Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 28 de Enero de 2016
| Fecha de Resolución | 28 de Enero de 2016 |
| Emisor | Corte de Apelaciones Sala Dos |
| Ponente | Elsa Hernandez García |
| Procedimiento | Inadmisibilidad De La Acción De Amparo |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO
Sala 2 Corte de Apelaciones Penal - Valencia
Valencia, 28 de enero de 2016
Años 205º y 156º
ASUNTO: GP01-O-2016-000004
PONENTE: E.H.G..-
En fecha 21 de Enero del presente año, se recibió y dio cuenta en esta Sala 2, el presente asunto contentivo de acción de A.C., interpuesto por los abogados J.D. y J.D., abogados en ejercicio, quiénes señalan actuar en su condición de Defensores del ciudadano J.A.S.B., titular de la cedula de identidad V- 18.361.746, a quién se le sigue causa penal bajo el N° GP01-S-2013-006718, llevada por el Tribunal en Función de Control, Audiencias y Medidas N° 02 del Tribunal de Violencia Contra la Mujer de este Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, y se sustenta en lo sustentado en los artículos 26, 43, 49.1,3, 51 y el articulo 83 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 4 y 18 de la Ley Orgánica Sobre de A.S.D. y Garantías Constitucionales, contra la supuesta violación de los derechos a la Tutela Judicial Efectiva, al debido proceso y al derecho a la salud, imputable al Tribunal Segundo de Primera Instancia de Control, Audiencia y Medidas del Tribunal de Violencia contra la Mujer de esta Circunscripción Judicial del estado Carabobo.
Correspondió la ponencia a la Jueza N° 4 de la Sala N° 2 de esta Corte de Apelaciones, abogada E.H.G., quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Esta Sala para decidir, observa:
PLANTEAMIENTO DE LA ACCION DE AMPARO:
Los accionantes fundamentan su acción de amparo en los artículos 26, 43, 49.1,3, 51 y el articulo 83 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 4 y 18 de la Ley Orgánica Sobre de A.S.D. y Garantías Constitucionales, señalando como hecho lesivo la supuesta violación de los derechos a la Tutela Judicial Efectiva, al debido proceso y al derecho a la salud, imputable al Tribunal Segundo de Primera Instancia de Control, Audiencia y Medidas del Tribunal de Violencia contra la Mujer de esta Circunscripción Judicial del estado Carabobo.
COMPETENCIA DE LA SALA
Revisado el escrito contentivo de la acción de amparo interpuesta, aprecia la Sala que la misma ha sido incoada contra la supuesta violación de los derechos a la Tutela Judicial Efectiva, al debido proceso y al derecho a la salud, imputable al Tribunal Segundo de Primera Instancia de Control, Audiencia y Medidas del Tribunal de Violencia contra la Mujer de esta Circunscripción Judicial del estado Carabobo. En consecuencia en virtud de haberse interpuesto la presente acción contra la actuación o conducta de un Juez a cargo de un Juzgado de Primera Instancia en Función de Control, esta Sala acogiendo criterio desarrollado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en sentencia del 20 de enero de 2000 (caso E.M.M.), la cual establece:
...Las violaciones a la Constitución que cometan los Jueces serán conocidas por los jueces de la apelación... caso en que el amparo lo conocerá otro juez competente superior a quien cometió la falta, diferente a quien sentenció u ordenó el acto que contiene la violación o infracción constitucional, en estos casos, lo que apliquen los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales...
