Decisión nº PJ074201000000024 de Tribunal Cuarto Superior del Trabajo de Bolivar, de 23 de Marzo de 2010

CON LUGAR la solicitud de regulación de competencia planteada por el accionante.

COMPETENTE la sede laboral de la jurisdicción para conocer del presente asunto.

SE REVOCA la decisión proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta extensión territorial, mediante la cual declinó la competencia para conocer del presente asunto en el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de esta Circunscripción Judicial, pues no es ese el juez natural que debe resolver el asunto, habida cuenta que no está planteado en causa un asunto funcionarial administrativo, sino una reclamación laboral, para lo cual son competentes los tribunales del trabajo, conforme lo establecido por el artículo 29.4 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, además que existen medios instrumentales de prueba que cursan en autos, suficientes para crear convicción en este sentenciador que la competencia corresponde a la sede laboral.

SE ORDENA al Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta extensión territorial continuar el trámite del asunto en fase de sustanciación.

Corresponde ahora dictar la sentencia en extenso.

II

DELIMITACIÓN DEL RECURSO

En la audiencia oral y pública de esta instancia, la representación judicial del demandante, expuso:

1. Que de modo sorpresivo, el iudex a quo se declaró incompetente para conocer del presente asunto.

2. Que el demandante laboró para el ISPEB (Hospital Ruiz y Páez de esta ciudad desde el 1 de marzo de 1980.

3. Que desde su ingreso —que no fue por concurso público—, el demandante laboró como obrero y no como funcionario público, sin que obre en autos ningún medio de prueba que permita convicción sobre ese estatus.

4. Que con una demanda anterior instaron la jurisdicción, pero el sentenciador de juicio de primer grado declinó la competencia en la sede contencioso funcionarial, asunto del cual se desistió porque el accionante nunca fue funcionario público.

5. Que con el proceder reiterado de los jueces de primer grado se ha causado al demandante —persona mayor que padece una enfermedad cardiovascular—, graves daños y perjuicios, producto de la denegación de justicia en sede laboral y el retardo para el trámite del asunto.

6. Que se ha violado el orden público, el debido proceso, el derecho de acceder a la jurisdicción, además de los artículos 1, 14, 15, 17 y 29.1 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; y 25 y 257 de la Constitución de la República.

7. Que al declararse con lugar la regulación de competencia, se ordene que el asunto sea sustanciado por otro juez distinto al que declinó, así como por otro juez de juicio, pues ambos le manifestaron —en su decir— que se les había faltado el respeto, además que ya tienen un criterio contrario a la sede competente para conocer de este asunto.

   III

   LA DECISIÓN DEL IUDEX A QUO

   La decisión del a quo que originó la regulación de competencia que resuelve este sentenciador, es del tenor siguiente:

   Omissis

   En fecha 10 de Febrero (sic) del 2010, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Laboral de Ciudad Bolívar, fue consignada la presente demanda quedando reseñado con el Nro. FPO2-2010-000034, donde el justiciable U.L.C. demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y BENEFICIOS CONTRACTUALES RETENIDOS Y DEMAS CONCEPTOS LABORALES al INSTITUTO DE S.P.D.E.B. (sic) (I.S.P.E.B), y en fecha 11 de Febrero (sic) del mismo año fue distribuido correspondiéndole a este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado (sic) Bolívar, a los fines de su pronunciamiento sobre su admisión.

   Ahora bien, éste (sic) operador de la justicia laboral una vez analizado como ha sido la presente causa observa de que (sic) el accionante U.L.C., le prestó servicios como empleado al Instituto de S.P.d.E.B. como AUXILIAR DE LABORATORIO, el mes de Septiembre del año 2.002 (sic), cuando le suspendieron el salario y demás beneficios contractuales hasta la presente fecha.-

   Siendo así, se deduce que el demandante pretende demandar por ante un Tribunal que no es competente por razón de la materia, en virtud de que como se ha determinado de la síntesis del libelo de la demanda de que (sic) el demandante ocupó un cargo funcionarial en el Instituto de S.P.d.E.B., razón ésta más que suficiente para que éste Operador de la justicia Laboral decline la competencia, todo de conformidad con lo previsto en Ordinal 1º del el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación analógica del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (sic).

