Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 26 de Noviembre de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 478273098

Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 26 de Noviembre de 2013

Procedimiento:Querella
Ponente:Gary Coa León
Número de Expediente:13-3365
Fecha de Resolución:26 de Noviembre de 2013
Emisor:Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo.
RESUMEN

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley dispone: PRIMERO: Declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por el abogado Héctor Rangel Urdaneta, actuando como apoderado judicial de la ciudadana Mireya Josefina Pérez... (ver resumen completo)

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JUZGADO SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DE LA REGIÓN CAPITAL

PARTE QUERELLANTE: MIREYA JOSEFINA PÉREZ PAIVA.

APODERADO JUDICIAL DE LA QUERELLANTE: HÉCTOR RANGEL URDANETA.

ORGANISMO QUERELLADO: SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT).

SUSTITUTA DEL CIUDADANO PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA: ADA FERNÁNDEZ URDANETA.

OBJETO: NULIDAD DE ACTO RECURRIDO, REINCORPORACIÓN AL CARGO Y PAGO DE REMUNERACIONES.

En fecha 16 de mayo de 2013, el abogado Héctor Rangel Urdaneta, Inpreabogado Nº 108.244, actuando como apoderado judicial de la ciudadana Mireya Josefina Pérez Paiva, titular de la cédula de identidad Nº 6.918.224, interpuso ante el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital (Distribuidor) la presente querella, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (SERVICIO NACIONAL INTREGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA – SENIAT), específicamente contra el acto administrativo Nº SNAT/DDS/ORH-2013-000941 de fecha 26 de marzo de 2013, dictado por el Superintendente Nacional de Administración Aduanera y Tributaria.

Realizada la distribución correspondió a este Juzgado su conocimiento, en tal virtud el día 21 de mayo de 2013, este Tribunal se declaró competente para conocer de la querella interpuesta y admitió la misma; igualmente ordenó conminar al ciudadano Procurador General de la República, para que diese contestación a la misma. De igual manera se solicitó a esa Procuraduría, remitir a este Tribunal el expediente administrativo de la querellante, y se ordenó notificar al Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, de la admisión de la querella.

En fecha 12 de agosto de 2013, la abogada Ada Fernández Urdaneta, Inpreabogado Nº 83.078, actuando como sustituta del ciudadano Procurador General de la República, dio contestación a la querella interpuesta.

En fecha 23 de septiembre de 2013, se celebró la audiencia preliminar dispuesta en el artículo 104 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se dejó constancia que comparecieron ambas partes, quienes dieron su conformidad a los límites fijados y solicitaron la apertura del lapso probatorio.

Cumplidas las fases procesales, en fecha 05 de noviembre de 2013 se celebró la audiencia definitiva, y se dejó constancia que ambas partes asistieron al acto. Seguidamente el Juez anunció que el dispositivo del fallo sería publicado dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes.

El día 15 de noviembre de 2013 se publicó el dispositivo del fallo declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta, fijándose un lapso de diez (10) días de despacho, dentro de los cuales se publicaría el texto íntegro de la sentencia, de conformidad con el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Corresponde a este Juzgado dictar el extenso de la sentencia, lo que hará sin narrativa y con exposición breve y concisa de los extremos de la litis por exigirlo así el artículo 108 ejusdem, lo cual se hace en los siguientes términos:

I

MOTIVACIÓN

Procede este Tribunal a pronunciarse sobre el fondo del asunto debatido, y en tal sentido observa que a la actora se le removió y retiró del cargo de Especialista Aduanero y Tributario (Grado 15), adscrito a la División de Fiscalización y Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital, que desempeñaba en calidad de titular, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 10 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y primer aparte del artículo 6 del Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del SENIAT, dictado a través de Providencia Administrativa Nº 0866, de fecha 23/09/2005, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.292 del 13/10/2005. Ahora bien, la parte actora solicita la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución SNAT/DDS/ORH-2013-000941, dictada en fecha 26 de marzo de 2013 por el Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante el cual se le removió y retiró del cargo de Especialista Aduanero y Tributario (Grado 15), adscrito a la División de Fiscalización y Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital. Pide igualmente su reincorporación al cargo que desempeñaba dentro del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), o a otro de igual o superior jerarquía, con el pago de todas las remuneraciones (salarios, primas, beneficios, compensaciones, bono de fin de año, bono de productividad, etc.) dejadas de percibir desde el momento en que fue ilegalmente removida y retirada de su cargo, hasta la terminación del presente procedimiento mediante sentencia y/o de su reincorporación al cargo.

Contra el acto de remoción se hacen las impugnaciones y defensas que de seguidas pasa el Tribunal a resolver:

Denuncia el apoderado judicial de la querellante que el acto impugnado incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, toda vez que su representada ocupaba un cargo de carrera y no un cargo de confianza. Al efecto señala que, por vía de consecuencia, el acto incurrió en falso supuesto de derecho, por cuanto al considerar la Administración que su mandante ocupaba un cargo de confianza, aplicó erróneamente la normativa que sirvió de base para fundamentar el acto impugnado. Que, en primer lugar, de acuerdo al artículo 3 del Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, es el caso que su poderdante ingresó al SENIAT en el año 1995, y desde entonces ha venido desempeñando sus funciones con carácter remunerado y permanente, ocupando los cargos de Profesional Tributario, grado 09 (desde 1995); Profesional Tributario grado 11 (desde 2003); Profesional Aduanero y Tributario, grado 13 (desde 2007); y Especialista Aduanero y Tributario, grado 15 (desde 2012). Que, en segundo lugar, de acuerdo con el artículo 6 del mencionado Estatuto, utilizado como fundamento para considerar que el cargo que ocupaba su representada era de confianza y no de carrera, exige para considerar o calificar a un cargo de confianza, que las funciones del cargo “sean asignadas al funcionario a través de providencia administrativa, suscrita por el Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria”, debiendo además tenerse en cuenta que “el carácter de cargo de confianza se adquiere a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la respectiva providencia hasta la del respectivo cese de funciones”, conservando el funcionario la estabilidad en los términos previstos en el artículo 22 de la ley del SENIAT. Que, el Estatuto Especial que rige a los funcionarios del órgano querellado, exige unos requisitos para calificar a los cargos de confianza, siendo el caso que ninguno de los mencionados requisitos se verificó en el caso de autos, es decir, su mandante nunca fue notificada mediante providencia administrativa dictada por el Superintendente del SENIAT, que se le había designado en un cargo de confianza y se le hayan atribuido funciones de confianza. Que, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el ascenso es un derecho exclusivo de los funcionarios públicos de carrera, lo cual releva y deja en evidencia la naturaleza del cargo que ocupaba su representada. Que, no se puede pasar por alto que la naturaleza de las funciones desempeñadas por su poderdante, no se corresponden con las de un cargo de confianza, ya que la misma no ejercía funciones que implican un alto grado de confidencialidad, no ejerció cargos en los cuales tuviese bajo su supervisión personal alguno o tomar y suscribir decisiones sobre el funcionamiento de la unidad o división a la cual se encontraba adscrita.

Por su parte, la sustituta de la Procuraduría General de la República, señala al respecto que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Estatuto del Sistema de Recursos Humanos del SENIAT, son funcionarios de confianza dentro de dicho organismo, aquellos de carrera aduanera y tributaria que realicen actividades de “…fiscalización, inspección, reconocimiento, valoración, avalúos, justipreciación, clasificación arancelaria, determinación, liquidación, recaudación, expendio de especies fiscales, tanto en rentas como en aduanas…”. Que, la hoy querellante desempeñaba el cargo de Especialista Aduanero y Tributario, Grado 15, adscrita a la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital, realizando las referidas funciones de confianza señaladas en el aludido artículo 6, tal como se desprende del expediente administrativo, como lo son las actividades de fiscalización, catalogadas de confianza y por ende la Administración podía disponer de ese cargo libremente. Que, en cuanto al vicio de falso supuesto de derecho alegado, señala que el mismo resulta infundado, pues se desprende del contenido del mencionado artículo 6 del Estatuto de Recursos Humanos, y de la naturaleza del cargo ejercido por la hoy querellante, que el Superintendente del SENIAT actuó ajustado a derecho y aplicó la normativa correcta al caso concreto.

Para decidir con respecto a las denuncias de falso supuesto de hecho y de derecho aquí formulada, este Juzgado considera pertinente traer a colación el contenido de la sentencia Nº 01415, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 28 de noviembre de 2012, que en lo referente al tema de falso supuesto, señaló lo siguiente:

“Con relación al vicio de falso supuesto, la Sala ha establecido que éste se manifiesta de dos maneras: la primera, cuando la Administración al dictar un acto administrativo fundamenta su decisión en hechos inexistentes...

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