Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 28 de Noviembre de 2014

Compete a esta Alzada conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en la presente causa, ciudadana L.D.V.H.G., contra la sentencia dictada en fecha 26 de junio de 2014, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, que declara con lugar la demanda de Partición de Bienes que incoara el ciudadano P.J.I.G..

Recibidas las actuaciones, esta Alzada le dio entrada mediante auto de fecha 28 de julio de 2014, signándole el Nº 14-8490 de la nomenclatura interna de este Juzgado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, se fijó el vigésimo (20) día de despacho siguiente para que las partes consignaran sus respectivos informes, constando en autos que ambas partes ejercieron tal derecho

En fecha 04 de noviembre de 2014, quien suscribe se aboca al conocimiento de la presente causa.

Posteriormente, por auto separado de esa misma fecha, se fijó el lapso de ocho (08) días de despacho para la presentación de observaciones, conforme a lo establecido en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, constando que ninguna de las partes hizo uso de tal derecho.-

En fecha 14 de noviembre de 2014, se dejo constancia que la presente causa entró al estado de sentencia, la cual sería dictada dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la fecha.

Estando dentro de la oportunidad para dictar sentencia, se procede a hacerlo bajo las consideraciones que de seguidas se esgrimirán.

II

SINTESIS DE LA CONTROVERSIA

De los alegatos de la parte Actora.

Mediante escrito presentado por ante el Tribunal de la causa en fecha 29 de abril de 2013, por el ciudadano P.J.I.G., representado por el profesional del derecho E.J.E., ambos anteriormente identificados, la cual entre otras cosas alegó:

• Que en fecha 28 de noviembre de 2002, adquirió junto a la ciudadana L.D.V.H.G., un apartamento distinguido con las siglas 1F61, ubicado en el piso 6, entrada F, bloque C del Edificio “1” de la primera Etapa del PARQUE RESIDENCIAL SAN A.D.L.A., situado entre el kilometro 15 y 16 de la carretera Panamericana, que conduce a Los Teques, en el lugar denominado “Alto de Las Minas”, Municipio Carrizal, Distrito Guaicaipuro del Estado Miranda, siendo que sus medidas, linderos y dependencias, se encuentran debidamente señaladas en el documento de condominio, el cual fue protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Guaicaipuro del Estado Miranda, el 25 de septiembre de 1981, bajo el Nº 14, Tomo 32, Protocolo Primero; y su aclaratoria protocolizada en la misma Oficina de Registro, el 17 de Noviembre de 1981, bajo el Nº 46. Tomo 41, Protocolo Primero. El apartamento dado en venta tiene una superficie aproximada de ciento dieciséis metros cuadrados (116m2), y sus dependencias se encuentran distribuidas en Tres (03) dormitorios, Dos (2) baños. Estar-comedor y cocina-lavadero; todo ello comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con fachada Norte del Edificio; SUR: Con fachada Sur del edificio; ESTE: Con apartamento 1G62; OESTE: Con apartamento 1F62, vestíbulo y Escaleras. Dicho inmueble se encuentra sometido al Régimen de Propiedad Horizontal, establecido tanto en la Ley vigente sobre la materia, como en el Documento de condominio y su Aclaratoria, y le corresponde el uso exclusivo de un puesto de estacionamiento, distinguido con el Nº 1118, ubicado en el Nivel Tres (3+53,20) del edificio para Estacionamiento Nº 1, y un porcentaje sobre las cosas comunes del Edificio “1”, de cero entero con novecientas nueve mil seiscientas sesenta y una millonésima por ciento (0,909661%) y un porcentaje sobre las cosas comunes del Conjunto Residencial de cero entero con doscientas cincuenta mil novecientas cuarenta y una millonésima por ciento (0,250941%). Dicho bien les pertenece según documento debidamente Registrado en la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Los Salías del Estado Miranda, en fecha 28 de Noviembre de 2.002, bajo Nº 17, Tomo 07, Protocolo Primero.

• Que es el caso, que la parte accionante, en diversas oportunidades, ha pretendido obtener por vía extrajudicial la partición amigable, con el fin de adquirir la parte que le corresponde, o en su defecto, se proceda a la venta de los porcentajes correspondientes.

