Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 8 de Mayo de 2014

La defensa técnica del imputado N.D.G.P. fundamenta su recurso de apelación en dos supuestos vicios, el primero de ellos, establecido en el numeral 2 del artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar que la sentencia recurrida está inmotivada; y, el segundo de los fundamentos apelatorios se refiere, a la violación de ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica.

Considera la defensa recurrente, que el juzgador de instancia no motivó de manera detallada el cálculo de la pena, al no tomar en cuenta que el tipo penal por el que fue acusado su defendido fue como FACILITADOR NO NECESARIO EN HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE FRUSTRACION, lo que a su entender, implicaría la aplicación de una pena menor que cuando se trata de un delito no consumado, debiendo en consecuencia efectuar la rebaja de la tercera parte de la pena, tal y como lo prevé el artículo 82 de Código Penal; considera asimismo la defensa, que el a quo, tampoco efectuó la rebaja correspondiente al artículo 84 del Código Penal, por tratarse del grado de facilitador, para así proceder a aplicar la atenuante genérica prevista en el numeral 4 del artículo 74 de la norma sustantiva penal, ya que su defendido no presenta antecedentes penales.

Estima también la defensa, que como consecuencia de los errores del cálculo por él señalados, la rebaja por admisión de hechos no se efectuó de manera correcta, pues a su parecer, el juez no efectuó una adecuada ponderación entre el daño causado y la pena a aplicar, vulnerando de esta manera bajo su perspectiva derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva.

Señala además la parte recurrente, que el Juez de Instancia no determinó de manera explicativa el aumento de la pena por los otros tipos penales endilgados a su defendido, ya que de hacerlo hubiese observado que el tipo penal que comprende mayor pena es el de Porte Ilícito de Arma de Guerra, cuya pena según su criterio debió tomarse como base para el cálculo de la pena in concreto.

Con la puesta en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal en 1999, se implementa de manera efectiva una delimitación de cada una de las fases del procedimiento, dándoles singular importancia, y en consecuencia determinando las facultades del juez o jueza en cada fase.

Por ello, se atribuye a los jueces y juezas de control, la función primordial de hacer respetar la constitucionalidad y la garantía del debido proceso, velando por la regularidad del mismo, asegurando que las partes actúen de buena fe y, ejerzan correctamente las facultades procesales.

Un juez o jueza imparcial, debe garantizar los derechos del investigado, imputado, víctima y la sociedad, durante las audiencias preliminares, antes de decidir si pasa a la etapa del juicio. Es así, como el Juez o Jueza de Control tiene dos funciones esenciales que son los llamados a dictar medidas de aseguramiento (como las medidas cautelares y privativas de libertad) y, como su nombre lo indica, controlan la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público.

La fase de control a su vez se sub divide en dos, la primera, denominada fase de investigación, en donde el juez o jueza ejerce la función de garante de la constitucionalidad durante el proceso investigativo realizado por el Ministerio Público y sus órganos auxiliares; y la segunda, denominada fase intermedia, en donde el juzgador realiza una vigilancia de la constitucionalidad, ya sea del acto conclusivo acusatorio o del sobreseimiento presentados por el Ministerio Público.

Ahora bien, dentro de esta fase intermedia, tal operador u operadora de justicia cumple la necesaria función tal y como lo ha dicho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de filtro o tamiz que determine después de un análisis pormenorizado la procedencia o no del acto conclusivo Fiscal.

Dentro de su acción controladora, debe precisar si la acusación reúne las formalidades para proceder al enjuiciamiento, contra quien el Ministerio Público estima su culpabilidad, justamente la naturaleza penal de los hechos, es una de esas formalidades a verificar.

