Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 4 de Febrero de 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DE LA REGIÓN CAPITAL

200º y 151º

Parte querellante: I.L.C.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.422.505.

Apoderado judicial: Abogado Mickel Amezquita, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matrícula Nº 97.648.

Parte querellada: Instituto Autónomo de Policía Municipal del Municipio Sucre del Estado Miranda.

Apoderada judicial: Abogada G.B.M.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matrícula Nº 16.814.

Motivo: Querella funcionarial (Pago de prestaciones sociales e intereses moratorios).

Se inicia la presente causa mediante escrito presentado por el ciudadano I.L.C.G., en fecha diez (10) de agosto del año dos mil diez (2010), por ante el Juzgado Superior Noveno en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital (Actuando en sede Distribuidora); una vez que fueron cumplidos los trámites de ley, el precitado Juzgado distribuyó la causa en fecha 10/08/2010, correspondiendo su conocimiento a este Despacho Judicial. En fecha 11/08/2010 el asunto fue recibido ante la Secretaría de este Juzgado. Mediante auto de fecha trece (13) de agosto del año dos mil diez (2010), fue admitida la querella funcionarial interpuesta, y fueron librados los emplazamientos correspondientes, los cuales fueron impulsados por la parte querellante en fecha 09/11/2010; la presente acción fue contestada por la parte querellada. Consecutivamente, el veinte (20) de enero del año dos mil once (2011), siendo la oportunidad prevista para la celebración de la audiencia preliminar conforme a lo previsto en los artículos 103 y 104 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se dejó constancia de la comparecencia de la parte querellada y de la incomparecencia de la parte querellante, en virtud de lo cual no fue posible lograr conciliación alguna. En el presente asunto, no tuvo lugar la tramitación del lapso probatorio previsto en el artículo 105 ejusdem. En fecha veintiocho (28) de enero del presente año, tuvo lugar la celebración de la audiencia definitiva conforme a lo previsto en el artículo 107 de la Ley Especial, y se dejó constancia de la comparecencia de la representación judicial del organismo querellado, y la incomparecencia de la parte querellante.

En fecha, tres (03) de febrero del presente año, el Tribunal dictó el dispositivo del fallo mediante el cual declaró con lugar la querella incoada.

Cumplidas las formalidades contempladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, pasa este Juzgado a dictar sentencia escrita conforme al artículo 108 de la misma Ley.

I

TÉRMINOS EN QUE QUEDÓ TRABADA LA LITIS

La parte querellante solicitó:

Que la Administración sea conminada al pago de las prestaciones sociales que le adeuda, y a la cancelación de los intereses moratorios que se han generado por la demora en el pago de las prestaciones sociales.

Para sustentar su petitorio, la parte querellante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Señaló que comenzó a prestar sus servicios en el Instituto Autónomo Policía del Municipio Sucre a partir del día once (11) de febrero del año dos mil (2000), y que dicha relación funcionarial existió hasta el día veintiuno (21) de mayo del pasado año, cuando renunció de manera voluntaria al cargo «De Sub-Inspector» que desempeñaba.

Destacó que, tras la culminación de la relación funcionarial, no le ha sido posible lograr el pago de las prestaciones sociales generadas a su favor, “a pesar de todas las reclamaciones extrajudiciales realizadas [con el objeto de que le fuera cancelado] lo… [correspondiente] por concepto de prestaciones sociales”.

Precisó que la última remuneración «salario normal» por él percibida alcanzaba la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 3.500,00) equivalente a la cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL BOLÍVARES Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 116,66) diarios; aunado a ello señaló que la última remuneración integral mensual «Salario base para el cálculo de la prestación de antigüedad» por él percibida alcanzaba la cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES BOLÍVARES CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 4.763,89), equivalente a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO BOLÍVARES CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 158,79).

Recalcó que, a su criterio, la Administración le adeuda las siguientes cantidades:

- Por concepto de vacaciones remuneradas correspondientes al periodo 2009-2010, la cantidad de veinticuatro (24) días de salario, y por concepto de vacaciones remuneradas fraccionadas correspondientes al periodo 2010-2011, la cantidad de seis coma veinticuatro (6,24) días de salario; conceptos que fueron estimados por el querellante en la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE BOLÍVARES CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 3.527,79).

- Por concepto de bono vacacional correspondiente al periodo 2009-2010, la cantidad de cuarenta (40) días de salario, y por concepto de bono vacacional fraccionado correspondiente al periodo 2010-2011, la cantidad de diez (10) días de salario; conceptos que fueron estimados por el querellante en la cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 5.833,00).

- Por concepto de bonificación de fin de año fraccionado correspondiente al periodo 2010-2011, la cantidad de veintidós coma cinco (22,5) días de salario; concepto que fue estimado por el querellante en la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 2.624,85).

- Por concepto de prestación de antigüedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de seiscientos (600) días de salario, cuya suma asciende a la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE BOLÍVARES CON NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 44.367,09).

- Por concepto de días adicionales sobre la prestación de antigüedad, de conformidad con lo previsto en el primer aparte del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de noventa (90) días de salario, cuya suma asciende a la cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE (Bs. 14.291,67).

- Por concepto de intereses generados sobre la prestación de antigüedad, de conformidad con lo previsto en el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 26.447,41).

- Los intereses moratorios que devenguen las sumas adeudadas por concepto de prestaciones sociales .

Finalmente, dicha representación fundamentó su acción en los artículos 89 y 92 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo; estimó la acción en la cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UN BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 97.091,87); y solicitó la declaratoria con lugar de la presente querella.

Por otra parte, la profesional del derecho G.B.M.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matrícula Nº 16.814, obrando en su carácter de apoderada judicial especial del Instituto Autónomo de Policía Municipal del Municipio Sucre del Estado Miranda «Según documento poder que le fuera conferido por el ciudadano M.E.F.R., en su carácter de Director Presidente del Instituto en mención» dio contestación a la querella incoada bajo la exposición de los siguientes términos:

Negó y rechazó los hechos y el derecho invocado por la parte querellante como fundamento de su acción.

Reconoció que el hoy querellante prestó sus servicios desde la fecha del 11/02/2000 al 21/05/2010.

Señaló que la pretensión de la parte querellante luce exagerada y contraria a derecho, ya que, a su criterio, dicha representación no estableció los fundamentos empleados que le permitieron estimar la querella en la cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UN BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 97.091,87).

Afirmó que, a su criterio, su representado no está obligado al pago de los intereses que devengue la cantidad precitada, sobre la cual se estimó la totalidad de la acción interpuesta.

Finalmente, solicitó la declaratoria sin lugar de la presente acción.

II

DE LA COMPETENCIA

La presente acción fue interpuesta contra el Instituto Autónomo de Policía Municipal del Municipio Sucre del Estado Miranda, en virtud de la relación de empleo público que existió entre el hoy querellante y el precitado ente. Siendo esto así, este Órgano Jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en los artículos 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, ratifica su competencia para conocer y decidir la presente causa. Y así se decide.

III

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Observa esta Juzgadora que el objeto de la presente querella gira sobre el pretendido pago de las prestaciones sociales generadas a favor del hoy querellante, la cancelación otros conceptos de índole laboral, y el pago de los intereses moratorios generados sobre las prestaciones sociales.

Siendo esto así, recuerda este Tribunal que la parte querellante sostuvo que, tras la presentación de su renuncia, el Organismo querellado ha omitido cancelarle sus prestaciones sociales, otros conceptos de índole laboral (Vacaciones remuneradas no disfrutadas período 2009-2010, vacaciones remuneradas fraccionadas periodo 2010-2011, bono vacacional del periodo 2009-2010, bono vacacional fraccionado periodo 2010-2011, y la bonificación de fin de año fraccionada correspondiente al periodo 2010), y los intereses moratorios generados sobre las prestaciones sociales.

Por otra parte, consta que la parte querellada sostuvo que la pretensión esgrimida por la parte querellante, resulta exagerada y contraria a derecho.

Al respecto, y en cuanto al pago de las prestaciones sociales, observa esta Sentenciadora que la propia Dirección de Recursos Humanos del Ente querellado expidió un documento denominado antecedente de servicios «Cursante al folio 17 de las actas procesales, y cuyo contenido debe tenerse como plena prueba en virtud de no haber sido impugnada en la oportunidad correspondiente por la parte querellada» del cual se desprende: i) Que el ciudadano I.L.C.G., plenamente identificado en autos, comenzó a prestar sus servicios al Ente querellado a partir de la fecha del 11/02/2000, para desempeñar el cargo de Agente, y renunció en fecha 21/05/2010, del cargo de Subinspector que desempeñaba; ii) Que “se esta (sic) tramitando el pago de sus prestaciones sociales”.

Tras la revisión del resto de las actas procesales, quien hoy sentencia observa la existencia de documentos que comprueban la existencia de la relación funcionarial, y por otra parte, la inexistencia de documentos que demuestren la cancelación de las prestaciones sociales que le corresponden al querellante por tal periodo, o en otras palabras, que la representación judicial de la parte querellada hubiere consignado elemento probatorio alguno que permita evidenciar el pago por el referido concepto.