   En consecuencia, la competencia para conocer de la acción propuesta por el demandante OLRICO (sic) L.C., contra el INSTITUTO DE S.P.D.E.B., corresponde al JUZGADO SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, con sede en Ciudad Guayana Municipio Caroní del Estado Bolívar. ASI SE DECLARA.

   Omissis

   Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Bolívar, Sede Ciudad Bolívar, DECLINA SU COMPETENCIA para conocer la presente causa, a fin de que la misma sea conocida por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Ciudad Guayana. Así se decide.

   En consecuencia, se ordena remitir el presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, a fines de la remisión correspondiente. Líbrese oficio.

   Omissis

   III

   CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   Para decidir, observa quien sentencia:

   El tema debatido en la regulación de competencia sub examine es determinar si el demandante está sujeto al estatus de funcionario público, lo que obligaría a desplazar la competencia para el conocimiento y decisión del asunto hacia la sede contencioso funcionarial de la jurisdicción, o si su estatus es el de personal contratado regido por la Ley Orgánica del Trabajo, lo cual mantendría la competencia para conocer en la sede laboral.

   Ya este sentenciador, en oportunidad anterior, dejó establecido su criterio sobre el estatus de los trabajadores que prestan servicio para la Administración Pública bajo régimen de contratado, criterio que reitera en esta oportunidad. En efecto, en el caso J.C.P.A. (sentencia de 23-4-2009, asunto FP02-R-2008-000339), se dijo:

   Omissis

   Ahora, precisa este juzgador la necesidad de determinar si el demandante de autos fue personal contratado o si fue funcionario público.

   Establece la Constitución de la República:

   Artículo 146. Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley.

   El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión o retiro será de acuerdo con su desempeño.

   Es palmario, pues, que siendo de carrera los cargos de los órganos de la Administración Pública y que el ingreso a la carrera solo será posible mediante concurso público, quien preste servicios para la Administración Pública sin haber concursado para ingresar no está amparado por la condición de funcionario público, pudiendo estar comprendido —sin que sean los únicos casos— en el estado excepcional de los cargos de elección popular, de los de libre nombramiento y remoción, de los contratados y contratadas, y de los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública. De modo que cuando no se tiene el estatus de funcionario público pero se presta servicios para la Administración Pública se puede estar en alguno de los supuestos de excepción que la misma Constitución señala. Así queda decidido.

   Ahora bien, la Ley del Estatuto de la Función Pública preceptúa:

   Artículo 19. Los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública serán de carrera o de libre nombramiento y remoción.

   Serán funcionarios o funcionarias de carrera, quienes habiendo ganado el concurso público, superado el período de prueba y en virtud de nombramiento, presten servicio remunerado y con carácter permanente.

   Serán funcionarios o funcionarias de libre nombramiento y remoción aquellos que son nombrados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en esta Ley.

   Artículo 20. Los funcionarios o funcionarias públicos de libre nombramiento y remoción podrán ocupar cargos de alto nivel o de confianza. Los cargos de alto nivel son los siguientes:

1. El Vicepresidente o Vicepresidenta Ejecutivo.

2. Los ministros o ministras.

3. Los jefes o jefas de las oficinas nacionales o sus equivalentes.

4. Los comisionados o comisionadas presidenciales.

5. Los viceministros o viceministras.

6. Los directores o directoras generales, directores o directoras y demás funcionarios o funcionarias de similar jerarquía al servicio de la Presidencia de la República, Vicepresidencia Ejecutiva y Ministerios.

7. Los miembros de las juntas directivas de los institutos autónomos nacionales.

8. Los directores o directoras generales, directores o directoras y demás funcionarios o funcionarias de similar jerarquía en los institutos autónomos.

9. Los registradores o registradoras y notarios o notarias públicos.

10. El Secretario o Secretaria General de Gobierno de los estados.

11. Los directores generales sectoriales de las gobernaciones, los directores de las alcaldías y otros cargos de la misma jerarquía.

12. Las máximas autoridades de los institutos autónomos estadales y municipales, así como sus directores o directoras y funcionarios o funcionarias de similar jerarquía.

    Artículo 21. Los cargos de confianza serán aquellos cuyas funciones requieren un alto grado de confidencialidad en los despachos de las máximas autoridades de la Administración Pública, de los viceministros o viceministras, de los directores o directoras generales y de los directores o directoras o sus equivalentes. También se considerarán cargos de confianza aquellos cuyas funciones comprendan principalmente actividades de seguridad del estado, de fiscalización e inspección, rentas, aduanas, control de extranjeros y fronteras, sin perjuicio de lo establecido en la ley.

    Artículo 37. Sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos casos en que se requiera personal altamente calificado para realizar tareas específicas y por tiempo determinado.

    Se prohibirá la contratación de personal para realizar funciones correspondientes a los cargos previstos en la presente Ley.

    Artículo 38. El régimen aplicable al personal contratado será aquél previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral.

    Artículo 39. En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública.

    Conforme los dispositivos transcritos —los que están en consonancia debida con el Texto Supremo—: i) el ingreso a la función pública de carrera solo es posible mediante concurso, pero ello no obsta para que se designen como funcionarios públicos personas libremente nombradas y de igual libertad de remoción, uno y otro extremos de ingreso y salida con sujeción a las disposiciones de la Ley del Estatuto de la Función Pública; ii) solo tienen la condición de funcionarios públicos los que ingresen por concurso y los que la ley permita designar como tales de manera libre; iii) quienes no ingresen a la función pública de la manera indicada, pero sin embargo presten servicios para la Administración Pública sin ocupar cargos de elección popular, tienen el estatus de contratados, siempre que se trate de personas altamente calificadas para realizar tareas específicas y por tiempo determinado; iv) el régimen aplicable al personal contratado es el pactado en el contrato y el regulado por la legislación laboral.

    Omissis

    Anotadas las características precedentes resulta manifiesto que el accionante no es funcionario público, pues no ingresó a la Administración Pública mediante concurso, ni ejerce un cargo de elección popular, ni ingresó como funcionario de libre elección y remoción, convicción que obtiene este sentenciador de la circunstancia de no obrar en autos medio alguno de prueba que permita confirmar esa realidad fáctica, obrando, más bien, prueba del ingreso sin concurso y de laborar el demandante bajo el estatus de obrero. De ello resulta que el accionante no es funcionario público de carrera, ni tampoco funcionario de libre nombramiento y remoción; siendo, sí, personal obrero, como se desprende meridianamente de la planilla de liquidación que hace el folio 29 del expediente, en la que se lee textualmente —encabezamiento— «CALCULO DE PRESTACIONES PERSONAL OBREO». Así se decide.

    Establecido, entonces, por este sentenciador que el accionante es personal contratado, tutelado por la legislación laboral ordinaria, corresponde a la sede laboral de la jurisdicción el conocimiento y decisión del presente asunto, lo que inclina a este sentenciador a revocar la decisión del iudex a quo mediante la cual declinó la competencia en el sede contencioso funcionarial administrativa de la jurisdicción, afirmando la competencia de los tribunales del trabajo que deben continuar conociendo el asunto, razón por la cual se declarará con lugar la regulación de competencia planteada por la representación judicial del demandante. Así queda resuelto.

    La tesitura sostenida por quien sentencia es coincidente con la doctrina de la Sala de Casación Social (auto de 1 de julio de 2008, caso W.J.L.R.), en el que se expresó:

    En el juicio que por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, sigue el ciudadano WILMER JOSÉ LÓPEZ RODRÍGUEZ… el Juzgado Segundo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo de la apelación interpuesta por el demandante, contra la sentencia dictada el 14 de agosto de 2007 por el Juzgado Décimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esa Circunscripción Judicial, declinó la competencia al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

    Omissis

    El Juzgado Segundo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la representación judicial del Municipio Sucre del Estado Miranda, contra la decisión del Juzgado Décimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, en la cual declaró con lugar la demanda por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos propuesta por el actor; mediante decisión de fecha 26 de febrero de 2008, declaró la nulidad del fallo recurrido y declinó su competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, fundamentando tal decisión en la condición de funcionario público del demandante.