Para lograr el efectivo cumplimiento de tal tarea, el Juez o Jueza de Control haciendo mano de sus conocimientos técnicos jurídicos, debe al igual que los jueces de las demás fases procesales motivar de manera razonada las decisiones tomadas; es así como debe determinar el ¿Por qué? admite o desestima la acusación fiscal, las razones por las que niega o concede una medida cautelar sustitutiva, igualmente, debe explicar de manera sucinta y detallada cuando impone una pena, la base legal para la obtención del cálculo de ésta, para que no exista duda alguna de donde proviene tal imposición.

Respecto a este esencial elemento decisorial esta Superior Instancia ha expresado en reiteradas ponencias que la motivación constituye uno de los aspectos primordiales que debe contener la sentencia, para hacer efectiva una verdadera tutela judicial; porque ella implica una explicación fundamentada que justifique la resolución llegada y así satisfacer de alguna manera la necesidad de comunicar la decisión a las partes a fin de que éstas ejerzan su derecho respecto a la decisión final.

Pero, ¿qué implica la motivación como tal?, I.C. al referirse a los requisitos respecto del juicio de derecho, señala hasta tres requisitos, los cuales pasamos a detallar:

• La justificación de la decisión debe ser consecuencia de una aplicación racional del sistema de fuentes del ordenamiento;

• La motivación debe respetar derechos fundamentales;

• Exigencia de una adecuada conexión entre los hechos y las normas que justifican la decisión. Así, una motivación válida es aquella que pone en contacto la cuestión fáctica con la cuestión juris.

Diez Picasso percibe a la motivación bajo el concepto de “operación total”, a través del cual no se puede decidir primero cuál es la norma que se va a aplicar y después someterla a una interpretación, puesto que también para decidir que una norma no se aplica, es preciso interpretarla previamente, pues existe una íntima interrelación entre la interpretación y aplicación de las normas.

En decisión de fecha 31-12-02, en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, estableció:

(Omissis)

La Sala observa que, tal y como lo ha dicho la sala en otras oportunidades, la inmotivación de los fallos que se convierten en violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es una cuestión casuística que debe ser observada en cada caso… constata la Sala que la Sentencia impugnada del 12 de diciembre de 2000, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de los Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, no se pronunció sobre la interrupción de la prescripción alegada, ni sobre la prueba de la misma, lo que a criterio de esta Sala, constituye una inmotivación, violatoria del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que el Derecho de defensa de la hoy accionante la fue cercenado con respecto a sus alegatos….

.

Tal criterio ha sido reiterado, y al efecto se ha establecido que: “toda omisión judicial que sea lesiva a Derechos o Garantías Constitucionales es objeto inmediato de la acción de amparo”. Así mismo, la sala Constitucional en Sentencia No. 1878 del 12 de agosto del 2002, estableció que: “Una sentencia inmotivada no puede considerarse fundada en derecho, siendo lesiva del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela… Esta Sala ha señalado que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se prevé un conjunto de garantías procesales que sintetizan lo que constituye el debido proceso en un Estado de Derecho y de Justicia. Dentro de esas garantías procesales se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución, la cual tiene un contenido complejo, que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en Derecho que ponga fin al proceso. Este contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de dos (2) exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes. De manera que una sentencia inmotivada no puede considerarse fundada en Derecho, siendo lesiva del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (vid. Sentencia del 16 de octubre de 2001, caso: L.E.B.d.O.)… (Omissis)” (Subrayado y negrillas de la Corte de Apelaciones).

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado en sentencia N° 186 de fecha 04-05-2006 que el proceso de motivación de sentencia encierra la expresión de las razones de hecho y de derecho en que se funda la decisión dictada, la subordinación de éstas a las previsiones de la ley adjetiva y sustantiva penal, que la motivación del fallo no sea una enumeración material e incongruente de la pruebas producidas en el debate y que el proceso de decantación, se transforme por medio de razonamientos y juicios, la diversidad de hechos, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias en la unidad o conformidad de la verdad procesal.