Ahora bien, como quiera que el beneficio a las prestaciones sociales se encuentra consagrado como un derecho previsto en el artículo 92 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y los artículos 8 y 108 de la Ley Orgánica del Trabajo «Norma aplicable por remisión del artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública» estima este Despacho Judicial que debe ordenarse el pago de las prestaciones sociales debidas al hoy querellante, calculadas desde la fecha de su ingreso al servicio del Ente querellado (11/02/2000), hasta la fecha en la cual presentó su renuncia voluntaria (21/05/2010). Y así se decide.

Con relación al pago de las vacaciones vencidas no disfrutadas correspondientes al período 2009-2010, las vacaciones remuneradas fraccionadas correspondientes al periodo 2010-2011, el bono vacacional correspondiente al periodo 2009-2010, el bono vacacional fraccionado correspondiente al periodo 2010-2011, y la bonificación de fin de año fraccionada correspondiente al periodo 2010, quien hoy sentencia de conformidad con lo previsto en los artículos 8 y 224 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como los artículos 23, 24 y 25 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, acuerda el pago de tales conceptos, debido a que al hoy querellante le corresponde -como derecho- el pago de las vacaciones vencidas que no hubiere disfrutado, la cancelación de los bonos vacacionales no percibidos, y las fracciones generadas (Por concepto de vacaciones remuneradas, bono vacacional y bonificación de fin de año) que se hubieren generado desde el primero (1º) de enero del año dos mil diez (2010), hasta el momento en el cual el ciudadano I.L.C.G. renunció al cargo que desempeñaba (21/05/2010), máxime cuando la administración nada demostró a este Tribunal sobre efectiva cancelación de estas obligaciones. Y así se decide.

Finalmente, recuerda este Tribunal que la parte querellante solicitó el pago de los intereses moratorios generados sobre las prestaciones sociales.

Con respecto a los intereses señalados, quien hoy decide afirma que ciertamente el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que el salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata, los cuales se hacen efectivos -y exigibles- una vez culminada la relación laboral; aunado a ello, y también por mandamiento expreso del Constituyente, la demora en el pago de tales conceptos generan intereses. Siendo esto así, es claro que debe acordarse el pago de los referidos intereses, siempre y cuando se comprueben los supuestos para su procedencia.

En cuanto a estos intereses, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 924 proferida en fecha tres (03) de febrero del año dos mil cinco (2005), estableció:

…Los intereses moratorios no son más que la consecuencia de la falta de pago oportuno, del retardo o la mora en la cual incurre el patrono en pagar al trabajador sus prestaciones sociales, al finalizar la relación laboral, dado el uso por el empleador de un capital perteneciente al trabajador, el cual generará intereses a favor de éste, los que se calcularán a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, si son causados después de la entrada en vigencia de la Carta Magna.

Es decir, que el reclamo de dichos intereses generados por la tardanza en el pago de las prestaciones sociales, debe necesariamente computarse después de la extinción de la relación de trabajo, pues se trata de un interés moratorio causado por una tardanza culposa del patrono en no cumplir con su obligación patrimonial frente a su trabajador, que consiste en el pago oportuno de las prestaciones sociales, una vez finalizada su relación laboral.

Por consiguiente, cuando el patrono no paga oportunamente las prestaciones sociales, es decir, cuando no las paga al finalizar la relación de trabajo, surge para el trabajador, además del derecho de reclamar judicialmente tal pago, el derecho a cobrar intereses de mora por el retardo en el cumplimiento del pago…

.

Del citado extracto debe determinarse entonces que los intereses moratorios constituyen la consecuencia -o condena- por la falta de pago oportuno, generada por el retardo o demora en la cancelación de las prestaciones sociales, derecho éste que se hace exigible al momento de consumarse la culminación de la relación laboral; debido a que para el trabajador nace el derecho de reclamar este concepto (intereses moratorios), por la inacción del patrono de cancelar las prestaciones sociales en el tiempo oportuno, se puede concluir que, para el cálculo de los mismos, necesariamente debe computarse el lapso de tiempo transcurrido desde la extinción de la relación laboral, hasta la fecha en la que ocurra el efectivo pago de las prestaciones sociales.

A los efectos de determinar si lo solicitado es procedente, debe este Juzgado verificar la fecha de culminación de la actividad laboral, y la fecha del efectivo pago si la hubiere.

Tras el análisis de los argumentos y las pruebas contenidas en el expediente, ambas partes coinciden en que la parte querellante egresó del Instituto Autónomo de Policía Municipal del Municipio Sucre del Estado Miranda –tras presentar su renuncia voluntaria- en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil diez (2010), mas no consta que la Administración le hubiere cancelado al querellante las prestaciones sociales devengadas. Siendo esto, y como quiera que -hasta la presente fecha- las prestaciones sociales no le han sido canceladas al hoy accionante, debe concluirse que el pago de los intereses moratorios debe computarse desde la fecha en la cual al ciudadano I.L.C.G. le nació el derecho a exigir el pago de sus prestaciones sociales, hasta la fecha en la cual suceda el efectivo pago de las mismas.