De los alegatos de la parte demandada:

• Señala la demandada, que entre ella y el ciudadano P.J.I.G., tuvieron vida en común, desde el año 1979.

• Que el apartamento descrito en la presente demanda, fue ocupado por las partes con la intención de constituir su hogar, a lo cual en el año 2002 se legalizo la compra del mismo para tal fin; asimismo señala que ambos ciudadanos tuvieron 4 hijos.

• Que en atención a lo anterior, el referido inmueble fue ocupado por las partes con la intención de constituir su hogar, siendo que ella ha mantenido y mejorado dicha propiedad a sus solas expensas, ya que desde el año 2004, el actor abandono voluntariamente el hogar, dejándole a la demandada toda la carga y gastos que el inmueble conlleva.

• Que en dicho inmueble para la fecha, vive su nieta, que es menor de edad, y no posee ningún otro lugar para vivir, por lo que sería impropio, temerario y una violación a los derechos y garantías constitucionales, por cuanto si bien es cierto, los comuneros tienen derechos iguales, no es menos cierto que la partición conculcaría derecho del interés superior del niño, niña y adolescente, así como derecho a tener una vivienda digna.

• Que por tal razones, rechaza, se opone y contradice, todas y cada una de sus partes el libelo de la demanda, así como también señala que ha hecho mejoras al inmueble y asumido los gastos del mismo desde el año 2004, y el monto alegado no representa la verdad del valor del derecho que tiene sobre el mismo, por cuanto el valor total del inmueble es inferior a lo estimado en la demanda, por lo que niega que se lleve a partición un bien que el actor no ha contribuido a mejorarlo como lo ha hecho la demandada.

III

PRUEBAS APORTADAS A LOS AUTOS

Conjuntamente con la introducción del libelo de la demanda, la parte accionante consignó las siguientes documentales:

1. Copia Certificada del documento de propiedad, inscrito ante el Registro Publico del Municipio Los Salías del Estado Bolivariano de Miranda, bajo el Nº 14, Pto 1º, tomo 07, de fecha 28 de noviembre de 2002, de un apartamento distinguido con las siglas 1F61, ubicado en el Piso 6, entrada F, bloque C del Edificio “1” de la primera Etapa del PARQUE RESIDENCIAL SAN A.D.L.A., situado entre el kilometro 15 y 16 de la carretera Panamericana, Municipio Carrizal, Distrito Guaicaipuro del Estado Miranda, cuyas medidas linderos y dependencias se encuentran debidamente señaladas en dicho título de propiedad, en este sentido, quien aquí suscribe, por cuanto observa que dicha documental no fue tachada en el decurso del proceso, y siendo un documento que merece plena fe en su contenido, este Juzgado le da pleno valor probatorio al mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 1360 del Código de Procedimiento Civil, de la lectura de dicho documento, se puede observar que los ciudadanos P.J.I.G. y L.D.V.H.G., son los propietarios de dicho inmueble. Y así se decide.

   La parte demandada consignó las siguientes documentales:

2. Cursante al folio 57 original C.D.R., suscrita por los Voceros y Voceras del C.C. “Parque Residencial San A.d.L.A.”, fechada 30 de enero de 2014, mediante la cual dejan constancia que la ciudadana L.D.V.H.G. tiene su residencia desde hace 28 años en el Edificio Acacia, Torre F, Piso 6, Apartamento 1F-61, Urbanización Parque Residencial San A.d.L.A., Sector La Rosaleda Sur, Parroquia San A.d.L.A., Municipio Los Salías, Estado Bolivariano de Miranda.- Observa esta Alzada que por cuanto el mismo es un documento administrativo, el cual goza de una presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad, que puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario, se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, demostrando el mismo que la ciudadana L.D.V.H.G., ocupa el inmueble objeto del presente juicio de partición y así se establece.

3. Curaste al folio Folio 58, original C.D.T., expedida por MULTIHOGAR LA CASONA C.A., de fecha 30 de enero de 2014, en la cual se evidencia que la ciudadana L.D.V.H.G., labora en dicha empresa, desempeñando el cargo de PERSONAL DE LIMPIEZA. El Tribunal al respecto observa que dicha documental constituye documento privado emanado de un tercero el cual no fuere ratificado en juicio, aunado de que el mismo nada aporta a la resolución de la presente causa, por cuanto en el presente caso no es un hecho controvertido la relación laboral de la citada ciudadana, por consiguiente se desecha la misma y así se establece.

