Decisión nº 2013-230 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 30 de Septiembre de 2013

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DE LA REGIÓN CAPITAL

Sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva

Exp. Nº 2008-753

Vista la ausencia de la Jueza Provisoria de este Tribunal la abogada G.L.B., en virtud del disfrute de sus períodos vacacionales 2010-2011 y 2011-2012, desde el día 19 de agosto de 2013 al 1º de octubre de 2013, ambas fecha inclusive, fue convocada como Jueza Temporal a la abogada C.R.V.V., titular de la cédula de identidad Nº V-15.698.413, designada por la Comisión Judicial en fecha 29 de julio de 2013 y juramentada en fecha 16 de agosto de 2013, para cubrir las faltas de los Jueces o Juezas, con motivo de reposos, vacaciones, inhibiciones y recusaciones del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los fines de suplir dicha falta desde el día 16 de septiembre de 2013 al 1º de octubre de 2013, ambas fechas inclusive. Ello así, constituido como se encuentra el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, la Jueza Temporal se aboca al conocimiento de la presente causa.

Asimismo se deja expresa constancia en el entendido de que a partir de la presente fecha, exclusive, comenzará a transcurrir el lapso de cinco (05) días de despacho, previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, a los fines de que las partes puedan hacer uso del derecho consagrado en la referida norma.

En fecha 02 de mayo de 2008, el abogado H.A.O.L., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 85.934, actuando en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), ente descentralizado creado por la Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.583, del 03 de diciembre de 2002 y adscrito en ese momento al Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal, ahora adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, consignaron ante el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en funciones de Distribuidor, escrito contentivo de la demanda de contenido patrimonial ejercido conjuntamente con medida cautelar nominada de secuestro y medida cautelar innominada de aseguramiento y puesta en posesión de “INAPYMI” del vehículo de su propiedad (objeto de la demanda), contra el ciudadano C.R.D., titular de la cédula de identidad Nº V-12.331.467.

Previo sorteo de distribución de causas, realizado en fecha 06 de mayo de 2008, siendo asignado a este Órgano Jurisdiccional el conocimiento de la presente causa, fue recibida el 07 del mismo mes y año, quedando signada bajo el Nº 2008-753.

En fecha 30 de mayo de 2008, este Órgano Jurisdiccional admitió la misma, ordenando notificar a la entonces Procuradora General de la República y citar al demandado C.R.D., antes identificado.

Asimismo, en fecha 07 de agosto de 2008, se dictó sentencia interlocutoria N° 2008-153, donde se acordó la medida cautelar nominada de secuestro solicitada por el ente descentralizado actor, así como se declaró improcedente la medida cautelar innominada de aseguramiento y puesta en posesión de “INAPYMI” del vehículo de su propiedad (objeto de la demanda) peticionada por la parte demandante.

En fecha 27 de noviembre de 2009, la abogada M.G.d.R., en su carácter de Jueza Titular de este Tribunal, se abocó al conocimiento de la presente causa.

En fecha 14 de febrero de 2012, la abogada G.L.B., en su carácter de Jueza Provisoria de este Tribunal, se abocó al conocimiento de la presente causa.

De igual forma, en fecha 05 de julio de 2012, este Tribunal Superior dictó sentencia en la cual ratificó la competencia para conocer la demanda interpuesta y reordenó el proceso al estado de fijación de la audiencia preliminar de conformidad con lo establecido en el artículo 57 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; finalmente se ordenó la notificación de las partes.

Posteriormente, en fecha 24 de septiembre de 2013, la abogada M.C.E., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 62.699, actuando en su carácter de apoderada judicial del INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), estampó diligencia mediante la cual consignó escrito de desistimiento de la presente acción judicial y del procedimiento.

Una vez analizadas las actas que conforman el expediente, pasa este Tribunal a pronunciarse en los siguientes términos.

I

DEL DESISTIMIENTO EFECTUADO

En fecha 24 de septiembre del presente año, la abogada M.C.E., antes identificada, actuando en su carácter de apoderada judicial del INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), estampó diligencia mediante la cual consignó escrito de desistimiento de la presente acción judicial y del procedimiento, donde manifestó:

(…) Ahora bien, en vista de que el ciudadano C.R.D. (sic) SANTIAGO, pagó en su totalidad el referido crédito, y nada adeuda por concepto de capital ni intereses, tal como consta del Resumen de la Situación Crediticia, emanada de la Gerencia de Liquidación y Cobranzas, adscrita al mencionado Instituto, el cual consigno marcado con la letra “A”, es evidente que se materializó la extinción de la obligación por su forma natural, es decir, operó el pago de la misma, lo cual ha sido corroborado por la Consultoría Jurídica de dicha Institución, mediante Punto de Cuenta Nº 000497 de fecha 27-06-13, y presentado a la Presidenta de la referida Institución, el cual (sic) marcado con la letra “B”, presento en original, para que una vez cotejada y certificada en autos por la Secretaría de este tribunal con la copia fiel y exacta, me sea devuelto.

En tal sentido, procedo a desistir de la presente acción judicial y del procedimiento, conforme a la previa autorización que me fuera conferida por la Presidencia del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), mediante comunicación Nº 000545 de fecha 27-06-2013 dirigida a ese tribunal y la cual anexo marcada con la letra “C”.

En base a lo anteriormente expuesto, es por lo que, desisto de la presente acción y procedimiento, que en su debida oportunidad procesal, con el derecho que asiste a mi representado, se interpuso por ante esa autoridad, y le solicito muy respetuosamente, proceda con dicho desistimiento como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.

Igualmente, le solicito muy respetuosamente a este Tribunal, proceda a dejar sin efecto la medida cautelar de secuestro decretada que pesa sobre el bien objeto del presente litigio, y en consecuencia se proceda a librar los oficios a que haya lugar (…)

.

En tal sentido, pasa este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital a pronunciarse respecto al desistimiento efectuada en los siguientes términos.

II

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Determinada como ha sido previamente la competencia para conocer de la presente causa, mediante sentencia interlocutoria de fecha 05 de junio de 2012, pasa éste Órgano Jurisdiccional a emitir pronunciamiento respecto al desistimiento realizado en la presente causa.

Sentado lo anterior, oportuno esta Juzgadora hacer referencia a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual es tenor de lo siguiente:

Artículo 31. Las demandas ejercidas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa se tramitarán conforme a lo previsto en esta Ley; supletoriamente, se aplicarán las normas de procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de Procedimiento Civil

Cuando el ordenamiento jurídico no contemple un procedimiento especial, el Juez podrá aplicar el que considere más conveniente para la realización de la justicia”. (Resaltado propio de este Órgano Jurisdiccional).

Del artículo anteriormente transcrito se desprende la posibilidad de hacer uso de normas supletorias en las demandas interpuestas ante la jurisdicción contencioso administrativa; en consecuencia, por no haber un procedimiento especial en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para la tramitación del desistimiento a las demandas, esta Sentenciadora, hace uso de la facultad otorgada y establece, que se tramitará el mencionado desistimiento conforme a lo dispuesto en el Capítulo III titulado Del Desistimiento y del Convenimiento del Código de Procedimiento Civil.

En tal sentido, el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil, establece los requisitos para la procedencia del desistimiento en los términos siguientes: “(…) Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones (…)”.

Ahora bien, en cuanto a la facultad necesaria para solicitar el desistimiento realizado se observa, que la abogada M.C.E., previamente identificada, consignó poder en fecha 24 de febrero de 2010, el cual riela a los folio cuarenta (40) y cuarenta y uno (41), del presente expediente judicial, mediante el cual fue facultada para actuar en juicio, el referido poder expresa (…) A los efectos de desistir, convenir y transigir, se requerirá la aprobación previa y expresa del Presidente de la Institución (…)”.

Asimismo, se observa que corre inserto al folio sesenta y cinco (65) copia simple del “Punto de Cuenta Nº 000497”, suscrito por el ciudadano W.C., en su carácter de Consultor Jurídico del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI) y la ciudadana P.F. en su carácter de Presidenta del mencionado ente, consignado por la apoderada judicial del ente querellado, desprendiéndose del mismo que:

(…) Por lo antes expuesto, se presupone a la presidenta del INAPYMI autorice expresamente a la Abogada externa M.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.522.814, a que se solicite en representación del INAPYMI el desistimiento del proceso judicial incoado por Cobro de Bolívares, ante el Tribunal Noveno Superior en lo Civil de lo Contencioso Administrativo, contra el ciudadano C.R.D. (sic) Santiago, en virtud de la cancelación de la deuda respectiva (…)

.

Igualmente, se observa que cursa al folio sesenta y seis (66) original del oficio Nº 000545, de fecha 27 de junio de 2013, emanado de la Presidenta del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI) y dirigido a la abogada G.L.B., Jueza Provisoria de este Tribunal, mediante el cual la presidenta del referido Instituto autoriza expresamente a la abogada M.C.E., antes identificada para proceder al desistimiento de la acción y el procedimiento.

Ahora bien, considera esta Juzgadora que el desistimiento efectuado mediante escrito presentado por la abogada M.C., ut supra identificada, cumple con los requisitos previstos en el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la precitada ciudadana tiene la legitimación y capacidad procesal requeridas para efectuar el desistimiento del recurso interpuesto en representación del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), así como, la misma no es contraria al orden público, ni se encuentra prohibida expresamente por la Ley; en consecuencia, este Tribunal Homologa el desistimiento efectuado en la demanda de contenido patrimonial interpuesta ejercida conjuntamente con medida cautelar nominada de secuestro y medida cautelar innominada de aseguramiento y puesta en posesión de “INAPYMI” del vehículo de su propiedad (objeto de la demanda). Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 264 y 265 eiusdem. En Consecuencia, da por TERMINADO el presente juicio y ordena se proceda como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se decide.

Asimismo, en la referida diligencia la abogada M.C.E., antes identificada solicitó la suspensión de la medida cautelar decretada en fecha 07 de agosto de 2008, mediante sentencia interlocutoria Nº 2008/153; ahora bien, por cuanto la medida decretada se acordó con el fin de garantizar las resultas del proceso y visto que como consecuencia de la homologación quedó extinguida la instancia y terminado el presente juicio, este Órgano Jurisdiccional precisa que, siendo la naturaleza de toda medida cautelar el carácter accesorio, instrumental y subsidiario a la demanda, la extinción de la instancia de la pendencia principal con ocasión al desistimiento de la misma, igualmente ocasionó el decaimiento de la pretensión respecto a la medida cautelar y por ende el cese de los efectos de la medida cautelar nominada de secuestro sobre el bien mueble propiedad de la parte demandante Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), constituido por un vehículo de las características siguientes: Placa: 07NABN; Marca: Chevrolet; Modelo: C3500 CHASSIS CAB UT; Año: 2007; Color: Blanco; Serial de Carrocería: 8ZCJC34R57V325713; Serial del Motor: 57V325713; Clase: Camión; Tipo: Chasis; Uso: Carga; Peso: 5171 Kg.; Capacidad: 2.623 Kg., incluye plataforma y barandas, gastos, aire acondicionado, radio y sistemas de seguridad, emitido por la vendedora “Auto Centro La Victoria, C.A.”, en fecha trece (13) de diciembre de dos mil seis (2006).

Como consecuencia de ello, se ordena NOTIFICAR al Viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, como Órgano Rector y Coordinador de los Cuerpos de Seguridad del país, a los fines que gire las instrucciones respectivas con ocasión al cese de los efectos de la medida cautelar de secuestro decretada en fecha siete (07) de agosto 2008, sobre el vehículo identificado ut supra, en cualquier parte del territorio de la República.

Asimismo, se ordena notificar al Presidente del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI) y a la Procuradora General de la República, de conformidad con el artículo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Líbrense oficios.

III

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1. - HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO en demanda de contenido patrimonial ejercida conjuntamente con medida cautelar de secuestro interpuesta por el abogado H.A.O.L., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 85.934, actuando en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), contra el ciudadano C.R.D., titular de la cédula de identidad Nº V-12.331.467, conforme a lo previsto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 264 y 265 eiusdem.

2. - EL CESE DE LOS EFECTOS de la medida cautelar de secuestro decretada sobre el bien mueble, constituido por un vehículo de las características siguientes: Placa: 07NABN; Marca: Chevrolet; Modelo: C3500 CHASSIS CAB UT; Año: 2007; Color: Blanco; Serial de Carrocería: 8ZCJC34R57V325713; Serial del Motor: 57V325713; Clase: Camión; Tipo: Chasis; Uso: Carga; Peso: 5171 Kg.; Capacidad: 2.623 Kg., incluye plataforma y barandas, gastos, aire acondicionado, radio y sistemas de seguridad, emitido por la vendedora “Auto Centro La Victoria, C.A.”, en fecha trece (13) de diciembre de dos mil seis (2006).

3. - SE ORDENA notificar al Viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, como Órgano Rector y Coordinador de los Cuerpos de Seguridad del país, a los fines que gire las instrucciones respectivas con ocasión a la extinción de los efectos de la medida cautelar de secuestro decretada en fecha siete (07) de agosto 2008, sobre el vehículo Placa: 07NABN; Marca: Chevrolet; Modelo: C3500 CHASSIS CAB UT; Año: 2007; Color: Blanco; Serial de Carrocería: 8ZCJC34R57V325713; Serial del Motor: 57V325713; Clase: Camión; Tipo: Chasis; Uso: Carga; Peso: 5171 Kg.; Capacidad: 2.623 Kg., incluye plataforma y barandas, gastos, aire acondicionado, radio y sistemas de seguridad, emitido por la vendedora “Auto Centro La Victoria, C.A.”, en fecha trece (13) de diciembre de dos mil seis (2006).

Publíquese, regístrese y notifíquese a la Procuraduría General de la República de conformidad con el artículo 97 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Asimismo notifíquese al Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI).

Se imprimen dos (02) originales del mismo tenor de la presente decisión, cuyo segundo ejemplar será agregado al copiador de sentencias de este Tribunal, previa su certificación por Secretaría.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

LA JUEZA TEMPORAL,

LA SECRETARIA TEMPORAL,

C.R.V.V.

P.A. PALACIOS R.

En esta misma fecha, siendo _____________________ (________) se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nro. ___________

LA SECRETARIA TEMPORAL,

P.A. PALACIOS R.

Exp. Nro. 2008-753/CV/PP/LO