Al efectuar un análisis sobre los señalamientos expuestos en el párrafo anterior, se evidencia que han transcurrido ocho (08) meses y catorce (14) días, desde la fecha en que nació la exigibilidad para el cobro de las prestaciones sociales, esto es, desde la fecha del día veintiuno (21) de mayo del año dos mil diez (2010) data en la que el hoy querellante renunció al cargo que desempeñaba; en consecuencia, al quedar constancia en autos de la demora en la cual incurrió la administración, para la cancelación de las prestaciones sociales debidas al hoy querellante, y al no evidenciarse de las actas procesales algún pago efectuado por el organismo querellado para la cancelación de las prestaciones sociales e intereses moratorios que por derecho se le reconocen a la querellante, este Tribunal debe acordar forzosamente el pago de los intereses solicitados. Y así se decide.

A los fines de determinar el monto exacto de lo que se le adeuda a la querellante, por concepto de intereses moratorios, se hace forzoso ordenar la realización de una experticia complementaria del fallo, conforme a los criterios contenidos en la jurisprudencia pacífica y reiterada, y el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, tomando en consideración, como fecha de partida del reconocimiento del derecho, el día en que se hizo exigible el derecho a cobrar las prestaciones sociales, esto es, el veintiuno

(21) de mayo del año dos mil diez (2010), hasta la fecha en la que suceda el efectivo pago de las prestaciones sociales; a los efectos del cálculo respectivo, deberá tomarse en consideración los preceptuado en el artículo 108, literal “C” de la Ley Orgánica del Trabajo, toda vez que es la tasa aceptada por la jurisprudencia reiterada de la jurisdicción contencioso administrativa. Y así se decide.

Por todas las razones expuestas anteriormente quien hoy sentencia declarará con lugar la querella incoada. Y así lo dictaminará en el fallo correspondiente.

IV

DECISIÓN

En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la querella funcionarial ejercida por el ciudadano I.L.C.G., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número V-12.422.505, debidamente asistido por el profesional del derecho Mickel Amezquita, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matrícula Nº 97.648, contra el Instituto Autónomo de Policía Municipal del Municipio Sucre del Estado Miranda. En consecuencia, este Juzgado:

PRIMERO

Ordena el pago de las prestaciones sociales debidas al hoy querellante, calculadas desde la fecha de su ingreso (11/02/2000) al servicio del ente querellado, hasta la fecha en la cual presentó su renuncia voluntaria (21/05/2010).

SEGUNDO

Ordena el pago de las vacaciones vencidas no disfrutadas correspondientes al período 2009-2010, las vacaciones remuneradas fraccionadas correspondientes al periodo 2010-2011, el bono vacacional correspondiente al periodo 2009-2010, el bono vacacional fraccionado correspondiente al periodo 2010-2011; y la bonificación de fin de año fraccionada correspondiente al periodo 2010.

TERCERO

Ordena el pago de los intereses moratorios generados sobre las prestaciones sociales, desde el día veintiuno (21) de mayo del año dos mil diez (2010), hasta la fecha en la que ocurra el efectivo pago de las prestaciones sociales; dichos intereses deberán ser calculados según la tabla publicada por el Banco Central de Venezuela para el cálculo de intereses de antigüedad, como lo dispone el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, tomando en consideración la tasa promedio entre la activa y pasiva referencial de los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país, y en base al rango de fechas comprendido. Acota esta sentenciadora que no operará, para el cálculo de los enunciados intereses de mora, el sistema de capitalización de los mismos, ni serán objeto de indexación, a la luz de los lineamientos dictados por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (En sentencia de fecha 11 de noviembre de 2008 con ponencia del Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, caso: J.S.V.. Maldifassi & CIA C.A.) y el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

CUARTO

Ordena la práctica de una experticia complementaria del fallo, a tenor de lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de precisar las cantidades de dinero adeudas al hoy querellante.

Publíquese, regístrese y notifíquese al Director Presidente del Instituto Autónomo de Policía Municipal del Municipio Sucre del Estado Miranda, al Alcalde del Municipio Sucre y al Síndico Procurador del Municipio Sucre.

Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en la ciudad de Caracas al cuarto (4º) día del mes de febrero del año dos mil once (2011). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

La Juez,

F.L. CAMACHO A. El Secretario,

T.G.L..

En esta misma fecha, al cuarto (4º) día del mes de febrero del año dos mil once (2011) siendo las once horas de la mañana (11:00 a.m.) se publicó y registró el anterior fallo.

El Secretario,

T.G.L..

Asunto: 2841-10

FLCA/TG/jldg

Motivo: Prestaciones Sociales y Otros