4. Cursante al folio 59, PARTIDA DE NACIMIENTO Nº 2536, correspondiente al ciudadano C.A., debidamente expedida por la Prefectura de la Parroquia General R.U., Municipio V.d.E.C., de fecha 29 de agosto de 1991. Ahora bien, siendo que se trata de un acto de estado civil el mismo tiene carácter de autentico respecto a los hechos presenciados por la autoridad que lo suscribió, ello conforme a lo previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil; sin embargo dicho documento nada aporta a la resolución de la presente causa, por cuanto en el presente caso no es un hecho controvertido la filiación entre los ciudadanos P.J.I.G. y L.D.V.H.G., por consiguiente se desecha la misma, y así se establece.

5. Cursante a los folios 60, en original C.D.R., suscrita por los Voceros y Voceras del C.C. “Parque Residencial San A.d.L.A.”, fechada 19 de septiembre de 2013, mediante la cual dejan constancia que el ciudadano C.A.I.H. tiene su residencia en el Edificio Acacia, Torre F, Piso 6, Apartamento 1F-61, Urbanización Parque Residencial San A.d.L.A., Sector La Rosaleda Sur, Parroquia San A.d.L.A., Municipio Los Salías, Estado Bolivariano de Miranda. Observa esta Alzada que por cuanto el mismo es un documento administrativo, el cual goza de una presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad, que puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario, le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, demostrando el mismo que el ciudadano C.A.I.H., ocupa el inmueble objeto del presente juicio de partición y así se establece

6. Cursante a los folios 61 y 62, en original CONSTANCIA DE ESTUDIO Y DE INSCRIPCIÓN expedidas por la Universidad Central de Venezuela Facultad de Humanidades y Educación Escuela de Idiomas Control de estudio, del ciudadano C.A.I.H.. El Tribunal al respecto observa que dicha documental si bien es un documento administrativo, el cual goza de una presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad, el mismo nada aporta a la resolución de la presente controversia, razón por la cual se desecha el mismo como medio probatorio. Y así se establece.

7. Cursante a los folios 63 al 66 en original DECLARACIÓN DE NO POSEER VIVIENDA, debidamente autenticada por ante la Notaria Pública del Municipio Los Salías del Estado Miranda bajo el Nº 24, Tomo 15, de fecha 24 de enero de 2014, mediante la cual el ciudadano C.A.I.H., esta Alzada al respecto observa que dicha documental si bien es un documento autentico, el mismo nada aporta a la resolución de la presente controversia, razón por la cual se desecha el mismo como medio probatorio. Y así se establece.

8. Cursante a los folios 67 copia simple TESTIMONIO DE NACIMIENTO Y BAUTISMO, expedida por la Arquidiócesis de Caracas, Parroquia de el E.S., de fecha 04 de julio de 1984, de la ciudadana PERLY J.I.H.. El Tribunal al respecto observa que dicha documental es un documento administrativo, el cual goza de una presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad, sin embargo el mismo nada aporta a la resolución de la presente controversia, razón por la cual se desecha el mismo como medio probatorio. y así se establece.

9. Cursante a los folios 68, en original C.D.R., suscrita por los Voceros y Voceras del C.C. “Parque Residencial San A.d.L.A.”, fechada 19 de septiembre de 2013, mediante la cual dejan constancia que la ciudadana PERLY J.I.H. tiene su residencia en el Edificio Acacia, Torre F, Piso 6, Apartamento 1F-61, Urbanización Parque Residencial San A.d.L.A., Sector La Rosaleda Sur, Parroquia San A.d.L.A., Municipio Los Salías, Estado Bolivariano de Miranda. Observa esta Alzada que por cuanto el mismo es un documento administrativo, el cual goza de una presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad, que puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario, le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, demostrando el mismo que la ciudadana PERLY J.I.H., ocupa el inmueble objeto del presente juicio de partición y así se establece.

