Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 4 de Diciembre de 2014

EL 19 junio de 2013, el ciudadano J.B.P., titular de la cédula de identidad N° 2.777.669, actuando en nombre y representación de la sociedad mercantil INVERSIONES ASTER, C.A, incoó demanda por desalojo de local comercial contra la empresa EXPRESATE MUJER, C.A.

La demanda fue admitida el 26 de junio de 2013 por el Juzgado Tercero de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de esta Circunscripción Judicial.

El 13 de diciembre de 2013 el tribunal de la causa declaró con lugar la demanda de desalojo y condenó a la demandada a desalojar el inmueble arrendado como consecuencia del incumplimiento en el pago de las cuotas de condominio del inmueble arrendado correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2010, enero a diciembre de 2011, enero a diciembre de 2012 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2013, y en consecuencia el incumplimiento de las obligaciones que le impone el documento de condominio a tenor de lo dispuesto en el literal “f” del artículo 34 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

El 16 de diciembre de 2013 el apoderado judicial de la parte demandada ejerció recurso de apelación contra la anterior decisión y por auto dictado el 13 de enero de 2014, el tribunal de la causa negó la apelación interpuesta por no alcanzar la cuantía requerida y en consecuencia declaró la firmeza del referido fallo.

V.-FUNDAMENTOS DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO

De la lectura realizada al escrito contentivo de la pretensión de amparo, esta Alzada desprende fundamentalmente, lo siguiente:

Que interpone acción de amparo contra la sentencia dictada el 13 de diciembre de 2013 por el Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de esta Circunscripción Judicial en el juicio que por desalojo de local comercial instauró la empresa Inversiones Aster, C.A por “tratarse de una resolución o decisión que me lesiona derechos constitucionales (...) que le viola flagrantemente las siguientes garantías constitucionales:

- Silencio de pruebas y errónea apreciación de una prueba determinante para la resolución de la causa ya que las pruebas promovidas por su representada y admitidas por el tribunal de la causa, concretamente las pruebas documentales en su mayoría y la prueba de informe, e incluso pruebas que después de dictada la sentencia fueron aportadas a la causa, fueron particularmente silenciadas por parte del a quo, al decidir que las mismas “nada arrojaban al contradictorio, dada su impertinencia, pero en nada manifiesta la razón o motivos de esa impertinencia.” Asimismo alega en este particular, que una de las defensas de su representada fue la existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en proceso distinto, concretamente la denuncia ante el INDEPABIS por los cobros excesivos y sin ningún basamento de cuotas de condominio, amén de los intereses a la rata contraria a la prevista en nuestro ordenamiento jurídico, prueba ésta que tenía una incidencia fundamental en las resultas del juicio “porque precisamente a mi representada se le había demandado y solicitado un desalojo por la falta de pago de las referidas cuotas de condominio. Sin embargo el ciudadano Juez del Tribunal ad quem (sic) de manera sorpresiva y muy diligente decidió la causa sin esperar la decisión a tomar por el órgano administrativo, alegando que la declaratoria con lugar del procedimiento administrativo por parte de INDEPABIS solo acarrearía una multa a la administración del condominio...”

- Violación del principio de la retroactividad y el efecto inmediato de la Ley, consagrado en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...) en el sentido de que el tribunal de la causa no consideró el Decreto Presidencial N° 602 de fecha 29-11-2013 y con vigencia desde la fecha antes mencionada, que en su artículo 4 establece: ...omissis... y que de haber el tribunal de la causa sentenciado en base al Decreto antes mencionado vigente para la fecha del veredicto “ éste hubiese sido otro, toda vez que la causal fundamentada para demandar el desalojo, se encuentra particularmente sin efecto o nula, por los que el tribunal ad quem (sic) decidió violando el ordenamiento jurídico venezolano vigente para la fecha de su determinación”, y que en el presente caso tiene aplicación lo dictado por el constituyentista en el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela .

- Violación del principio de la legalidad de las sanciones, consagrado en el ordinal 6° del artículo 49 Constitucional, ya que su representada fue juzgada en base a la violación de una casual de desalojo, concretamente la contemplada en el literal “f” del artículo 34 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamiento Inmobiliarios, y que si bien es cierto para la fecha de la admisión de la demanda se encontraba vigente, ya no lo estaba para la fecha de la decisión de la referida demanda “por lo que fue sancionada en base a faltas o infracciones no existentes en leyes vigente.”

Finalmente solicita la parte accionante que el referido fallo del 13-12-2012 sea declarado nulo y sin efecto y se proceda a dictar un nuevo fallo en alzada, donde se le respeten los principios y garantías constitucionales que le fueron violadas.

6. FUNDAMENTOS DE LA DECISION.-

   DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.-

   Como primer punto a resolver está el concerniente a la competencia para conocer el recurso de apelación planteado en contra del fallo emitido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta en sede constitucional, y para ello conviene puntualizar que la Sala Constitucional mediante sentencia Nº 1 del 20 de enero de 2000, (caso: “E.M.M.”) estableció el régimen competencial para conocer de las acciones de a.c. y, en tal sentido, señaló –entre otros aspectos– que los Juzgados de Primera Instancia conocerán de las acciones de a.c. que se interpongan en contra de las sentencias dictadas por los Tribunales de Municipio, y que asimismo, los Juzgados Superiores tendrán la competencia en sede constitucional para resolver el recurso ordinario de apelación que se proponga contra dichos fallos. En tal sentido, para ratificar lo afirmado conviene copiar un extracto de la sentencia de la Sala Constitucional identificada con el N° 823 del 06/06/2011, expediente 10-0843, con ponencia del Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, caso: J.L.P., en donde se estableció lo siguiente:

   …Corresponde a esta Sala determinar su competencia para conocer de la acción de a.c. interpuesta y, al respecto, se observa que la misma se ejerció contra la decisión dictada el 29 de junio de 2010, por el Juzgado Cuarto de los Municipios Maracaibo, J.E.L. y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a la que se le imputó la violación de los artículos 2, 7, 23 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   Ahora bien, con respecto a la acción de a.c., particularmente en lo que se refiere a las competencias de esta Sala que derivan de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, cabe referir que de conformidad con el artículo 25, numeral 20 corresponde conocer de las acciones de amparo que se intenten contra decisiones dictadas por los Tribunales o Juzgados Superiores de la República -salvo los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo-, las Cortes de lo Contencioso Administrativo y las C.d.A. en lo Penal, en tanto su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal, en consecuencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que dispone, lo siguiente:

   Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.

   En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva

   .

   A la luz del referido contenido normativo, la Sala, mediante decisión Nº 1 del 20 de enero de 2000 (caso: E.M.M.), estableció lo siguiente:

   En el mismo sentido, el artículo 4 eiusdem que consagra el amparo contra decisiones judiciales, también es claro al señalar que dicha acción debe interponerse ‘... por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento’. Por lo tanto, la competencia de los amparos contra sentencias será del órgano jurisdiccional superior al que emitió la sentencia presuntamente lesiva de derechos constitucionales, de acuerdo con la materia respectiva

   .

   En el caso de autos, visto que la acción de amparo se interpuso contra una decisión dictada por el Juzgado Cuarto de los Municipios Maracaibo, J.E.L. y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, la Sala, coherente con el criterio atributivo de competencia establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la jurisprudencia citada, estima que el órgano jurisdiccional competente para conocer de dicha acción es un Tribunal de Primera Instancia en materia civil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, por ser la alzada natural, ya que a éstos les corresponde conocer de los amparos ejercidos por presuntas lesiones de derechos constitucionales provenientes de decisiones u omisiones de los Juzgados de Municipio (Vid. Sent. Nº 626/2003 y 3.500/2003).

