Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 8 de Septiembre de 2010

En derecho procesal, en cuanto a los aspectos de fondo, la congruencia es requisito sine qua non de toda decisión judicial en cualquiera de las materias del derecho, consistente en la adecuación, correlación o armonía entre las peticiones realizadas por las partes y lo decidido en el fallo de la sentencia. Lo que también exige que debe tener lo que se conoce como exhaustividad de la sentencia, que no es otra cosa que, el fallo recaiga sobre todas las pretensiones de las partes, de modo que si no ocurriera así, la sentencia estaría viciada de incongruencia por omisión de pronunciamiento o incongruencia negativa. Al igual que también estaría viciada de incongruencia, pero de incongruencia positiva, cuando se otorga más de lo pedido (incongruencia ultrapetita) o cuando se concede algo que no es precisamente lo que se ha pedido por alguna de las partes o bien se hacen declaraciones que no se corresponden con las pretensiones deducidas por las partes (incongruencia extrapetita). Asimismo, para algunos doctrinarios del Derecho también hay incongruencia cuando se da menos de lo reconocido por la parte condenada (incongruencia infra o citrapetita).

Toda decisión judicial debe ser clara, precisa y congruente con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en la litis. Se pronunciará sobre todo lo alegado y pedido, aprobando o negando y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

De igual modo, las decisiones judiciales se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de lo probado, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.

Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.

Así, toda decisión judicial debe ser expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia, el quebrantamiento de ello, conlleva entonces a la configuración del vicio de incongruencia, el cual "consiste en aquella exigencia que obliga a establecer una correlación total entre los tres grandes elementos definidores de todo proceso: el de la pretensión, el de la contestación y el de la decisión. (...). Con la demanda y su contestación se delimita el objeto procesal, con imposibilidad, en principio, de un cambio ulterior, estableciendo los límites dentro de los cuales la pretensión procesal ha de ser manejada, lo que vincula al Juez, que no podrá desconocerlos, positiva o negativamente, sin incurrir en incongruencia." (SARMIENTO NUÑEZ, J.G.; Casación Civil).

Siguiendo sobre lo que se ha dicho al respecto, tanto en la doctrina nacional como extranjera, para mayores luces en el presente escrito, han precisado algunos autores connotados lo que debería entenderse por congruencia, así tenemos al Dr. H.C., que nos enseñaba:

…Omissis…

En la doctrina extranjera, el connotado procesalista y profesor J.G., se expresa así con respeto a la cogruencia:

…Omissis…

Al respecto es menester invocar acá la jurisprudencia patria en sentencia N° 00006 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, del 8 de enero de 2008, con ponencia de la Magistrado Yolanda Jaimes Guerrero, que dispone:

…Omissis…

Del mismo modo, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado expresamente sobre los requisitos necesarios para que prospere una denuncia de este tipo de vicios, mediante fallo de fecha 4 de abril del año 2006 (Caso: E.V.F.Z. contra Banco Provincial, S.A. Banco Universal), que dice:

…Omissis…

En el caso que nos ocupa, encontramos la presencia del vicio de incogruencia positiva de extrapetita, puesto que en la decisión vertida en el acta de celebración de la audiencia del 15 de junio de 2010 convocada para escuchar a las partes y dilucidar sobre la pretensión formalmente solicitada el 23 de junio de 2010 por la defensora de la parte penada de conversión en prisión de la pena de multa de seiscientas (600) unidades tributarias que le fuera impuesta en la condena a su representado, petición que realizara de conformidad con el artículo 89 del Código Penal, así como en el auto separado de motivación de la decisión que aparece en los autos fechado con la también data del 15 de julio de 2010, en ambas actuaciones judiciales decisorias el Tribunal Octavo de Ejecución se pronunció sobre la conversión de multa por trabajo comunitario voluntario, a que se refiere el artículo 489 del Código Orgánico Procesal Penal que nadie le había pedido, ni cuyo procedimiento se le había dado inicio por dicho artículo.

Ocurre entonces, que la sucesión de hechos y realidades que dan iniciativa e impulso a este caso son totalmente distintos a lo que posteriormente por parte de la instancia judicial resultaría el pasado 15 de julio de 2010, a saber:

Es el hecho, que el procedimiento por el cual se produce la decisión contra la cual recurrimos, inicia por formal solicitud que al Tribunal Octavo de Ejecución le formulara, en fecha 23 de junio de 2010, la Defensora Pública Quincuagésima Quinta Penal de esta Circunscripción Judicial, en su condición de defensora del penado, mediante comunicación N° DP-55-135-2010, que consta en los autos que riela al folio ciento sesenta y ocho (168) de la segunda pieza del expediente y que nos permitimos consignar en copia simple marcado como "ANEXO N° 1", en el que claramente se lee cuales eran las pretensiones de la defensa:

“... acudo ante usted en la oportunidad DE SOLICITAR SE CONVIERTA LA MULTA de 600 unidades tributarias impuestas en sentencia condenatoria por el juzgado 40° de control del Área Metropolitana de Caracas, EN PRISIÓN, TODO ELLO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 89 DEL CÓDIGO PENAL." (sic) Mayúsculas, negrillas y doble subrayado del Ministerio Público.