La motivación de la sentencia se refiere a la exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho, con mención de las normas legales aplicadas en el caso concreto, consistiendo para el Juez o Jueza en el establecimiento de las circunstancias fácticas del caso, realizar la subsunción de los hechos en las condiciones de aplicación del enunciado normativo identificado para la resolución jurídica, siendo este requisito contemplado en el numeral 4 del artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual es de obligatorio cumplimiento para los Tribunales de Juicio, con lo que el Juez o Jueza está obligado a elaborar sus fallos, mediante un razonamiento jurídico hilado y congruente que resulte de la evaluación del suceso sometido a su conocimiento.

La norma señalada exige la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el Tribunal estima acreditados y la exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa para dictar sentencia, debiendo el Juez o Jueza efectuar un resumen de las pruebas relevantes del proceso que lo llevaron a obtener el convencimiento explanado en el dispositivo del fallo, señalando además los motivos por los que desecha un medio probatorio para lograr la apreciación de los hechos propios del debate, por ende tal requisito no puede quedar satisfecho con su mera mención, sin expresar su contenido.

En conclusión, la motivación cumple un fin esencial que no es otro que materializar el principio de interdicción de la arbitrariedad. No podríamos concebir un juez o jueza que decida sin razones o que concluya un proceso en base a c.a.l. cuales el realismo inglés denomina hunches. La motivación va mucho más allá: legitima el proceso en su fase de conclusión, refuerza el ejercicio democrático de la función jurisdiccional y por ende, consolida las bases de un Estado Constitucional Democrático, Social, de Derecho y de Justicia.

Expresado lo anterior, esta Superior Instancia pasa a realizar un análisis detallado de la sentencia aquí apelada con el objeto de verificar si la misma se encuentra inmersa dentro del vicio de inmotivación expresado por el recurrente y al respecto cree necesario trascribir extractos de la misma:

(Omissis)

DE LOS HECHOS

…. siendo aproximadamente las 07: 00 horas de la noche encontrándome de patrullaje en la jurisdicción, específicamente por la trocha límite república de Colombia ubicada en el aeropuerto J.V.G., aproximadamente a 100 metros de la vía principal San A.U., cuando escuchamos una serie de disparos cerca del lugar, procedimos a salir del lugar, donde a lo lejos observamos a dos ciudadanos que le apuntaban a otro ciudadano que se encontraba sometido de espalda a sus agresores con una camisa azul y pantalón a.c., con un arma de fuego, que al percatar la presencia comisión emprendió la huida, en un vehículo marca Ford, modelo Ka, placas JAN79M, con dirección a la carretera principal quedando el mismo bloqueado a un lado de la carretera con una piedra, seguidamente uno de los sujetos acompañantes se bajó por el lado derecho del vehículo, dispaando en repetidas veces a la comisión al mismo tiempo que se internaba en la zona boscosa, por lo que se hizo uso del arama (sic) para evadir el ataque, mientras el conductor del vehículo trataba de sacarlo., donde se encontraba bloqueado, el cual fue infructuosa. Saliendo en persecución del ciudadano tirado, donde realizo (sic) la búsqueda minuciosa del mencionado ciudadano, donde fue imposible su ubicación, lego (sic) el sargento González le dio la voz de alto al ciudadano que se encontraba en el vehículo indicándole que se bajara del mismo, se le realizo (sic) una inspección, se pudo detectar en la parte delantera de la cintura un arma de fuego marca Water P99, un cargador con ocho cartuchos, donde se solicito (sic) la documentación personal presentando una cedula (sic) laminada de la república (sic) Bolivariana de Venezuela, a nombre de N.D.G.P. (…), en vista de la situación y la peligrosidad del lugar, se procedió a trasladar el vehículo, al ciudadano que tenían sometido y al conductor del vehículo, con destino a la sede del Comando, seguidamente se efectuó llamada telefónica al Fiscal 24 del Ministerio Público Abg. G.R. quien giro 8sic) as (sic) diligencias pertinentes del caso…

(Omissis)

DE LA ACUSACIÓN

El acto conclusivo de la fase preparatoria de acusación penal presentado por el Ministerio Público, se admitió totalmente, tanto por los hechos imputados como por la calificación jurídica dada a esos hechos, ya que del cúmulo de diligencias de investigación recabadas y presentadas para ser ofrecidas y convertidas en prueba, se evidencia la existencia de fundados elementos para someter a juicio en contra de N.D.G.P. (…), por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO FRUSTADO EN GRADO DE FACILITADOR PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 405 DEL CODIGO PENAL EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 80 PARTE IN FINE Y 84 ORDINAL 3° EJUSDEM (sic), EN PERJUICIO DEL CIUDADANO LEON CANCHICA BECERRA, EL DELITO DE PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 174 PRIMER APARTE DEL CÓDIGO PENAL, EN PERJUICIO DEL CIUDADANO P.L.C.B., EL DELITO DE PORTE ILICITO DE ARMA DE GUERRA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 274 DEL CODIGO PENAL EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS EN PERJUICIO DEL ORDEN PUBLICO Y EL DELITO DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 218 DEL CODIGO PENAL, EN PERJUICIO DE LA COSA PUBLICA.

-B-

DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA:

La calificación jurídica dada por el Ministerio Público a los hechos objeto del proceso es acertada ya que existe la consumación formal de los delitos HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO FRUSTADO EN GRADO DE FACILITADOR PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 405 DEL CODIGO PENAL EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 80 PARTE IN FINE Y 84 ORDINAL 3° EJUSDEM (sic), EN PERJUICIO DEL CIUDADANO LEON CANCHICA BECERRA, EL DELITO DE PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 174 PRIMER APARTE DEL CÓDIGO PENAL, EN PERJUICIO DEL CIUDADANO P.L.C.B., EL DELITO DE PORTE ILICITO DE ARMA DE GUERRA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 274 DEL CODIGO PENAL EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS EN PERJUICIO DEL ORDEN PUBLICO Y EL DELITO DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, PREVISTO Y SAONADO EN EL ARTICULO 218 DEL CODIGO PENAL, EN PERJUICIO DE LA COSA PUBLICA.

En consecuencia se admite totalmente la acusación, y así se decide…”

Apreciado lo anterior, esta Alzada observa, que en el caso bajo estudio, el juez a quo no efectuó un verdadero control Fiscal de la Acusación presentada por el Ministerio Público en la fase intermedia o Audiencia Preliminar, ya que sólo bastaba con estudiar la relación de los hechos presentados en el escrito acusatorio y los elementos de convicción recabados en la fase de investigación, para determinar de manera clara, que los hechos presuntamente perpetrados por el ciudadano N.D.G.P., si bien es cierto, se subsumen dentro del tipo penal endilgado por la representación fiscal, también lo es, que el grado de participación en que los encuadra la acusación no es el correcto; todo ello, a criterio de los suscriptores del presente fallo, debió ser advertido por el juez sentenciador al momento de efectuar su función contralora.

Ha sido criterio reiterado de esta Superior Instancia señalar, que el Juez o Jueza de Control debe analizar uno a uno los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público en su escrito acusatorio, elementos que deben ser evaluados y ponderados por dicho juez controlador.

En relación a lo que debe tenerse como elementos de convicción, la “DOCTRINA DEL MINISTERIO PÚBLICO 2010” ha señalado lo siguiente: “...Los elementos de convicción a que se refiere el ordinal 3 del artículo 326 del Código Procesal Penal, lo integran el resultado de las diligencias practicadas en la fase preparatoria, conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de los autores y partícipes, sirviendo de basamento para solicitar el enjuiciamiento de una persona.”

