Decisión nº 073-2013 de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Tachira, de 5 de Diciembre de 2013
| Fecha de Resolución | 5 de Diciembre de 2013 |
| Emisor | Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo |
| Ponente | Carlos Morel Gutierrez Gimenez |
| Procedimiento | Querella Funcionarial |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo
de la Circunscripción Judicial del estado Táchira
San Cristóbal, 05 de diciembre de 2013
203º y 154º
Exp. No. 2013-48
ASUNTO: SP22-G-2013-000048
SENTENCIA DEFINITIVA N° 073/2013
En fecha 27/05/2013, el ciudadano L.E.M.M., titular de la cédula de identidad N° V-1.583.623, debidamente asistido por el abogado N.E.M.U., inscrito en el Instituto Nacional de Previsión Social del Abogado bajo el N° 58.423, presentó ante este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Querella Funcionarial, por ajuste del derecho de jubilación contra el Instituto Autónomo de la policía del estado Táchira.
En fecha 04/06/2013, este Juzgado, admitió la presente causa.
En fecha 08/08/2013, este despacho llevó acabo la audiencia preliminar.
En fecha 17/09/2013, el querellante presentó escrito de pruebas y sus respectivos anexos.
En fecha 24/09/2013, este despacho dictó sentencia interlocutoria N° 221/2013.
En fecha 16/10/2013, se celebró audiencia definitiva.
Efectuado el estudio de las actas que conforman el expediente, procede este Juzgado Superior a publicar el fallo definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en los siguientes términos:
I
PRUEBAS DOCUMENTALES ANEXAS
Por notoriedad judicial se evidencia que en el expediente N° SP22-G-2013-000047 en su segunda pieza folio 2 al 390, se encuentran documentos administrativos públicos y privados que integran el expediente administrativo del ciudadano L.E.M.M. relacionados con la presente causa, el cual se le concede valor probatorio conforme a lo que establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil por remisión del artículo 111 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por ser documentos administrativos que están revestidos de la presunción de veracidad y legitimidad.
Ello así, se desprende que el ciudadano L.E.M.M., fue funcionario de la Gobernación del estado Táchira e Instituto Autónomo de la Policía del estado Táchira identificado con N° de placa 496 desde el 01/06/1978 hasta 28/02/2013, quien ocupó el cargo de conductor de 3ra (F27) posteriormente el cargo de Sargento Mayor (F86) y en fecha 16/07/2011 le fue asignado el rango de Oficial Agregado (F100) luego de llevarse acabo el P.d.H. y Reclasificación de Grados y Jerarquías de los Funcionarios Policiales.
Igualmente, se evidencia que el querellante culminó la relación funcionarial con el Instituto Autónomo de Policía del Estado Táchira a razón del derecho de jubilación emitido en el Dictamen N° 051/13 por la Consultaría Jurídica del Instituto Autónomo de Policía del Estado Táchira.
Que por disconformidad en el cálculo efectuado por el querellado, el exfuncionarios hoy querellante acudió a este despacho a los fines de interponer la presente querella funcionarial de conformidad con el artículo 92 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, solicitando la nulidad parcial del acto administrativo de efectos particulares que le otorgó el derecho de jubilación en cuanto al sueldo y pensión fijada, tomando como fundamento el Decreto N° 7.138 emanado de la Presidencia de la República de la Escala de Sueldos, Salarios y Otros Beneficios Socioeconómicos para los Funcionarios y Funcionarias que conforman la Policía Nacional Bolivariana, por ser acreedor de los derechos atinentes al Grado de Oficial Agregado según el artículo 26 de la Resolución 169 dictada por el Ministerio el Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia que contiene las normas relativas al proceso de homologaciones y reclasificaciones de Grados y Jerarquía de los funcionarios policiales.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En virtud de los alegatos y argumentos que se encuentran en la querella funcionarial, observa este despacho que el punto controvertido se circunscribe a determinar si el querellante es acreedor del Decreto N° 7.138 emanado de la Presidencia de la República de la Escala de Sueldos, Salarios y Otros Beneficios Socioeconómicos para los Funcionarios y Funcionarias que conforman la Policía Nacional Bolivariana y así verificar el calculo realizado por el Instituto Autónomo de Policía del Estado Táchira para el derecho de jubilación.
