Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 14 de Junio de 2010

Falta de pronunciamiento del aquo en cuanto a la solicitud de la defensa de no calificar la flagrancia por el delito de Intimidación al Público.

A este particular, debe esta Corte referirse al auto de privación judicial preventiva de libertad fechado 30/04/10 que cursa a las actas a los folios 17 al 21, de donde emana que el juez de control adecuó provisional y validamente los sucesos descritos en las actas de investigación con el tipo penal de Intimidación al Público, al indicar que el imputado G.M. fue detenido en situación de flagrancia al haber sido “señalado por la comunidad como la persona que acciono (sic) horas antes de su aprehensión, su arma de fuego, tal como se evidencia del folio veintiocho (28) al treinta y cuatro (34) de la causa”.

Tal proceder del juzgador de primera instancia, se encuentra en situación de perfecto apego a los criterios de suficiencia, precisión, coherencia y consistencia en la motivación, pues tomó en consideración lo que irradiaba de las actas investigativas para establecer la hipótesis de ocurrencia del ilícito investigado, o sea, la Intimidación al Público, y la probable participación del encartado, mencionando el hecho de que la detención se produjo a poco de ocurrido el hecho, lo que hacía considerarle adecuada a los supuestos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal y 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tales observaciones hacen que esta Superioridad declare Sin lugar la denuncia que en este sentido se formuló por el recurrente. Y así se decide.

Solicita el recurrente la nulidad de la aprehensión en razón de los maltratos físicos que, según alegó, sufrió su patrocinado indicando que el a quo: “no Motivo (sic), ni fundamento (sic) su decisión en cuanto a que se declaraba sin o con lugar la Nulidad con respecto al maltrato sufrido por mis defendidos, pues el violo (sic) un derecho fundamental como lo es el establecido en el Articulo (sic) 125 ordinal 10 del Código Orgánico Procesal Penal”.

Asimismo, promueve el defensor queja en cuanto a que ante la petición de práctica de examen medico forense, el juez de control “lo que hizo fue instar al Ministerio Publico (sic) para que practicara la medicatura forense (sic) y hasta este día nunca lo han trasladado para realizarse ninguna medicatura forense (sic)”.

Ante este argumento, se permite este órgano colegiado traer a colación el contenido del artículos 34 numerales 5, 8 y 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público:

Artículo 34: “Son deberes y atribuciones de los fiscales del Ministerio Público…

5. Ordenar el inicio de la investigación, cuando tengan conocimiento de la presunta comisión de algún hecho punible de acción pública;…

8. Promover y realizar durante la fase preparatoria de la investigación penal, todo cuanto estimen conveniente al mejor esclarecimiento de los hechos;...

22. Vigilar por el correcto cumplimiento de las leyes y la garantía de los derechos humanos en los retenes policiales, establecimientos carcelarios, militares y demás centros de reclusión, internamiento o reeducación, constatar las condiciones en que se encuentren los reclusos e internos y tomar las medidas adecuadas para mantener la vigencia de los derechos humanos, cuando se compruebe que han sido o son menoscabados o violados o cuando exista amenaza de su violación.

En el ejercicio de esta atribución los fiscales tendrán acceso directo e inmediato a todos los establecimientos mencionados y sin necesidad de autorización, requisito o permiso previo a emitirse por autoridad alguna, sea civil o militar, e independientemente de cual fuere su jerarquía o rango. Podrán hacerse acompañar por médicos forenses, cuando lo estimen conducente. (Subrayado de esta Sala).

De lo anterior se puede concluir sin duda, que el juez de control utilizó los mecanismos procesales que tenía a su alcance para dar respuesta a las denuncias y peticiones del aquí apelante, pues de las actas procesales, específicamente del acta de audiencia de presentación de detenidos, se desprende que el a quo señala: “Se insta al Ministerio Público a los fines de que ordene lo conducente para la practica del reconocimiento medico legal solicitado por la defensa Privada”.

Observa esta Superior Instancia que tal proceder es conteste con los postulados del proceso penal acusatorio, al encontrarse el Ministerio Público en plano de titular del ejercicio de la acción penal, conforme se prevé en el artículo 11 de la ley adjetiva penal, careciendo el juez de control de iniciativa investigativa, resultando en consecuencia acertado su pronunciamiento, al instar a la Fiscalía, cuyo representante se encontraba en la audiencia, a cumplir con el petitorio formulado por la defensa privada del encartado G.M., consistente en practicarle examen medico forense con el objeto de dejar probada la presunta ocurrencia de maltratos físicos. Por este motivo, la denuncia formulada a este particular es declarada Sin Lugar. Y así se decide.

Asimismo, debe quedar bien entendido, que del ejercicio de la función de representante del Ministerio Público derivan una serie de obligaciones y facultades, todas ellas comprendidas a lo largo del contenido del artículo 34 de la Ley que rige dicha institución así como por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo en consecuencia tomar seriamente las denuncias formuladas que guarden relación con violaciones a los derechos humanos, máxime si las mismas son planteadas en un acto formal ante un órgano jurisdiccional, encontrándose obligado a proveer con base al principio de tutela judicial efectiva ordenando la investigación de rigor, para dejar constancia de la eventual ocurrencia del ilícito denunciado así como de sus posibles participantes, a lo cual fue exhortado por el juez de garantías. En este sentido debe esta Corte apercibir al Ministerio Público para que en lo sucesivo se atienda consecuentemente las denuncias recibidas en audiencia oral.

Pide el defensor se declare como vulnerado por el juez de control, el artículo 282 del código Orgánico Procesal Penal, al no haberse ordenado la apertura de investigación penal a los funcionarios actuantes del Grupo Anti-Extorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, por los alegados y presuntos maltratos físicos sufridos por su patrocinado, alegando: “Ahora bien ciudadanos magistrados como se va a evidenciar si el ciudadano Juez de una vez manifiesto (sic) que no se evidencia, y nunca le ordeno (sic) una medicatura forense (sic), insto a la Fiscalía y esta mucho menos la acordó, entonces donde están los derechos del imputado pues a los Jueces de esta Fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en el Código Orgánico Procesal penal y en la Constitución, y pronunciarse sobre las peticiones de las partes, por lo que se violo (sic) el Artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal”

El anterior argumento, se estima como ya suficientemente debatido y respondido en las consideraciones realizadas al particular segundo del escrito de apelación, y que corre en líneas anteriores de la presente sentencia, ratificándose los criterios asentados por esta Corte en lo referente a la suficiencia y coherencia con la cual el a quo dio respuesta al pedido de la defensa, por lo que consecuentemente se debe declarar Sin Lugar la denuncia de falta de pronunciamiento. Así se decide.

En el siguiente punto impugnatorio, el apelante nuevamente denuncia la falta de motivación y fundamentación de las razones de hecho y de derecho en las cuales se basó el juez de control para considerar la detención en flagrancia por el delito de Intimidación al Público. A este respecto, conviene mencionar que este tópico ya fue ampliamente resuelto en el llamado punto primero del presente fallo, estimándose excedentario pronunciarse al particular, ratificándose su declaratoria Sin Lugar.

En su exposición, el defensor privado del encausado hace una serie de consideraciones acerca de la precalificación del delito de Uso de Documento Falso, pudiendo todas ellas calificarse de denuncias relativas o relacionadas al fondo del asunto, por lo cual mal podía el juez de control referirse a ellas, dado que el proceso se encuentra en su etapa inicial, y la incipiencia de la investigación es plus quam evidente, limitándose correctamente a dar una calificación jurídica provisional a los hechos investigados (en este caso Uso de Documento Falso), lo cual no obstaculiza para que la misma mute en el devenir procesal, con la ejecución de actividades propias de los intervinientes en la causa. Por ello, estima esta Corte de Apelaciones que no hay convicción de la ocurrencia incongruencia sugerida por el apelante, por lo cual es declarada Sin Lugar su impugnación a este particular. Y así se decide.

El profesional del derecho recurrente funda la siguiente denuncia en la ocurrencia de vicio de inmotivación del fallo, en lo que se refiere a que el juez de control “no Motivo (sic) ni fundamento (sic) en qué consiste el peligro de obstaculización que pudiera ejercer mi defendido, como tampoco motivo (sic), ni fundamento (sic) los ordinales 2 y 3 del Artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, pues no explico (sic) la magnitud del daño causado ni la pena que podría llegar a imponer en el presente caso, existe una incongruencia entre lo expuesto en la decisión y la Fundamentación Jurídica acogida por el tribunal, bien sabemos que conducta predelictual es el ordinal 5º del Articulo 250 (sic) y en el presente caso mi defendido se ha estado presentando constantemente en Mantecal como le fue ordenado, no posee antecedentes penales, por lo que no tiene ni constituye una conducta predelictual, tal y como lo afirmo (sic) el ciudadano Juez. Así también es conocido por todos que el Matal no es una población fronteriza, pues queda en la Estacada, en el centro del estado apure (sic) en Mantecal, Municipio Muñoz, ahora que el Estado Apure es una población fronteriza si lo es; pero en el Estado Apure no la población de el Matal”.

Para proveer, es menester referirse al auto de privación judicial preventiva de libertad, fechado 30/04/10, cursante a los folios 17 al 21 del cuadernillo de apelación respectivo y dimanado del Tribunal Segundo de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante el cual se establecen los fundamentos a través de los cuales se dicta en contra del imputado G.M. la medida de privación de libertad impugnada. En dicho fallo, el a quo se refiere a la aprehensión declarada flagrante del ciudadano G.M., en la presunta comisión de los delitos de Porte Ilícito de Arma de Fuego, Intimidación al Público y Uso de Documento falso, previstos en los artículos 277 y 296, primer aparte del Código Penal y 45 de la Ley Orgánica de Identificación, conforme las previsiones de los artículos 44.1 de la Carta Magna y 248 del Código Orgánico Procesal Penal, incautándosele pistola Marca Taurus, calibre 9 mm., color niquelado, de fabricación brasileña, Serial TRF28143 y tres cartuchos sin percutir; portando documento de identidad cuya originalidad se encuentra en pugna por declaración que al respecto da el funcionario G.M., Fiscal Jefe de Cedulación del C.N.E. siendo señalado por la comunidad como la persona que accionó horas antes de su aprehensión su arma de fuego.

Luego de este ejercicio de adecuación provisional de los hechos investigados a los tipos penales respectivos, pasa el juez de control a discriminar detalladamente la penalidad que corresponde a todos los tipos penales involucrados. Luego de ello, analiza el contenido de los artículos 250 y 251 de la norma adjetiva penal, dando por hecho que los delitos investigados no están evidentemente prescritos dada su reciente data de comisión y que todos ellos merecen pena privativa de libertad, haciendo a continuación un minucioso análisis de los elementos de convicción cursantes a las actas procesales en que basa su decisión, concluyendo que el ciudadano imputado G.M. pudiera ser autor o partícipe en la comisión de los hechos punibles descritos.

Sigue en su ejercicio mental el juez de control, haciendo mención del peligro de fuga, estimando que, conforme a lo señalado en el mencionado artículo 251, el encartado carece de arraigo fijo en el Estado Apure o la República Bolivariana de Venezuela por carencia probatoria del mismo, tomando a los hechos investigados como de gravedad por ser oriundo de población fronteriza (El Matal) lo que le lleva a pensar o a presumir la imposibilidad de ver satisfechas las finalidades del proceso penal seguido en contra del imputado de autos, con el otorgamiento de otras medidas cautelares menos gravosas.

La motivación de la sentencia consiste en un ejercicio intelectivo que habrá de ser llevado a cabo por el juez competente, exteriorizando los fundamentos del fallo proferido, fórmula que debe cumplir con las exigencias de suficiencia, precisión, consistencia y coherencia, convirtiéndose así en un mecanismo de evasión de la arbitrariedad y el capricho.

Es así, que todo pronunciamiento judicial debe estar revestido de un razonamiento lógico y explicito de todo lo alegado y probado en autos, analizando dichos hechos y subsumiéndolos en normas y principios jurídicos, garantizándose a los intervinientes en el proceso una defensa adecuada. Al particular, ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (sentencia No. 241, del 25/04/00, caso G.R.B.) lo siguiente:

El objeto principal de este requisito de motivación, es el control frente a la arbitrariedad de los jueces, por cuanto el dispositivo de sus sentencias debe ser el producto de un razonamiento lógico de todo lo probado y alegado en autos, ya que solo a través de este razonamiento podrán establecer los verdaderos elementos que le sirvieron de fundamento para decidir, así como el derecho aplicable al caso en concreto, verificándose de esta manera la legalidad de lo decidido. Por otra parte, la motivación de la sentencia, garantiza el derecho a la defensa de las partes, ya que éstas al conocer los motivos de la decisión, tendrán los elementos necesarios para poder conocer –y eventualmente atacar- las razones que utilizaron los órganos encargados de administrar justicia para desestimar sus pretensiones

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Como se puede percibir claramente, la motivación de la sentencia se encuentra íntimamente ligada con la noción de seguridad jurídica y el derecho a la defensa, pues una sentencia debidamente razonada permite su impugnación o en su caso, la conformidad con la decisión judicial.

En el presente caso el a quo cumplió efectivamente con los postulados de suficiencia en la motivación del fallo, pues como se desprende meridianamente claro del cuerpo del fallo recurrido, responde acertadamente los requerimientos del solicitante, con criterios de suficiencia, consistencia y coherencia, características de una sentencia eficaz y alejada de toda arbitrariedad o imposición caprichosa, sin que muestre desafuero ni incoherencias, hilada acertadamente, viéndose como un todo ordenado en su conjunto, lo cual la hace, a juicio de esta Corte, racional y fundada en derecho. Razones suficientes para que este Órgano Colegiado proceda a declarar Sin Lugar la denuncia a este particular formulado por el apelante. Y así se decide el asunto.

Por las consideraciones de hechos y de derecho anteriormente expuestas, esta Superior Alzada DECLARA, némine discrepante: SIN LUGAR el recurso de apelación de auto interpuesta por el Abogado H.S.P.F., actuando en representación del imputado G.M., en contra del auto dictado en ocasión de audiencia de presentación de detenidos celebrada el 29/05/10 y cuya motivación fue publicada el 30/05/10, fallo este dimanado del Tribunal Segundo de Control de este Circuito Judicial Penal que califica la detención del referido encausado como flagrante, califica jurídicamente los hechos investigados en los cuales tiene presunta participación G.M. como delitos de Porte Ilícito de Arma de Fuego, Intimidación al Público y Uso de Documento falso, previstos en los artículos 277 y 296, primer aparte del Código Penal y 45 de la Ley Orgánica de Identificación, adicionalmente ordena la continuación del proceso por vía del procedimiento ordinario y decreta la privación judicial preventiva de libertad en contra del encausado. En consecuencia de lo cual SE CONFIRMA la referida sentencia.

VII

DISPOSITIVA

En virtud de lo anterior, esta Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley ACUERDA: ÚNICO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado H.S.P.F., en su carácter de Defensor Privado del ciudadano G.M. titular de la cédula de identidad N° 27.697.057, imputado en la causa Nº 2C-12.621-10 nomenclatura del Tribunal Segundo de Control de este Circuito Judicial Penal y signada en esta superior instancia bajo el Nº 1Aa-1890-10 por la comisión de los delitos de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, INTIMIDACIÓN AL PÚBLICO y USO DE DOCUMENTO FALSO, contra la decisión dictada en fecha 29-04-2010 en audiencia de presentación de detenidos por el Tribunal de control antes mencionado, en la que declara sin lugar la solicitud de nulidad planteada por la defensa privada, acuerda la aprehensión en flagrancia del ciudadano G.M. y ordena la privación preventiva de libertad del mismo.

Publíquese, Regístrese, diarícese y en su debida oportunidad remítanse las presentes actuaciones al Tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, con sede en San Fernando, a los catorce (14) días del mes de junio del año 2010.

E.J. VELIZ F.

JUEZ PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELACIONES

(PONENTE)

A.S. SOLÓRZANO ALBERTO TORREALBA LÓPEZ

JUEZA SUPERIOR JUEZ SUPERIOR

E.F. PARRA

SECRETARIA.

CAUSA N° 1Aa 1890-10.

EJVF/EFP/jgo.-