10. Cursante a los folios 69 al 72 En original DECLARACIÓN DE NO POSEER VIVIENDA, debidamente notariada por ante la Notaria Pública del Municipio Los Salías del Estado Miranda bajo el Nº 25, Tomo 15, de fecha 24 de enero de 2014, de la ciudadana PERLY J.I.H., mediante la cual la referida ciudadana, deja constancia de no poseer vivienda. Esta Alzada al respecto observa que dicha documental si bien es un documento autentico, el mismo nada aporta a la resolución de la presente controversia, razón por la cual se desecha el mismo como medio probatorio. y así se establece.

11. Cursante a los folios 73 copia certificada PARTIDA DE NACIMIENTO Nº 298, correspondiente a la ciudadana L.M., debidamente expedida por el Registro Civil de Municipio Los Salías de Estado Miranda, en fecha 30 de enero de 2014. Ahora bien, siendo que se trata de un acto de estado civil el mismo tiene carácter de autentico respecto a los hechos presenciados por la autoridad que lo suscribió, ello conforme a lo previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil; sin embargo dicho documento nada aporta a la resolución de la presente causa, por cuanto en el presente caso no es un hecho controvertido la filiación entre los ciudadanos P.J.I.G. y L.D.V.H.G., por consiguiente se desecha la misma. y así se establece.

12. Cursante a los folios 74 copia certificada PARTIDA DE NACIMIENTO Nº 375, correspondiente al ciudadano P.J., expedida por el Registro Civil de Municipio Los Salas de Estado Miranda en fecha 24 de enero de 2014. Ahora bien, siendo que se trata de un acto de estado civil el mismo tiene carácter de autentico respecto a los hechos presenciados por la autoridad que lo suscribió, ello conforme a lo previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil; sin embargo dicho documento nada aporta a la resolución de la presente causa, por cuanto en el presente caso no es un hecho controvertido la filiación entre los ciudadanos P.J.I.G. y L.D.V.H.G., en consecuencia se desecha la misma y así se establece.

13. Cursante al folio 75 copia certificada PARTIDA DE NACIMIENTO Nº 376, correspondiente al ciudadano D.J., debidamente expedida por el Registro Civil de Municipio Los Salías de Estado Miranda, en fecha 18 de diciembre de 2013. Ahora bien, siendo que se trata de un acto de estado civil el mismo tiene carácter de autentico respecto a los hechos presenciados por la autoridad que lo suscribió, ello conforme a lo previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil; sin embargo dicho documento nada aporta a la resolución de la presente causa, por cuanto en el presente caso no es un hecho controvertido la filiación entre los ciudadanos P.J.I.G. y L.D.V.H.G., en consecuencia se desecha la misma, y así se establece.

14. Cursante a los folios 76 al 89 INSPECCIÓN EXTRA-JUDICIAL signada con el Nº S-2014-013, practicada por el Juzgado de Municipio del Municipio Los Salías del Estado Bolivariano de Miranda en fecha 29 de enero de 2014, a los fines de constatar las personas que viven en el inmueble objeto de la presente controversia.- Esta Alzada señala que en torno a la inspección judicial extra proceso realizada sin oírse a la contraparte, la Sala de Casación Civil ha estimado que es admisible siempre y cuando se trate de constatar “…el estado o circunstancias que puedan desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo”, conforme a lo establecido en el artículo 1429 Código Civil (St. N. º 367 del 15 de noviembre de 2000), es decir, cuando el retardo en la espera del juicio, sea perjudicial. También se estima que no es necesaria su ratificación o reproducción a posteriori en el juicio, pues, existe una inmediación del Juez (sic) o Jueza (sic) que aprecia de visualización el estado de la situación de hecho, por lo que esta Alzada le da pleno valor probatorio a lo allí expresado, sin embargo nada demuestra con la propiedad del inmueble.-

    IV

    DE LA SENTENCIA RECURRIDA

    Mediante decisión dictada en fecha 26 de junio de 2014, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, se adujeron entre otras cosas las siguientes consideraciones:

    “……..CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.