En este sentido, resulta propicio señalar que la Policía del estado Táchira, fue concebida como un Instituto Autónomo, mediante Ley publicada en Gaceta Oficial del estado Táchira, el 26 de diciembre de 2005, así las cosas, se hace menester invocar el contenido del artículo 95 de la Ley Orgánica de Administración Pública, el cual reza:
Artículo 95:
Los institutos autónomos son personas jurídicas de derecho público de naturaleza fundacional, creadas por ley, nacional, estadal u ordenanza conforme a las disposiciones de esta Ley, dotadas de patrimonio propio e independiente de la República, de los estados, de los distritos metropolitanos y de los municipios, según sea el caso, con las competencias o actividades determinadas en la ley que los cree.
(Resaltado del Tribunal)
De allí, se apreciar la autonomía que reviste los Institutos Autónomos y que los hace independientes del Poder Ejecutivo, tan es así que el artículo 67 de la Ley del Estatuto de la función Policial prevé:
Artículo 67:
Los gobernadores, gobernadoras, alcaldes o alcaldesas, fijarán mediante decretos publicados en los órganos de publicación oficial correspondientes:
1. Escala de sueldos de los cuerpos de policía de los estados y municipios, según el caso: en la cual se fijarán los montos iniciales, intermedios y máximos de sueldos de cada cargo o jerarquía, así como las demás asignaciones, compensaciones y primas de contenido pecuniario , dentro de los límites establecidos por el Ejecutivo Nacional de conformidad con el artículo anterior. “
2. (omisis…)
Como podemos observar esa autonomía de la cual se hace referencia líneas arriba se encuentra limitada, pues los gobernadores y alcaldes a la hora de fijar los sueldos y demás remuneraciones de los funcionarios policiales deberá someterse a los límites mínimo y máximo dictados por el Poder Ejecutivo, a tal efecto el artículo 66 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la función Policial indica:
Artículo 66:
El presidente de la República mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de la república Bolivariana de Venezuela, previa opinión del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, fijará el contenido del sistema de remuneraciones y beneficios sociales de la Función Policial, bajo los siguientes parámetros:
(Omisis…)
3. Escala de sueldos de los cuerpos de policía de los estados y municipios: en la cual se establecerá el límite mínimo y máximo de los montos de los sueldos que correspondan a cada cargo o jerarquía de los cuerpos de policía correspondientes, así como las demás asignaciones, compensaciones y primas de contenido pecuniario.
Ahora bien, si observamos la escala consignada por el querellante, se puede apreciar que la misma expresamente versa sobre la escala de sueldos y salarios de los funcionarios que conforman la Policía Nacional bolivariana, estipulando el monto exacto de cada sueldo, según el rango desempeñado dentro de dicho organismo, y a diferencia de lo dispuesto en el artículo 66 supra citado, no se desprende un baremo de sueldos entre mínimo y máximo en el que los gobernadores puedan ajustar las remuneraciones devengadas por los funcionarios que conforman sus cuerpos policiales.
Aunado a lo expuesto, se desprende del punto de cuenta en estudio, la siguiente advertencia;
es de destacar que los nueve (09) grados policiales únicos y aplicables a todos los Cuerpos de Policía del país, están establecidos en la Ley del Estatuto de la Función Policial. Sin embargo cabe señalar que esto no significa que estos sueldos y salarios sean los mismos para todos los Cuerpos de Policía del país.
Con ánimos de abundar en lo transcrito hasta el momento, vale acotar que el Decreto N° 7.138 de fecha N° 21 de diciembre de 2009, el cual hace referencia a la escala de sueldos, salarios y otros beneficios socioeconómicos aplicables a los funcionarios policiales del cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, estable en su artículo 2 y 4 lo siguiente:
Artículo 2:
Las nuevas escalas salariales, estarán sujetas a la existencia de los recursos presupuestarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa.
Artículo 4:
Las escalas de sueldo previstas en el presente decreto, se aplicaran a todos los funcionarios activos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, a partir de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana del presente Decreto.
En este orden de ideas, recientemente fue emanado el Decreto N° 387, Publicado en Gaceta Oficial N° 40.249 del 12 de septiembre de 2013, prevé:
Artículo 1°. El presente Decreto tiene por objeto, regular y establecer la Escala Especial de Sueldos, aplicable a los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
(Resaltado del Tribunal.)
Artículo 6°. La Escala de Sueldos prevista en el presente Decreto, se aplicará a partir del 1° de septiembre de 2013, a todos los funcionarios activos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
(Resaltado del Tribunal)
En este sentido, se debe indicar que no puede aplicarse retroactivamente el decreto a las remuneraciones devengadas por el querellante, pues sería darle efectos al pasado a la ley, es más, con el anuncio realizado por el gobernador del estado Táchira se desprende la potestad que tiene éste para fijar el sueldo y salarios de su cuerpo policial con independencia a las medidas que se dicten para la Policía Nacional Bolivariana, olvidando el accionante que lo que aquí pretende es la aplicación del punto de cuenta 080 emanado por el Ejecutivo Nacional.
En consecuencia de lo expuesto, puede concluir este Órgano Jurisdiccional, que los sueldos previstas en el punto de cuenta N° 080 alegada por el querellante y aportado por la parte querellada se corresponden únicamente a la Policía Nacional Bolivariana, lo cual podía dictar perfectamente el ejecutivo por permitirlo las disposiciones del artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, no se trata pues, de límites mínimos y máximos de sueldos y demás remuneraciones que permitieran a los entes territoriales que conforman la República adaptar su escala de sueldos a ellos.
Asimismo, el referido punto de cuenta N° 080 excluye expresamente a otros cuerpos policiales distintos a la Policía Nacional; y para ir más a fondo, de lo largo del contenido del Decreto N° 7.138 del 21 de diciembre de 2009, no se desprende que la escala de sueldo en estudio pueda aplicarse a las policías estadales y municipales, lo cual también es palpable del Decreto N° 387, debiendo resaltar este Sentenciador que dicho Decreto comenzó a aplicarse a partir del 1 de septiembre de 2013, razón por la cual el ciudadano L.E.M.M., no puede ser acreedor de los todos los derechos que establece el Decreto N° 7.138 de fecha 23/12/2009 emitido por la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se decide
En virtud de lo decidido, este Juzgador considera inoficioso entrar a conocer el resto de los alegatos esbozados por la parte querellante, pues los mismos se circunscriben a presuntos errores de cálculos por no aplicar la escala de sueldos objeto de estudio, lo cual se indicó líneas arriba no le es atribuible al querellante. Así se decide.
III
DECISIÓN
En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
Declara SIN LUGAR la querella interpuesta por el ciudadano L.E.M.M., titular de la cédula de identidad N° V-1.583.623 en contra del Instituto Autónomo de la policía del estado Táchira.
Declara no acreedor al ciudadano L.E.M.M.d. los derechos que establece el Decreto N° 7.138 de fecha 23/12/2009 emitido por la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente sentencia en el índice copiador de sentencias de este Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, a los cinco (05) días del mes de diciembre del año dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
El Juez,
Dr. C.M.G.G..
El Secretario Suplente
Abg. Á.D.P.U..-
En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión siendo las dos y treinta de la tarde (3:00 pm.)
El Secretario Suplente,
Abg. Á.D.P.U..-
ASUNTO: SP22-G-2013-000048
CMGG/ADPU/YMAS