(20-01-2000, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ponencia Dr. J.E.C., Caso E.M.M.), (Sic. Omissis. Cursivas de la Sala),
Es por lo que esta Sala Nº 02, SE DECLARA COMPETENTE para conocer de la presente acción, y así se decide.-
DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCION DE AMPARO
Vistos los términos de la acción de a.c. interpuesta, corresponde ahora a la Sala verificar en primer lugar, si la misma cumple con los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, y en segundo lugar, si la misma pretensión constitucional se encuentra o no incursa en las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la precitada Ley Especial de Amparo, y a tales efectos observa:
La presente acción de A.C. ha sido interpuesta por los abogados J.D. y J.D., abogados en ejercicio, quiénes señalan actuar en su condición de Defensores del ciudadano J.A.S.B., titular de la cedula de identidad V- 18.361.746, a quién se le sigue causa penal bajo el N° GP01-S-2013-006718, llevada por el Tribunal en Función de Control, Audiencias y Medidas N° 02 del Tribunal de Violencia Contra la Mujer de este Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, y se sustenta en lo sustentado en los artículos 26, 43, 49.1,3, 51 y el articulo 83 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 4 y 18 de la Ley Orgánica Sobre de A.S.D. y Garantías Constitucionales, contra la supuesta violación de los derechos a la Tutela Judicial Efectiva, al debido proceso y al derecho a la salud, imputable al Tribunal Segundo de Primera Instancia de Control, Audiencia y Medidas del Tribunal de Violencia contra la Mujer de esta Circunscripción Judicial del estado Carabobo.
A.l.a. como es el libelo de acción de amparo, esta Sala procede a examinar los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, sobre lo cual es preciso señalar que necesariamente constituye una carga de quien acciona en amparo, el cumplir con una serie de requisitos a los fines de que la acción pueda ser admitida y sustanciada por el Tribunal Constitucional. Siendo que la solicitud que contenga la pretensión constitucional deberá contener los requisitos establecidos en el referido artículo 18 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, el cual establece:
Artículo 18. En la solicitud de amparo se deberá expresar:
1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido;…(Negrillas y subrayado de esta Sala)
En la presente acción de a.c., observa la Sala, que los abogados accionantes si bien se identifican como defensores del ciudadano imputado, es requisito indispensable ante la naturaleza de esta acción de amparo que es autónoma e independiente de la causa penal, que la acción se presente ya sea por el apoderado del agraviado o su defensor público o privado, y que se encuentre acreditada tal cualidad, y en el presente caso solo se enuncia esa condición en el escrito de amparo suscrito por los accionantes, no obstante no se desprende del mismo que hayan consignado elemento alguno que evidencie efectivamente que tienen el carácter de defensor del mencionado ciudadano, ya que no presenta constancia de haber aceptado y prestado el debido juramento de ley ante el órgano jurisdiccional correspondiente; pues aunque el nombramiento de defensor no está sujeto a ninguna formalidad, tal circunstancia no está acreditada en autos, al no haberse adjuntado al escrito presentado algún otro tipo de documento que demuestre sin lugar a duda su carácter de defensor debidamente juramentado ante el Tribunal y de ser parte en la causa principal.
En este sentido es preciso señalar, la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 777, de fecha 12/06/2009, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchán, la cual establece:
…Por tanto, a pesar de que el nombramiento de defensor no está sujeto a ninguna formalidad, es esencial que el abogado nombrado como tal preste su juramento ante el Juez de Control para poder ejercer a plenitud la defensa material del imputado, documento esencial a los fines de demostrar la representación y la legitimación para el ejercicio del a.c.; circunstancia que no está acreditada en autos al no haberse adjuntado al escrito libelar recaudo alguno que evidencie dicha representación.
Asimismo, aun cuando esta Sala ha sido amplia en aceptar que los defensores públicos o privados intenten a favor de sus defendidos la acción de a.c. sin que medie poder o facultad expresa, ello ha sido así cuando se evidencia en las actas procesales del amparo algún otro documento demostrativo del carácter de defensor. En el caso bajo análisis, tal como se indicó supra, no existe en las actas del expediente documento alguno que demuestre, sin lugar a duda, que el abogado F.S. ejerce efectivamente la defensa técnica de los ciudadanos W.J.d.V.S., P.P.P., M.d.C.D. y N.M.C..