    Al efecto, el Tribunal de alzada declinó su competencia, en los siguientes términos:

    Si bien es cierto, y esta Alzada así lo ha sostenido de manera reiterada, que la única forma de ingresar a la función pública, como lo estableció la sentencia antes referida, es a través de los concursos, y que el contrato no puede ser un medio apto para la incorporación de (sic) la función pública, tal como lo indica la Constitución de 1999 y el Estatuto de la Función Pública (sic), en el presente caso el actor ha permanecido en esta situación irregular, ejerciendo las funciones encomendadas de abogado de la Sindicatura Municipal, desde antes de la Constitución de 1999 y antes de que entrara en vigencia la Ley del Estatuto de la Función Pública, esta situación implica que como lo expresó el autor A.D.P. mantiene al actor en un limbo jurídico toda vez que desde sus inicios hasta la fecha en que fue despedido ejerció sus funciones tal y como lo reconoció de manera expresa la parte demandada.

    Por las razones expuestas y dada la condición del actor, dado lo pretendido a través de la acción intentada, esto es, una demanda por calificación de despido cuya finalidad es la permanencia en el empleo, esta Alzada considera que no son los tribunales laborales los llamados a conocer de la presente causa y declina la competencia para conocer del presente caso en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que tiene competencia en materia funcionarial, a cuyo Tribunal distribuidor se ordena remitir las presentes actuaciones.

    Por los motivos expuestos, declara la nulidad del fallo objeto del recurso de apelación. Así se establece.

    En fecha 18 de marzo de 2008, la representación judicial de la parte demandada presentó solicitud de regulación de competencia, alegando que el demandado de autos es un contratado al servicio de la Administración Pública y no un funcionario público, razón por la cual el referido Tribunal Superior, mediante auto de fecha 7 de mayo de 2008, acordó remitir el expediente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

    Omissis

    En tal sentido, se evidencia de las actas procesales, que el demandante comenzó a prestar servicios para la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Miranda, como abogado litigante, adscrito a la Sindicatura Municipal, bajo la figura de contrato de trabajo a tiempo determinado, el cual fue objeto de varias prórrogas, y por tiempo convencional. Observa la Sala que a los folios 133 y siguientes del cuaderno de recaudos del expediente, cursa un contrato de trabajo suscrito entre las partes, para el período comprendido entre el 1º de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003, en el cual, en su cláusula séptima se estipula que el contratado se compromete a pasar por la Sindicatura, mínimo dos (2) veces por semana, para recibir información e informar de los casos asignados. De igual manera, a los folios 135 y siguientes del cuaderno de recaudos, consta el contrato de trabajo suscrito entre las partes, para el período comprendido entre el 1º de enero de 2006 al 30 de junio de 2006, en el cual, en su cláusula segunda se establece que el contratado se compromete a prestar sus servicios profesionales, a tiempo convencional, y en consecuencia, el contratado en ningún momento adquirirá la cualidad de funcionario público.

    Ahora bien, del acervo probatorio cursante en autos, se evidencia que el accionante está desprovisto de la condición de funcionario público, por las razones que seguidamente se exponen:

    Omissis

    El artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es del siguiente tenor:

    Artículo 146.- Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la ley.

    El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera, será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia (…).

    Asimismo, la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.482 del 11-07-2002, reimpresa el 6 de septiembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.522, consagra en los artículos 38 y 39 lo siguiente:

    Artículo 38. El régimen aplicable al personal contratado será aquél previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral.

    Artículo 39. En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública.

    En relación con los empleados contratados, esta Sala en decisión de fecha 5 de abril de 2001 (caso: Edimson J.V.P. contra la Alcaldía del Municipio Barinas), dejó sentado lo siguiente:

    En este orden de ideas, Caballero Ortiz sostiene lo siguiente: '…si prevalece la actividad intelectual sobre la manual o material y, a su vez, los servicios son prestados a un ente estatal de derecho público, nos encontramos en presencia de un funcionario, siempre y cuando no se halle vinculado al instituto mediante un contrato de naturaleza laboral, cuyos elementos no configuren una relación de función pública simulada.' El autor citado agrega, que existe una categoría de servidores públicos constituida por los empleados contratados, y con respecto a los cuales debe tenerse presente la siguiente consideración: 'Si los contratos así celebrados no tipifican una verdadera relación de empleo público en la cual se den los elementos que configuran al contratado como empleado público, y existe subordinación, nos encontramos en presencia de contratos laborales, sometidos al Derecho del Trabajo, criterio este acogido tanto por la Casación Civil como por los tribunales de instancia.' (CABALLERO ORTIZ, JESÚS. Los Institutos Autónomos.).

    Del análisis de las normas transcritas se desprende, que el personal contratado al servicio de la Administración Pública, no se encuentra amparado por el régimen estatutario aplicable a los funcionarios públicos consagrado en la Ley del Estatuto de la Función Pública, sino que está sometido a las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo. En virtud de que, la relación que dio origen a la presente reclamación, se inició y culminó bajo las estipulaciones de un contrato de trabajo, supuesto que de conformidad con las normas antes transcritas, se encuentra excluido de la aplicación del régimen de los funcionarios de carrera y dado que se evidencia del escrito libelar que el accionante lo que pretende es la calificación de su despido, reenganche y pago de salarios caídos, esta Sala, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, declara como tribunal competente para conocer del presente asunto al Juzgado Segundo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se declara.

    Omissis

    En virtud que el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta sede laboral, conociendo en fase de sustanciación y en ejercicio de la competencia funcional que le corresponde en primer grado de jurisdicción, declinó su competencia en el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de esta Circunscripción Judicial, con sede en Puerto Ordaz; y por cuanto este juzgador declara procedente la impugnación ejercida por la parte demandada mediante la solicitud de regulación de la competencia; se anula la sentencia dictada por dicho Juzgado de Primera Instancia de Juicio el 10 de febrero del corriente 2010 y se ordena al referido Juzgado conocer del trámite de la fase juicio en el presente asunto. Así se deja resuelto.

    En lo que se refiere al pedimento planteado en la audiencia de esta instancia por la representación judicial del demandante para que se ordene que el asunto sea conocido en primera instancia por jueces distintos a los que ya han conocido de él, este sentenciador desestima dicho pedimento por no obrar en autos medio de prueba alguna que sustente las alegaciones de la parte o que justifiquen un pronunciamiento de esa especie. Así se establece.

    IV

    DECISIÓN

    Por todos los razonamientos que anteceden, Este Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, extensión territorial Ciudad Bolívar, en ejercicio de la potestad de administrar justicia que emana de los ciudadanos y ciudadanas, en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA:

CON LUGAR la solicitud de regulación de competencia planteada por el accionante.

COMPETENTE la sede laboral de la jurisdicción para conocer del presente asunto.

SE REVOCA la decisión proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta extensión territorial, mediante la cual declinó la competencia para conocer del presente asunto en el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de esta Circunscripción Judicial, pues no es ese el juez natural que debe resolver el asunto, habida cuenta que no está planteado en causa un asunto funcionarial administrativo, sino una reclamación laboral, para lo cual son competentes los tribunales del trabajo, conforme lo establecido por el artículo 29.4 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, además que existen medios instrumentales de prueba que cursan en autos, suficientes para crear convicción en este sentenciador que la competencia corresponde a la sede laboral.

SE ORDENA al Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta extensión territorial continuar el trámite del asunto en fase de sustanciación.

No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de esta decisión.

Notifíquese al ciudadano Procurador General del Estado Bolívar y remítasele copia certificada de esta decisión.

Devuélvase el expediente al juzgado que corresponda.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Ciudad Bolívar, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil diez. Años: 199º de la Independencia y 151º de la Federación.

EL JUEZ,

A.S.N.

LA SECRETARIA,

M.E.R.I.

En la misma fecha, siendo las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana, se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA,

M.E.R.I.