Decisión de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 7 de Abril de 2010
| Fecha de Resolución | 7 de Abril de 2010 |
| Emisor | Corte de Apelaciones Sala 1 |
| Ponente | Roberto Alvarado Blanco |
| Procedimiento | Amparo Constitucional |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Circuito Judicial Penal
Circunscripción Judicial del Estado Lara
Corte de Apelaciones de Barquisimeto
Sede Constitucional
Barquisimeto, 07 de Abril de 2010
Años: 199º y 151º
ASUNTO PRINCIPAL: KP01-O-2010-000014
PONENTE: R.A.B.
ACCIONANTE Y PRESUNTO AGRAVIADO: Abogado B.C.H. en su condición de Defensora Privada del ciudadano J.L.C.G..
PRESUNTO AGRAVIANTE: Juzgado de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas Nº 01 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a cargo de la Abogada N.G.P..
MOTIVO: A.C., por la presunta VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES al Debido Proceso con especial referencia a la Tutela Judicial Efectiva, consagrados en los artículos 26, 49.1, 51, 141, 143 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas Nº 01 a cargo de la Abg. N.G.P., en la causa Nº KP01-P-2008-000179 seguida al ciudadano J.L.C.G., ante la omisión de pronunciamiento respecto a la solicitud formulada en fecha 03 de Diciembre de 2009 de aplicación del procedimiento establecido en el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L. deV., toda vez que han transcurrido mas de dos años de la investigación sin que el Ministerio Público haya presentado el correspondiente acto conclusivo, violentándose de esta manera lo dispuesto en el artículo 79 ejusdem.
En fecha 10 de Febrero del 2010, la ABG. B.C.H.B. en su condición de Defensora Privada del ciudadano J.L.C.G. a quien se le sigue la causa N° KP01-P-2008-000179, presentó Acción de A.C., de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, por la presunta VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES consagrados en los artículos 26, 49.1, 51, 141, 143 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas Nº 01 a cargo de la Abg. N.G.P., ante la omisión de pronunciamiento respecto a la solicitud formulada en fecha 03 de Diciembre de 2009 de aplicación del procedimiento establecido en el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L. deV., toda vez que han transcurrido mas de dos años de la investigación sin que el Ministerio Público haya presentado el correspondiente acto conclusivo, violentándose de esta manera lo dispuesto en el artículo 79 ejusdem.
Recibidas las presentes actuaciones en esta Corte de Apelaciones, el día 17 de Febrero de 2010, se procedió a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, correspondiéndole la ponencia al Juez Profesional de la Sala Nº 01 siendo el Dr. R.A.B., quien con el carácter mencionado suscribe la presente decisión en atención a lo siguiente:
DE LA COMPETENCIA
La Corte de Apelaciones antes de entrar a emitir el pronunciamiento respectivo debe determinar su competencia para conocer de la decisión consultada, y a tal efecto observa:
Conforme a la doctrina vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sustentada en la decisión del 20 de Enero del 2000; (Caso E.M.M.), corresponde a la Corte de Apelaciones conocer de las apelaciones y consultas de las decisiones que dicten en materia de Amparo contra la libertad y seguridad personal, los Tribunales de Primera Instancia en funciones de Control y los Tribunales de Primera Instancia en funciones de Juicio, cuando conozcan de acciones de amparo, de acuerdo a la naturaleza del Derecho o Garantía Constitucional violado o amenazado de violación que sea a fin con su competencia. En este sentido, ésta Alzada, considera procedente declarar su propia competencia, en Sede Constitucional, para conocer del presente Recurso de Amparo. Y así se decide.
Determinada como ha sido la competencia de la Corte para conocer de la presente Acción de Amparo, en vista de la presunta violación de Derechos y Garantías Constitucionales al Debido Proceso con especial referencia a la Tutela Judicial Efectiva consagrados tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 26, 49.1, 51, 141, 143 y 257 por parte del TRIBUNAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS Nº 01 DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA a cargo de la Abg. N.G.P. en el Asunto Principal signado bajo el N° KP01-P-2008-000179 seguido al ciudadano J.L.C.G., ante la Falta de Pronunciamiento respecto a la solicitud formulada en fecha 03 de Diciembre de 2009 de aplicación del procedimiento establecido en el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L. deV., toda vez que han transcurrido mas de dos años de la investigación sin que el Ministerio Público haya presentado el correspondiente acto conclusivo, violentándose de esta manera lo dispuesto en el artículo 79 ejusdem, esta Alzada observa:
DE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES
La Accionante, ABG. B.C.H.B. en su condición de Defensora Privada del ciudadano J.L.C.G., interpuso escrito de A.C. en fecha 10 de Febrero de 2010, dirigido a ésta Corte de Apelaciones, en el que textualmente señala entre otras cosas, lo siguiente:
…En fecha 03 de Diciembre del 2009, solicité al Tribunal se procediera en este asunto tal y como lo establece el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L. deV., dado que el presente asunto lleva en investigación mas de dos años, violentándose de manera grotesca la disposición del artículo 79 eiusdem, el cual establece “El ministerio público dará termino a la investigación en un plazo que no excederá de cuatro meses pudiendo el ministerio público solicitar una prórroga que no excederá de noventa días” (resaltados míos). Siendo que ala fecha han transcurrido más de DOS MESES, y la referida jueza no cumple con su deber, permaneciendo inmutable ante el pedimento presentado, lo que se traduce en una flagrante violación de normas Constitucionales y legales.
Lo descrito ha conllevado a esta Defensa a interponer el presente REURSO DE AMPARO, tomando en consideración los Principios Rectores del Sistema Procesal Penal y las garantías Constitucionales violentadas, que se han visto cercenados ante la omisión del Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control No. 1 que conoce de la causa, dado que no existe otro recurso al cual recurrir y que pueda EN FORMA EXPEDITA restituir los derechos constitucionales violentado ante la SITUACIÓN OMISIVA del referido tribunal, dicho amparo lo presento bajo los siguientes alegatos:
(Omissis)
En el presente caso, la solicitud de amparo interpuesta por esta Defensa, se fundamenta en el objeto de obtener el restablecimiento de la situación jurídica denunciada (por la situación omisiva del tribunal de violencia contra la mujer en funciones de control no. 1) COMO ES LA VIOLACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL AL DEBIDO PROCESO contenido en los artículos 49.1 de la Carta Política Fundamental Vigente, ante la FALTA DE RESPUESTA EFECTIVA POR EL TRIBUNAL COMPETENTE.
En ese orden de ideas, se precisa que los derechos violentados ante la OMISIÓN DESCRITA es:
EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO: siendo el debido proceso, el conjunto de principios y garantías judiciales de carácter irrenunciable aplicable a toda actuación estatal que dirime un conflicto de intereses, resulta este un derecho fundamental de continua dinámica que reconoce el constituyente en el articulo 49 de la Constitución, derecho este reconocido en tratados internacionales tales como el artículo 8 del Pacto de San J. deC.R., 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que permite inferir que el debido proceso mas allá de ser una mera forma es la garantía de un conjunto de derechos que goza un individuo en un proceso, en ese sentido se debe precisar que dentro de las garantías que conforman el debido proceso se encuentra EL DERECHO que tiene toda persona a una justicia expedita, eficaz, sin dilaciones indebidas; en el caso que nos ocupa se ve gravamente afectado ante la SITUACIÓN OMISIVA DEL TRIBUNAL.
Lo antes descrito, guarda relación con la Sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de J.E.C., Expediente 04-1879 sentencia 403 de fecha 4-04-05, cuando señala: “…se reconoce al ciudadano el derecho a la tutela procesal, que se basa principalmente en el derecho que tienen toda personan acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses. Como contenido de este derecho, el acceso a la justicia consiste en provocar en la actividad jurisdiccional hasta obtener la obtener la decisión de un juez…”
En razón de lo expuesto se permite esta defensa afirmar categóricamente que en el presente caso existe una violación del Debido Proceso y de una Tutela Judicial Efectiva.
(Omissis)
En justa correspondencia con todo lo expuesto, solicito sea admitido el presente recurso de amparo, sea tramitado y en la definitiva sea declarado con lugar, restableciéndose la situación jurídica infringida a fin de que mi patrocinado pueda gozar de los derechos denunciados, a saber pues, se ordene al juez agraviante que proceda a emitir pronunciamiento sobre el pedimento presentado o cualquier otra decisión que este digno tribunal superior considere pertinente a fin de que se pueda restablecer la violación de derechos de mi defendido J.L.C.G., ante la situación omisiva suficientemente explicada, de conformidad con los artículos 26, 49 y 51 de la Constitución vigente y 8 del Pacto de San J. deC.R.. A los fines de que esta digna Corte verifique la SITUACIÓN OMISIVA DENUNCIADA, SOLICITO se peticiones información al Presidente del Circuito Penal del Estado Lara…
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinada la competencia, pasa ésta Corte de Apelaciones a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción de amparo propuesta, y a tal fin, observa:
Esta Alzada, actuando en Sede Constitucional, teniendo como base el criterio de la Sala Constitucional en cuanto a que la inadmisibilidad del Recurso de Amparo, puede ser dictada en cualquier oportunidad, y con base en el principio de la notoriedad judicial, según el cual el juez al dictar sentencia, tiene la posibilidad de apreciar los hechos que le son jurídicamente notorios; es decir, aquellos hechos conocidos por el juez en ejercicio de sus funciones, que no pertenecen a su saber privado (Ver: sentencia del 24 de marzo de 2000, caso J.G.D.M. y otra, reiterado en sentencia del 28 de julio de 2000, caso L.A.B.), observa de una revisión efectuada a la causa principal Nº KP01-P-2008-000179 a través del Sistema Informático Juris 2000 que en fecha 19 de Febrero de 2010 el Tribunal de Violencia de Contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas Nº 01 (Accionado) publicó auto en el cual acuerda de conformidad con lo previsto en el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L. deV., notificarle al Fiscal Superior la omisión por parte de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público en dictar el acto conclusivo correspondiente, encontrándose vencidos los lapsos a que se refiere el artículo 79 de la referida Ley; siendo ésta la omisión a la cuál se le atribuía la violación de los derechos constitucionales del ciudadano J.L.C.G..
Así las cosas, es necesario para esta Alzada, traer a colación, lo establecido en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, el cual dispone lo siguiente:
Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:
1) Cuando haya cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucional que hubiesen podido causarla…
(Subrayado nuestro)
En atención a la norma supra transcrita y a la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al precisar el carácter de orden público de las causales de Inadmisibilidad de la Acción de Amparo que en Sentencia N° 41 de fecha 26 de Enero de 2001, en Ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, en el expediente N° 00-1011-1012, dejó establecido:
Al respecto debe señalarse que la jurisprudencia de este alto tribunal ha establecido que las causales de inadmisibilidad de acción de amparo son de orden público, razón por la cual el juzgador puede declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de dicha solicitud en cualquier estado del proceso ya que posee un amplio poder para modificar, confirmar o revocar lo apreciado, aún cuando la acción de amparo se haya admitido…
(Subrayado de esta Alzada)
De conformidad con lo señalado anteriormente, y visto que la presunta violación de los derechos constitucionales alegada por el accionante, CESÓ con la publicación del auto de fecha 19 de Febrero de 2010 en la causa Nº KP01-P-2008-000179 en el que el Tribunal de Violencia Contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas Nº 01 de éste Circuito Judicial Penal acordó oficiar a la Fiscalía Superior del Ministerio Público a fin de informar que a la presente fecha la Fiscalía Sexta del Ministerio Público no ha presentado el acto conclusivo correspondiente, encontrándose vencido el lapso establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L. deV., siendo esta la omisión a la que se le atribuía la violación de los derechos y garantías constitucionales, tales como el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, según lo manifestado por la accionante en su solicitud de amparo, se observa que de ésta manera quedó configurada en el caso en estudio la causal de inadmisibilidad establecida en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y por esta razón esta Corte de Apelaciones, considera que la presente acción de amparo, interpuesta por la Defensora Privada Abg. B.H. debe ser declarada INADMISIBLE. Y Así se Decide.
Por todo lo antes expuesto esta Corte de Apelaciones actuando en Sede Constitucional, considera que, lo procedente y ajustado a derecho en el presente caso, es Declarar INADMISIBLE, la acción de amparo constitucional interpuesta por la Abogada B.H.B. en su condición de Defensora Privada del ciudadano J.L.C.G., de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales, por cuanto la violación de los derechos alegados por la accionante por presunta omisión de pronunciamiento, cesó con la publicación del auto de fecha 19 de Febrero de 2010 que ordenó notificar al Fiscal Superior del Ministerio Público sobre la falta de presentación de acto conclusivo por parte de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público habiéndose vencido el lapso establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L. deV. en la causa Nº KP01-P-2008-000179. Y ASÍ FINALMENTE SE DECIDE.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, ésta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando en Sede Constitucional, en Primera Instancia, Administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley: DECLARA INADMISIBLE la presente Acción de A.C. interpuesta en fecha 10 de Febrero de 2010, por la Abogada B.C.H.B. en su condición de Defensora Privada del ciudadano J.L.C.G., por la presunta violación de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 26, 49.1, 51, 141, 143 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas Nº 01 a cargo de la Abg. N.G.P., ante la omisión de pronunciamiento respecto a la solicitud formulada en fecha 03 de Diciembre de 2009 de aplicación del procedimiento establecido en el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L. deV., toda vez que han transcurrido mas de dos años de la investigación sin que el Ministerio Público haya presentado el correspondiente acto conclusivo, violentándose de esta manera lo dispuesto en el artículo 79 ejusdem. Inadmisibilidad prevista en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales.
Regístrese y Cúmplase.
La parte interesada podrá apelar de la presente decisión en el lapso legal correspondiente para ello.
Remítanse las presentes actuaciones al ARCHIVO JUDICIAL, una vez que quede definitivamente firme la presente Decisión.
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Barquisimeto, a los 07 días del mes de Abril de 2010. Años: 199° y 151°.
POR LA CORTE DE APELACIONES
La Jueza Profesional,
Presidenta de la Corte de Apelaciones
Y.B.K.M.
El Juez Profesional, El Juez Profesional,
R.A.B.J.R.G.C.
(Ponente)
El Secretario (a),
Asunto: KP01-O-2010-000014
RAB/gaqm