Colofón de lo dicho, en el caso sub lite el mencionado profesional del derecho carece de legitimación para incoar el presente a.c. en nombre de los ciudadanos W.J.d.V.S., P.P.P., M.d.C.D. y N.M.C., circunstancia que se traduce en falta de representación manifiesta, motivo por el cual esta Sala, de conformidad con el párrafo quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, declara inadmisible la acción de a.c. interpuesta por el abogado F.S., en su carácter de defensor privado –según afirma- de los ciudadanos W.J.d.V.S., P.P.P., M.d.C.D. y N.M.C.. Así se decide…
(Subrayado de esta Sala).
Por otra parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que en materia penal a los fines de verificar la legitimidad del defensor debe comprobarse la consignación del nombramiento que le haya hecho el imputado así como la constancia de haber prestado el debido juramento de Ley ante el órgano jurisdiccional; quedando establecido en sentencia N° 1.108, de fecha 23-05-2006, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasqueño López, en relación al nombramiento de defensor y su limitación, consagrados en los artículos 137 y 139 del Código Orgánico Procesal Penal, en los siguientes términos:
…Como se puede apreciar, si bien el Código Orgánico Procesal Penal establece que el nombramiento del defensor no está sujeto a ninguna formalidad, y que la designación del mismo puede hacerse por cualquier medio, no es menos cierto que de ello se deduce la necesidad de que exista la efectiva designación del sujeto como defensor, aunado a lo cual, se requiere que el mismo acepte ese cargo y jure desempeñarlo fielmente ante el Juez, haciéndose constar en acta, para poder actuar en el proceso penal como tal…
(Subrayado de esta Sala).
Ante los precedentes criterios jurisprudenciales, y visto que los accionantes no presentan documento alguno donde conste que efectivamente son los defensores del mencionado ciudadano y presto el juramento de Ley ante el Tribunal de Primera Instancia, consideran quienes aquí deciden, que en el presente caso los accionantes quienes señalan como agraviante al juez segundo en Función de Control, Audiencias y Medidas del Tribunal de Violencia Contra la Mujer de esta Circunscripción Judicial del estado Carabobo, no acreditan su legitimidad a través de nombramiento y debida juramentación ante el Tribunal correspondiente para actuar en la presente acción de amparo, o documento que se corresponda a la actuación principal mediante el cual el juzgado a quo le reconozca esa condición, por lo que esta Sala concluye que la presente acción de a.c. debe declararse inadmisible. Y así se decide.
DECISION
En razón de las precedentes consideraciones, esta Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones en lo Penal y Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE por falta de legitimidad, la acción de a.c. interpuesto por los abogados J.D. y J.D., abogados en ejercicio, quiénes señalan actuar en su condición de Defensores del ciudadano J.A.S.B., titular de la cedula de identidad V- 18.361.746, a quién se le sigue causa penal bajo el N° GP01-S-2013-006718, llevada por el Tribunal en Función de Control, Audiencias y Medidas N° 02 del Tribunal de Violencia Contra la Mujer de este Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, y se sustenta en lo sustentado en los artículos 26, 43, 49.1,3, 51 y el articulo 83 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 4 y 18 de la Ley Orgánica Sobre de A.S.D. y Garantías Constitucionales, contra la supuesta violación de los derechos a la Tutela Judicial Efectiva, al debido proceso y al derecho a la salud, imputable al Tribunal Segundo de Primera Instancia de Control, Audiencia y Medidas del Tribunal de Violencia contra la Mujer de esta Circunscripción Judicial del estado Carabobo; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales. Publíquese, regístrese y notifíquese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, en Valencia, fecha ut supra.
LAS JUEZAS DE LA SALA
MORELA F.B.D.O.D.
E.H.G.
(Ponente)
La secretaria
Abg. Alejandra Blanquis.-
En la misma fecha, se cumplió con lo ordenado.
La Secretaria.
Hora de Emisión: 2:55 PM