   Por tanto, esta Sala se declara incompetente para conocer de la presente acción de a.c. y, en consecuencia, declina el conocimiento de la causa en un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que le corresponda previa distribución, a los fines de que conozca en primera instancia acerca de la acción de a.c. interpuesta. Por tanto, remite el expediente al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil de la mencionada Circunscripción Judicial, para que realice la distribución de rigor. Así se decide….”

   De ahí que atendiendo a dichos criterios en virtud de que el fallo apelado emana del Juzgado de Primera Instancia antes mencionado este Juzgado Superior se declara competente para conocer de la presente apelación. ASÍ SE DECLARA.

   LA SENTENCIA APELADA.-

   La sentencia objeto del presente recurso de apelación la constituye la pronunciada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta en fecha 07-10-2014 mediante la cual se declaró IMPROCEDENTE la acción, basándose en los siguientes motivos, a saber:

   (...) En relación a que la sentencia dictada en fecha 13.12.2013, violó las garantías constitucionales toda vez que la parte presuntamente agraviante, incurrió en silencio de pruebas y errónea apreciación de una prueba determinante para la resolución de la causa, ya que, según la quejosa, las pruebas promovidas y admitidas por el Tribunal de la causa, concretamente las pruebas documentales en su mayoría y la prueba de informe e incluso pruebas que después de dictada la sentencia fueron aportadas a la causa, fueron silenciadas por parte del tribunal, al decidir que las mismas nada arrojaban al contradictorio, dada su impertinencia, pero en nada manifestó la razón o motivos de esa impertinencia.

   Esta juzgadora considera que la accionante debió hacer un señalamiento expreso y descriptivo de las pruebas documentales que, según ella, fueron silenciadas por el Tribunal de la causa principal, y no limitarse a señalar en su escrito, refiriéndose a éstas, “en su mayoría”. Pero en aras de salvaguardar el orden público y de no absolver la instancia en relación con esta denuncia, pasa a pronunciarse:

   ...omissis...

   Vale destacar que en sintonía con lo resuelto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 797 emitida en fecha 18.06.2012 en el expediente Nro. 09-0734 indicó de manera igualmente clara y específica que la acción de a.c. contra sentencia no debe ser utilizada cuando se pretenda cuestionar el criterio empleado por el Juez del tribunal denunciado como agraviante, o bien para manifestar su inconformidad con lo resuelto, sino más bien cuando el juez actúe fuera de su competencia y su proceder genere de manera evidente infracciones de los derechos constitucionales del quejoso, a saber:

   ...omissis...

   De ahí, que es evidente que el criterio empleado por la sala es que solo en el caso de que el error en la valoración de las pruebas aportadas en el juicio principal vulnere derechos y garantías constitucionales de manera evidente, o bien que quede de manifiesto que el juez denunciado como agraviante actuó usurpando funciones o en franco abuso de poder, será procedente la acción de amparo, ya que de lo contrario, si lo que se persigue es cuestionar el criterio del juez utilizado al momento de sentenciar, o crear una nueva instancia jurisdiccional con miras a que el fallo pronunciado sea modificado conforme a los intereses del quejoso, la acción deberá ser declarada improcedente.

   En el caso bajo estudio, se puede verificar que el juez denunciado al dictar el fallo de fecha 13.12.2013 (folios 10 al 21, tercera pieza) realizó una valoración integra de las pruebas que eran pertinentes y determinantes para la resolución del fondo de la controversia, constituidas por la copia simple del contrato de arrendamiento celebrado entre las sociedades mercantiles “EXPRESATE MUJER, C.A.” e ”INVERSIONES ASTER, C.A.”, debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Segunda de Porlamar del estado Nueva Esparta, en fecha 06.03.2009, bajo el N°. 64, Tomo 12, sobre un inmueble constituido por un local comercial identificado con el N°. 14, planta baja, primera etapa del Centro Comercial “Galerías Fente”, ubicado en la Avenida 4 de Mayo de la ciudad de Porlamar, Municipio Mariño del estado Nueva Esparta y la copia simple del documento de condominio del Centro Comercial “Galerías Fente”, toda vez que la primera demostraba la obligación de la arrendataria a cancelar la cuota de condominio correspondiente durante la vigencia de la relación arrendaticia, y que conocía y se acogía a lo dispuesto en el documento de condominio del Centro Comercial “Galerías Fente” I Etapa y a su Reglamento, y la segunda demostraba en su capítulo cuarto (De las cargas y gastos comunes a todos los propietarios), particular número uno (Principio General), la obligación de los propietarios sobre las cargas comunes (cuota de condominio), subrogándose la arrendataria en dicha obligación.

   Adicionalmente valoró íntegramente las documentales marcadas del “21 al 51” treinta y un constancias o recibos de cobro condominial y la constancia de saldo deudor de cuotas de condominio y estados de cuenta emitidos por la administradora del condominio del Centro Comercial “Galerías Fente”.

   (...) En relación a las siguientes documentales: a) copia certificada del expediente signado con la letra y número NUE-DEN-000044-2012 instruido por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS); y b) copia certificada del expediente signado con la letra y número NUE-DEN-000045-2012 instruido por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), esta operadora judicial se pronunciará sobre las mismas cuando le corresponda a.s.l.c. prejudicial que, según la accionante, debió resolverse en un proceso distinto.

   Asimismo, observa esta juzgadora que la demandada en el juicio principal, a través de su escrito de promoción de pruebas solicitó se oficiara al Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta a los fines que informara al Tribunal sobre los puntos tratados, discutidos y aprobados en cada una de las asambleas de accionistas de la sociedad mercantil “INVERSIONES ASTER, C.A.”

   La promoción del referido medio de prueba, según la demandada y ahora accionante, tuvo como objeto demostrar la falta de cualidad activa de la actora por haber expirado el término de su duración, específicamente señaló la demandada que los 20 años de duración de la actora expiraron el 05.09.2009, y por cuanto no hubo prórroga mediante asamblea, expiró de conformidad con el artículo 340 ordinal 1 del Código de Comercio en relación con el artículo 342, 19 ordinal 9 y 25 eiusdem.

   (...) Efectivamente se desprende de las actas (folio 24, tercera pieza) que, después de dictada la sentencia (13.12.2013), consta un auto dictado en fecha 18.12.2013, por el Juzgado Tercero de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de este Estado, por medio del cual se ordena agregar el oficio número 524 de fecha 16.12.2013 suscrito por el Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.

   Igualmente, consta en autos (folios 25 al 105 y sus vueltos) oficio número 524 de fecha 16.12.2013 suscrito por el Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, mediante el cual anexo se le remite Juzgado Tercero de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de este Estado, copia certificada del acta constitutiva y todas las actas de asamblea correspondiente a la sociedad mercantil ”INVERSIONES ASTER, C.A.” de las cuales se desprende que no existe rastro procesal que pueda convencer a esta juzgadora que la referida sociedad haya sido liquidada, en consecuencia es incuestionable la cualidad activa de la actora para intentar la demanda.

   Ahora si bien es cierto que el juez denunciado debió, antes de dictar su fallo, esperar la información solicitada por la parte demandada, para así sentenciar de acuerdo a lo alegado y probado en autos, no lo es menos que la información suministrada por el Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta en nada contribuye para la resolución de la controversia.

   Bajo tales consideraciones es evidente que los señalamientos efectuados por la accionante “EXPRESATE MUJER, C.A.” en torno a que la parte presuntamente agraviante incurrió en silencio de pruebas y errónea apreciación de una prueba que era determinante para la resolución de la causa deben ser desestimados por carecer de sustento legal. Y así se decide.

   En relación a que la sentencia dictada en fecha 13.12.2013 violó las garantías constitucionales, toda vez, según la accionante, que una de las defensa propuesta fue la existencia de una cuestión prejudicial que debe resolverse en proceso distinto, concretamente la denuncia ante el INDEPABIS, por los cobros excesivos y sin ningún basamento de cuotas de condominios, y según la quejosa, esa prueba tenía una incidencia fundamental en las resultas del juicio, porque la demanda incoada en su contra se fundamentó en el desalojo por la falta de pago de las referidas cuotas de condominio, y según lo alegado, la parte presuntamente agraviante, de manera sorpresiva, decidió la causa sin esperar la decisión a tomar por el órgano administrativo, alegando que la declaratoria con lugar del procedimiento administrativo por parte del INDEPABIS sólo acarrearía una multa a la administración del condominio.

   El Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999 precisó lo relativo a la fijación del canon máximo mensual de arrendamiento de inmuebles, dejando sólo esta actividad circunscrita a la esfera administrativa, y trasladando al organismo judicial ordinario el conocimiento y decisión de todas las demás materias inquilinarias (...)

   (...) Lo anterior conduce a que los procedimientos instruidos ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) no constituyen una cuestión prejudicial que debió resolverse previamente al dictamen del juicio principal identificado con el Nº 1.967-13.

   Ahora, si bien es cierto que el juez denunciado no valoró íntegramente la copia certificada del expediente signado con la letra y número NUE-DEN-000044-2012 instruido por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y la copia certificada del expediente signado con la letra y número NUE-DEN-000045-2012 instruido por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), considera esta juzgadora que las mismas no eran pertinentes y determinantes para la resolución del fondo de la controversia. Y así se decide.-

   En relación a que la sentencia dictada en fecha 13.12.2013 violó la garantía constitucional de la retroactividad de las leyes, consagrada en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido, según la accionante, que la parte presuntamente agraviante no consideró el Decreto número 602 del 29 de noviembre de 2013, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, N.M.M. y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.305 de la misma fecha.

   (...) En el asunto bajo estudio se puede constatar que el Decreto número 602 del 29 de noviembre de 2013, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, N.M.M. y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.305 de la misma fecha, no tenía efecto alguno sobre la relación arrendaticia constituida con anterioridad, simplemente porque si observamos el contenido íntegro del referido Decreto, el mismo no es una Ley Penal en sentido estricto y no establece normas de procesales o procedimientos judiciales. En consecuencia, no debió el juez presuntamente agraviante en su sentencia dictada en fecha 13.12.2013 aplicar el Decreto Nº 602, es decir, es criterio de esta juzgadora, que no se violó la garantía constitucional consagrada en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se decide.-

   En relación a que la sentencia dictada en fecha 13.12.2013 violó la garantía constitucional de la legalidad de las sanciones, consagrada en el artículo 49, ordinal 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que, según la accionante, fue juzgado en base a la violación de una causal de desalojo, concretamente la contemplada en el literal “f” del artículo 34 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la cual, según lo alegado, ya no estaba vigente para la fecha de la decisión atacada.

   (...) La vigencia tiene un principio y un fin. Es necesario para esta juzgadora establecer si el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999 estaba vigente para día 13.12.2013, vale decir, si había iniciado y aún no había concluido para el momento preciso en que se dictó el fallo atacado.

   (...) En el caso bajo estudio, el Decreto Nº 602 del 29 de noviembre de 2013 no es una ley que dispuso sobre todas las formas previamente reguladas por el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios de modo que no puede decirse que técnicamente se estaba en presencia de la superposición de dos leyes vigentes para la época y como consecuencia debía aplicarse la de más reciente elaboración (Decreto Nº 602), es decir, el hecho que el Decreto Nº 602 del 29 de noviembre de 2013 no haya previsto una disposición expresa en la cual se determina la abrogación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, no significa que estuviéramos ante el conflicto de dos leyes vigentes, y así lo confirma la primera disposición derogatoria del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial promulgado en fecha 24 de abril de 2014, el cual establece:

   ...omissis...

   En consecuencia, no debió el juez presuntamente agraviante en su sentencia dictada en fecha 13.12.2013 desaplicar del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999, en virtud que la finalización de su vigencia ocurrió el 24 de abril de 2014 con la entrada en vigencia del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. Y así se decide.-

4. DISPOSITIVA.-

   En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: