes, no puede ser apreciado y valorado como instrumento privado, conforme a lo previsto en el artículo 1.368 del Código Civil y así se declara.

• Planilla original de solicitud de recaudos en caso de siniestro, se trata de un instrumento apócrifo por no estar suscrito por ninguna de las partes, que no puede ser apreciado y valorado como instrumento privado, conforme a lo previsto en el artículo 1.368 del Código Civil, adicionalmente al ser elaborado por la propia parte carece de valor probatorio, ex artículo 1.378 eiusdem, por lo que dicha prueba queda desechada del proceso, y así se establece.

• Copia fotostática de la denuncia consignada por la parte actora ante la aseguradora en fecha 17 de marzo de 2005, a fin de demostrar que no fue consignado en original. Se ratifica lo ya analizado con respecto a este medio de prueba igualmente consignado por la parte actora, y así se declara.

• Copia del estudio realizado a la c.d.d. signada con el No. G-944-896, formulada por el ciudadano J.L.Y.R. ante el cuerpo policial correspondiente, por la empresa INVESTIGACION DE FALLAS Y SINIESTROS, C.A., (INFASINCA). Dicho informe consignado en copia fotostática y al emanar de un tercero, ha debido ser ratificado en juicio conforme al artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, y al no haberse cumplido dicho requisito, el mismo queda desechado del proceso, y así se declara.

• Promovió prueba testimonial de los ciudadanos J.A.R. y C.J.G.R., las cuales fueron evacuadas en fecha 24 de octubre de 2006 en la forma siguiente: 1) Comparece el ciudadano J.A.R.R. a quien se le se interrogó así: PRIMERO: “… Diga el testigo si conoce de vista, trato y comunicación al señor J.L.Y. Riera…”. CONTESTO: “…No…”. SEGUNDO: “… Diga el testigo si puede dejar constancia del documento de denuncia presentado por el ciudadano demandante es original o copia simple...”. CONTESTO: “…Es copia simple…”. TERCERO: “… Diga el testigo según su experiencia técnica cuales son los vicios de los que adolece dicha copia simple…”. CONTESTO: “… Adolece que no es una original como la requiere el seguro para cancelar el siniestro visto que conocemos que son de color azul, amarilla o rosada. La presente esta enmarcada con unas enmiendas que no se corresponden con la misma. Asimismo, al anverso de la boleta presenta una nota que dice que por error material del funcionario se obvio el número 7 del serial de carrocería siendo entonces no el vehículo asegurado por la compañía. El presunto siniestro ocurre el día 15 del mes Tres y cuya denuncia fue formulada el día 12 y 14, tiene doble fecha que no se sabe cual es cierta si es de fecha 12 o 14 de Marzo de 2005…”. CUARTO: “… Diga el testigo cual es su experiencia en materia policial...”. CONTESTO: “… 25 años de servicios en materia de siniestros en la Policía Judicial para aquel entonces…”. QUINTO: “… Diga el testigo si la Cooperativa Secofin se ha negado en algún momento a pagar el supuesto siniestro presentado por la parte demandante…”. CONTESTO: “… No en ningún momento...”. 2) Al ciudadano C.J.G.R. se le interrogó con respecto a los siguientes particulares: PRIMERO: “… Diga el testigo si conoce de vista, trato y comunicación al señor J.L.Y....”. CONTESTO: “…No lo conozco en absoluto, ni de trato, ni de vista ni de comunicación…”. SEGUNDO: “… Diga el testigo según sus conocimientos técnicos si la copia de la denuncia presentada pro (sic) el demandante es un espécimen original...”. CONTESTO: “…No es un espécimen original…”. TERCERO: “… Diga el testigo según sus conocimientos técnicos cuales son las irregularidades y vicios presentados en la copia simple de denuncia presentada por el demandante, y según el informe presentado y recibido por la demandada en fecha septiembre de 2005, y el cual se denomino resultados del estudio grafotécnico realizado a la c.d.d. G-944-896…”. CONTESTO: “…Las irregularidades son las siguientes: “… PRIMERO: El papel no es el que normalmente emite en este caso CICPC que es un papel azul en donde viene impreso el número de la planilla y la identificación de la planilla como “copia para el denunciante”. La copia simple de la denuncia viene en un papel blanco con el número de planilla tipeado con máquina de escribir y el término “copia para el denunciante” escrito con impresora de computadora; SEGUNDA: En la misma copia simple hay palabras y número escritos con impresora de computadora y tipeados con el uso de una máquina de escribir. Lo expuesto es anormal porque siempre inclusive el documento que usted esta leyendo estimado lector viene escrito con letras impresas de computador o viene tipeado, pero nunca una mezcla de ambos tipos de impresiones; TERCERA: En la copia simple se puede leer claramente una fecha y una hora escritas sobre otra fecha y otra hora. Originalmente se lee una fecha y una hora escrito por impresora de computador, y encima de esa fecha y esa hora fue escrita una fecha y una hora diferentes usando una máquina de escribir. CUARTA: No aparece en la copia simple donde ocurrió el hecho, a que hora, la fecha, ni el sitio, ni tampoco aparece la dirección y teléfono del denunciante. QUINTA: El serial de carrocería esta incorrecto, no corresponde al vehículo asegurado…” CUARTO: “…Diga la (sic) testigo cual es su experiencia en materia policial…”. CONTESTO: “…25 años de servicios en materia de siniestros en la Policía Judicial para aquel entonces…”. QUINTO: “… Diga el testigo cuales son sus credenciales como experto…”. CONTESTO: “… Soy licenciado en Química, Doctor en Ingeniería de Ciencias de los Materiales. Tengo 24 años de Experiencia en el campo de Investigación de Siniestros…”. Este medio probatorio fue promovido por la parte demandada a los fines de demostrar técnicamente que el demandante no consignó original de la denuncia formulada ante el cuerpo policial. En lo que respecta al primer testigo, se evidencia que en la pregunta quinta manifiesta que la aseguradora en ningún momento se ha negado a pagar el supuesto siniestro formulado, lo que se contradice con la constancia del rechazo del siniestro de fecha 05 de septiembre de 2005, motivo por el cual su declaración no puede ser valorada a los efectos decisorios. Adicionalmente, en cuanto a las dos declaraciones se debe ratificar lo a.p.e.a.q.e. el sentido de que dicho medio de prueba no es el medio idóneo para desvirtuar el contenido de la denuncia No. G-944-896, emanada como documento público administrativo de la Dirección Nacional de Investigación de Vehiculo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), debiendo haberse promovido una experticia grafotécnica que contara con el control de la parte actora, o de la prueba de informes que determinara la eventual falsedad o alteración de la referida documental. Por consiguiente, al no resultar contestes las declaraciones de los testigos y no ser idóneas para desvirtuar la presunción de veracidad del instrumento de la denuncia ya referida, deben desecharse las declaraciones rendidas, y así se declara.

• Prueba de informes a la Dirección Nacional de Investigación de Vehiculo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), dependencia ubicada en Quinta Crespo. Este medio de prueba no fue impulsada su evacuación en juicio por la parte promovente, motivo por el cual nada se tiene que analizar al respecto, y así se declara.

Realizado el análisis probatorio anterior, procede esta alzada a decidir el mérito de la presente controversia, cuya pretensión persigue el pago de la indemnización al materializarse el siniestro asumido por la aseguradora SECOFIN COOPERATIVA DE CONTINGENCIA, RL, como cumplimento de lo previsto en el contrato de seguro para vehículos signado con el No. 01-00124, y que entre sus coberturas incluyen la pérdida total con respecto al vehículo identificado con las siguientes características: Placas: AB114G; Marca: MITSUBISCHI; Serial de Carrocería: 8X1V13VNDW0000107; Serial del Motor: CJ3717 MONTERO GL DAKA; año:1998; Color: Rojo, bien este que a decir del actor fue objeto de robo a mano armada en fecha 14 de marzo de 2005, a la altura de la Chivera Pipo, Urbanización La Yaguara, Caracas, formulándose la denuncia No. G-944896, por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Departamento de Vehículos, motivo por el cual se demandó el pago como indemnización de la suma asegurada que asciende a la cantidad de TREINTA Y SIETE MILLONES CIEN MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 37.100.000,00) que en la actualidad equivalen a la cantidad de TREINTA Y SIETE MIL CIEN BOLIVARES FUERTES (Bs.F. 37.100,oo), así como la indexación correspondiente en virtud de la devaluación de la moneda, más las costas y costos del proceso.

Dicha pretensión fue negada y rechazada por la parte accionada en su escrito de contestación de la demanda presentado en fecha 23 de mayo de 2006, con fundamento a que fecha 17 de marzo de 2005, la parte actora procedió a reportar como siniestro el robo de su vehículo en virtud de encontrarse amparado por la póliza de seguro antes referida, por lo cual se le requirió al asegurado, la entrega de los recaudos correspondientes, especialmente el original de la denuncia, luego de lo cual y una vez presentados los recaudos requeridos el departamento técnico de la aseguradora, y al no haber el actor consignado el original de la denuncia sino una copia simple, la cual presentaba una serie de irregularidades, se rechazó el siniestro denunciado, dicho rechazo del siniestro lo pudo constatar este sentenciador luego de analizar la comunicación de fecha 05 de septiembre de 2005, consignada por el actor marcada con la letra “E”, (f.36).

Así, se desprende de autos que la parte accionada negó y rechazó la pretensión deducida, y entre otros alegatos se excepcionó de la manera siguiente:

…Así las cosas, que una vez presentado documentales por el ciudadano: J.L.Y.R., a los fines del respectivo análisis del siniestro, y una vez analizados los documentos presentados, el departamento técnico pudo constatar que el Ciudadano en cuestión había consignado una FOTOCOPIA SIMPLE UNA SUPUESTA C.D.D., siendo requisito indispensable para la valoración de los hechos

EL ORIGINAL DE DENUNCIA” de conformidad con lo establecido en la SOLICITUD DE RECAUDOS. Aunados a este hecho se pudo corroborar que dicha denuncia poseía una serie de irregularidades en relación de las circunstancias, puesto que se evidenciaba en la misma que en el serial de carrocería, así como horas y fechas de las mismas NO eran vinculantes con los datos suministrados a la empresa.…”.

Igualmente, cursa a los autos comunicación de fecha 05 de septiembre de 2005, emanada de la aseguradora SECOFIN COOPERATIVA DE CONTINGENCIA, RL, consignada con el libelo por la parte actora, en la cual se expresa:

…Lamentamos tener que informarle, que una vez a.l.d. presentada por ante nuestras oficinas, en fecha 17 de Marzo del año en curso, donde nos manisfestara la pérdida del vehículo sujeto al contrato arriba indicado, por causa de ROBO A MANO ARMADA, que sufriera en fecha 14 de Marzo de 2005.

La Empresa SECOFIN, ha llegado a la decisión de rechazar en su totalidad, Motivo de hecho: El incumplimiento de contrato, y de Derecho; a lo especificado textualmente en la CLAUSULA 12.-SECOFIN quedará relevada de la obligación de indemnizar, si el CONTRATANTE y/o TITULAR; Letra h) Suministro de información falsa o dolosa, fraudulenta o inexacta, reticencia de mala fe tendiente a ocultar o mitigar datos, hechos o circunstancias, por parte del CONTRATANTE y/o TITULAR…

.

Por otra parte, se observa que la actora fundamentó su demanda en lo previsto en los artículos 1.159 y 1.160 del Código Civil y 14, 21 y 30 de la Ley de Contrato de Seguros, aportando a los autos i) Cuadro de la Póliza donde se indica los datos del bien asegurado, la cobertura amplia hasta por la suma asegurada de Bs. 37.100.000,oo, la vigencia del contrato No. 01-00124 desde el día 29-10-04 hasta el 29-10-05. ii) Contrato de Servicio de Garantías Administrada para Vehículos, (f.10 al 11), en la cual en su cláusula décima se expresa que al ocurrir cualquier daño y/o pérdida al vehículo el contratante deberá: “… b) Notificar de inmediato a las autoridades de t.T. competentes; c) dar aviso escrito a SECOFIN dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del evento; d) suministrar a SECOFIN dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes un informe escrito relativo a todas las circunstancias del accidente; e) proporcionar a SECOFIN dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del evento todos lo recaudos que ella razonablemente pueda exigir; y f) presentar de inmediato la denuncia respectiva ante las autoridades competentes en caso de robo o hurto del vehículo. SECOFIN, quedará relevada la obligación de indemnizar si EL CONTRATANTE incumpliere cualesquiera de las obligaciones establecidas en esta Cláusula…”.

En este sentido, ha quedado demostrado en autos que la parte actora cumplió oportunamente con las obligaciones asumidas en la referida cláusula, al presentar la denuncia en fecha 14 de marzo de 2005 y a reportar el siniestro a la aseguradora en fecha 17 de marzo del mismo año, teniendo plena validez la denuncia consignada, al no haber sido desvirtuada su presunción de veracidad por ser un documento público administrativo, ni probarse en autos por medios idóneos pertinentes la falsedad de la misma, ya que los errores cometidos en su transcripción por el funcionario instructor no pueden ser imputables al asegurado, y menos aún constituir motivo para eximir de pago a la aseguradora, adicionalmente quedó probado en autos que se consignó con la reforma de la demanda el original del reporte de vehículos solicitados de fecha 17 de marzo de 2005, expedido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte terrestre, donde se hace referencia a la denuncia identificada con el código G-944-896 por el robo del vehículo identificado con las siguientes características: Placas: AB114G; Marca: MITSUBISCHI; Serial de Carrocería: 8X1V13VNDW0000107; Serial del Motor: CJ3717 MONTERO GL DAKA; año:1998; Color: Rojo, fecha de denuncia 14-03-05, lugar del delito: Chivera Pipo La Yaguara. (F. 48).

En un caso de cumplimiento de contrato de seguro, donde hubo retardo en la interposición de la denuncia, que si bien no es del todo similar al sub iudice se puede traer a colación el criterio de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 03 abril de 2003, dictada en el expediente No. 01624, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, donde dejó asentado lo siguiente:

… El haber realizado la denuncia de robo unas horas después de producirse el mismo, tal como lo apreció el ad quem, no debe ser motivo para establecer que el aviso fue dado tardíamente y que por ello se exima a la aseguradora de su obligación de pagar la indemnización…

…Con base a lo expuesto considera la Sala, que en el subjudice el Juez de alzada, aplicó una máxima de experiencia, según la cual, cuando una persona natural se encuentra ante situaciones de peligro, bajo amenazas, o es despojado de un bien que detenta o usa, por motivo de la acción delictiva, su reacción es ciertamente de alteración e inquietud, condición que le impide reaccionar de la manera como normalmente lo haría; Conducta que fue asumida por la persona natural que en el momento de ocurrir los hechos se encontraba a cargo del vehículo propiedad de la empresa demandante. Lo expresado por vía de consecuencia no configura el vicio de incongruencia positiva, fundamento de la denuncia que se analiza, el juez Superior no emitió pronunciamiento al thema decidemdum; simplemente aplicó una máxima de experiencia la cual lo llevó a deducir que por el hecho de haberse notificado a la autoridad competente treinta (30) horas después de la ocurrencia del siniestro no podría considerarse incumplimiento de la obligación de dar aviso de manera inmediata, prevista en la cláusula séptima de las condiciones especiales de la póliza, pues tal tardanza se debió al estado anímico que produjo en la persona natural el acto delictivo. En tal razón resulta injusto sancionarle y eximir del pago a la empresa aseguradora. En consecuencia la denuncia de infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5º, del Código de Procedimiento Civil es improcedente. Así se decide…

.

En esta materia, quien aquí decide considera pertinente citar la definición del contrato de seguro dada por el jurista venezolano, H.M.M. de la siguiente manera:

… Contrato de seguro es aquel por el cual una parte llamada asegurador asume frente a otra la obligación de indemnizar total o parcialmente daños patrimoniales futuros e inciertos previamente determinados, o de cumplir alguna otra prestación según la duración o las eventualidades de la vida de una persona, contra el pago de una prima calculada según las Leyes de la estadística…

.

Asimismo, la ley venezolana siguiendo el artículo primero de la ley española, señala que el contrato de seguro es aquel mediante el cual una empresa de seguro a cambio de una prima, asume las consecuencias de riesgos ajenos que no se produzcan por acontecimientos que dependan enteramente de la voluntad del beneficiario, comprometiéndose a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al tomador o asegurado y donde se presume que el mismo ha sido celebrado de buena fe, y donde las cláusulas que imponen la caducidad del derecho del tomador o del asegurado deben ser de interpretación restrictiva.

Por su parte, en materia contractual en general, el artículo 1.160 de Código Civil, estipula lo siguiente:

…Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la ley...

.

Asimismo, el artículo 1.167 eiusdem, expresa:

…En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello...

.

En este sentido, los autores patrios E.M.L. y E.P.S., en la obra “Curso de Obligaciones” señalan lo siguiente:

… Por cumplimiento de una obligación se entiende su ejecución, lo que constituye un deber jurídico para el deudor, a quien no le es potestativo cumplir o no cumplir, sino que siempre debe ejecutar la obligación contraída.

Quien contrae una obligación, cualquiera que fuere su fuente, queda sujeto a su ejecución queda obligado a su cumplimiento, el cual puede ser efectuado voluntariamente por el deudor o puede ser impuesto por el acreedor coactivamente (aún en contra de la voluntad del deudor) mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales (tribunales de justicia). En el primer caso, estamos en presencia de un cumplimiento o ejecución voluntaria de la obligación, y en último caso mencionado, estamos en presencia de un cumplimiento o ejecución forzosa de la obligación.

Resumiendo lo expuesto, podemos afirmar que por lo que respecta al cumplimiento, las obligaciones producen dos efectos fundamentales.

1º El deudor queda obligado al cumplimiento de la obligación contraída.

2º El acreedor tiene la facultad o derecho de imponerle coactivamente el cumplimiento al deudor que voluntariamente no ejecute la obligación asumida…

.

De lo antes expuesto, se desprende que la parte demandada debe cumplir con la obligación de indemnizar el siniestro asumido al materializarse el robo del bien asegurado, constituido por el vehículo identificado con las siguientes características: Placas: AB114G; Marca: MITSUBISCHI; Serial de Carrocería: 8X1V13VNDW0000107; Serial del Motor: CJ3717 MONTERO GL DAKA; año:1998; Color: Rojo, habiendo demostrado el actor el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de seguro (póliza) aportado con el libelo de la demanda, resultando que en el caso de marras la representación judicial de la parte demandada no aportó pruebas idóneas y conducentes en el decurso probatorio para desvirtuar la validez de la denuncia de fecha 14 de marzo de 2005, quien además no impulsó la evacuación de la prueba de informes que había sido oportunamente admitida por el tribunal, y que constituía una prueba idónea para determinar la validez o falsedad de la referida denuncia, no constituyendo ello motivo de reposición al no verificarse indefensión imputable al tribunal, como lo ha ratificado en diversos fallos la Sala de Casación Civil de nuestro M.T., y así se declara.

En cuanto a la carga de la prueba, el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, indica:

… Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación…

En ese sentido, el autor patrio Ricardo Henríquez La Roche, en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil, señala:

“…Nuestro Código acoge la antigua m.r. “incumbit probatio qui dicit, no qui negat,” al prescribir que cada parte debe probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Pero esa formula es de todo punto de vista inconveniente. Según enseña mejor doctrina, la negación o afirmación puede ser simple modalidad de redacción. La circunstancia de afirmar o negar un hecho no altera la mayor o menor posibilidad de su prueba; un hecho negativo concreto puede probarse, en tanto una afirmación indefinida… no puede probarse. La doctrina más exacta sobre la carga de la prueba es esta: Corresponde la carga de probar un hecho a la parte cuya petición (pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de acuerdo con la norma jurídica aplicable; o, expresada de otra manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal… Esta regla es tan cabal y amplia que obvia todo distingo entre prueba de obligaciones (Art. 1.354 CC) y prueba de hechos en general, cuyas normas ha juntado el legislador en este nuevo artículo 506…”.

Asimismo, la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 30 de mayo de 2006, expediente No. 2002-000729, con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, dejó asentado lo siguiente:

“… En relación con la regla de la carga de la prueba, establecida en el artículo 1354 del Código Civil, se consagra allí un principio sustancial en materia de onus probandi, según el cual, quien fundamente su demanda o su excepción en la afirmación o negación de un hecho, está obligado a suministrar la prueba de la existencia o no existencia del hecho. Con lo cual, cuando el demandado alega hechos nuevos en la excepción, tocará a él la prueba correspondiente.

De tal manera que, desde el punto de vista procedimental, el legislador ha acogido de manera expresa, el aforismo “reus in excipiendo fit actor” referido al principio general según el cual: “corresponde al actor la carga de la prueba de los hechos que invoca en su favor y corresponde al demandado la prueba de los hechos que invoca en su defensa”.

En este orden de ideas, la Sala, en sentencia No. 389 de fecha 30 de noviembre de 2000, al interpretar el sentido y alcance de la regla de distribución de la carga de la prueba, estableció:

…Al respecto, esta Sala observa que el artículo en comento se limita a regular la distribución de la carga de la prueba, esto es, determina a quién corresponde suministrar la prueba de los hechos en que se fundamente la acción o la excepción, de allí que incumbe al actor probar los hechos constitutivos, es decir, aquellos que crean o generan un derecho a su favor y se traslada la carga de la prueba al demandado con relación a los hechos extintivos, modificativos e impeditivos ya que éste puede encontrarse en el caso de afirmar hechos que vienen a modificar los del actor, a extinguir sus efectos jurídicos o a ser un impedimento cuando menos dilatorio para las exigencias de los efectos...

.

En consecuencia, resulta forzoso para esta alzada declarar procedente la pretensión indemnizatoria incoada por la actora en cumplimiento de la póliza de seguro suscrita, conforme a lo previsto en los artículos 1.159,1.160 y 1.167 del Código Civil, y en los artículos 21 y 30 de la Ley del Contrato de Seguro, por lo que se declara ha lugar el pago de la indemnización reclamada por el robo del vehículo asegurado, cobertura que la actualidad asciende a la cantidad de Bs. 37.100.000,oo, equivalentes a en la actualidad a la cantidad de Bs. F. 37.100,oo, y así se decide.

En cuanto a la indexación peticionada por el actor, se debe indicar que al haber quedado establecido en este fallo que el monto de la cobertura se hace exigible, resulta procedente aplicar a la misma la correspondiente indexación judicial, ya que en el presente caso la obligación objeto de la solicitud indexatoria cumple con las condiciones señaladas para considerar al deudor en mora y debe reputarse como válida y cierta, desde la fecha de admisión de la demanda hasta la presente decisión, siendo un hecho notorio el hecho inflacionario que produce la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, por lo que tal correctivo resulta procedente conforme a la jurisprudencia y la doctrina, sosteniendo el tratadista J.O.R. en su monografía “Correctivos por inflación en las obligaciones de dinero y en las obligaciones de valor”, que la corrección monetaria corresponde ser aplicada con el propósito de lograr una restitución justa al equilibrio del patrimonio del acreedor, quien debido a la inflación y a la mora del deudor, ve mermado injustamente su patrimonio, aún cuando éste posteriormente en el tiempo, proceda a pagar la deuda.

En este sentido, se debe expresar que siendo un hecho notorio la perdida del poder adquisitivo de la moneda y tratándose lo discutido en juicio de obligaciones dinerarias, resulta procedente el correctivo judicial demandado, más aun, tomando en cuenta el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que mediante sentencia de fecha 20 de marzo de 2006, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, dejó asentado lo siguiente:

“ (…) Con este acotamiento quiere la Sala resaltar, que la liquidación de los montos de la condena pueden, y en algunos casos deben, hacerse en un complemento de la sentencia, por lo que lo estimado en la demanda no es mas que un indicativo, y siendo así en relación con los intereses, los daños y perjuicios, los frutos, etc, nada obsta para que el monto de lo indexado sea liquidado después del fallo; y para constatar que la petición de indexación, que se basará en parámetros no determinados con exactitud para la fecha de la petición, atiende a una posibilidad que existe en toda demanda, cual es que el monto de la condena se liquide en un complemento de la sentencia por la vía de la experticia complementaria del fallo contemplada en los artículos 249 y 527 del Código de Procedimiento Civil, si es que el juez no pudiera hacerlo en la sentencia.

Por esas razones, la Sala debe puntualizar cuáles son las obligaciones indexables, lo que viene dado por una situación procesal ligada al alcance de la condena, y a la oportunidad legal de su liquidación.

Las condenas tienen diversos regímenes en las leyes. Hay casos en que la indexación no es posible, ya que la propia ley señala en cual época debe ser liquidado el valor de la demanda. Así los artículos 1457, 1507, 1514, 1521, 1523 y 1744 del Código Civil, por ejemplo, señalan que las cantidades a condenarse deben ser calculadas antes de la fecha de la demanda, por lo que sería imposible indexarlas o corregirlas para que den un resultado diferente, ya que ello violaría la ley. Otras normas, como la de los artículos 1466, 1469 y 1584 del Código Civil, ponen como hito del monto condenable, el valor al momento de la introducción del libelo. En supuestos como estos no es posible adaptar las condenas al valor actual de la moneda, en base a su poder adquisitivo, ya que el legislador, consideró que el resarcimiento justo se lograba mediante los valores atribuibles a los bienes resarcibles (incluso dinero) en esas oportunidades, y por tanto cualquier petición contraria sería ilegal.