    Una vez analizado el acervo probatorio traído a los autos por las partes intervinientes en el presente proceso, este Tribunal pasa a pronunciarse sobre el fondo del asunto controvertido, en los siguientes términos:

    Se evidencia que a través del presente proceso la parte actora, ciudadano P.J.I.G. persigue la PARTICIÓN de un bien inmueble que adquirió conjuntamente con la ciudadana L.D.V.H.G., según se evidencia de documento de compra venta debidamente protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Los Salias del Estado Bolivariano de Miranda en fecha 28 de noviembre de 2002, anotado bajo el número 17, Tomo 07, Protocolo Primero; el cual se encuentra constituido por un apartamento distinguido con las siglas 1F61, ubicado en el piso seis (6), Entrada F, Bloque C del Edificio 1 de la Primera Etapa del “PARQUE RESIDENCIAL SAN A.D.L.A. “, situado entre el kilometro 15 y el kilometro 16 de la Carretera Panamericana que conduce a Los Teques, en el lugar denominado “Alto de Las Minas”, Municipio Carrizal, Distrito Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, ello en virtud que –según su decir- en diversas oportunidades su persona ha pretendido obtener por vía extrajudicial la partición amigable del mismo.

    A los fines de desvirtuar tales afirmaciones, se evidencia que la accionada en la oportunidad para contestar, se opuso a la partición solicitada alegando para ello que el bien inmueble fue ocupado por las partes con la intención de constituir su hogar, a lo cual en el año 2002 se legalizó la compra del mismo para tal fin, y que desde 1985 ha permanecido ininterrumpidamente en el mismo, siendo la única propiedad que posee y en la que criado y sustentado a sus hijos, producto de la relación con el ciudadano P.J.I.G., así como lo ha mantenido y mejorado como buena madre de familia a sus expensas. Así mismo, señaló que desde el año 2004, el actor abandonó el hogar voluntariamente y sin dar razones; que en el referido inmueble vive su nieta menor de edad, quien no posee ningún otro lugar para vivir, y que pro tales razones sería impropio y violatorio de los derechos y garantías constitucionales, pretender una partición de un único inmueble, que si bien tienen derechos iguales los comuneros, no es menos cierto que la partición conculcaría derechos del interés superior del niño, niña y adolescente, así como el derecho a tener una vivienda digna. Finalmente, alegó que el monto estimado para la demanda no representa la verdad del valor del derecho que tiene sobre el mismo, por cuanto el valor total del inmueble es inferior al valor fijado

    Ahora bien, vistos los términos en los cuales quedó trabada la controversia, quien aquí suscribe pasa a realizar las siguientes consideraciones:

    Primeramente, resulta pertinente establecer que según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de M.O., la partición es definida de la siguiente manera:

    Partición.- “El concepto genérico conocido es el de división o reparto en dos o más partes o entre dos o más partícipes. II Más en especial en el mundo jurídico, la distribución o repartimiento de un patrimonio -singularmente la herencia o una masa social de bienes- entre varias personas con iguales o diversos derechos sobre el condominio a que se pone fin."

    De allí, tenemos que la partición de bienes comunes comprende un proceso de separación de bienes que tiene por finalidad otorgar a cada una de las personas que tiene derechos sobre una serie de bienes pro indivisos, la parte material o porción que realmente le corresponde. En nuestra legislación el procedimiento de partición por su naturaleza, consiste en un juicio que se rige bajo la normativa jurídica contenida en el Capítulo II, Título V, Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil; al tal efecto, tenemos que el artículo 777 eiusdem textualmente dispone lo siguiente:

    Artículo 777.- “La demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expresará especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes. Si de los recaudos presentados, el Juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, ordenará de oficio su citación."

    Del artículo antes transcrito, se colige que la demanda de partición o división de bienes comunes debe promoverse por la vía del juicio ordinario, no obstante a ello, del artículo que le prosigue se desprende que “En el acto de la contestación, si no hubiere oposición a la partición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente. El partidor será nombrado por mayoría absoluta de personas y de haberes (…)." (Resaltado de este Tribunal); en este sentido y sobre el tema in comento, nuestro más alto Tribunal fijó el siguiente criterio:

    (…) El procedimiento de partición se encuentra regulado en la Ley Adjetiva Civil, ex artículos 777 y siguientes; de su contenido se evidencia que en el juicio de partición pueden presentarse dos situaciones diferentes, a saber: 1) Que en el acto de la contestación de la demanda no se haga oposición, a los términos en que se planteó la partición en el correspondiente libelo. En este supuesto, no existe controversia y el juez declarará que ha lugar a la partición, en consecuencia ordenará a las partes nombrar el partidor; en estos casos no procede recurso alguno. 2) Que los interesados realicen oposición a la partición, la cual puede ser total o parcial, vale decir que recaiga sobre todo o algunos de los bienes comunes, en estos casos el proceso se sustanciará y decidirá siguiendo los trámites del juicio ordinario hasta que se dicte el fallo que embarace la partición, tal y como lo establece el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, y en este estado se emplazará a las partes para que procedan al nombramiento del partidor, como ya se indicó; (...) En efecto, el procedimiento de partición se desarrolla en dos etapas claramente diferenciadas. Una que se tramita por la vía del juicio ordinario y que sólo se abre si en la oportunidad de contestar la demanda hubiere oposición a la partición o se discutiere el carácter o la cuota de los interesados; y la otra, que es la partición propiamente dicha, en la que se designa un partidor y se ejecutan las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes del caso

    . (…) Para el Dr. F.L.H., en su obra ‘Derecho de Sucesiones’: (…omissis…) En este orden de ideas, es oportuno destacar que al no existir oposición, tal supuesto puede equipararse a un convenir de los demandados, de manera que en este estado de cosas, la labor del juez, en esta fase del proceso denominada “contradictoria”, debe limitarse a emplazarlas para que designen al partidor, quien en definitiva, posee la potestad de realizar la división sobre los bienes de la partición y liquidación que no fueron objeto de oposición, fijando para ello las cuotas que corresponderán a cada heredero, dentro de la segunda etapa del procedimiento llamada “ejecutiva”. Debe enfatizarse, el hecho de que no es al juez a quien corresponde pronunciarse sobre las proporciones en las que deban liquidarse los bienes integrantes del acervo hereditario, su función es la de decidir sobre la procedencia o no de la partición, pues, se repite, esa labor corresponde al partidor que al efecto y por mandato del sentenciador, deberán nombrar las partes (…)” (Vd. Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia dictada en fecha 11 de octubre de 2000. Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ) (Negrita y subrayado de este Tribunal)

    De allí que, si en el acto de contestación la parte demandada se opone a la partición, es decir, que si los interesados proceden a discutir o impugnar los términos de la partición, el procedimiento debe sustanciarse por los trámites del juicio ordinario, para que una vez resuelto el juicio que embarace la partición, se emplace a las partes para el respectivo nombramiento del partidor; por otra parte, si al contestar la demanda de partición no existe oposición o discusión sobre el carácter o la cuota que pretenden los interesados, y además la acción se sustenta en un instrumento fidedigno que demuestre que realmente hay una comunidad de bienes indivisos, el Juez procederá directamente a emplazar a las partes para el acto de nombramiento del partidor.

    Ahora bien, en el caso de marras se evidencia que la parte actora alegó que la partición solicitada debe recaer sobre el siguiente bien inmueble: un apartamento distinguido con las siglas 1F61, ubicado en el piso seis (6), Entrada F, Bloque C del Edificio 1 de la Primera Etapa del “PARQUE RESIDENCIAL SAN A.D.L.A. “, situado entre el kilometro 15 y el kilometro 16 de la Carretera Panamericana que conduce a Los Teques, en el lugar denominado “Alto de Las Minas”, Municipio Carrizal, Distrito Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda; el cual -según su decir- fue adquirido junto con la ciudadana LVIA DEL VALLE HEIDRAS GUEVARA, tal como se desprende del documento de compra venta protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Los Salias del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 28 de noviembre de 2002, anotado bajo el número 17, Tomo 07, Protocolo Primero.

    Sin embargo, en vista que con relación a la partición del bien previamente descrito existió OPOSICIÓN por la parte demandada, es por lo que este Tribunal acordó en fecha 09 de enero de 2014, sustanciar y tramitar la presente causa por el procedimiento ordinario de acuerdo con lo previsto en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, ello a los fines de verificar la titularidad de los derechos en cuestión, lo cual conllevaría a determinar la procedencia o improcedencia de la acción propuesta.- Así se precisa.

