Decisión nº KP02-N-2010-000407 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 21 de Junio de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 300782342

Decisión nº KP02-N-2010-000407 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 21 de Junio de 2011

RESUMEN

Por las razones precedentes, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SU COMPETENCIA para conocer el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano RAMÓN ENRIQUE ZAMBRANO PINEDA, titular de la cédula de identidad Nº 13.0... (ver resumen completo)

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL

ASUNTO: KP02-N-2010-000407

En fecha 16 de julio de 2010, se presentó en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos No Penal de Barquisimeto, escrito contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano RAMÓN ENRIQUE ZAMBRANO PINEDA, titular de la cédula de identidad Nº 13.035.251, asistido por los abogados Luís Scott Rodríguez y Gerardo Suárez Isea, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 3.207 y 28.872, respectivamente, contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO LARA.

En fecha 22 de julio de 2010, se recibió en este Juzgado el mencionado escrito y en fecha 28 de julio del mismo año, se admitió a sustanciación, dejando a salvo su apreciación en la definitiva, ordenándose la citación del Procurador y del Contralor General del Estado Lara; todo lo cual fue librado en fecha 22 de noviembre de 2010.

En fecha 13 de diciembre de 2010, se recibieron los antecedentes administrativos relacionados con el presente asunto, así como el Manual Descriptivo de Clases de Cargos del referido ente contralor querellado.

En fecha 03 de febrero de 2011, se recibió escrito de contestación presentado por la abogada Karen Costero Delgado, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 102.101, actuando como apoderada judicial de la Contraloría General del Estado Lara.

En fecha 15 de febrero de 2011, este Juzgado por medio de auto, dejó constancia del vencimiento del lapso fijado para la contestación, pautando para el quinto (5º) día de despacho siguiente, la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar.

Así, en fecha 22 de febrero de 2011, siendo la oportunidad fijada para ello, se realizó la audiencia preliminar del presente asunto con la presencia de ambas partes. En la misma, se solicitó la apertura a pruebas, lo cual fue acordado por este Juzgado.

Aperturado como fue el lapso probatorio, en fecha 01 de marzo de 2011, se recibió escrito de pruebas de la parte querellada.

Seguidamente, en fecha 15 de marzo de 2011, este Tribunal providenció las pruebas presentadas.

Posteriormente, en fecha 31 de marzo de 2011, vencido como estaba el lapso de evacuación de pruebas, este Juzgado pautó al quinto (5º) día de despacho siguiente la oportunidad para la celebración de la audiencia definitiva.

Así, en fecha 07 de abril de 2011, siendo la oportunidad fijada para ello, se celebró la audiencia definitiva del presente asunto, encontrándose presente ambas partes. En la misma se declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, fijando un lapso de diez (10) días de despacho, para publicar el correspondiente fallo in extenso.

Por auto de fecha 28 de abril de 2011, se difirió la publicación del fallo.

Finalmente, revisadas las actas procesales y llegada la oportunidad de dictar sentencia definitiva, este Órgano Jurisdiccional pasó a decidir previa las consideraciones siguientes:

I

DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL

Mediante escrito recibido en fecha 16 de julio de 2010, la parte querellante, ya identificada, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial con base a los siguientes alegatos:

Que “El Ciudadano Contralor General del Estado Lara, (…) produce el 12 de Febrero de 2010 el acto administrativo donde se [le] remueve del cargo que ejercía en la Contraloría General del Estado Lara, el cual era Asistente de Auditoria en la Coordinación de Bienes Estadales de la Dirección de Obras y Bienes de dicho ente”.

Que “El argumento de [su] remoción, es que el cargo desempeñado es de confianza según el Manual Descriptivo de Clases de Cargos de la Contraloría General del Estado Lara, que establece como de CONFIANZA los Grupos de Trabajo Técnico-Fiscales”.

Que “Dentro de la lista de Grupo Técnico-Fiscal se encuentra el cargo de “Asistente de Auditoria”, (…)”. Continua expresando que “De manera que el cargo que ostentaba hasta mi remoción, pasó a ser de confianza, con la entrada en vigencia del Manual Descriptivo de Cargos de la Contraloría del Estado Lara; a pesar de tener el Certificado de Funcionario de Carrera, que el mismo Contralor que [lo] retiró de la Administración Pública, [le] concedió el 21 de Julio de 2006”.