En las materias donde la condena puede referirse a cantidades cuyo monto se determina para la fecha de la sentencia o que se pueden liquidar en la fase de su ejecución, ya que es en ese momento cuando se puede determinar la base efectiva del resarcimiento o condena, hay que distinguir si se trata de asuntos contractuales o extra contractuales. Si son de los primeros, en una situación inflacionaria, la pérdida del valor de la moneda equivale a un daño previsible, a tenor del artículo 1274 del Código Civil, y la jurisprudencia venezolana ha dejado atrás el principio nominalístico expresado en el artículo 1737 del Código Civil, procediendo el juez a ordenar la entrega en dinero del valor equivalente al numéricamente expresado en el contrato, por lo que la condena del deudor no es a pagar una suma idéntica a la convenida en el contrato, sino en la de pagar una cantidad equivalente al valor de la suma prestada originalmente a la fecha del pago, cuando debido a su mora se hace necesario demandarlo. Lo importante es el valor real de la moneda para la época judicial del pago, no siendo posible pretender lo mismo, cuando las partes del contrato pacten lo contrario, o cuando judicial o extrajudicialmente se cumpla la obligación.

Fundado en la esencia constitucional, de que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia (artículo 2 constitucional); y que el Estado garantiza una justicia idónea y equitativa (artículo 26 constitucional); que la justicia es un principio en el cual se fundamenta incluso la seguridad de la nación (artículo 326 eiusdem); que el Estado administra justicia (artículo 257 constitucional); los tribunales de la República, y en particular las Salas de Casación Civil y Social del Tribunal Supremo de Justicia, han indexado el pago de las deudas, reconocidas en la sentencia, al valor del dinero para el momento del pago, que no es otro que el que determine la ejecución del fallo.

Sin estar autorizado explícitamente por la ley, pero siempre como un resultado de la aplicación del principio constitucional de justicia, se ha ajustado la deuda contractual de sumas de dinero al valor real de la moneda al momento del pago, que no es otro que el momento de la ejecución.

La situación en materia de daños y perjuicios contractuales o extracontractuales, tiene otro cariz, ya que los daños (emergente y lucro cesante) se liquidan efectivamente para el momento del pago, por lo que es a los precios para esa oportunidad, que se calculan, y siendo así, teóricamente la indexación no puede tener lugar; como tampoco puede tener lugar con relación a los daños morales, ya que ellos los determina el juez también para el momento del fallo, señalando el monto de los mismos. Se trata de sumas que se calculan para la fecha del fallo, sin tomar en cuenta los valores anteriores.

Con relación a los gastos demandados aún no pagados a la víctima (accionante), si en ambos casos (contractual o extracontractual) los daños han quedado probados, pero no se conoce su monto y deban ser resarcidos; la experticia complementaria del fallo se hace obligatoria, y el cálculo de los expertos necesariamente se hará con base en los precios para la época de dicha experticia, por lo que no hay realmente una indexación, a pesar que se ha venido usando ese vocablo para identificar este resarcimiento. Tampoco la habrá, como ya lo apuntó la Sala, en materia de daños morales o especiales del artículo 1196 del Código Civil, ya que ellos quedan al arbitrio del Juez dentro de ciertos parámetros, y éste al establecerlos los determina tomando en cuenta la realidad para el momento de la decisión.

El problema radica en los daños cancelados a la víctima (accionante) antes de la demanda o durante el proceso, que se pagan con la moneda (y su poder adquisitivo) vigente para la fecha de la cancelación. ¿Podrán recuperarse indexados para la fecha del pago por el demandado?.

Se trata de una suma que se pagó con el valor de la moneda para esa fecha y que no se conocía si se recuperaría o no, ya que ni siquiera mediaba demanda al respecto, y que -en materia extracontractual- ni siquiera existía un vínculo entre acreedor y deudor.

En relación a esto, la Sala considera que con respecto a lo pagado se extinguió la obligación, y mal puede producir efecto posterior la obligación extinta.

Por otra parte, a juicio de esta Sala, el retardo en el cumplimiento incide, y es la clave en la indexación judicial. Este retardo no necesariamente corresponde al deudor, sino que puede ser inducido por el acreedor cuando abusando de su derecho no demanda en tiempo prudencial, sino que persigue “engordar” su acreencia.

Debe quedar a criterio del juez, ponderar si el acreedor está o no abusando de sus derechos, y si no lo está, ordenar el ajuste monetario de las cantidades ya pagadas, en vista de que en materia de daños y perjuicios, éstos se liquidan para el momento del pago, por el valor real que en esa época tiene, y que es lo que verdaderamente indemniza.

No es que la Sala acoja irrestrictamente la tesis del “mayor daño”, ya que el valorismo lo aplica el juez independientemente de la culpa del deudor, sino que en un Estado social de derecho y de justicia, así como se reconoce un ajuste en la prestación del deudor, el abuso de derecho no puede alentarse…”.

Siguiendo el criterio anterior, debe declararse procedente la indexación solicitada, pues con base a la justicia y equidad, el riesgo de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, debe trasladarse de los hombros del acreedor a los del deudor moroso, quien es el que asume los riesgos de la pérdida de tal valor adquisitivo. Ello, debe ser así, por cuanto en virtud de la mora del deudor no se debe propiciar un injusto desequilibrio patrimonial para el acreedor y un ilegítimo enriquecimiento sin causa para el deudor. Esa pérdida del valor adquisitivo de la moneda es consecuencia de la inflación y como tal, es perfectamente determinable –como en el presente caso- tomando en cuenta los índices de precios al consumidor IPC, habidos durante el período de la mora los cuales están oficialmente señalados por el Banco Central de Venezuela, por lo que se ordena una experticia complementaria al fallo con fundamento en lo establecido en el citado artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de que se proceda a la indexación de la cantidad ordenada a pagar por concepto de indemnización, desde el día 28 de marzo de 2006, fecha de admisión de la reforma de la demanda, exclusive, por ser este un correctivo judicial, hasta la fecha de la presente sentencia, tomando en cuenta los índices de precios al consumidor que para el Área Metropolitana de Caracas haya establecido y establezca el Banco Central de Venezuela en sus boletines respectivos, y así se declara.

Congruentes con todo lo antes expuesto, resulta forzoso para este Juzgado Superior declarar procedente la pretensión deducida, y sin lugar el medio recursivo ejercido por la parte demandada contra la decisión dictada en fecha 27 de septiembre de 2007, por el a quo y así se hará en forma expresa, positiva y precisa en la parte in fine del presente fallo. Y ASI EXPRESAMENTE SE DECIDE.

IV

DISPOSITIVO DEL

SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación ejercido en fecha 24 de octubre de 2007, por la abogada L.L.N. actuando en su condición de apoderada judicial de la parte accionada, SECOFIN COOPERATIVA DE CONTINGENCIA, RL, contra la decisión proferida en fecha 27 de septiembre de 2007, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual se confirma con la motivación aquí expuesta.

SEGUNDO: CON LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano J.L.Y.R., en contra de la asociación SECOFIN COOPERATIVA DE CONTINGENCIA, RL, todos identificados en autos. En consecuencia la parte demandada deberá pagar al accionante, los siguientes montos y conceptos: A) La suma asegurada objeto de indemnización por la materialización del siniestro que amparaba al vehículo identificado con las siguientes características: Placas: AB114G; Marca: MITSUBISCHI; Serial de Carrocería: 8X1V13VNDW0000107; Serial del Motor: CJ3717 MONTERO GL DAKA; año:1998; Color: Rojo, que asciende en la actualidad a TREINTA Y SIETE MIL CIEN BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 37.100,oo); B) Se acuerda la indexación judicial de la cantidad antes mencionada, para ser ajustada conforme al índice de precios al consumidor (IPC) para el Area Metropolitana de Caracas, emitidos por el Banco Central de Venezuela, calculada a partir del día 28 de marzo de 2006, exclusive, fecha de admisión de la reforma de la demanda, hasta la fecha de la presente sentencia, para ser realizada mediante experticia complementaria del fallo, por expertos nombrados por el tribunal a quo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

Se condena en costas a la parte demandada de conformidad con lo establecido en el artículo 274 eiusdem.

Por cuanto la presente el presente fallo fue dictado fuera del lapso legal para ello, se ordena su notificación a las partes, de conformidad con lo previsto en los artículos 233 y 251 ibidem.

Expídase copia certificada de esta decisión para su respectivo archivo en el libro copiador de sentencias definitivas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 248 idem.

PUBLIQUESE Y REGISTRESE

Dada, firmada y sellada en la sede del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación, a los veintinueve (29) días del mes de abril de dos mil nueve (2009).

EL JUEZ

ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ

LA SECRETARIA

Abg. MILAGROS CALL FIGUERA

En esta misma, fecha siendo las tres y veinte minutos de la tarde (3:20 p.m.), se publicó, registró y agregó al expediente la anterior sentencia, constante de veinticinco (25) folios útiles.

LA SECRETARIA

Abg. MILAGROS CALL FIGUERA

Exp. No. 08-10118

AJMJ/MCF/ ag.-