Como se observa la petición que hiciera la defensa estaba circunscrita a solo pedir la conversión en prisión de la pena multa de la condena de conformidad con el artículo 89 del Código Penal, y NO como luego terminaron las cosas en sede judicial, transformándose a la hora de decidir en conversión de multa en trabajo comunitario voluntario atendiendo al artículo 489 del Código Orgánico Procesal Penal.

Incluso, en el auto del mismo Tribunal Octavo de Ejecución de fecha 23 de junio de 2010 en que se provee sobre la solicitud de la defensa y se fija la audiencia para dilucidar la misma, que se anexa a los autos marcada como "ANEXO 2", se observa que dice claramente:

“Vista la solicitud interpuesta por la DRA. YELlBE CHACÓN VIVAS, Defensora pública N° 55 en materia de ejecución de sentencias, en la cual solicita se convierta la multa de 600 unidades tributarias impuestas en sentencia condenatoria por el Juzgado 40° de Control del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 18-07-07, en prisión, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Código Penal, en consecuencia este Juzgado en virtud de dicha solicitud acuerda FIJAR, Audiencia Oral conforme a los establecido ... "Negrillas del Tribunal VIII° de Ejecución y doble subrayado del Ministerio Público.

Es decir que el Tribunal Octavo de Ejecución acordó conforme a la solicitud de la defensa (artículo 89 C.P. y conversión de multa en prisión) fijar la audiencia, claro que ello tenía que ser así, puesto que el artículo 489 del Código Orgánico Procesal Penal en que después termina apoyándose el Tribunal al momento de decidir no podía ser, por cuanto el procedimiento a que se refiere el mencionado artículo 489 es a motus del Tribunal, quien cita al penado que no ha cumplido con pagar la pena de multa a que ha sido condenado, lo cual no fue el antecedente de la decisión del 15 de julio de 2010, contra la cual recurrimos, ya que, no obstante que el penado de marras no había pagado la multa, en el Tribunal de Ejecución no se había iniciado procedimiento o incidencia alguna por tal incumplimiento que data desde el año 2007, además, el supuesto de hecho de la norma procesal del 489 no es ni fue el animus initío ni el animus lex que tuvo la defensa en su solicitud del 23 de junio de 2010 y no era sustituible por el Tribunal una vez que se había iniciado la litis por el 89 Código Penal, darle el viraje al 489 de la N.A.P., puesto que los hechos procesales de la solicitud del 23 de junio de 2010 no podían validamente subsumirse en el 489 eiusdem.

Disponen ambas normas lo siguiente:

…Omissis…

En vista de lo expresado, es evidente que la decisión recurrida y su auto separado de motivación del 15 de julio de 2010, están viciados de extrapetita, al respecto es conveniente ilustrar, con el profesor A.R.R., quien nos explica, lo que sigue:

…Omissis…

Conteste con lo anterior en relación al vicio antes mencionado y la asimilación que la jurisprudencia nacional hace de las expresiones de ultrapetita y extrapetita, la Sala de Casación Civil, en sentencia N° 131, del 26 de abril de 2000, caso V.J.C.A. contra R.A.S.R., expediente N° 99-097, con ponencia del Magistrado C.O.V., expresó muy didácticamente al respecto:

…Omissis…

En igual sentido se pronunció la extinta Sala de Casación Civil, Mercantil y de Trabajo de la otrora Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 16 de diciembre de 1964, en la que se sostuvo lo siguiente:

…Omissis…

Asimismo, el Dr. H.C. planteaba que “…es un vicio contenido en el dispositivo del fallo o en el razonamiento que incluya una condena. Consiste en exceder los términos de la litis, decidiendo cuestiones extrañas a los pedimentos del libelo y a la defensa planteada en la contestación…” (cuenca H.C.d.C.C.. Tomo I. Pág. 148)

Por su parte el Dr. R.M.R., en su obra inconclusa, expresaba:

…Omissis…

Finaliza su exposición el autor antes nombrado así:

…Omissis…

Prosiguiendo con el tema de la denuncia que nos ocupa en este aparte, es preciso, destacar que puede apreciarse de la lectura del acta de la audiencia oral llevada a cabo por el mencionado Tribunal de Ejecución, el 15 de julio de 2010, para oír a las partes en atención a solicitud que en fecha 23 de junio de 2010 formulara la Defensora Pública Quincuagésima Quinta Penal de esta Circunscripción Judicial, en su condición de defensora del penado, pidió de conformidad con el artículo 89 del Código Penal, se le convirtiera a su representado a una pena de prisión la pena de multa de seiscientas unidades tributarias que le fuera impuesta en la condena, se observa que al comienzo del desarrollo del acto la Juez reconoce el objeto por el cual se celebraba la audiencia y es por lógica que de ello debía debatirse o dilucidarse durante la duración del acto, resultando entonces inexplicable la razón por la cual se desvirtúa dicho objeto.

En recalque de lo ut-supra mencionado transcribo la cita del acta de tal reconocimiento del propositum actus durante el inicio de la audiencia, tal y como puede leerse de seguidas:

…la ciudadana Jueza declara abierta la audiencia, explicando a las partes el objeto del acto, advirtiendo a las partes la forma como se desarrollaría el mismo, señalando que las partes serían interrogadas respecto a que se convierta la multa de 600 unidades tributarias impuestas en sentencia condenatoria por el Juzgado 40° de Control del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 18-¬07-07, EN PRISIÓN; luego se procedería a la etapa de argumentación y luego de lo cual el Tribunal emitirá el pronunciamiento respectivo, que será debidamente fundamentado por auto separado. JJ (sic) Negrillas, doble subrayado y las dos palabras completamente en mayúsculas del Ministerio Público.

Entonces, tal y como se observa de la cita transcrita, la audiencia del 15 de julio de 2010 se estaba desarrollando y dirigiendo para sólo y únicamente debatirse " ... que se convierta la multa de 600 unidades tributarias impuestas en sentencia condenatoria por el Juzgado 40° de Control del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 18-07-07, EN PRISIÓN; ..

(sic) Negrillas, doble subrayado y las dos palabras completamente en mayúsculas del Ministerio Público, que precisamente fue el petitum de la parte penada en su solicitud de fecha 23 de junio de 2010, y no podía ser de otra manera, por cuanto en eso solo radicaba su pendencia y no podía hacerse algo en contrario por parte del Juzgado, primero, porque no era la solicitud para la cual se había fijado la audiencia, como tampoco durante el transcurso de la audiencia en ninguna forma la defensora, como el penado, pidieron algo referente al artículo 489 ni cambiaron su solicitud inicial, que era la conversión de la pena de multa en cárcel conforme al artículo 89 del Código Penal. En las intervenciones de la parte penada tanto la defensora como el penado, puede observarse claramente en el acta cual fue su posición, a saber:

Intervención de la defensora:

…, el Tribunal procede a darle la palabra a la DRA. YELIBE CHACÓN, Defensora Pública N° 55 en materia de Ejecución, en los siguientes términos: Esta defensa consignó solicitud de conformidad con el artículo 89 del Código Penal toda vez que ciertamente mi defendido fue condenado a una pena de tres (3) años y a cancelar una multa de 600 unidades tributarias y a pesar de que el mismo firmo una planilla de liquidación en la cual se comprometió a cancelar, el mismo se le ha hecho imposible cancelar dicha cantidad tal y como se ha manifestado por cuanto no tiene un sueldo fijo se le presentó varios inconvenientes a nivel familiar lo no le permite la cancelación de dicha multa y es el motivo por el cual esta defensa solicito la conversión de multa a prisión, por lo expuesto es que se hace el pedimento, mi defendido compareció a la División de Asistencia Social y Participación de la Alcaldía del Municipio Guaicaipuro de Los Teques a los fines de solicitar que se le tramite carta de pobreza y dichos tramites fueron infructuososaparentemente fue que hubo n error de ellos a nivel administrativo y no se la pudieron entregar, de la cual consigno en este mismo constancia de ello constante de un (01) folio útil, así mismo solicito en este acto copias certificadas de la presente audiencia, es todo…

(sic) Negrillas del Tribunal VIII° de Ejecución y doble subrayado del Ministerio Público.

Intervención del penado:

…Sinceramente no tengo como pagar esa multa ya digo he pasado varias cosas no tenia ni dinero para pagar abogados , es todo.

por último toma la palabra la ciudadana Jueza, quien expone: …” (sic)

Luego en la secuencia procesal, cuando ya se está en el cierre de la audiencia, cuando dice la Juez que fueron oídas las partes y comienza a realizar los pronunciamientos de la parte dispositiva de la decisión, en la mitad del punto "Primero" de la misma, la Juzgadora sin expresar argumento alguno directo, expreso, claro y congruente, refiere que la parte penada hizo la solicitud de conversión de la pena de multa en cárcel por el artículo 89 del Código Penal y sin hilación alguna sigue diciendo de inmediato "... por cuanto estamos ante un Tribunal con competencia en la Fase de Ejecución de Sentencias, cual se encuentra establecida en el artículo 479 del Texto Adjetivo Penal, el cual establece lo siguiente: .... " (sic) cita entonces una parte de esa norma (sin expresar a qué venía tal cita), habla de seguidas de todo lo que existía en los autos que le favoreció al penado para darle la suspensión condicional de la pena principal (corporal), que por cierto nadie había alegado, y cuando está en el punto "Segundo" dispositivo, en el que se va a pronunciar sobre la conversión de la pena de multa en prisión solicitado por la defensora conforme al artículo 89 del Código Penal porque su representado no tiene los medios económicos para pagar, decide pasar a tratar el asunto debatido por el 489 del Código Orgánico Procesal Penal solamente diciendo " ... este Tribunal una vez oído lo manifestado voluntariamente por el penado ampliamente identificado en autos, procede a imponerlo de lo establecido en el 489 del Texto Adjetivo Penal y, seguidamente le pregunta si pretende sustituir la multa por trabajo voluntario en instituciones de carácter público, a lo que el penado en autos manifestó voluntariamente y libre de coacción "Si quiero que el tribunal sustituya la multa por trabajo voluntario, por cuanto no tengo dinero para pagar la multa, es todo" (sic). Como se observa, el Tribunal, sin previa petición alguna, estando en el punto "Segundo" dispositivo, sin haber sido el objeto litis, soslaya la petición de la conversión en prisión conforme al artículo 89 del Código Penal, compeliendo al penado en esa fase de la decisión (reitero, aspecto "Segundo" de la parte dispositiva del fallo) sobre la base del mencionado artículo 489 eiusdem y con el " ... procede a imponerlo de lo establecido en el artículo 489 del Texto Adjetivo Penal ... " (sic) y preguntándole " ... si pretende ... " (sic) sustituir la multa por trabajo voluntario.

Es claro que esa nunca fue la pretensión del penado, ni en la solicitud de su defensora, como en la intervención de la misma en la audiencia, como tampoco en la participación oral del penado, al igual que el Ministerio Público por mi representado fue sorprendido por tal viraje, el cual no era el objeto litis por el cual se me había convocado a dicha audiencia.

De similar manera, en al auto separado de motivación de la decisión que aparece en los autos fechado con la data de 15 de julio de 2010, se observa en la misma, parecidas situaciones a la señaladas en el acta, por cuanto no obstante que se reconoce que el objeto y thema decidendum es la conversión de la pena de multa en prisión conforme al artículo 89 del Código Penal, sin explicación, argumento, motivación clara, directa o expresa, ni congruencia, se rebota de la cita de dicho artículo 89 eiusdem a la del 489 del Código Orgánico Procesal Penal, sin explicar el porqué de ello y se soslaya la ratio de porque no se decidió lo correspondiente al mencionado primado y requerido artículo 89 del Código Penal, dándole curso al no requerido artículo 489 de la Ley Adjetiva Penal, bajo el solo argumento de su cita y de que le impuso al penado del mismo y que éste había manifestado su deseo (compelido y no pedido) de sustituir la multa por trabajo voluntario, en los siguientes términos:

…Omissis…

Entonces, así en esta primera denuncia respecto a las dos actuaciones judiciales del 15 de julio de 2010 del Tribunal Octavo de Ejecución, la decisión vertida en el acta y el auto separado motivatorio, contra las cuales recurrimos, visto todo lo expresado, es evidente que la Juzgadora se excedió del thema decidendum e incurrió en extrapetita, ya que resolvió fuera de los límites en los cuales debió resolver y se pronunció sobre algo no pedido por la parte penada y menos por el Ministerio Público, con lo que infringió el debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 483 del Código Orgánico Procesal Penal.

En el caso de autos, además de la incongruencia positiva arriba denunciada, se incurrió en incongruencia negativa, en relación a:

• Los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público representado por el suscrito, en la decisión vertida en el acta del 15 de julio de 2010 únicamente hay pronunciamiento a uno de los puntos alegado y en el auto separado de motivación fechado con esa data del 15 de julio de 2010 se obvia por completo que manifesté y las motivaciones por las cuales no hubo pronunciamiento sobre mis alegaciones; y

• Sobre la procedencia o no de proveer sobre la especificidad da la solicitud conforme al artículo 89 del Código Penal de conversión de pena de multa en prisión solicitada por la defensa, no aparece nada al respecto, tanto en la decisión vertida en el acta del 15 de julio de 2010, como en el auto separado de motivación fechado con esa data del 15 de julio de 2010, hay silencio decisor de porque no se proveyó la petición de acuerdo a los términos solicitados por la defensa.

Respecto al vicio de incongruencia negativa, habida cuenta de las exigencias impuestas por la legislación procesal, toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, de conformidad con el artículo 526 del Código Orgánico Procesal Penal.

Para cumplir con este requisito de forma exigido para los fallos judiciales, la decisión que se dicte en el curso del proceso no debe contener expresiones o declaratorias implícitas o sobreentendidas; por el contrario, el contenido de la sentencia debe ser expresado en forma comprensible, cierta, verdadera y efectiva, que no dé lugar a dudas, incertidumbres, insuficiencias, contradicciones o ambigüedades; debiendo para ello ser exhaustiva, es decir, pronunciarse sobre todos los pedimentos formulados en el debate, y de esa manera dirimir el conflicto de intereses que constituyan el objeto del proceso.

Estas exigencias de carácter legal, como requisitos fundamentales e impretermitibles que deben contener las sentencias, han sido categorizadas por la jurisprudencia como: el deber de pronunciamiento, la congruencia y la prohibición de absolver la instancia.

En sentencia N° 05406 del 4 de agosto de 2005, de la Sala Político¬Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se ha expresado lo que debe entenderse por incongruencia negativa, señalando lo siguiente:

…Omissis…

De lo anterior se desprende que el vicio de incongruencia negativa se patentiza cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial, es decir, cuando omite lo relacionado con la pretensión deducida o con las excepciones o defensas opuestas.

En cuanto al conjunto de argumentos esgrimidos por el Ministerio Público representado por mi persona en el desarrollo de la audiencia del 15 de julio de 2010 para escuchar a las partes sobre la solicitud del 23 de junio de 2010 que formulara la Defensora Pública Quincuagésima Quinta Penal de esta Circunscripción Judicial, en su condición de defensora del penado, quien pidió, de conformidad con el artículo 89 del Código Penal, se le convirtiera a su representado en prisión la pena de multa de seiscientas unidades tributarias que le fuera impuesta en la condena, manifesté mi oposición a tal pretensión en los siguientes términos que aparecen en el acta levantada al efecto, a saber:

…Omissis…

Sobre tales argumentos, en el auto separado de motivación de la decisión que aparece en los autos fechado con la data de 15 de julio de 2010, se observó que no se hace mención alguna de los alegatos de oposición del Ministerio Público como tampoco de las razones o fundamentos de hecho y de derecho para negarse los mismos.

Por razones de economía procesal solicitamos que se tome como acá vertida la trascripción integral del auto separado de motivación fechado 15 de julio de 2010, en que se podrá observar que no se dijo nada sobre la participación y alegatos esgrimidos por el Ministerio Público.

En cambio, en la mencionada acta del 15 julio de 2010 del acto de la audiencia, a dichos del Juzgado de Ejecución, se explana en su texto en el aspecto dispositivo "Primero" (páginas 4 y 5) en cuanto a nuestros alegatos, en referencia a no darle curso a nuestras objeciones, solo se mencionó lo concerniente a que el Ministerio Público no ejerció recurso alguno en la oportunidad de la sentencia condenatoria en contra de la mencionada sentencia, mas NO se hizo mención alguna referente a lo opuesto por el Ministerio Público en relación a los delitos gravosos cometidos, la propuesta de un acuerdo por cuotas para el pago de la pena de multa y que no era convertible a prisión la pena pecuniaria por no ser ese su objeto, en los siguientes términos:

…Omissis…

En cuanto al silencio decisorio sobre el porque no proveyó sobre la procedencia o no de la especificidad pedida por la parte penada en la solicitud del 23 de junio de 2010 y ratificada en los dichos de la intervención de la defensora, conforme al artículo 89 del Código Penal de conversión de pena de multa en prisión solicitada por la defensa, tal y como ya se dijo, no aparece nada al respecto, tanto en la decisión vertida en el acta del 15 de julio de 2010 como en el auto separado de motivación fechado con esa data del 15 de julio de 2010, hay silencio de porque no se proveyó la petición de acuerdo a los términos solicitados por la defensa.

Por razones de economía procesal solicitamos que se tome como acá vertida la trascripción integral tanto del acta como del auto separado de motivación del 15 de julio de 2010, en que se podrá observar que no se dijo nada del porque no se proveía la petición en los términos solicitados por la defensa.

Entonces, así en esta segunda denuncia respecto a las dos actuaciones judiciales del 15 de julio de 2010 del Tribunal Octavo de Ejecución, la decisión vertida en el acta y el auto separado motivatorio, contra las cuales recurrimos, visto todo lo expresado, es evidente que la Juzgadora no se circunscribió al thema decidendum e incurrió en incongruencia negativa, resolviendo sin tomar en cuenta lo dicho por el Ministerio Público, como la solicitud específica de la defensa, con lo que infringió el debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 483 del Código Orgánico Procesal Penal.

De lo expuesto en los las denuncias anteriores como del todo contenido en las dos actuaciones judiciales del 15 de julio de 2010 del Tribunal Octavo de Ejecución, la decisión vertida en el acta y el auto separado motivatorio, se observa el vicio de inmotivación de los mismos.

La motivación, según criterio del maestro de maestros procesalista Dr.H.C., es

" ... Omissis…”

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 125 de fecha 26 de abril de 2000, en el expediente N° 99-302 del Juicio Banco Mercantil, C.A.S.A.C.A. contra Textilera Texma, C.A. y Otros ha señalado al respecto, que:

…Omissis…

De igual modo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 7 de marzo de 2002, Expediente 00-383, con ponencia del Megistrado C.O.V., ha dicho:

…Omissis…

Tal y como lo expresa el artículo 526 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal toda sentencia debe tener una exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho, con mención de las normas legales aplicables y en el caso que nos ocupa los de las dos actuaciones judiciales del 15 de julio de 2010 del Tribunal Octavo de Ejecución, la decisión vertida en el acta y el auto separado motivatorio no se encontró la motivación correspondiente de acuerdo a esta norma para decidir como lo hizo y beneficiar al penado de autos con la conversión de la pena de multa en trabajo comunitario voluntario haciendo mutis de lo pedido y sin adjuntar los fundamentos de hecho y de derecho para tal decisión, así como tampoco se hicieron los pronunciamientos y motivaciones correspondientes a los alegatos del Ministerio Público.

Se observó en el auto motivatorio separado fechado con la data del 15 de julio de 2010 de la decisión de esa misma fecha, que en el mismo se encontró en que se incurrió en el vicio de falso supuesto, se repara que reza al inicio del mismo lo siguiente:

…Omissis…

Como podrá observarse en el doble subrayado que aparece en la cita ut-¬supra transcrita se asevera en el auto en cuestión que la defensa hizo su petición de la conversión de la pena de multa a pena de prisión conforme a lo establecido en el artículo 489 del conforme al artículo 489 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual es incierto de toda falsedad, en contra de ello reproducimos el mérito probatorio de la solicitud de la defensa de fecha 23 de junio de 2010, adjuntada al presente marcada como "Anexo 1", que bien dice:

... Omissis…

En consecuencia, sobre la base de todos los razonamientos arriba esbozados en las precedentes cuatro (4) denuncias que hemos realizado, deducidos de las interpretaciones del criterio jurisprudencial supra analizado, y en estricta sujeción congruente de las disposiciones constitucionales consagradas en los artículos 49, 26 y primera línea del 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, permiten a esta Representación Fiscal formalmente y con el debido respeto señalar al Órgano Jurisdicente que conozca de la presente apelación, como en efecto lo hago, que se vulneró el debido proceso y la tutela judicial efectiva tanto para la defensa como para el Ministerio Público, con la decisión vertida en el acta de la audiencia del 15 de julio de 2010 como en el auto separado motivatorio de dicha decisión que aparece en los autos fechado con la data del 15 de julio de 2010, ambos emanados del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Por tanto, esta Representación Fiscal de conformidad con el artículo 25 Constitucional y los artículos 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal le manifiesta, de antemano, que es ajustado y procedente conforme a derecho, en resguardo y respeto a la Constitución, así como al numeral 3 del artículo 526 del Código Orgánico Procesal Penal, y a la doctrina jurisprudencial del mismo Alto Tribunal, objetos todos del thema decidendum de la presente apelación, formalmente solicitarle como en efecto lo hago, a la Sala de Apelaciones que le corresponda conocer del presente escrito, que acuerde la nulidad absoluta de la decisión vertida en el acta de la audiencia del 15 de julio de 2010 como del auto separado motivatorio de dicha decisión que aparece en los autos fechado con la data del 15 de julio de 2010, ambos emanados del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Y, en relación con la institución de las nulidades, para mayor abundamiento y luces del presente escrito nos parece significativo aportar que ha decidido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 880, del 29 de mayo de 2001, con ponencia del Magistrado Doctor J.D.O., que:

"…Omissis... "

En consecuencia, considera y solicita respetuosamente el Ministerio Público que lo ajustado a Derecho es declarar la nulidad total de la decisión vertida en el acta de la audiencia del 15 de julio de 2010 como del auto separado motivatorio de dicha decisión que aparece en los autos fechado con la data del 15 de julio de 2010, ambos emanados del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, según lo dispone el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal y se ordene conocer a otro tribunal de ejecución que provea sobre la solicitud interpuesta por la defensa en fecha 23 de junio de 2010 de la conversión de la pena de multa en pena de prisión de estipulada en la condena que le dictara el Juzgado Cuadragésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este mismo Circuito Judicial, en fecha 18 de julio de 2007, al penado M.A.M.G., identificado con el número de cédula de identidad V.-10.281.090, por su responsabilidad en la comisión de los delitos de DIFUSIÓN O EXHIBICIÓN DE MATERIAL PORNOGRÁFICO Y EXHIBICIÓN PORNOGRÁFICA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, tipificados y sancionados en los artículos 23 y 24 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos. Solicitudes éstas que el Ministerio Público le ruega sea declarada con carácter de urgencia.

Ahora bien, también debemos agregar a lo ya expuesto, fuera del ámbito de los vicios de forma, que la defensa para justificar su petición en cuanto a sustento documental y los fundamentos de hecho, solo se observó lo siguiente, extraído del acta del 15 de julio de 2010, a saber:

" ... Omissis... "

A los efectos del pago de la pena de las seiscientas (600) unidades tributarias, el penado se comprometió a cancelar la misma suscribiendo varias planillas de liquidación, las cuales hasta la presente fecha no ha cumplido con su pago, habida cuenta el haber presentado una constancia de trabajo del 17 de diciembre de 2007 en la que indicaba que era vendedor de la empresa lmportadora PuIi'S, C.A. y que devengaba un salario de NOVECIENTOS MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 900.000,00), considerando esta Representación Fiscal, que el penado, una vez adquirido el compromiso de pago con el Ministerio de Finanzas (hoy del Poder Popular para las Finanzas), si no tenía como cancelarlas, debió buscar llegar a un acuerdo con el ente económico del Ejecutivo Nacional, mediante el pago fraccionado de cada una de las cuotas y no esperar que transcurrieran dos (2) años y siete (7) meses, para hacer algún gesto de responsabilidad respecto a su obligación no saldada.

De igual manera, en lo que indica la defensa, que su representado no pudo obtener la carta de extrema pobreza por ante la Alcaldía del Municipio Guaicaipuro de Los Teques, alegando un supuesto error administrativo, se puso reparar al respecto que en el expediente no consta ninguna documentación u otro medio de prueba que demostrara que efectivamente la consignación de la misma se debía al error administrativo aducido. De similar manera, se debe comentar de lo que se lee de la planilla de su tramitación que está en los autos, que el penado esperó mucho tiempo para verificar que le proveyeran la tramitación del mencionado documento, puesto que la solicitud que hiciera ante el ente gubernamental data del 18 de enero de 2010, es decir que en casi siete (7) meses presuntamente no se le otorgó ni se demostró en los autos que hiciera algo para obtenerla, como tampoco se puede saber sí es que se la negaron. Con ese simple documento no se podría demostrar a los efectos del requerimiento solicitado que no se tenían los medios de pago.

También debe objetarse la inacción del Juzgado de Ejecución para que se saldara esa deuda con el Estado y con la justicia, que desde que dejó de pagar la primera cuota en el 2007, debió el mencionado Tribunal citarle e intimarlo a responder, en ese caso, sí por obra del artículo 489 del Código Orgánico Procesal Penal, que le compele a los jueces al respecto para que se cumplan y ejecutorien las condenas pecuniarias.

De igual modo, en cuanto al aspecto económico que estamos desarrollando tampoco para la decisión del 15 de julio de 2010, el Juzgado Octavo de Ejecución, consultó o pidió opinión al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, sobre la situación de morosidad en que se encontraba el supra penado, del porqué no había cumplido con la obligación contraída de la sanción que le fue impuesta, tal como así lo ha referido su defensa, antes de tomar su decisión de imponerle trabajo voluntario. También se observó en el dispositivo de la decisión recurrida que el Tribunal no dispuso de notificar al mencionado Ministerio que esa deuda con el Fisco Nacional ya no existía.

CAPITULO IV

PETITUM

Sobre la base de todos los fundamentos explanados en los capítulos precedentes, solicito respetuosamente de la honorable Corte de Apelaciones a la que le corresponda el conocimiento y resolución del presente recurso de apelación declarar la ADMISIBILIDAD del mismo, que formalmente pedimos en el presente escrito y decida lo siguiente:

Sea ADMITIDO y SUSTANCIADO el presente escrito conforme a derecho.

Se declare CON LUGAR el presente escrito y en consecuencia se DECLARE LA NULIDAD ABSOLUTA por quebrantamiento del artículo 49, 26 y primera línea del 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los artículos 190 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, de la decisión de conversión de pena de multa por trabajo voluntario vertida en el acta de la audiencia del 15 de julio de 2010 como del auto separado motivatorio de dicha decisión que aparece en los autos fechado con la data del 15 de julio de 2010, ambos emanados del Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la causa N° 8E-1805-07, concedido al ciudadano M.A.M.G., identificado con el número de cédula de identidad V.-10.281.090.

Se decrete reponer la causa y ordene conocer a otro tribunal de ejecución que provea sobre la solicitud interpuesta por la defensa en fecha 23 de junio de 2010 de la conversión de la pena de multa en pena de prisión estipulada en la condena que le dictara el Juzgado Cuadragésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este mismo Circuito Judicial, en fecha 18 de julio de 2007, al penado M.A.M.G., a los fines que se restablezca el orden y la situación jurídica infringida.”

DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEFENSA AL RECURSO DE APELACIÓN FISCAL

En fecha 09 de Agosto de 2.010, la abogada: YELIBE CHACON VIVAS, EN SU CARÁCTER DE DEFENSORA PÚBLICA PENAL QUINCUAGÉSIMA QUINTA (55°) EN FASE DE EJECUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en su carácter de Defensora del ciudadano M.A.M.G., dio contestación al Recurso de Apelación intentado por el Abogado: R.O.S., en su carácter de Fiscal Octogésimo (80°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en los siguientes términos:

“Yo, YELIBE CHACON VIVAS, Defensora Publica Penal Quincuagésima Quinta Penal en fase de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas, actuando en mi carácter de Defensora Judicial del ciudadano M.A.M.G., al cual se le sigue la causa signada con el numero 1705, acudo ante usted, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 449 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de dar contestación al Recurso de Apelación interpuesto en fecha 22 de JULIO de 2010, por la Fiscalia Octogésima del Área Metropolitana de Caracas en materia de Ejecución de la Sentencia, en contra de la decisión dictada por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en lo Penal con funciones de Ejecución, de fecha 15 de julio de 2010, en la cual se otorgo al penado trabajo voluntario en sustitución de multa impuesta.

I

Esta defensa de conformidad con lo dispuesto en el articulo 449 del Código Orgánico Procesal Penal, presenta escrito de contestación de la apelación, consignado por la Fiscalia Octogésima del Área Metropolitana de Caracas en Materia de Ejecución de la Sentencia, habiendo transcurrido desde el día 04 de agosto de 2010, fecha en la cual se dio por notificada esta Defensoria, hasta el día de hoy, tres (3) días hábiles.

II

En fecha 18 de julio de 2007, el Juzgado 41° de Primera Instancia en funciones de Juicio, dicto sentencia condenatoria en contra del ciudadano M.A.M.G., a cumplir la pena de TRES (3) años de Prisión y UNA MULTA MINIMA EN UNIDADES TRIBUTARIAS por la comisión del delito de DIFUSION O EXHIBICION DE MATERIAL PORNOGRAFICO y EXHIBICION PORNOGRAFICA DE NIÑOS Y ADOLECENTES, previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley especial contra delitos informáticos, y 16 del Código Penal.

El Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Ejecución, efectuare cómputo de pena en fecha 30 de julio de 2010, en el cual se establece que el mismo pudiera optar a la suspensión condicional para la ejecución de la pena.

Por otra parte en fecha 15 de julio de 2010, se efectuó audiencia oral en virtud de solicitud de conversión de la multa impuesta por prisión de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Código Penal, incoada por la defensa en fecha 23 de junio de 2010, señalando en la motiva de la decisión el Juzgado Octavo Instancia en funciones de ejecución lo siguiente:

...Omissis…

En fecha 22 de julio de 2010, la Fiscalia Octogésima del Área Metropolitana en materia de Ejecución de Sentencia, en uso de las atribuciones y facultades conferidas en el Código Orgánico Procesal artículo 108, numeral 12, Ley Orgánica del Ministerio Público, artículos 16, 31, 38, y 39, presentare escrito de Apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 447 numeral 5° del Código Orgánico Procesal Penal, indicando ente otras cosas:

…Omissis…

II

FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACION

Vista la apelación interpuesta por el Ministerio Publico, ciudadanos Jueces Superiores que conforman la honorable Sala de Apelaciones que ha de conocer del recurso interpuesto por la Fiscalia Octogésima del Área Metropolitana en materia de Ejecución de Sentencia, considera esta Defensa que en el presente caso la decisión dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en funciones de Ejecución se encuentra totalmente apegado al DEBIDO PROCESO contenido en el articulo 49.1 Constitucional que garantiza entre otras cosas el DERECHO A LA DEFENSA y asimismo al GOCE DE LAS GARANTIAS que le amparan al ciudadano, en tal sentido considero que la decisión dictada donde se acordare a mi defendido el trabajo voluntario, esta en estricto apego al contenido del artículos 489 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se establece:

…Omissis…

Esta defensa una vez analizada el contenido del capitulo III del recurso de apelación efectuado por la representación fiscal en su punto previo, observa que el contenido del mismo no se ajusta con lo debatido en la audiencia celebrada, en virtud, la fiscalía hace referencia que el tribunal de control debió tomar en cuenta entre otras cosas al momento de emitir su sentencia que la pena aplicar a mi asistido era de mayor entidad, toda vez que no se tomo en cuenta las agravantes que envuelven a los delitos de índole sexual en victimas Infato-juveniles, así como también al quantum de la pena, desaplicando el contenido del articulo 376 de la ley adjetiva penal, considerando esta defensa, que no es la oportunidad procesal para efectuar dicho requerimiento, en virtud que una vez que las actuaciones son remitidas al tribunal de ejecución, precluye el plazo para ejercer los recursos correspondientes, por no encontrarse de acuerdo con dicha sentencia, así como lo estipula el contenido del artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal “…Omissis…”, por lo que no tiene coherencia el argumento esgrimido tanto en la audiencia oral celebrada ante el Juzgado de Ejecución como en el recurso interpuesto.

Si bien es cierto que la defensa solicitó la aplicación del artículo 89 del Código Penal y el tribunal de ejecución acordare lo previsto en el código orgánico procesal penal en su articulo 489, no es menos cierto que el Tribunal de Ejecución, garantizando la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela y dando cumplimiento a la supremacía de las leyes, aplicó la norma contenida en la ley adjetiva penal, la cual prevalece por la solicitada por la defensa prevista en la normativa sustantiva, estima la defensa que la aplicación del tribunal en ningún momento vulnera derechos de las partes ni tampoco se estaría extralimitando con lo requerido por la defensa, toda vez que quedo claro en audiencia oral que el pedimento de la defensa radicó en la sustitución de la multa, toda vez que existía la imposibilidad por parte del penado de cumplir, no desnaturalizando la esencia de lo solicitado por la defensa.

Así mismo indico el Fiscal del Ministerio Público que el tribual estaría incurriendo en el vicio de la extrapetita cuando el tribunal de ejecución en su decisión indica: “…