    Fijado lo anterior y en virtud que en el caso específico de autos se pretende la partición de un bien inmueble que integra una comunidad ordinaria, esta Sentenciadora debe precisar lo siguiente:

    La comunidad como tal, puede ser definida como el derecho singular que sobre un objeto determinado tienen atribuido varias personas, el cual puede nacer de un hecho o de una situación accidental y temporal como lo es la sucesión hereditaria; de la voluntad de la Ley (comunidad legal); o simplemente de un hecho voluntario. Aunado a ello, la Doctrina ha establecido la existencia de dos tipos de comunidades fundamentales y diferentes entre sí, que son la comunidad pro indivisa y la comunidad dividida; la primera de las nombradas, es aquella que permanece en estado de indivisión, y lo que existe es el derecho a la cuota que tiene cada una de las partes que conforman la comunidad.

    Así las cosas, revisadas las actas que conforman el presente expediente, puede afirmarse que en el caso que nos ocupa estamos ante una COMUNIDAD PRO INDIVISA que nació de un hecho voluntario entre los ciudadanos P.J.I.G. -aquí demandante- y L.D.V.H.G. –aquí demandada-, quienes de mutuo acuerdo decidieron adquirir la propiedad del inmueble tantas veces descrito, tal y como se evidencia del documento de compra venta (inserto al folio 05-11), el cual fue debidamente protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Los Salias del Estado Bolivariano de Miranda en fecha 28 de noviembre de 2002, quedando anotado bajo el No. 17, Tomo 07, Protocolo Primero, y de cuyo contenido se desprende que los ciudadanos A.E.B.R. y M.J.Y.D.B., vendieron a los prenombrados el referido inmueble por la cantidad de CUARENTA Y UN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 41.000.000,00), ahora CUARENTA Y UN MIL BOLÍVARES (Bs. 41.000,oo).- Así se precisa.

    En este sentido, siendo que a nadie puede obligársele a permanecer en comunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 768 del Código Civil, y en virtud que la demandada en el presente juicio no probó nada a su favor, esto es, no demostró haber mantenido y mejorado el inmueble a sus únicas expensas desde el año 2004, fecha en la cual aduce que el accionante abandonó el hogar y menos aun, que el monto alegado por el actor en el texto libelar no represente la verdad del valor del derecho que tiene sobre el mismo; ni desvirtuó las pretensiones del accionante de acuerdo con lo establecido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.354 de la norma supra citada, en consecuencia este Tribunal con vista a los conceptos antes mencionados, las normas legales que rigen la materia y partiendo de una revisión minuciosa de las actas que conforman el expediente, estima que la PARTICIÓN DE BIENES aquí solicitada debe ser declarada CON LUGAR conforme a derecho, ello en el entendido de que le corresponderá a cada uno de los comuneros el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del bien común, por cuanto el efecto principal e inmediato de la existencia de una comunidad pro indivisa está referido al reconocimiento de que los bienes comunes pertenecen de por mitad a cada uno de los comuneros mientras no se pruebe otra cosa, ello en aplicación del artículo 760 del Código Civil venezolano.- Así se decide.

    Por tanto, el bien que deberá tomarse en cuenta para la partición, siendo que efectivamente quedó comprobado que el mismo integra la comunidad pro indivisa que existe entre los ciudadanos P.J.I.G. y L.D.V.H.G., es el siguiente: Un apartamento distinguido con las siglas 1F61, ubicado en el piso seis (6), Entrada F, Bloque C del Edificio 1 de la Primera Etapa del “PARQUE RESIDENCIAL SAN A.D.L.A. “, situado entre el kilometro 15 y el kilometro 16 de la Carretera Panamericana que conduce a Los Teques, en el lugar denominado “Alto de Las Minas”, Municipio Carrizal, Distrito Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda”. En virtud de lo antes resuelto, se emplazará a las partes para el nombramiento de partidor (quien determinará el valor del referido inmueble) el cual tendrá lugar a las once horas de la mañana (11:00 a.m.) del décimo día de despacho siguiente a que quede definitivamente firme la presente Sentencia, ello de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil.- Así se decide.(…)

    Por las razones anteriormente expuestas este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: