Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 28 de Junio de 2013

La Caducidad de la acción y del Procedimiento. En tanto, es aperturado el 16 de septiembre de 2011 y finalizó el 21 de marzo de 2012, habiendo transcurrido la cantidad de seis (6) meses y cinco (5) días, sobrepasando el termino establecido para la tramitación y resolución del expediente por efecto de la investigación, lapso establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Violación al derecho a la defensa y debido proceso. Por cuanto a su decir- hubo una evacuación de pruebas de informes y documentales anticipadas en forma ilegal, con lo cual se viola el debido proceso pro haber promovido y evacuado una prueba sin haber obtenido la orden de instruir el respectivo expediente. Se observa que la prueba de informes fue solicitada el 11 de marzo de 2011 y evacuada el 19 de mayo de 2011 y se ordena la apertura del expediente el 16 de septiembre de 2011. (Documentales impugnadas por la recurrente conforme lo dispone el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, además de no estar certificadas por el órgano de quien emana.

En resumen, las documentales de las cuales quiere valerse la administración para iniciar el procedimiento administrativo, han sido obtenidas con una investigación anticipada en su contra, sin la apertura del procedimiento sobre la averiguación disciplinaria, a la fecha de obtenerse la prueba de informe y documental anteriormente señalada, imputándosele hechos con dichas pruebas ilegales e impertinentes.

Que dichas imputaciones no fueron debidamente sustanciadas, motivadas y mucho menos probadas por el funcionario investigador. Que el funcionario investigador no hizo uso de sus facultades establecidas en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con el objeto de poder convalidar las pruebas de las cuales se quiso hacer valer el Director del Ambulatorio Negra Matea.

Violación a lo establecido en los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, por parte del funcionario investigador, la consultoria jurídica y el funcionario sancionador, quienes no valoraron ni analizaron exhaustivamente las presuntas pruebas de informes y documentales para su apreciación en la decisión definitiva.

Violación de lo dispuesto en los artículos 49 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Por cuanto quien actúa como Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no estableció la nacionalidad, estado civil, numero de cedula de identidad y dirección donde se harán las notificaciones pertinentes.

Que presto servicios como Asistente en Información y Estadísticas de Salud I, el día 12 de enero de 2011 en la Clínica Psiquiatrica de Maracay adscrita a la Corporación de S.d.e.A., donde ha sido contratada por tiempo determinado comprendido por el lapso de un (1) año con un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., es decir, en su tiempo libre del ente donde ejerce el cargo como funcionaria publica fija, lo cual es totalmente falso de toda falsedad, que nada dijo el funcionario investigador que el día 11 de enero de 2011 laboró para el Ambulatorio Negra Matea en el horario de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., lo cual también debió señalarse para el caso, sin embargo hubo un silencio administrativo sobre el particular.

Refirió además que, el horario que cumplía en la Clínica Psiquiatrica de Maracay era de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., contratada por un año, por lo que evidentemente los horarios y la condición contractual eran distintas, es decir, en ningún momento se perjudicaba la relación laboral entre uno y otro.

Que no se cumplió con lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su numeral 5, ante lo cual, a su decir- se esta presente una nulidad absoluta conforme lo dispone el articulo 19 y 69 por la infracción legal observada.

Que le correspondía al investigador demostrar sin lugar a dudas ni ambigüedades quienes tienen participación en un hecho, no demostrándose absolutamente y rotundamente nada en el caso en particular.

Abuso de autoridad, al señalarla como carente de probidad, irresponsable con su trabajo y con si horario. Presunción de inocencia.

No existe dentro del amplio repertorio de leyes de la nación, una que exprese textualmente o de manera solapada interpretativa, la prohibición expresa de que quien se encuentre de reposo medico o con incapacidad medica temporal, sumiendo su riesgo o de salud, decida efectuar cualquier trabajo licito, bien sea remunerada o de salud. No teniendo ninguna autoridad legal ni la potestad ni cualidad quien pretenda sancionar dicha acción personalísima y se estaría extralimitándose e incurriendo en un abuso de autoridad en sus funciones.

Denunció que no reposa documento alguno en el expediente administrativo que indique cual fue el parámetro de medición se utilizó en los informes. No consta que no haya cumplido de forma y manera personal con sus obligaciones laborales en el Ambulatorio Negra Matea y con las funciones inherentes a su cargo, así como, que haya incumplido con el horario que debía cumplir dentro de las horas y fechas establecidas por el organismo donde se desempeñó. Por lo que mal puede aplicarle una sanción de destitución donde existió una falta. Mucho menos la forma desproporcionada y de tal grave que produce su destitución.

El objeto de la pretensión es que mediante la Querella Funcionarial, se dictara sentencia definitiva contra el Acto Administrativo, declarando con lugar la nulidad absoluta de la Resolución Nro. DGRHYAP-DAL/12-000074, de fecha 21 de marzo del año 2012, dictada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, representado por el ciudadanazo (Ej.) C.A.R.C., quien actuó en su carácter de presidente del referido instituto, la cual fue incoada contra la funcionaria publica ciudadana Heize K.G., debiéndosele restituir la situación jurídica infringida en cuanto a la destitución de su cargo.

Finalmente, con base a las razones de hecho y de derecho arriba señaladas solicita que la presente querella sea admitida, tramitada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva. Pido que este tribunal se sirva condenar a la parte querellada en indexación, aplicando la tasa del Banco Central de Venezuela por efecto de la disminución del poder adquisitivo debido a la inflación y el deterioro del valor de la moneda venezolana.

III

DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

Corre inserto a los folios treinta y cuatro (34) al cuarenta y dos (42) del expediente judicial, Notificación personal dirigida a la recurrente de la Resolución DGRHYAP-DAL/12 Nº 000074 de fecha 21 de marzo de 2012, suscrita por el ciudadano PRESIDENTE DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, mediante cual Resuelve su Destitución del cargo de Asistente en Información y Estadísticas de Salud I adscrito al Centro de Ambulatorio Negra Matea del referido Instituto, y es del tenor siguiente:

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

PRESIDENCIA

DGRHYAP-DAL/12 Nº 000075

Caracas, 21 MAR 2012

NOTIFICACION

A la ciudadana HEIZE K.G. (…omissis…)

(…omissis…)

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

PRESIDENCIA”

DGRHYAP-DAL/12 Nº 000074

Caracas, 21 MAR 2012

Ciudadana:

HEIZE K.G.

C.I. Nº V-14.103.473

ASISTENTE EN INFORMACION Y ESTADISTICAS DE SALUD I

Presente.-

RESOLUCION

En mi carácter de Presidente y Representante Legal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S) (…omissis…), en uso de de las facultades y atribuciones que confiere el Articulo 131 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en concordancia con el Articulo 5 numerales 5, 78 y 89 numeral 8 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, he resuelto DESTITUIRLO de conformidad con la Opinión Legal emanada de la Dirección General de Consultoria Jurídica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S) (…omissis…)

Bajo ese contexto, esta Consultoria Jurídica puede concluir, que los argumentos expuestos por la ciudadana HEIZE K.G., resultaron insuficientes para desvirtuar que su conducta fue ímproba, por cuanto se pudo constatar claramente que fue a laborar en la Clínica Psiquiatrica de Maracay, dependencia asistencial de la Corporación de S.d.E.A., estando de reposo medico en el Ambulatorio “NEGRA MATEA”, circunstancia que se deduce de la documental que consta en el folio nueve (9) y once (11) del expediente, motivo por el cual, queda sentado que con su proceder incurrió en la causal de destitución prevista en el numeral 6 del articulo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 33 numerales 1 y 3 Ejusdem.

Por las consideraciones y razonamientos antes expuestos, esta Dirección General de Consultoria Jurídica estima PROCEDENTE aplicar la sanción de DESTITUCION a la ciudadana HEIZA K.G., titular de la cedula de identidad numero V. 14.103.473, quien se desempeña como ASISTENTE EN INFORMACION Y ESTADISTICAS DE SALUD I, cargo numero 92-00490, Código de Origen numero 60208283, adscrita al Ambulatorio “NEGRA MATEA”, ubicado en Maracay, Estado Aragua, por cuanto se logro demostrar a lo largo del procedimiento disciplinario, que se encuentra incurso en la causal de destitución prevista en el articulo 86 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Publica (…omissis…) concatenado con el articulo 33 numerales 1 y 3 ejusdem (…omissis…) toda vez que prestara sus servicios el día 12 de enero de 2011, en la Clínica Psiquiatrica de Maracay, dependencia asistencial de la Corporación de S.d.E.A., mientras se encontraba en situación de Incapacidad Temporal (reposo) durante los días 11 y 12 de enero de 2011, ante el Ambulatorio “NEGRA MATEA” (...omissis…)”. (Mayúsculas y negrillas del original).

IV

CONTESTACIÓN AL RECURSO INTERPUESTO

En el escrito de contestación de la demanda, presentado por la Abogado A.R.C., titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 3.971.887, en su carácter de Apoderada Judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; planteó los siguientes argumentos:

En primer término, niega, rechaza y contradice el tiempo de servicio alegado por la querellante, en tanto, su fecha de ingreso es el 01 de diciembre de 2006.

Luego, niega, rechaza y contradice la caducidad de la acción y del procedimiento de la investigación administrativa en el expediente Nº 0110/11 y menos aun que este viciado de nulidad absoluta ni tampoco la Resolución impugnada, toda vez, que el procedimiento se instruyó cumpliéndose a cabalidad los lapsos procedimentales tal como lo establece la Ley del Estatuto de la Función Publica.

Niega, rechaza y contradice que se no se hayan cumplido las garantías previstas en el articulo 26 y 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela referidas al derecho y al debido proceso pues no es menos cierto que el Instituto actuó apegado conforme a derecho, preservando cada una de las etapas procedimentales garantizando el derecho a la defensa y al debido proceso y respetando garantías y derechos constitucionales y legales establecidos, tanto es así, que al momento para consignar el expediente instruido se podrá demostrar que todas las garantías del proceso le fueron garantizadas.

Niega, rechaza y contradice que se haya evacuado una prueba de informes y documentales anticipada sin ser notificada, siendo falso de toda falsedad que carezca de legalidad por cuanto la Dirección del aludido centro de salud, solicitó al presidente de la Corporación de S.d.e.A., información referente a la ciudadana investigada sin notificarle previamente, destacando que lo hizo en fase investigativa con el objeto de poder recabar los elementos que consideraba pertinentes para solicitar la apertura de la averiguación administrativa.

Niega, rechaza y contradice la incompetencia del Dr. A.P.D.D.R.H. y Administración de Personal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pues, el artículo 89 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, le confiere tal competencia.

Niega, rechaza y contradice que hubiese violación al principio del control de la prueba y el principio de la publicidad, dado que en todo el procedimiento la investigada tuvo su oportunidad procesal para ejercerlos.

Así mismo, destaca que la querellante efectivamente incumplió con su obligación, ya que habiéndosele expedido Certificado de Incapacidad Medico Temporal por los días 11 y 12 de enero de 2011, la misma en contravención de una orden medica prestó sus servicios el día 12 de enero de 2011 en la Clínica Psiquiátrica de Maracay, y en el Ambulatorio Negra Matea, su otro sitio de trabajo no laboró porque se encontraba en estado de incapacidad medica temporal, motivado a ello, quedo sentado que incurrió en falta de probidad.

Por ultimo, solicita el recurso interpuesto sea declarado Sin Lugar en la definitiva.

V

COMPETENCIA

Debe este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente causa.

Mediante Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en fecha 16 de junio del 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concebida como un cuerpo normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales que integran dicha Jurisdicción; por lo que en principio será a partir de las disposiciones de esta Ley, específicamente en su Título III; que se establecerá a que Órgano Jurisdiccional corresponderá el conocimiento de determinado asunto.

Así, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se observa que en el caso de los Juzgados Superiores -artículo 25 numeral 6, determinó entre sus competencias “…demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública…”.

No obstante lo anterior, no se puede obviar el principio de especialidad que reviste a ciertas leyes, lo que conlleva a que una determinada ley se aplique con preferencia a otra respecto a una especial materia, principio éste recogido en la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando en su artículo 1 –ámbito de aplicación- hace alusión a “salvo lo previsto en leyes especiales”; por lo que siendo la función pública una materia especial al encontrar su regulación en la Ley del Estatuto de la Función Pública, es que debe dársele aplicación preferente a dicha ley.

En este sentido, es menester resaltar que la competencia a que se refiere la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, es la relativa al grado en que conocerán los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso administrativo, al señalar que “…son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley…”, aspecto que no fue modificado por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que se ratifica con lo dispuesto en su artículo 25 numeral 6.

Por lo tanto, al constatarse de autos que la querellante mantuvo una relación de empleo público para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, lo cual dio origen a la interposición del presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, se estima que se encuentran configurados los supuestos de procedencia para que este Tribunal Superior entre a conocer y decidir la presente causa, y así se decide.

VI

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Precisado lo anterior, se evidencia que la pretensión esgrimida por la parte recurrente se circunscribe a la nulidad por razones de ilegalidad e inconstitucionalidad del acto administrativo contenido en la Resolución DGRHYAP-DAL/12 Nº 000074 de fecha 21 de marzo de 2012, suscrita por el ciudadano PRESIDENTE DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, mediante cual Resuelve su Destitución del cargo de Asistente en Información y Estadísticas de Salud I adscrito al Centro de Ambulatorio Negra Matea del referido Instituto.

PUNTO PREVIO:

En primer término, arguye la representación judicial del recurrido, como punto previo la fecha impresa de ingreso de la actora, por lo que niega, rechaza y contradice el tiempo de servicio alegado por la querellante, en tanto, su fecha de ingreso es el 01 de diciembre de 2006.

En este punto, relata la actora que el día 01 de junio de 2.004 comenzó a prestar sus servicios personales, subordinada e ininterrumpidamente, en el cargo de Asistente en Informática y Estadística de Salud I, en el Ambulatorio Negra Matea. Que el (13) de Diciembre del año 2006, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través de su Presidente, resolvió en otorgarle el cargo de Técnico Registro y Estadísticas Salud I, cumpliendo sus funciones en el Ambulatorio Negra Matea, código de origen 60208283, correspondiente al cargo número 92-00490, según resolución número 9346, la cual rige a partir del día primero (01) de diciembre del año 2006, como funcionaria publica fija, perdurando en la prestación de sus servicios el tiempo de siete (07) años cumplidos discriminados en la forma siguiente: dos (02) años y seis meses en espera de cargo, contratada verbalmente, y cinco (05) años y tres (03) meses con el cargo fijo, laborando en un horario comprendido desde la 01:00 P.M. A 07:00 P.M., devengando un salario mensual de 3.311,00, equivalente a un salario diario normal de Bs. 77,03.

A este respecto, observa este Tribunal Superior que no se desprende a los autos elemento alguno que logre demostrar o comprobar lo argüido por la actora, toda vez, que al expediente administrativo riela solo Nombramiento de fecha 16 de diciembre de 2006 de la ciudadana Heize González, en el cargo de Técnico de Registros y Estadísticas de Salud I, con vigencia a partir del 01 de diciembre de 2006, estableciéndose a todos los efectos legales la referida fecha de ingreso. De tal modo, que dicho argumento carece de fundamento lógico-jurídico que lo sustente, razón por la cual se desecha por Improcedente, así se decide.-

Dilucidado lo anterior este Órgano Jurisdiccional pasa a analizar cada uno de los vicios delatados por la actora, y lo hace en los términos siguientes:

1. - DE LA PRETENDIDA VIOLACION AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFENSA.

   Delata la parte actora la violación al derecho a la defensa y debido proceso, por cuanto a su decir- hubo una evacuación de pruebas de informes y documentales anticipadas en forma ilegal, con lo cual se viola el debido proceso por haber promovido y evacuado una prueba sin haber obtenido la orden de instruir el respectivo expediente. Se observa que la prueba de informes fue solicitada el 11 de marzo de 2011 y evacuada el 19 de mayo de 2011 y se ordena la apertura del expediente el 16 de septiembre de 2011. (Documentales impugnadas por la recurrente conforme lo dispone el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, además de no estar certificadas por el órgano de quien emana).

   En relación al derecho a la defensa alegada por la parte querellante, aprecia la Corte que el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:

   Artículo 49.- El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

   1.- La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley (…)

   .

   En referencia al debido proceso, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 742 de fecha 19 de junio de 2008 (caso: S.O.P.M.), señaló lo siguiente:

   Al respecto, se observa que en forma reiterada esta Sala ha sostenido que el debido proceso previsto en el artículo 49 del Texto Fundamental, dentro del cual se encuentran contenidos -entre otros- el derecho a la defensa (numeral 1), es un derecho aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, teniendo su fundamento en el principio de igualdad ante la Ley, en función del cual las partes deben tener las mismas oportunidades, tanto en la defensa de sus respectivos derechos como en la producción de las pruebas destinadas a acreditarlos.

   Asimismo, se ha precisado que se trata de un derecho complejo que encierra dentro de sí, un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el procesado, entre los que figuran, el derecho a acceder a la justicia, a ser oído, a ejercer los recursos legalmente establecidos, a que la decisión sea adoptada por un órgano competente, independiente e imparcial, a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, a un proceso sin dilaciones indebidas, a la ejecución de las decisiones, entre otros, que se vienen configurando a través de la jurisprudencia. Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los ocho numerales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental. (Vid. Sentencia Nro. 1.976 del 5 de diciembre de 2007, caso R.G.P. contra Contralor General de la República).

   .

   En este sentido, y en cuanto al derecho a la defensa, la referida Sala Político Administrativa en sentencia Nº 610 de fecha 15 de mayo de 2008, caso: A.J.P.R.), señaló lo siguiente:

   Sobre el particular debe indicarse, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que el derecho a la defensa se concreta a través de diversas manifestaciones, tales como; el derecho a ser oído, a ser notificado del procedimiento, a tener acceso al expediente, a presentar pruebas, a ser informado de los recursos y medios de defensa disponibles frente a los actos dictados por la Administración, entre otras manifestaciones que la jurisprudencia ha desarrollado. Por otra parte, el debido proceso encuentra su expresión en un grupo de garantías procesales, entre las cuales se destaca el acceso a la justicia y a los recursos legalmente establecidos, así como el derecho a un tribunal competente y a la ejecución del procedimiento correspondiente.

   Conforme a los criterios sentados en las sentencias parcialmente transcritas, concluye esta Juzgadora que el derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas.

   Ello así, el derecho al debido proceso conjuntamente con el derecho a la defensa, constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos, por ello, no puede la Administración, en uso de su potestad sancionatoria, actuar con carácter meramente discrecional, sin observar los procedimientos establecidos normativamente. En otras palabras, no puede actuar sin la necesaria observancia de los principios constitucionales relacionados al debido proceso y a la defensa, pues ello implicaría un total menoscabo a dichos derechos, y una contravención a los postulados y principios del Estado Social de Derecho y de Justicia, propugnado por el Constituyente Venezolano. (Vid. Sentencia de la Corte SCA Nº 2008-2056, de fecha 12 de noviembre de 2008, Caso: M.H.R.A. contra el Estado Falcón por órgano de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcón).

   En efecto, la Ley le confiere a la Administración la potestad para imponer sanciones, pero para ello, tal como se señaló, la Constitución vigente consagra el derecho al debido proceso tanto en las actuaciones judiciales como en las administrativas, máxime si éstas son expresiones del ejercicio de la potestad sancionatoria, siendo el procedimiento una condición de suma importancia a los fines de imponer sanciones disciplinarias.

   Es por ello, que el procedimiento sancionatorio constituye una verdadera garantía para el pleno ejercicio del derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 de la Constitución vigente, pues implica la participación efectiva de los interesados en la defensa de sus derechos, la cual encuentra concreción en la estructura misma del procedimiento, es decir, en sus fases de acceso al expediente, alegatos, pruebas e informes.

   Ahora bien, la parte recurrente denuncia como hecho violatorio del debido proceso y derecho a la defensa, por cuanto hubo una evacuación de pruebas de informes y documentales anticipadas, promoción y evacuación efectuada sin haber obtenido la orden de instruir el respectivo expediente. Observando que la prueba de informes fue solicitada el 11 de marzo de 2011 y evacuada el 19 de mayo de 2011 y se ordena la apertura del expediente el 16 de septiembre de 2011.

   A este respecto, se precisa que conforme al principio de control de la prueba la parte contra quien se opone el medio probatorio, debe gozar de la oportunidad procesal para conocerla y contradecirla en aras de poder desvirtuar su contenido y efectos.

   Sobre el particular, logra evidenciar este Órgano Jurisdiccional que efectivamente las documentales a que hace referencia la parte actora, constituyen instrumentales formadas con anterioridad a la apertura e instrucción del procedimiento administrativo impugnado, y las cuales fueron valoradas por parte de la Administración en el acto administrativo recurrido.

   En conexión con lo anterior, es preciso indicar que las referidas documentales corrientes a los folios ciento veintidós (122) al ciento veinticinco (125) del expediente judicial, es parte de la instrucción del expediente, realizada con la finalidad de determinar si existían indicios o circunstancias que llevasen a formular cargos al funcionario o los funcionarios investigados, visto esto, mal podía dichas documentales ser controladas por la hoy recurrente dado que éstas formaban parte de las averiguaciones previas para la determinación de si existen motivos suficientes para la determinación de cargos consecuente.

   Al respecto, el autor Peña Solís señala lo siguiente:

   …Pareciera lógico que la Administración, sobre todo cuando se trate de denuncias, y requerimientos de los titulares de órganos y entes del sector público, que antes de acordar iniciar el procedimiento sancionatorio, realizase las denominadas actuaciones previas, con la finalidad de determinar en un plazo perentorio si efectivamente existen indicios o circunstancias que aconsejen iniciar el procedimiento.

   (…)

   Como se trata de una mera constatación de hechos y de identificación de los presuntos responsables, constituye un error de algunos ordenamientos pretender convertir a las actuaciones previas en una especie de ‘mini’ Procedimiento sancionatorio, con participación de los presuntos responsables, inclusive abriendo una fase probatoria, pues éstas al perseguir la indicada finalidad deben ser cumplidas únicamente por la Administración, sin que formen parte del procedimiento, el cual como es obvio todavía en esa etapa resulta inexistente…

   (Peña Solís, José. “La Potestad Sancionatoria de la Administración Pública Venezolana”, Tribunal Supremo de Justicia, pp. 401-402).

   En este mismo orden de ideas, es oportuno destacar que la Administración incorporó al expediente las referidas documentales, la cual constituía serio indicio o elemento de convicción acerca de la comisión de los hechos imputados a la recurrente para la correspondiente determinación de cargos, siendo que en el curso del mismo, las mencionadas documentales podían ser valoradas conforme al principio de adquisición procesal de la prueba, en virtud del cual y según lo expresado por el procesalista J.E.C.R., “…todo lo que tenga significación probatoria que ingrese al proceso, así no se incorpore como producto de pruebas ofrecidas por los sujetos procesales, podrá ser valorado por el juez, siempre que la incorporación del hecho haya sido, o haya podido ser, controlado por las partes, y que exista oportunidad y posibilidad en la causa de contradecir lo que el hecho arroja…” (Cabrera Romero, E.J.. “Tendencias Actuales del Derecho Constitucional”, Tomo II, pp. 321-329).

   Ello así, dichos Oficios constituyen un medio probatorio útil, legal, pertinente y necesario en virtud de que dichos documentos resultaron determinantes para la comprobación de los hechos objeto de la investigación que configuraron finalmente las faltas graves imputadas a la funcionaria.

   Visto lo anterior, no puede considerarse que la Administración incurrió en la violación del principio de control de la prueba, puesto que la recurrente durante el transcurso del procedimiento administrativo y sobre en esta Instancia Judicial, gozó de la oportunidad procesal para conocer y contradecir dichos documentos aportados por la Administración. Así se decide.

   De otra parte la parte actora, relata que las documentales corrientes a los folios 08 al 11 del expediente administrativo, fueron impugnadas de conformidad con el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil por tratarse de copia simple, además alegando que “no están certificadas por el órgano de quien emana, refiriéndose a la Corporación de S.d.E.A., sino que han sido certificadas por el director del ambulatorio Negra Matea (…omissis…) es decir, la certificación carece de legalidad por cuanto el funcionario que los certifican no es el competente para certificar una copia que emana de un ente del Estado Aragua, evidenciándose la usurpación de funciones que le corresponde al ente estadal y no al director del ambulatorio Negra Matea (…)”

   En este sentido, no puede dejar de observar este Órgano Jurisdiccional los alegatos contradictorios que refiere la actora, en cuanto a que en primer termino aduce la impugnación de las documentales que corren insertas a los folios ocho (08) al once (11) del expediente administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil y, mas adelante alude, la usurpación de funciones por cuanto dichas documentales se encuentran certificadas “(…) por el director del ambulatorio Negra Matea (…omissis…) es decir, la certificación carece de legalidad por cuanto el funcionario que los certifican no es el competente para certificar una copia que emana de un ente del Estado Aragua (…)”.

   Así pues, mal puede la parte actora alegar la impugnación de copias simples de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, cuando luego aduce la usurpación de funciones por cuanto dichas documentales se encuentran certificadas por una autoridad distinta. Razón por la cual debe este Órgano jurisdiccional desechar por carecer de fundamento lógico que sustente el argumento de la impugnación de copias simples de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, además de resultar contradictorio e incongruente, y así se decide.-

   En lo atinente a la anterior argumentación de la usurpación de funciones expuesta por la parte querellante en el presente proceso, observa este Tribunal que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión Número 01915, de fecha 28 de noviembre de 2007, ha proferido lo siguiente:

   ... se incurre en usurpación de funciones cuando una autoridad legítima dicta un acto invadiendo la esfera de competencia de un órgano perteneciente a otra rama del Poder Público, violentando de ese modo las disposiciones contenidas en los artículos 136 y 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de los cuales se consagra, por una parte, el principio de separación de poderes, según el cual cada rama del Poder Público tiene sus funciones propias, y se establece, por otra parte, que sólo la Constitución y la ley definen las atribuciones del Poder Público y a estas normas debe sujetarse su ejercicio. De manera que al invadirse la esfera de atribuciones que es propia de otro órgano del Poder Público, se estaría incurriendo en una incompetencia manifiesta, lo cual se traduce necesariamente en la nulidad del acto impugnado...

   .

   (Sent. SPA Nº 06589 de fecha 21 de diciembre de 2005, caso: Seguros Banvalor, C.A.)”

   En este sentido, se destaca que mal puede la actora pretender la ilegalidad de la referida documental, en tanto, la Certificación aludida solo convalida que la traída a los autos, es copia fiel y exacta de su original como órgano receptor del mismo (presumiblemente presentada a efectos videndi), más en ningún momento certifica la actividad administrativa de la Corporación de S.d.e.A., a los efectos de remitir al requerida información. Razón por la cual este Tribunal desestima dicho argumento, y así se decide.

   De seguidas la actora arguye que el funcionario investigador no hizo uso de sus facultades establecidas en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con el objeto de poder convalidar las pruebas de las cuales se quiso hacer valer el Director del Ambulatorio Negra Matea.

   A este respecto, conviene destacar lo que dispone la norma aludida por la actora, la cual es del tenor siguiente:

   Artículo 54. La autoridad administrativa a la que corresponda la tramitación del expediente, solicitará de las otras autoridades u organismos los documentos, informes o antecedentes que estime convenientes para la mejor resolución del asunto.

   Cuando la solicitud provenga del interesado, éste deberá indicar la oficina donde curse la documentación.

   Artículo 55. Los documentos, informes y antecedentes a que se refiere el artículo anterior, deberán ser evacuados en el plazo máximo de quince (15) días si se solicitaren de funcionarios del mismo organismo y de veinte (20) días en los otros casos.

   Si el funcionario requerido considerare necesario un plazo mayor, lo manifestará inmediatamente al requeriente, con indicación del plazo que estime necesario, el cual no podrá exceder en ningún caso del doble del ya indicado.

   De la norma supra transcrita, se puede colegir claramente que la premisa bajo la cual se encuentra regida la norma aludida, no guarda conexión alguna con el hecho denunciado por la parte actora, toda vez, que la misma establece un plazo de ejecución o evacuación de los informes que sean requeridos en el marco de la sustanciación o tramitación de un procedimiento administrativo, resultando totalmente contrario a la actividad desplegada por la Administración mediante averiguaciones previas para la determinación de si existen motivos suficientes o no para la apertura y posterior sustanciación del procedimiento administrativo de carácter sancionatorio consecuente. Razón por la cual se desecha la denuncia planteada en este sentido, y así se decide.-

2. - DE “LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO”.

   Delató la parte actora la “Caducidad de la acción y del Procedimiento”, en tanto, es aperturado el 16 de septiembre de 2011 y finalizó el 21 de marzo de 2012, habiendo transcurrido la cantidad de seis (6) meses y cinco (5) días, sobrepasando el termino establecido para la tramitación y resolución del expediente por efecto de la investigación, lapso establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

   Al efecto, conviene destacar por este Órgano Jurisdiccional que lo alegado por la actora como fundamento a lo denunciado, en nada converge con la Institución de la Caducidad de la acción, toda vez, que esta deviene en razón de haber transcurrido un lapso fijado por el legislador para hacer valer un derecho, lapso de carácter procesal y, como tal, transcurre fatalmente y no es susceptible de interrupción, ni de suspensión. Es un aspecto de gran importancia dentro del proceso, dado su carácter de ordenador y su vinculación con la seguridad jurídica garantizado en nuestro sistema democrático y social de Derecho y de justicia.

   En efecto, la finalidad del lapso de caducidad es la materialización de la seguridad jurídica y el aseguramiento de que tras el transcurso del lapso que establece la ley, se extinga el derecho de toda persona al ejercicio de la acción que el ordenamiento jurídico le autorice; ello para evitar que acciones judiciales puedan proponerse indefinidamente en el tiempo, lo cual, obviamente incidiría negativamente en la seguridad jurídica.

   Ahora, la actora denuncia lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, los cuales prevén:

   Artículo 60. La tramitación y resolución de los expedientes no podrá exceder de cuatro (4) meses, salvo que medien causas excepcionales, de cuya existencia se dejará constancia, con indicación de la prórroga que se acuerde.

   La prórroga o prórrogas no podrán exceder, en su conjunto, de dos (2) meses.

   Artículo 61. El término indicado en el artículo anterior correrá a partir del día siguiente del recibo de la solicitud o instancia del interesado o a la notificación a éste, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio.

   De las normas supra transcritas, se desprende que aquellos procedimientos administrativos que requieren sustanciación, el lapso para la tramitación y decisión no puede exceder de cuatro (4) meses, salvo que medien causas excepcionales, en cuyo caso, se otorgará una prórroga que no podrá exceder de dos (2) meses.

   Asimismo, es necesario señalar, que en aquellos procedimientos iniciados de oficio, que culminaron con la resolución sancionatoria, la Administración debe en un primer momento, efectuar la notificación de los interesados, oportunidad en el cual, comienza a computarse el lapso de resolución del procedimiento.

   En tal sentido, el referido artículo 61 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en modo alguno contempla que cuando sea incumplido el lapso para decidir el procedimiento administrativo contenido en el artículo 60 eiusdem, acarreará la extinción del procedimiento administrativo; así como tampoco contempla –como erradamente denunció la parte recurrente en su escrito libelar- la figura de la “caducidad”.

   Pues, tal previsión así como el artículo 60 de la misma Ley sólo aluden al lapso que posee la Administración para decidir los asuntos que son sometidos a su consideración o los procedimientos que la misma decide iniciar, lo cual se traduce en una exigencia que obedece a la necesidad de ordenar la actividad que aquélla desarrolla y de garantizar la celeridad en sus actuaciones y, por ende, su eficacia; mas, debe precisarse, no está prevista en nuestra legislación una causal de nulidad de los actos de la Administración referida, per se, a la decisión extemporánea de los procedimientos [Vid. sentencia Nº 486 del 23 de febrero de 2006, dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia].

   No obstante, estima esta sentenciadora que lo denunciado por la recurrente como vicio es el hecho de que la sustanciación del procedimiento disciplinario que se le aplicó, no se llevó a cabo dentro del lapso de cuatro (4) meses establecido para su instrucción, prorrogables por cuatro (4) meses más, tal y como lo establece el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

   Así, esta juzgadora destaca que en tal caso, lo que operaria sería la prescripción o decaimiento y no la caducidad de la acción, a lo cual cabe agregar, que si bien es cierto que el procedimiento administrativo en referencia tuvo una duración mayor a la estipulada en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, no es menos cierto que la tardanza en nada conculcó los derechos constitucionales de la accionante, pues, ésta participó en la instancia administrativa a los fines de exponer sus respectivas defensas, con todas y cada una de sus garantía constitucionales, asimismo, pudo ejercer el recurso judicial respectivo a los fines de impugnar dicha decisión administrativa. (Vid sentencia Nº 2007-2280 de fecha 17 de diciembre de 2007 de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, caso H.R.P.L. contra la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas).

   Aunado a lo anterior, debe esta Instancia Judicial señalar, que el hecho de que un acto administrativo sea dictado con posterioridad al vencimiento del lapso legalmente establecido para ello, no lo vicia necesariamente de nulidad. La obligación de resolver dentro de un lapso determinado en la ley, tiene por objeto dar un tiempo prudencial para que el administrado obtenga una decisión en relación al asunto conocido en sede administrativa. Sin embargo, esta juzgadora no puede dejar de advertir que ello no exime a la Administración de cumplir con el lapso indicado en la ley.

   Sobre el retardo de la Administración en producir decisiones, es oportuno señalar que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión Nº 00054 publicada en fecha 21 de enero de 2009, estableció mediante criterio reiterado, lo siguiente:

   Asimismo, en cuanto a la violación al artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, esta Sala en ocasiones anteriores ha establecido que:

   ‘esta actuación que se imputa a la Administración no constituye por sí sola, en principio, un vicio que afecte directamente la validez del acto administrativo y por tanto no implica la nulidad del mismo.

   El retardo de la Administración en producir decisiones acarrea, en todo caso, la responsabilidad del funcionario llamado a resolver el asunto en cuestión, pues el mismo, ciertamente, transgrede el contenido del artículo 41 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, conforme al cual las autoridades y funcionarios competentes deben observar los términos y plazos legalmente establecidos, para el despacho de los asuntos sometidos a su consideración. Esta responsabilidad, tanto de los funcionarios como de las demás personas que presten servicios en la Administración Pública, se encuentra expresamente consagrada en los artículos 3 y 100 eiusdem.

   Una denuncia como la que aquí se examina, sólo prosperaría en caso de que el retardo constituya un menoscabo a los derechos e intereses del particular, cuestión que no ha sido esgrimida en el caso de autos, resultando por tanto infundado el presente alegato. Así se declara (…)’ (Resaltado de este tribunal) (sentencia Nº 01505 de fecha 18 de julio de 2001).

   Conforme la decisión parcialmente transcrita, esta sentenciadora considera conveniente recordar que si bien la actuación de los órganos administrativos en todo momento debe sujetarse a las normas jurídicas aplicables, no menos cierto es que además debe orientarse a cumplir una serie de principios que constituyen una pieza fundamental dentro del procedimiento que se trate.

   Acerca de los principios que rigen el procedimiento administrativo, H.R.d.S., en su obra “Procedimiento Administrativo” expresó:

   De toda la normativa, que será objeto de un análisis posterior, vigente en lo ordenamientos jurídicos, así como en la materia, se evidencia que, en la regulación de los procedimientos administrativos existen una serie de postulados que están siempre presentes, bien de forma expresa, o bien porque subyacen como motivación intrínseca de las normas reguladora. A tales postulados podemos denominar ‘Principios’, porque son rectores del procedimiento administrativo en abstracto, constituyendo proposiciones fundamentales que condicionan el sistema en base al cual se erigen. Tales postulados pueden o no ser formulados, porque, como bien lo expresa Moles Caubet, los principios jurídicos no pueden estar incorporados literalmente en la norma, constituyendo el ‘Derecho detrás del Derecho’, por lo cual se les puede denominar ‘principios con trascendencia jurídica, o bien, pueden estar incorporados, constituyendo así norma condicionante de las otras.

   (…) podemos enunciarlos enmarcados en tres grandes categorías: la primera constituida por el principio de Legalidad que es extrínseco al procedimiento, porque es una regla común de toda actividad administrativa; en la segunda quedarán comprendidos los que constituyen garantías jurídicas de los administrados, en el sentido de que aseguran o salvaguardan sus intereses durante el procedimiento, y, en la tercera, los que están dados, fundamentalmente, para garantizar la eficacia de la actuación administrativa (…)

   .

   Como se advierte, la doctrina expuesta clasifica los principios reguladores del procedimiento administrativo en tres grandes grupos: a) El principio de legalidad; b) Los principios relativos a las garantías jurídicas de los administrados, como son los principios de audire alteram partem o principio de contradictorio administrativo, de igualdad de los participantes en el procedimiento, de publicidad de las actuaciones y de motivación del acto administrativo; y, c) Los principios que garantizan la eficacia de la actuación administrativa, tal es el caso de los principios de: economía procedimental, preclusividad, flexibilidad de los lapsos, de actuación de oficio o inquisitivo y de control jerárquico. En el procedimiento de averiguaciones administrativas es indiscutible que el principio de legalidad debe tenerse presente a lo largo del mismo (Vid. Sentencia dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, Número 2008-37 de fecha 22 de enero de 2008, caso: E.R.I.G., contra el Ministerio del Trabajo (hoy Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social).

   Así pues, conforme al principio de flexibilidad de los lapsos y de formalismos moderado del procedimiento administrativo, quiere hacerse alusión a la idea de un alejamiento respecto de todo formalismo, como un principio de informalidad administrativa, que acertadamente recoge la legislación procedimental, aceptando la posibilidad de efectuar alegaciones en cualquier momento del procedimiento administrativo, posibilidad de utilizar cualquier medio de prueba (flexibilidad probatoria) el no establecimiento de una articulación de fases con sucesión preclusiva, intrascendencia de los errores en la calificación de los recursos, el principio de conservación del acto, entre otros. (Vid. ARAUJO JUÁREZ, José: “Principios Generales del Derecho Administrativo Formal”. Vadell Hermanos Editores. Valencia, Venezuela, 1989. Pp 102).

   Conforme a lo anterior, la preclusión en el procedimiento administrativo no rige con el mismo rigor que en el proceso civil, entendiéndose entonces, que tanto los interesados como la Administración, pueden formular alegatos y aportar pruebas durante todo el período de tramitación y sustanciación del procedimiento, siempre que no se hubiera dictado la decisión definitiva que ponga fin al procedimiento.

   Por otra parte, los principios reguladores de los procedimientos administrativos se encuentran vinculados con las garantías de los administrados, que también entran en juego en la etapa de sustanciación del procedimiento administrativo. En efecto, se tendrán en cuenta tales principios cuando el órgano sustanciador procede a citar para escuchar las declaraciones de aquellos sujetos que pudieran tener vinculación con los hechos investigados, los que deberán tener derecho a que se les escuche, a que se les trate en igualdad de condiciones respecto a los demás investigados en el procedimiento administrativo, a que la Administración valore sus intervenciones de manera imparcial, a tener acceso a las actuaciones recogidas en el expediente administrativo y a que la decisión definitiva que se adopte se encuentre debidamente motivada. En suma, a que se garantice el derecho a la defensa, derecho éste que fue analizado en el presente fallo. (Vid sentencia dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Número 2007-2280, de fecha 17 de diciembre de 2007, caso: H.R.P.L., contra la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas).

   Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Jurisdiccional considera necesario destacar que si bien es cierto que la averiguación disciplinaria se excedió de la previsión legal y reglamentaria, no es un vicio relevante capaz de producir la nulidad de lo actuado, máxime cuando la administración en la sustanciación del expediente disciplinario no menoscabó o coartó el derecho a la defensa y al debido proceso a la investigada, ni paralizó la investigación, ya que en todo momento se estuvieron realizando trámites procesales. Por ello este Órgano Jurisdiccional desecha tal argumento. Así se decide.

   3) DE LA VIOLACION A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 12 Y 509 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

   Aduce la parte actora la violación a lo establecido en los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, por parte del funcionario investigador, la consultoria jurídica y el funcionario sancionador, quienes no valoraron ni analizaron exhaustivamente las presuntas pruebas de informes y documentales para su apreciación en la decisión definitiva.

   Ello así, observa esta Juzgadora que lo denunciado por la parte actora esta fundamentado concretamente en el vicio de silencio de pruebas, en tal sentido, cabe destacar que con respecto al referido vicio la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido (Vid. entre otras sentencia de la Sala Nº 1.614 de fecha 29 de noviembre de 2011, caso: G.M.Q.V.. Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente) que el Juez tiene la obligación de analizar todos los elementos probatorios cursantes en autos, aun aquellos que a su juicio no fueren idóneos para ofrecer algún elemento de convicción, expresando siempre su criterio respecto de ellos, de conformidad con lo previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, pues al no realizarse la debida valoración de los medios probatorios, el juez no expresa las razones de hecho y de derecho que motivan el fallo.

   Ahora bien, conviene advertir que si la valoración que haga el Juez sobre los medios probatorios para establecer sus conclusiones, se aparte o no coincida con la posición de alguna de las partes procesales, no debe considerarse como silencio de pruebas; por el contrario, sólo podrá hablarse de silencio de pruebas, cuando el Juez en su decisión, ignore por completo, no juzgue, aprecie o valore algún medio de prueba cursante en los autos y quede demostrado que dicho medio probatorio pudiese, en principio afectar el resultado del juicio. (Vid. sentencia Nº 01134 de fecha 30 de octubre de 2012, dictada por la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia).

   Así, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, resulta evidente el deber de todo Juez de realizar el examen de todas las pruebas aportadas por las partes, a fin de que la verdad procesal surja del análisis y concatenación del conjunto de ellas, por consiguiente, la inmotivación del fallo por silencio de pruebas se producirá entonces cuando el Juez en el desarrollo de su labor jurisdiccional, ignore totalmente la pruebas cursante en los autos, sin atribuirle sentido o peso específico de ningún tipo y quede demostrado que dicho medio probatorio podría afectar el resultado del juicio. (Vid. Sentencia Nº 01507, dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 7 de junio 2006, en el caso: E.J.P.S. VS. LA SOCIEDAD MERCANTIL C.V.G. FERROMINERA ORINOCO COMPAÑÍA ANÓNIMA).

   En tal sentido, debe destacar este Órgano Jurisdiccional que en el escrito libelar la parte actora fundamentó el vicio de silencio de pruebas en la supuesta falta de valoración por parte del funcionario investigador, la consultoria jurídica y el funcionario sancionador, de las presuntas pruebas de informes y documentales que rielan a los folios ocho (08) al once (11) del expediente administrativo, para su apreciación en la decisión definitiva.

   A este respecto, observa este Órgano Jurisdiccional que las documentales a que hace referencia la actora, no son otras sino las instrumentales que en todo momento aduce su ilegalidad, amen de ser documentales que forman parte de las averiguaciones previas efectuadas por la Administración para la determinación de si existen motivos suficientes para la apertura y sustanciación del procedimiento administrativo consecuente.

   No obstante ello, esta Juzgadora debe señalar que en el acto impugnado se observa lo siguiente:

   REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

   MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

   INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

   PRESIDENCIA

   DGRHYAP-DAL/12 Nº 000075

   Caracas, 21 MAR 2012

   NOTIFICACION

   A la ciudadana HEIZE K.G. (…omissis…)

   (…omissis…)

   REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

   MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

   INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

   PRESIDENCIA”

   DGRHYAP-DAL/12 Nº 000074

   Caracas, 21 MAR 2012

   Ciudadana:

   HEIZE K.G.

   C.I. Nº V-14.103.473

   ASISTENTE EN INFORMACION Y ESTADISTICAS DE SALUD I

   Presente.-

   RESOLUCION

   En mi carácter de Presidente y Representante Legal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S) (…omissis…), en uso de de las facultades y atribuciones que confiere el Articulo 131 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en concordancia con el Articulo 5 numerales 5, 78 y 89 numeral 8 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, he resuelto DESTITUIRLO de conformidad con la Opinión Legal emanada de la Dirección General de Consultoria Jurídica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S) (…omissis…)

   Bajo ese contexto, esta Consultoria Jurídica puede concluir, que los argumentos expuestos por la ciudadana HEIZE K.G., resultaron insuficientes para desvirtuar que su conducta fue ímproba, por cuanto se pudo constatar claramente que fue a laborar en la Clínica Psiquiatrica de Maracay, dependencia asistencial de la Corporación de S.d.E.A., estando de reposo medico en el Ambulatorio “NEGRA MATEA”, circunstancia que se deduce de la documental que consta en el folio nueve (9) y once (11) del expediente, motivo por el cual, queda sentado que con su proceder incurrió en la causal de destitución prevista en el numeral 6 del articulo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 33 numerales 1 y 3 Ejusdem.

   Por las consideraciones y razonamientos antes expuestos, esta Dirección General de Consultoria Jurídica estima PROCEDENTE aplicar la sanción de DESTITUCION a la ciudadana HEIZA K.G., titular de la cedula de identidad numero V. 14.103.473, quien se desempeña como ASISTENTE EN INFORMACION Y ESTADISTICAS DE SALUD I, cargo numero 92-00490, Código de Origen numero 60208283, adscrita al Ambulatorio “NEGRA MATEA”, ubicado en Maracay, Estado Aragua, por cuanto se logro demostrar a lo largo del procedimiento disciplinario, que se encuentra incurso en la causal de destitución prevista en el articulo 86 numeral 6 de la Ley del Estatuto de la Función Publica (…omissis…) concatenado con el articulo 33 numerales 1 y 3 ejusdem (…omissis…) toda vez que prestara sus servicios el día 12 de enero de 2011, en la Clínica Psiquiatrica de Maracay, dependencia asistencial de la Corporación de S.d.E.A., mientras se encontraba en situación de Incapacidad Temporal (reposo) durante los días 11 y 12 de enero de 2011, ante el Ambulatorio “NEGRA MATEA” (...omissis…)”. (Mayúsculas y negrillas del original). (Subrayado de este Tribunal Superior)

   Así pues, en virtud del texto supra transcrito, mal puede aludir la parte querellante el vicio de silencio de pruebas, pues como se evidencia supra, tanto la Consultoria Jurídica como el Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en la opinión legal y en el acto administrativo impugnado respectivamente, lograron evidenciar a través de las documentales que rielan a los folios (09) al (11) del expediente de mención, que la ciudadana Heize González prestó sus servicios en la Clínica Psiquiatrica de Maracay estando de reposo medico, durante los días 11 y 12 de enero de 2011, en consecuencia a juicio de quien decide, el Juzgador administrativo al tomar su decisión, tomó en consideración las documentales contenidas en el mencionado expediente, por lo que este Órgano Jurisdiccional, considera que en el caso de marras, la Administración no incurrió en el vicio de silencio de pruebas, por el contrario, su decisión se fundamentó en los elementos probatorios con los que contaba para verificar la actuación de la parte querellante, razón por la cual esta juzgadora desecha el argumento de vicio de silencio de prueba, sostenido por el apoderado judicial de la querellante. Así se decide.

4. - DE LA VIOLACIÓN DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 49 NUMERALES 2 Y 3 DE LA LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

   Alega la representación judicial de la parte querellante la violación de lo dispuesto en los artículos 49 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo, por cuanto quien actúa como Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en la Resolución impugnada no estableció la nacionalidad, estado civil, numero de cedula de identidad y dirección donde se harán las notificaciones pertinentes

   A este respecto, se trae a colación lo dispuesto en el Artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual es del tenor siguiente:

   (…) Sección Primera

   De la Iniciación del Procedimiento

   (…omissis…)

   Artículo 49. Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el escrito se deberá hacer constar:

   1. El organismo al cual está dirigido.

   2. La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su representante con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte.

   3. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes.

   4. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud.

   5. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso.

   6. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias.

   7. La firma de los interesados. (…)

   De la norma supra transcrita, se puede colegir claramente que los presupuestos denunciados por la parte actora como violentados por la Administración, se refieren a los requisitos exigidos para el escrito que sea presentado por la persona interesada en el inicio de un procedimiento administrativo. Por lo que mal puede, la parte actora denunciar la violación de la norma referida, cuando la misma no resulta aplicable al hecho pretendido, siendo que el alegato expuesto, se circunscribe al acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución DGRHYAP-DAL/12 Nº 000074 de fecha 21 de marzo de 2012, suscrita por el ciudadano PRESIDENTE DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, mediante cual Resuelve su Destitución del cargo de Asistente en Información y Estadísticas de Salud I adscrito al Centro de Ambulatorio Negra Matea del referido Instituto, no resultando exigible para éste, los presupuestos establecidos en el Artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Razón por la cual este Tribunal desestima la denuncia planteada en este sentido, y así se declara.

5. - DE LA INMOTIVACION DEL ACTO Y DEL FALSO SUPUESTO DE

SU COMPETENCIA para conocer y decidir el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL DE NULIDAD incoado por la Ciudadana HEIZE K.G., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 14.103.473, debidamente representada por el abogado en ejercicio L.A.B., Inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 63.732, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución Nº DGRHYAP-DAL/12-000074 de fecha 21/03/2012 dictada por el PRESIDENTE DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, mediante la cual resuelve su Destitución del cargo de Asistente en Información y Estadísticas de Salud I adscrito al Centro de Ambulatorio Negra Matea del referido Instituto.

SIN LUGAR el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL DE NULIDAD incoado por la Ciudadana HEIZE K.G., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 14.103.473, debidamente representada por el abogado en ejercicio L.A.B., Inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 63.732, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución Nº DGRHYAP-DAL/12-000074 de fecha 21/03/2012 dictada por el PRESIDENTE DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, mediante la cual resuelve su Destitución del cargo de Asistente en Información y Estadísticas de Salud I adscrito al Centro de Ambulatorio Negra Matea del referido Instituto.

FIRME el acto administrativo objeto de impugnación.

Por cuanto la presente decisión se dicta dentro del lapso de Ley, resulta inoficioso ordenar la práctica de la notificación de las partes. Asimismo, y en acatamiento a lo previsto en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, notifíquese bajo Oficio, al ciudadano (a) Procurador (a) General de la República. Líbrese oficio.-

Publíquese, diarícese y déjese copia certificada. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a los veintiocho (28) días del mes de Junio de Dos Mil Trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

LA JUEZA SUPERIOR TITULAR,

DRA. M.G.S.

LA SECRETARIA,

ABG. SLEYDIN REYES

En esta misma fecha, 28 de junio de 2013, siendo las 3:00 p.m., se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA,

ABG. SLEYDIN REYES

Expediente Nº DE01-G-2012-000003

Asunto Antiguo: 11.145

Sentencia Definitiva

MGS/sr/der