Señalando además esta doctrina, que pueden tenerse como elementos de convicción “las denuncias formuladas por las víctimas, obviando en consecuencia, la práctica de diligencias como por ejemplo: reconocimientos médicos legales, entrevistas de testigos, solicitud de detalles y registros de llamadas telefónicas, etc., las cuales habrían permitido obtener suficientes elementos de convicción que servirían de fundamento al ejercicio de esos actos conclusivos”; en consecuencia, se tiene, que tales elementos servirán al representante del Ministerio Público para sostener su acusación.

Lo expresado anteriormente hace concluir que tal decisión se encuentra afectada por el vicio de inmotivacion, ya que el a quo obvio cumplir las funciones jurisdiccionales inherentes a esa fase procesal, admitiendo el escrito acusatorio sin antes efectuar el correspondiente control constitucional y legal, ya que la función primordial de la fase intermedia radica en efectuar una adecuada determinación de los hechos, subsumirlos en el tipo penal señalado por la fiscalía o en cualquier otro grado de participación o tipo delictual que considere el o la jurisdicente; de no hacerse así, se vaciaría de contenido esta fase procesal y el juez o jueza de control se convertiría en un convidado de piedra, limitando sus funciones a validar los actos conclusivos emanados del Ministerio Público, sin la realización de algún tipo de examen analítico que lo certifique y fundamente.

Concluye entonces, esta Corte de Apelaciones, que la decisión emitida por el Tribunal Penal de Primera Instancia en Funciones de Control Extensión San Antonio del estado Táchira, incurrió en el vicio de inmotivacion, al emitir la sentencia aquí apelada y en consecuencia, en salvaguarda de los principios y derechos constitucionales, y en pro de la correcta administración de justicia, lo procedente en el presente caso es, de oficio, declarar la nulidad absoluta de la sentencia dictada en fecha 18 de junio de 2013, de conformidad con lo establecido en los artículos 174, 175, 179 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal y ordenar que otro tribunal de la misma categoría y competencia, celebre nueva audiencia preliminar y emita el pronunciamiento respectivo con prescindencia del vicio aquí detectado. Así se decide.

Determinadas las razones de hecho y de derecho antes señaladas, esta Corte de Apelaciones considera inoficioso pronunciarse en relación al argumento expresado por la defensa del imputado y así se decide.

DECISION

Por los anteriores razonamientos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

De oficio la NULIDAD ABSOLUTA de la decisión publicada en fecha 18 de junio de 2013, por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal, Extensión San A.d.T., que entre otros pronunciamientos, condenó al acusado N.D.G.P., a cumplir la pena de ocho (08) años, ocho (08) meses, tres (03) días y dieciocho (18) horas de prisión, por la comisión de los delitos de homicidio intencional en grado frustado en grado de facilitador, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal, en concordancia con el articulo 80 parte in fine y 84 ordinal 3° eiusdem, en perjuicio del ciudadano León Cánchica Becerra; privación ilegitima de libertad, previsto y sancionado en el artículo 174 primer aparte del Código Penal, en perjuicio del ciudadano P.L.C.B.; porte ilícito de arma de guerra, previsto y sancionado en el articulo 274 del Código Penal en concordancia con el artículo 3 de la Ley de Armas y Explosivos en perjuicio del orden publico y el delito de resistencia a la autoridad, previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, en perjuicio de la cosa publica.

Ordena la celebración de nueva audiencia preliminar por un Juez de la misma categoría y competencia, distinto del que pronunció el fallo aquí anulado, quien deberá dictar decisión con prescindencia del vicio observado.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal a los ___________________días del mes de __________________ de 2014. Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

Los Jueces y la Jueza de la Corte,

Abogada Ladysabel P.R.

Presidenta- Ponente

Abogado Rhonald David Jaime Ramírez Abogado Marco Antonio Medina Salas

Juez Juez

Abogada Darkys Naylee Chacón Carrero

Secretaria

En la misma fecha, se dio cumplimiento a lo ordenado.

Abogada Darkys Naylee Chacón Carrero

Secretaria

Causa N° As-SP21-R-2013-000303/LPR/Neyda.-