Decisión de Juzgado Superior Cuarto Civil, Mercantil, Transito, Trabajo, de Protección del Niño y el Adolescente, Agrario y Bancario de Tachira, de 19 de Julio de 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, AGRARIO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA

ACTUANDO EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA AGRARIA

San Cristóbal, martes diecinueve (19) de julio de dos mil dieciséis (2.016).

206° y 157°

El 12 de julio de 2016 fue recibido el presente escrito y sus recaudos anexos, incoado por el ciudadano J.A.O.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-17.783.348, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 166.163, en su condición de poseedor agrario calificado, actuando en su propio nombre así como en nombre y representación de los ciudadanos G.A.O.L. e I.A.O.L., venezolanos, titulares de las cédulas de identidad números V-9.681.939 y V-13.286.294, en su condición de continuadores jurídicos del ciudadano G.E.O.A., quien fue titular de la cédula de identidad N° V-1.628.546, según instrumento poder otorgado en la Notaría Pública Cuarta de Maracay del estado Aragua, bajo el N° 45, Tomo 04, de fecha 13 de enero de 2009, sustituido por documento autenticado en la Notaría Pública Primera del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el N° 50, Tomo 21, en fecha 24 de marzo de 2010, y finalmente sustituido por documento auténtico en la Notaría Pública Primera de San Cristóbal del estado Táchira, inserto bajo el N° 14, Tomo 210, de fecha 15 de julio de 2011; contentivo de RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AGRARIO DE NULIDAD CONJUNTAMENTE CON MEDIDA DE A.C. Y SOLICITUD SUBSIDIARIA DE MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO, contra el acto administrativo agrario de efectos particulares contentivo de Revocatoria de Adjudicación Socialista de Tierra y Carta de Registro Agrario N° 20281140415RAT0003337, emanado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), en sesión N° ORD626-15 de fecha 12 de mayo de 2015, Punto de Cuenta N° 1200003041, y que fue notificado el 17 de mayo de 2016 y que señala: “…PRIMERO: REVOCAR ADJUDICACIÓN SOCIALISTA DE TIERRA Y CARTA DE REGISTRO AGRARIO, otorgado en Reunión ORD 626-15 de fecha 12 de mayo de 2015, a favor del (la) ciudadano (a) J.A.O.P., titular de la cédula de identidad N° V-17.783.348, sobre un lote de terreno denominado “EL BATAURAL”, ubicado en el Sector SABANA GRANDE, Parroquia Monseñor M.A.S., Municipio Jáuregui del estado Táchira, cuyos linderos son: NORTE: TERRENOS OCUPADOS POR HERMANOS OMAÑA ARELLANO, SUR: QUEBRADA VENEGARA, ESTE: TERRENOS OCUPADOS POR SUCESIÓN RAMIREZ, V.R., MARUJA MORA y G.M., OESTE: TERRENOS OCUPADOS POR HERMANOS OMAÑA ARELLANO, constante de una superficie de TRECE HECTÁREAS CON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO METROS CUADRADOS (13 HECTÁREAS CON 824 METROS CUADRADOS). SEGUNDO: NOTIFICAR a el (la) ciudadano (a) J.A.O.P., titular de la cédula de identidad N° V-17.783.348 de la presente decisión…, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, indicándoles que, de considerar que el citado acto administrativo afecta sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos, personales y directos, podrán, conforme a lo previsto en el artículo 179 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ejercer Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ante el Tribunal Superior Agrario competente por el territorio, dentro de los sesenta (60) días continuos contados a partir de la fecha en que sea practicada dicha notificación…”.

Ahora bien, estando dentro de la oportunidad legal para pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso interpuesto, este tribunal hace las siguientes consideraciones:

I

DE LA COMPETENCIA

Como primer punto debe esta Juzgadora pronunciarse sobre su competencia para conocer del presente recurso, lo cual se desprende del artículo 156 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que reza:

Son competentes para conocer de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios;

1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia.

2. La Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como Tribunal de Segunda Instancia

.

En este orden de ideas, conforme a Resolución N° 1.482 de fecha 27 de mayo de 1992 emanada del extinto Consejo de la Judicatura, se atribuyó a este Tribunal Agrario competencia para conocer de la jurisdicción del estado Táchira; por lo que, visto que la ubicación del inmueble es en el Municipio Jáuregui del estado Táchira y, aunado al hecho de que según la Resolución N° 2009-0054 de fecha 30 de septiembre de 2009 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, “Disposiciones Comunes” séptima y octava, hasta tanto sean creados los tribunales señalados en la citada resolución, las causas seguirán su curso de Ley; ESTE JUZGADO SE DECLARA COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AGRARIO DE NULIDAD, Y ASÍ SE RESUELVE.

