Decisión de Juzgado Superio Primero del Trabajo de Tachira, de 6 de Marzo de 2015
| Fecha de Resolución | 6 de Marzo de 2015 |
| Emisor | Juzgado Superio Primero del Trabajo |
| Ponente | José Felix Escalona |
| Procedimiento | Cobro De Prestaciones Sociales |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO
DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
SAN CRISTÓBAL, 06 DE MARZO DE 2015
204º Y 156º
ASUNTO: SP01-R-2015-000020.
PARTE ACTORA: G.G.D., venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad número: V.- 22.674.453
APODERADA JUDICIAL PARTE DEMANDANTE: Abogada M.C.D., inscrita en el IPSA con el Nº 104.704.
PARTE DEMANDADA: MANUFACTURAS PELLAMI, MAPEL (C.A.).
APODERADOS JUDICIALES PARTE DEMANDADA: Abogados A.R. y E.M.V., Inpreabogado Nros. 74.441 y 58.209, respectivamente.
Motivo: Cobro de prestaciones sociales.
Sentencia: Interlocutoria con fuerza de definitiva.
I
Han subido a esta Alzada por distribución las presentes actuaciones, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira de fecha 28 de enero de 2015.
Mediante auto de fecha 13 de febrero de 2015, se da por recibido el presente asunto. En fecha 24 de febrero de 2015, se fijó la oportunidad de la celebración de la Audiencia, la cual fue fijada para el día 05/03/2015, a las 09:00 a.m., de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Previo al inicio de la Audiencia, las partes manifestaron su voluntad de arribar a un acuerdo transaccional, En tal sentido la parte accionada propone pagar la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 260.000,oo), que es el monto condenado en la sentencia de primera instancia en la presente causa, el cual corresponde al pago de prestaciones sociales, vacaciones y bono vacacional, utilidades convencionales, indemnización por despido injustificado, indexación e intereses de mora, responsabilidad subjetiva de LOPCYMAT y daño moral, no quedando pendiente ningún otro concepto accesorio o principal de la relación controvertida. Dicha cantidad de dinero en su totalidad correspondiente a la relación laboral que mantuvo el demandante con la accionada. Dicho monto será cancelado el día jueves doce (12) de marzo de 2015, por ante la URDD de este Circuito Laboral, en el entendido que será a través de un cheque de gerencia de un Banco de la localidad de San A.d.T. o de Ureña. Solicitando ambas partes a esta instancia, se homologue la presente transacción, otorgándole carácter de cosa juzgada.
Estando dentro de la oportunidad procesal correspondiente para emitir pronunciamiento respecto al acuerdo transaccional propuesto, este Juzgado procede a pronunciarse en los siguientes términos:
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Si bien la Sentencia constituye el medio normal de terminación del proceso, a raíz de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se ha dado mayor reconocimiento a la eficacia de modos de terminación no jurisdiccionales, cuya titularidad corresponde a las partes, mecanismos entre los cuales se distinguen aquellos producidos por actividad de las partes, como por ejemplo la transacción, el convenimiento, el arbitraje, el allanamiento y la satisfacción extraprocesal de la pretensión; y, aquellos producto de la inactividad de las mismas como el desistimiento, la perención, el decaimiento de la acción, la caducidad, la prescripción.
La Carta Fundamental, en su artículo 258, fomenta como medios eficaces de justicia, el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para solución de conflictos, y si bien la nueva Constitución propugna el derecho de los particulares a obtener una tutela judicial efectiva, lo cierto es que en la práctica se han dado circunstancias que conllevan a que aquellos acudan a mecanismos alternativos de solución de las controversias, con el fin de sustraerlas del ámbito jurisdiccional y lograr así una pronta resolución de las mismas.
Sin duda alguna, los mecanismos alternativos de resolución de controversias o conflictos de intereses, constituyen la solución fundamental para que las partes logren ese objetivo de eficacia en la resolución de las causas, con lo cual se da mayor cumplimiento a la tutela judicial efectiva y la celeridad. Por ello, debemos concluir que los medios alternativos de resolución de conflictos de intereses particulares, pueden ser definidos como aquellos mecanismos que sustituyen la decisión del órgano jurisdiccional por una decisión que puede ser producto de la voluntad concertada de las partes en conflicto o de una sola de ellas; se trata, en definitiva, de métodos de resolución convenidos e igualitarios.
Los modos de autocomposición procesal están íntimamente vinculados a la satisfacción del interés público y a la consecución de una administración de justicia rápida y eficaz, en virtud de que es un bien querido por la sociedad el hecho que los procesos de resolución de conflictos se agilicen y que la justicia sea rápida, efectiva y expedita.
Tal afirmación resulta en un todo acorde con los postulados de nuestra Constitución, que en su artículo 257, prevé la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y la adopción de un procedimiento breve, oral y público no sujeto a formalidades rigurosas y reposiciones inútiles; el artículo 258 que promueve el uso en los procesos del arbitraje, la conciliación, la mediación y demás medios alternativos de solución de conflictos.
Por otra parte, el artículo 19 de la novísima Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, a la vez que prevé la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, regula la manera como se puede llevar a término el litigio laboral o precaver el inicio de un proceso a través de transacciones y convenimientos, disponiendo que sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos.
Dice el legislador, que no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador hubiese declarado su conformidad con lo pactado, obligando a los funcionarios del trabajo en sede administrativa o judicial a garantizar que la transacción no violente de forma alguna el principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos laborales.
Ahora bien, visto que las partes lograron transigir el conflicto de intereses existente en el caso de marras, suscribiendo acta transaccional, esta alzada procede a realizar el análisis de la misma para determinar su conformidad con el derecho:
La parte accionada propone pagar la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 260.000,oo), que es el monto condenado en la sentencia de primera instancia en la presente causa, el cual corresponde al pago de prestaciones sociales, vacaciones y bono vacacional, utilidades convencionales, indemnización por despido injustificado, indexación e intereses de mora, responsabilidad subjetiva de LOPCYMAT y daño moral, no quedando pendiente ningún otro concepto accesorio o principal de la relación controvertida. Dicha cantidad de dinero en su totalidad correspondiente a la relación laboral que mantuvo el demandante con la accionada. Dicho monto será cancelado el día jueves doce (12) de marzo de 2015, por ante la URDD de este Circuito Laboral, en el entendido que será a través de un cheque de gerencia de un Banco de la localidad de San A.d.T. o de Ureña.
Analizado el acuerdo de voluntades de las partes, verificada la suficiencia del acuerdo alcanzado, y la libertad con la cual obró el trabajador en su suscripción, debidamente asistido por su apoderada judicial, y por ende, cumplidos como han sido los requisitos de ley, este Juzgador, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, procede a impartirle la homologación solicitada a dicha Transacción, en los términos que fueron expuestos, otorgándole así efectos de cosa juzgada. Y así se decide.
II
DECISIÓN
Por los fundamentos jurídicos y legales antes señalados este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, obrando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, le imparte la HOMOLOGACIÓN a la Transacción celebrada entre el ciudadano G.G.D. y la sociedad mercantil MANUFACTURAS PELLAMI, MAPEL (C.A.), y le imparte el carácter de cosa juzgada.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión. Bájese el expediente al Juzgado remitente en la oportunidad de ley.
El Juez
ABG. JOSÉ FÉLIX ESCALONA B.
La Secretaria,
ABG. M.M.
Nota: En este mismo día, siendo las dos y treinta de la tarde (02:30 p.m), se dictó, publicó y diarizó la anterior decisión.
ABG. M.M.
Secretaria
SP01-R-2015-20
JFE/eamm.