Que el referido Manual adolece de vicios estructurales en lo jurídico que impiden su aplicación, puesto que violenta el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el principio de racionalidad administrativa, pues a su el Contralor no “(…) tuvo el mas mínimo cuidado al relacionar el cargo con las funciones desempeñadas y eliminar irracionalmente la estabilidad de la estructura funcional de la Contraloría, declarando, sin ninguna motivación ni valoración inteligible, a todos los cargos del Grupo Técnico-Fiscal como personal de confianza”.

Que por lo expuesto solicita se desaplique la calificación como cargo de confianza otorgada a la denominación de “Asistente de Auditoria”.

Señala además que “La nulidad absoluta del Acto de remoción de [su] cargo como Asistente de Auditoria, es evidente por cuanto viola la estabilidad administrativa establecida en el artículo 30 de la LEFP". Que por tal motivo solicita su nulidad.

II

DE LA CONTESTACIÓN

En fecha 03 de febrero de 2011, la representación judicial de la parte querellada presentó escrito de contestación con fundamento en las siguientes razones:

Que niegan, contradicen y rechazan que el Manual Descriptivo de Clases de Cargos de la Contraloría General del Estado Lara, violente el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así como el principio de racionalidad administrativa.

Que “(…) lo cierto es que el Manual Descriptivo de Clases de Cargos es un documento que recopila el compendio de los cargos vigentes en la Contraloría (…) clasificados por grupos ocupacionales, así como la información de cada una de las características específicas y los factores componentes de un cargo, que permiten describirlo como tal, y determinar su grado de ubicación en la escala de sueldos correspondiente”.

Que “El proceso de análisis de cargos comprende dos fases principales: La primera relacionada con la descripción de funciones y la segunda a la especificación del cargo: habilidades, conocimientos, responsabilidades y condiciones de trabajo”.

Que “El Manual Descriptivo de Clases de Cargo de la Contraloría General de estado Lara se ha elaborado de acuerdo al nuevo modelo de gestión y a la nueva estructura organizacional diseñada e implantada en la institución”.

Que “El mismo está constituido por: La (sic) Plantillas de Cargos: Grupos de Trabajo: Grupo Técnico-Fiscal (Naturaleza de los Cargos de Confianza) y Grupo administrativo y de apoyo (Naturaleza de los Cargos de Carrera); Serie de cargos y Clases. Nivel de Clase. Listado de Cargos”.

De tal manera, “(…) el mismo atiende a los requisitos mínimos exigidos por las normativas legales vigentes se adapta a la nueva Constitución aprobada en 1999 y al nuevo Estatuto de la Función Pública (…)”.

Que “(…) el Ciudadano querellante manifiesta que su cargo pasó de ser de confianza, con la entrada en vigencia del Manual Descriptivo de Clases de Cargos de la Contraloría Estadal (…) pues olvida que su naturaleza de confianza deviene de las actividades que siempre realizo en esta dependencia administrativa como lo son las de fiscalización (…)”.

Que “Como se puede observar (…) el cargo ocupado por el hoy querellante es de confianza (…) y (…) la Contraloría siendo consecuente con las normativas legales vigentes adaptándolas al nuevo modelo constitucional y con la entrada en vigencia de la Ley del Estatuto de la Función Pública aprobó el Manual Descriptivo de Clases de Cargos y así solicitamos se declare en la definitiva”.

Que en este sentido, “(…) en ningún momento el acto de remoción viola la estabilidad administrativa establecida en el artículo 30 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por cuanto que si observamos el contenido de la norma (…) tal supuesto no es aplicable al querellante por cuanto que este ocupaba un cargo de confianza y no de carrera como expresamente lo señala la Ley, [que] en consecuencia su cargo es de libre nombramiento y remoción no teniendo pues estabilidad mal podría alegarla en el presente proceso”.

Finalmente, solicita que se declare sin lugar la querella funcionarial interpuesta.

III

DE LA COMPETENCIA

Cabe resaltar que el régimen jurídico de la función pública en Venezuela se encuentra contenido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37 482, de fecha 11 de julio del 2002. Esta Ley, además de regular el régimen de administración de personal y determinar los derechos y deberes de los funcionarios públicos, consagra en su título VIII todo un proceso dirigido a controlar en vía jurídica el acto, actuación, hecho u omisión de la Administración Pública en ejercicio de la función pública y otorgó la competencia a los órganos que integran la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de las acciones a través de las cuales los funcionarios pueden hacer valer sus derechos frente a la Administración Pública.

En efecto, la disposición transitoria primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, consagra que:

“Mientras se dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa, son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley, los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso administrativo en el lugar donde hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funciones...

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