II

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE NULIDAD

A los fines de pronunciarse sobre la admisión o no admisión del recurso interpuesto, resulta imperante hacer las siguientes consideraciones:

 El artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone:

Las acciones y recursos contemplados en el presente Título deberán interponerse por escrito por ante el tribunal competente, cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Determinación del acto cuya nulidad se pretende.

2. Acompañar copia simple o certificada del acto, actuación o contrato cuya nulidad se pretende, o señalamiento de la oficina pública u organismo en que se encuentran, y los datos que lo identifiquen.

3. Indicación de las disposiciones constitucionales o legales cuya violación se denuncia.

4. Acompañar instrumento que demuestre el carácter con que se actúa. En caso de que tal carácter provenga de la titularidad de un derecho real, identificará el inmueble, con expreso señalamiento de sus linderos y copia certificada de los documentos o títulos que acreditan la titularidad aludida.

5. Los documentos, instrumentos o cualquier otra prueba que se estime conveniente acompañar.

La norma precedente permite verificar las exigencias de Ley que debe contener un recurso contencioso agrario de nulidad; en tal sentido, conforme lo dispone nuestra legislación patria, pasa este Juzgado Superior Agrario a revisar el cumplimiento de cada una de ellas, como sigue:

1. Acreditado en autos que el recurrente indicó en su escrito recursivo el acto cuya nulidad solicita, al señalar que la providencia administrativa del Ente Agrario que se pretende anular “es el acto administrativo agrario de efectos particulares contentivo de Revocatoria de Adjudicación Socialista de Tierra y Carta de Registro Agrario N° 20281140415RAT0003337, emanado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), en sesión N° ORD626-15 de fecha 12 de mayo de 2015, Punto de Cuenta N° 1200003041, y que fue notificado el 17 de mayo de 2016”; queda en evidencia, que ha sido satisfecho el primer requisito referido a la necesidad de determinar el acto administrativo cuya nulidad se pretende. Así se resuelve.

2. De la revisión de las actas que conforman el presente expediente se puede constatar que el recurrente consignó marcada “4”, corriente a los folios 88 al 91, la notificación que le hiciera el Instituto Nacional de Tierras de la “Revocatoria del Título de Adjudicación Socialista de Tierra y Carta de Registro Agrario”, en la cual se encuentra transcrito el acto administrativo confutado. En tal razón, queda satisfecho el segundo requisito que se refiere a “(…) Acompañar copia simple o certificada del acto, actuación o contrato cuya nulidad se pretende, o señalamiento de la oficina pública u organismo en que se encuentran, y los datos que lo identifiquen (…)”. Así se resuelve.

3. Con relación al tercer requisito de admisibilidad, relativo a que el recurrente debe indicar en su escrito recursivo, disposiciones constitucionales o legales cuya violación se denuncia; este Juzgado Superior Agrario, de la lectura realizada al presente recurso pudo evidenciar que se indicó: “…El ya mencionado acto administrativo agrario de revocatoria, viola los principios constitucionales contenidos en los artículos 2 y 3 de nuestra Constitución Nacional Bolivariana, desconociendo los principios que sustentan el Estado Social de Derecho y Justicia, de igual forma lo hace con la supremacía constitucional contenida en el artículo 7 eiusdem. El acto administrativo impugnado, se encuentra viciado de Nulidad Absoluta, por no cumplir con las disposiciones y normas Constitucionales, a los fines de garantizarme el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho a ser oído y el derecho de oportuna respuesta. Tanto el proceso administrativo de revocatoria, como su posterior decisión, es un total y absoluto antónimo al artículo 49 de nuestra Constitución Patria, contentivo del debido proceso, violentando el numeral 1° el “derecho a la defensa”, en ningún momento fui notificado del procedimiento, ni logré tener acceso a mayor información sobre el mismo, numeral 2 “presunción de inocencia”, la administración agraria dio por cierto todo lo expuesto por mi adversario, sin constatar mediante los medios adecuados la realidad del caso en concreto, numeral 3 “derecho a ser oído…En lo que se refiere al artículo 51 de la CRBV “derecho de oportuna respuesta”, nunca tuve respuesta efectiva por parte del Instituto Nacional de Tierras, a los innumerables escritos de solicitud interpuestos, obtuve una sola respuesta que en pocas palabras comunicaba que existía un procedimiento de revocatoria en estatus de espera, causándome indefensión…”; por lo tanto se cumple con este requisito de admisibilidad. Así se resuelve.

4. En cuanto al cuarto de los requisitos indicado ut supra puede observar este Juzgado Superior Agrario que se satisface en derecho, en tanto, la parte recurrente acompañó instrumento que demuestra el carácter con que actúa. En efecto, del acto confutado se constata que se ordenó la notificación del ciudadano J.A.O.P., por ser el adjudicatario del Título de Tierras y Carta de Registro revocados; por lo tanto, se cumple con este requisito de admisibilidad. Así se resuelve.

5. Igualmente de la revisión de los documentos acompañados con el Recurso Contencioso Administrativo Agrario de Anulación ejercido contra la decisión administrativa ut supra señalada, se puede constatar que la parte recurrente consignó otros documentos e instrumentos que estimó conveniente acompañar; por tal razón, se verifica satisfecho este último requisito. Así se resuelve.

    Por su parte el artículo 162 ejusdem, prevé las causales de inadmisibilidad, como sigue:

   Sólo podrán declararse inadmisibles las acciones y recursos interpuestos por los siguientes motivos:

   1. Cuando así lo disponga la ley.

   2. Si el conocimiento de la acción o el recurso corresponde a otro organismo jurisdiccional, caso en el cual el Tribunal declinará la causa en el tribunal competente.

   3. En caso de la caducidad del recurso por haber transcurrido los sesenta días continuos desde la publicación del acto en la Gaceta Oficial Agraria o de su notificación, o por la prescripción de la acción.

   4. Cuando sea manifiesta la falta de cualidad o interés del accionante o recurrente.

   5. Cuando se acumulen pretensiones que se excluyan mutuamente, o que sean contrarias entre sí o cuyos procedimientos sean incompatibles.

   6. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la demanda.

   7. Cuando exista un recurso paralelo.

   8. Cuando el correspondiente escrito resulte ininteligible o contradictorio que haga imposible su tramitación o contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.

   9. Cuando sea manifiesta la falta de representación que se atribuye el actor.

   10. Cuando habiéndose recurrido en vía administrativa, no hayan transcurrido los lapsos para que ésta decida.

   11. Cuando no se haya agotado el antejuicio administrativo de las demandas contra los entes agrarios.

   12. Cuando no se haya agotado la instancia conciliatoria o de avenimiento que corresponda de conformidad con la ley.

   13. Cuando la pretensión sea manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley y de los preceptos constitucionales que rigen la materia (…)

   .

   Expuestas precedentemente las causales de inadmisibilidad contenidas en la Ley especial, este Juzgado seguidamente pasa a revisar el cumplimiento de cada una de ellas, en su orden:

1. En cuanto al particular primero, en orden preliminar, la admisión del presente recurso no es contraria a ninguna disposición de ley.

2. En lo referente a este cardinal, verifica este Juzgado Superior Agrario que el conocimiento de la presente acción corresponde a este órgano jurisdiccional conforme el artículo 157 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por cuanto, se trata de un Recurso Contencioso Administrativo Agrario de Nulidad, intentado contra un acto administrativo emanado del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), ente adscrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, lo que satisface en esta fase del proceso este segundo requisito.

   En cuanto al territorio, en esta fase inicial se puede observar que la controversia versa sobre circunstancias relativas a un lote de terreno ubicado en el estado Táchira, siendo este Juzgado competente por el territorio, como ya fue decidido ab initio, por lo que no se configura esta causal de inadmisibilidad.

3. Con relación al cardinal tres, no se observa prima facie que haya operado la caducidad de la acción, pues el recurrente fue notificado en fecha 17 de mayo de 2016, y el recurso fue recibido en este Tribunal Superior en fecha 12 de julio de 2016, es decir, dentro de los sesenta (60) días siguientes a su notificación.

4. En lo atinente al cardinal cuatro, no es manifiesta la falta de cualidad o de interés del recurrente; lo que satisface el requisito inicialmente referido.

5. En lo referente al cardinal cinco, no se evidencia la acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente, o que sean contrarias entre sí o cuyos procedimientos sean incompatibles; en tal sentido, queda así satisfecho este requisito, en tanto, no impide su admisión.

6. Siguiendo el orden, en cuanto al cardinal seis, se puede observar que en esta fase inicial constan ciertos documentos que sirven para verificar la admisibilidad de la acción propuesta.

7. En cuanto al cardinal siete, en esta fase inicial no se observa que la parte recurrente haya ejercido un recurso paralelo.

8. En lo correspondiente al cardinal ocho, se puede observar que el escrito no resulta ininteligible o contradictorio que haga imposible su tramitación o contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos que impidan su admisión.

9. En lo referente al cardinal nueve, en esta fase inicial del proceso no se constata que sea manifiesta la falta de representación que se atribuye el actor.

10. Continuando el orden precedente, respecto al cardinal diez, este Juzgado Superior Agrario no verifica impedimento de admisión alguno con motivo a esta causal relacionada con la pendencia de lapsos en vía administrativa.

11. En cuanto a este cardinal, este Juzgado Superior Agrario, no verifica impedimento alguno de admisión, con motivo a esta causal.

12. Continuando el orden de revisión, en relación al cardinal doce, no verifica este Juzgado Superior Agrario limitante alguna de admisión motivada en no agotar la instancia conciliatoria o de avenimiento que corresponda de conformidad con la ley.

13. Finalmente, en cuanto a este particular indicado en el cardinal trece, observa este juzgado que no se comprueba que la pretensión sea manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley o a los preceptos constitucionales que rigen la materia.

    Como corolario, el presente recurso es admisible. Incontinenti es procedente ordenar las notificaciones de ley, todo de conformidad con el artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, comisionando a tales fines. Así se resuelve.

    III

    DE LA MEDIDA CAUTELAR

    El recurrente solicitó la suspensión de los efectos del acto.

    La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario vigente prevé dentro del procedimiento contencioso administrativo especial agrario, un trámite especial para las medidas cautelares solicitadas en los artículos 167 y 168 (los cuales se corresponden con los artículos 178 y 179 de la anterior Ley de Tierras y Desarrollo Agrario).

    Artículo 168: “Sin perjuicio de los poderes de oficio del juez a que se refiere el artículo 152 del presente Título, cuando alguna parte solicite cualquier medida cautelar, el Juez ordenará la realización de una única audiencia oral, a los fines de conocer la posición de las partes en conflicto. Una vez concluida la audiencia oral, el Juez de la causa decidirá inmediatamente sobre la petición cautelar. Dicha decisión sólo podrá diferirse por cuarenta y ocho (48) horas, en caso de que el Juez lo considere necesario para un mejor conocimiento del asunto”.

    Sobre este aspecto, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 15 de diciembre de 2006 con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero en el expediente N° AA60-S-2006-000942, dejó sentado:

    …Ahora bien, se distingue que el a quo negó igualmente, la medida cautelar solicitada por la representación judicial de la parte actora, considerando que la misma se tramitaba conforme los artículos 254 y 255 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

    Al respecto, es necesario señalar que la normativa expuesta por el Tribunal de la causa, a los efectos de pronunciarse sobre la medida cautelar peticionada, corresponde al procedimiento ordinario agrario, por lo que dicho Tribunal erró en la aplicación de dichas normas; siendo lo correcto emplear el contenido del articulado correspondiente al procedimiento contencioso administrativo especial agrario, el cual, a los efectos de tramitar una medida cautelar, corresponde al artículo 178 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ya transcrito en líneas precedentes, y el artículo 179 del mismo texto normativo.

    Indicado lo anterior, es necesario reproducir el contenido del artículo 179 mencionado,…

    …En el caso que nos ocupa, el Tribunal que actuó como primera instancia no realizó el procedimiento previsto en el artículo 179 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a los efectos de pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada conforme al artículo 178 ejusdem, por lo que, y en consecuencia, deberá declararse con lugar la apelación con respecto a este punto, y ordenar al Tribunal de la causa, que tramite la solicitud de medida cautelar de conformidad con el artículo 179 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario…

    . (Negrillas de quien sentencia)

    En vista de lo anterior, este Tribunal resuelve que una vez consten en autos las notificaciones respectivas, transcurrido el lapso de suspensión a que alude el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (en razón de que dicho lapso implica a su vez la suspensión del proceso y debe respetarse a cabalidad -Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia de fecha 24 de octubre de 2000, en el expediente N° 00-1463, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero -, y toda vez que el artículo 164 de la vigente Ley de Tierras y Desarrollo Agrario señala que en el auto que se declare admisible el recurso, debe notificarse al Procurador o Procuradora General de la República), así como el término de distancia concedido; se fijará mediante auto expreso la oportunidad para llevar a cabo la audiencia oral para conocer la posición de las partes en conflicto sobre la medida cautelar solicitada, en conformidad con el artículo 168 citado, Y ASÍ SE RESUELVE.

    IV

    DEL A.C.

    Del escrito contentivo del recurso se desprende que a los mismos fines de suspender los efectos del acto administrativo cuya nulidad peticiona, el recurrente solicita medida cautelar de amparo constitucional.

    Sobre este aspecto la Sala Especial Agraria de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1423 del 9 de agosto de 2006 resolvió que resulta inadmisible la solicitud de a.c. para suspender los efectos del acto administrativo recurrido, por cuanto la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario prevé un mecanismo ordinario a efectos de solicitar una medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo.

    En efecto, el artículo 167 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece un mecanismo de suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido en el contexto de un recurso contencioso administrativo de nulidad.

    Por tales razones, es inadmisible el a.c. solicitado, Y ASI SE RESUELVE.

    V

    DECISIÓN

    En fuerza de lo anterior, este JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, AGRARIO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACTUANDO EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA AGRARIA, DECIDE: