Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 14 de Octubre de 2011

Solicito que se admite, tramite y se declare con lugar el presente recurso de apelación tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 26 y 115 de la Constitución Nacional, lo dispuesto en el artículo 545 del Código Civil y lo dispuesto en los artículos 311 y 447 ordinal 5, 448, 449 y 450 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se declare la nulidad del fallo judicial que niega la entrega de los bienes retenidos en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Dieciséis (16), por haber incurrido la juzgadora en la recurrida, en infracciones a la ley en sentido estricto; Infracción de la ley por falta de aplicación; Infracción de la ley por falsa aplicación e inmotivación por carencia de análisis y estudio de las diligencias de investigación que reposan en el expediente, vicios que conllevan indefectiblemente a la declaratoria de nulidad del fallo recurrido y así solicito sea declarado por ese órgano jurisdiccional.

Solicito que esa Corte de Apelaciones, proceda a tomar una decisión propia en el presente caso y en consecuencia ordene la entrega de los bienes propiedad de mis mandantes ya que los mismos no pueden ser considerados necesarios o imprescindibles para la investigación, puesto que de las experticias e informes que cursan en el expediente fiscal se puede apreciar que después de transcurrido Un (1) año y siete (7) meses, todas las citadas experticias e informes concluyen en que el producto retenido es un fertilizante químico destinado para la preparación de suelos para el cultivo de granos y tubérculos, y que por tanto no es una sustancia química controlada, de las que figuran en el listado que se reproduce en la Ley De Drogas, ni de los que se encuentran regulados por los reglamentos 3 y 4 de sustancias controladas. Igualmente el vehículo automotor ya descrito, cuenta con total originalidad en sus seriales, así como probada autenticidad de los documentos de propiedad.…”.

DE LA CONTESTACION AL RECURSO DE APELACION POR PARTE DE LA FISCALÍA DEL MINISTERIO PÙBLICO

Por su parte, la Abg. T.J.Y.M., en su carácter de Fiscal Auxiliar en la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, dio contestación al recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos J.D.J.Q.A., E.Y.C.S. y G.D.P.R., asistidos en este acto el apoderado G.A.N.S., en escrito inserto a los folios del 28 y 36, en el cual señala entre otras cosas lo siguiente:

…Quien suscribe, T.J.Y.M., procediendo en mi carácter de Fiscal Auxiliar en la Fiscalia Décima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en uso de las atribuciones que nos confiere los numerales 2 y 6 del Artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo preceptuado en el numeral 5 del Artículo 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en concordancia a su vez con lo establecido en el Artículo 108 numeral 18 del Código Orgánico Procesal Penal y Artículo 449 ejusdem, ante usted, muy respetuosamente acudo estando dentro de la oportunidad legal, a fin de dar contestación formal al RECURSO DE APELACION DE AUTO, interpuesto en fecha 1810112011, signado con el numero LP1 1-R-201 1-000001, por la Defensa de los imputados J.D.J.Q.A. Y J.L.C., abogado A.N.S., venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad No. V-1 0.713.61 7, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 78.583, con domicilio procesal en las residencias Aves Country, edificio Tucán, Apto. 5-6-1 en la ciudad de M.E.M., en contra de la decisión Nro. 08/2011, dictada en el Asunto Penal N° LPI 1-P-2010-0003112, por ese respetable Tribunal de Control N° 05 del Circuito Judicial Penal del Estado M.E.E.V., en fecha 11/01/2011, mediante la cual niega la entrega material del vehiculo vehículo (Marca: Pegaso: Modelo: 3089 Mider: Color: Rojo: Placas: 436-XGF; Año: 95: Tipo: Chuto; Serial de Carrocería: V51233403P2PL0148-COL2O: y Batea Clase: Remolque: Marca: Fabricación ional; Color: Rojo; Año: 1995; Tipo: Batea; Placas: 77Y- AAJ) y a su vez .iegó la entrega de los seiscientos (600) sacos de los productos fertilizantes, por cuanto no existe pronunciamiento en autos del Ministerio Publico donde determine si es o no imprescindible para la investigación, en consecuencia lo Insta a pronunciarse con la urgencia del caso, y quedando esta Representación Fiscal debidamente notificada mediante Boleta de Emplazamiento N° LJ1IBOL2OII00057O, en fecha 19/01/2011 y recibida el 24 de los corrientes. Por consiguiente, fundamentamos la contestación del Recurso en los motivos que a continuación precisamos.

Del estudio minucioso del escrito presentado por la Defensa Técnica, esta Representación Fiscal, considera que la decisión recurrida se encuentra totalmente ajustada a derecho, ya que se trata de la investigación de uno de

los delitos previstos y sancionados en la derogada Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, delitos estos considerados por la Sala Constitucional de nuestro m.T.S.d.J., como un delito de Lesa Humanidad.

Del referido escrito se observa lo siguiente:

La Defensa manifiesta lo siguiente: “Solicito que se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto que niega la entrega de los bienes retenidos en la investigación, por haber incurrido la juzgadora en la recurrida, en infracciones a la ley en sentido estricto; Infracción de la ley por falta de aplicación; Infracción de la ley por falsa aplicación e inmotivación por carencia de análisis y estudio de las diligencias de investigación que reposan en el expediente, vicios que conllevan indefectiblemente a la declaratoria de nulidad del fallo recurrido y así solicito sea declarado por ese órgano jurisdiccional y Solicito que esa Corte de Apelaciones, proceda a tomar una decisión propia en el presente caso y en consecuencia ordene la entrega de los bienes propiedad de mis mandantes ya que los mismos no pueden ser considerados necesarios o imprescindibles para la investigación, puesto que de las experticias e informes que cursan en el expediente fiscal, se puede apreciar que después de transcurrido Un (1) año y siete (7) meses, todas las citadas experticias e informes concluyen en que el producto retenido es un fertilizante químico destinado para la preparación de suelos para el cultivo de granos y tubérculos, y que por tanto no es una sustancia química controlada, de las que figuran en el listado que se reproduce en la Ley De Drogas, ni de los que se encuentran regulados por los reglamentos 3 y 4 de sustancias controladas. Igualmente el vehículo automotor ya descrito, cuenta con total originalidad en sus seriales, así como probada autenticidad de los documentos de propiedad”.

Si bien es cierto, la presente investigación se encuentra en la fase 1 preparatoria, la cual no ha concluido conforme al artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal, para los efectos de dictar el pertinente acto conclusivo y a su vez, consideramos que además a lo anteriormente expuesto, dicho vehículo y su carga son imprescindibles para la investigación de la presente causa de conformidad con el artículo 311 ejusdem, y estos pudieran ser susceptibles de confiscación por incautación de conformidad con el articulo 66 de la derogada Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y artículo 183 de la vigente Ley Orgánica de Drogas; es por ello que esta representación Fiscal considera que el Juez al momento de fundamentar la decisión recurrida la realizó ajustada a derecho, dando cabal cumplimiento a lo contemplado en la precitada normativa del texto legal indicado ut supra.

Al respecto, en lo que concierne la incautación y posterior confiscación de los bienes relacionados con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, La Sala Constitucional mediante sentencia N° 1.846 del 28 de noviembre de 2008, expresó:

Eventualmente, en el caso de que, por la comisión de alguno de los delitos que describe la ley orgánica que acaba de ser citada, resulte sentencia condenatoria definitivamente firme, a través de la misma se decretará, como pena accesoria a la principal de privación de libertad personal (prisión), la confiscación de aquellos bienes respecto de los cuales resulten definitivamente acreditados la vinculación que los mismos hayan tenido, de manera activa o pasiva, con los delitos que dieron lugar a dicha condena y, además, el derecho de propiedad que, sobre los nhicn2r)v tr,no-n,, n,jit

,oc r1,c1,ltDn çl,,,’lnvarlr) ç y artículo 77.2.a del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (de especial pertinencia en el presente caso, habida cuenta de que esta Sala ha calificado como delitos de lesa humanidad al tráfico —y sus conductas asociadas- de sustancias estupefacientes o psicotrópicas), así como de una interpretación teleológica del artículo 271 de la Constitución, en virtud de que el destino de la pena es intuitu personae, esto es, el castigo está dirigido, con exclusividad, a quienes, como autores o bajo alguna otra de las formas de participación que preceptúa la Ley, fueren condenados por la comisión del delito. De allí que sea de necesidad la prevención de que, a través de la pena accesoria en referencia, sean afectados derechos patrimoniales de terceros y resulte ilegítimamente menoscabado el derecho fundamental a la propiedad que reconoce el artículo 115 de la Constitución, tal como se podría deducir de una interpretación literal y no correlacionada de la norma constitucional sub examine. Así, de acuerdo con el artículo 271 de la Constitución:

En ningún caso, podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. Asimismo, previa decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público y con el tráfico de estupefacientes.

El procedimiento refe rente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpósitas personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil (resaltado actual, por la Sala).

Y, por su parte, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional preceptúa.

Artículo 77.

1. La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace referencia en el artículo 5 de/presente Estatuto una de las penas siguientes:

2. Además de la reclusión, la Corte podrá imponer:

   2. El decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe”. (Resaltado de esa Sala).

   Aunado a lo anterior, resulta pertinente reiterar el criterio sostenido por esa Sala respecto al carácter e identidad que poseen este tipo de delitos. Así la Sala Constitucional mediante sentencia N° 1.114, del 25 de mayo de 2006 (caso: L.H.F.), asentó:

   Debe señalarse que el bien jurídico tutelado a través de las .figuras punibles establecidas en la derogada Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y en la vigente Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo

   de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, es la salud pública, la cual constituye un valor comunitario esencial para la convivencia humana, y cuyo referente constitucional se cristaliza en el contenido del artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al señalar dicha norma que ‘La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida’.

   En este orden de ideas, la regulación de tales conductas por la ley penal, tiene su fundamento en la necesidad de amparar al señalado bien jurídico del peligro —y la ulterior lesión- que implica el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Así, la noción de salud pública hace referencia, según la disposición constitucional antes transcrita, al concepto de vida, siendo ambas objeto de tutela por parte del Derecho penal.

   Así, los delitos contemplados en la legislación antidrogas, según algunas corrientes doctrinales, son susceptibles de ser incluidos en el catálogo de los denominados delitos de peligro (vid. VIVES ANTON, T.S. y otros. Derecho Penal. Parte Especial. Tercera edición revisada y ampliada. Editorial tirant lo bianch. Valencia, 1999, p. 666), en virtud del riesgo generalizado que implican para las personas, lo cual ha conllevado que otros sectores autorizados de la doctrina también los hayan catalogado como delitos de consumación anticipada.

   De lo anterior se extrae la razón por la cual el Constituyente, en el artículo 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consideró político- criminalmente apropiado otorgarles el carácter de imprescriptibles a las figuras punibles referidas al tráfico de drogas, así como también someter a confiscación los bienes provenientes de las actividades conexas con aquél

   …omissis...

   Siendo así, es claramente indudable que los delitos vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotró picas sí constituyen verdaderos delitos de lesa humanidad, en virtud de que se trata de conductas que perjudican al género humano, toda vez que la materialización de tales comportamientos entraía un gravísimo peligro a la salud fisica y moral de la población. Por lo tanto, resulta evidente que las figuras punibles relacionadas al tráfico de drogas, al implicar una grave y sistemática violación a los derechos humanos del pueblo venezolano y de la humanidad en general, ameritan que se les confiera la connotación de crímenes contra la humanidad

   En este sentido, se había pronunciado dicha Sala mediante sentencia N° 712 del 12 de septiembre de 2001, (caso: “Rita A.C. y otros’), en la cual se tableció que los delitos relativos al tráfico de sustancias estupefacientes se deben siderar de lesa humanidad, en los siguientes términos:

   “(‘...) Los delitos de lesa humanidad, las violaciones punibles de los derechos humanos y los delitos por crímenes de guerra, quedan excluidos de beneficios como lo serían las medidas cautelares sustitutivas, en caso que el juez considerare que procede la privación de la libertad del imputado.

   Al comparar el artículo 271 constitucional con el transcrito 29, donde el primero se refiere a acciones penales imprescriptibles y que, al igual que la última norma mencionada, reconoce como imprescriptible a los delitos contra los derechos humanos, la Sala debe concluir que el delito de tráfico de estupefacientes, cuya acción también es imprescriptible, debe considerarse por su connotación y por el especial trato que le otorga el artículo 271 constitucional, como un delito de ¡esa humanidad, y así se declara.

   Los delitos de ¡esa humanidad, se equiparan a los llamados crimen majestatis, infracciones penales máximas, constituidas por crímenes contra la patria o el Estado y que, al referirse a la humanidad, se reputan que perjudican al género humano, motivo por el cual e! tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ha sido objeto de diversas convenciones internacionales, entre otras, la Convención Internacional del Opio, suscrita en La Haya en 1912, ratifi cada por la República el 23 de junio de 1912; la Convención Unica sobre Estupefacientes, suscrita en las Naciones Unidas, Nueva York, el 30 de marzo de 1961; y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988). En el Preámbulo de esta última Convención las partes expresaron: . . Profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad....

   Por otra parte, en el Preámbulo de la Convención de Viena de 1961, las partes señalaron, sobre el mal de la narcodependencia: ... Considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción concertada y universal, estimando que esa acción universal exige una cooperación internacional orientada por principios idénticos y objetivos comunes....

   En consecuencia, los delitos relativos al tráfico de estupefacientes los considera la Sala de lesa humanidad“.

   En tal sentido, no puede la Sala —como ningún otro órgano del poder judicial- dejar a un lado la realidad que perturba no solo a nuestra sociedad sino al mundo entero, en razón del incremento del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes, ello a pesar de los grandes esfuerzos que realiza el Gobierno Nacional para combatir este tipo de delitos, que afecta no solo a la estructura misma del Estado sino también a los cimientos de la sociedad. Por ello, resulta propicio resaltar el ineludible compromiso que poseen los órganos de administración de justicia en la lucha permanente contra el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes.

   Se trata, entre otras cosas de la interpretación progresiva de la normativa legal que regula la materia, amoldando la misma a la realidad que vive nuestra sociedad a fin de coadyuvar con los órganos de seguridad del Estado a combatir férreamente esta actividad delictual, sin que ello implique salirse del marco legal previamente establecido y, siempre resguardando los derechos y garantías de las personas dentro del proceso penal a que haya lugar.

   Debe insistir la Sala que los delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas se encuentran un escalón por encima del resto de los delitos, por la gravedad que los mismos conlleva —se trata como antes se expresó de delitos de lesa humanidad-, es por ello que el trato que se les debe dar a los mismos no puede ser el de un delito común, sino por el contrario los jueces se encuentran en la obligación de tomar todas medidas legales que tengan a su mano y que estimen pertinentes, para llegar a la verdad de los hechos y convertirse en un factor determinante en la lucha del mismo. No se trata de violentar el principio de la presunción de inocencia ni ningún otro derecho o garantía legal o constitucionalmente establecido, pues la aplicación de cualquier medida o decisión judicial debe hacerse de forma razonada y motivada respetando los derechos y garantías de los particulares.

   ….Ahora bien, la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Area Metropolitana de Caracas, negó la entrega de la aeronave marca Antonov modelo AN-28, al considerar que “(...) amén de existir una experticia de Barrido Química que fuera practicada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a la aeronave en cuestión, que motivó a que el a quo decretara la medida de aseguramiento y compartiendo este Colegiado con el criterio que aún los hechos se encuentran en etapa investigativa y es en la sentencia definitiva cuando se decidirá sobre su confiscación o en la audiencia a que se contrae el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando se podrá proceder al levantamiento de la medida; se evidencia la no violación de normas constitucionales, ya que el Juzgado de Control cumplió con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, acordando negar la entrega de la aeronave en cuestión”. medida de aseguramiento decretada sobre la aeronave en cuestión fue ordenada conforme a las disposiciones contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal (artículo 283) y en la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (artículos 63 y 66), aunado al hecho de que, tal como lo expresó el Juzgado Undécimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas medíante el Oficio N° 1843-08 del 7 de noviembre de 2008, remitido a esta Sala el 11 de ese mismo mes y año, aún se encontraba en curso la fase de investigación del proceso penal seguido al ciudadano F.F.D..

   En razón de los argumentos expuestos, debe concluirse que no es contrario a derecho el mantenimiento de la medida preventiva de incautación de la aeronave Antonov modelo AN-28, hasta tanto haya culminado la investigación fiscal y se determine si el bien mueble antes señalado fue utilizado como medio de comisión del delito que se investiga o si el mismo proviene de la actividad ilícita penal en cuestión; asimismo, se determinará a quien debe acreditarse la propiedad del mismo y si el titular de tal derecho participó en la comisión de los hechos que son objeto de la investigación, de manera tal que, a la pena principal de privación de libertad a cuyo cumplimiento sea, si tal fuere el caso, condenado, se añada la referida accesoria de confiscación

   .

   En cuanto, a la presunta lesión del derecho de propiedad del recurrente, se advierte que la medida de incautación prevista en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas es de carácter cautelar, por lo que la misma no prejuzga sobre la titularidad del derecho de propiedad, de suerte que será al culminar la fase de investigación o en su defecto, mediante la sentencia definitivamente cuando se determinará a quién pertenece dicho bien, si el mismo fue un objeto vinculado con la perpetración del delito y si el mismo pertenece a quien o quienes sean declarados responsables penalmente o a sus interpósitas personas.

   Asimismo, La Sala de Casación Penal mediante sentencia N° 420 del 10 de agosto de 2008, bajo la ponencia de la Dra. M.M., expresó:

   “...De igual forma, el artículo 60.6 de la misma Ley Orgánica, señala las penas accesorias a la principal:

6. Es necesariamente accesoria a otra pena principal, la pérdida de los bienes muebles e inmuebles, instrumentos, aparatos, equipos, armas, vehículos, capitales y sus frutos, representados de cualquier forma, que se emplearen en la comisión de los delitos previstos en esta Ley, así como los efectos o productos que de los mismos provengan, y la cual se ejecutará mediante el comiso, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de esta Ley “. (Resaltado de esa Sala).

   Concordadamente, el artículo 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre esta materia manda lo siguiente:

   No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al a.d.P.P. y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. (Resaltado de esa Sala).

   Así las cosas, las medidas de aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración del delito tienen por finalidad la aprehensión de los mismos, en el entendido de que los objetos activos son aquellos que se utilizan para perpetrar el delito, y los pasivos son los que se obtienen como consecuencia directa o indirecta del delito, es decir, el producto del mismo. (Sentencia de la Sala Constitucional n° 333/2001 del 14 de marzo) “.

   Asimismo, La Sala de Casación Penal mediante sentencia N° 242 deI 28 de abril de 2008, bajo la ponencia del Dr. E.A.A., expresó:

   “...Los artículos ll6y 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagran:

   “Artículo 116. Prohibición de Confiscaciones. No se decretan ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al a.d.P.P. y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes “. (Subrayado de la Sala)

   “... Artículo 271. Extradición de extranjeros. En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estado y contra los derechos humanos.

   (...) Procedimiento Judicial. El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpósitas pçrsonas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil...

   (Subrayado de la Sala).

   Así mismo, los artículos 108 y 551 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen que:

   “... Artículo 108. Atribuciones del Ministerio Público. Corresponde al Ministerio Público en el proceso penal: (...) 10. Requerir del tribunal competente las medidas cautelares y de coerción personal que resulten pertinentes... “. (Subrayado de la Sala).

   “Artículo 551. Remisión. Las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la aplicación de las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, serán aplicables en materia procesal penal “.

   Los artículos 61, 62, 66 y 67 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, señalan lo siguiente:

   “Artículo 61. Serán penas accesorias a las señaladas en este Título: 4. Pérdida de bienes, instrumentos y equipos. Es necesariamente accesoria a otra pena principal, la pérdida de los bienes muebles e inmuebles, instrumentos, aparatos, equipos mecánicos o electrónicos e informáticos, armas, vehículos automotores, terrestres, naves y aeronaves, capitales y sus frutos, representados en cualquier forma, que se emplearen en la comisión de los delitos previstos en la Ley, así como los efectos, productos o beneficios que provengan de los mismos; y la cual se ejecutará mediante la confiscación de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de esta Ley “.

   “Artículo 62. Incautación y Clausura de Establecimiento. Durante el curso de una investigación penal por cualquiera de los delitos contemplados en esta Ley, el Fiscal del Ministerio Público, con autorización del juez de control podrá ejecutar conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal en materia de incautación, inmovilización de cuentas bancarias o cajas de seguridad.

   Igualmente podrá solicitar la clausura preventiva de todo hotel, pensión, establecimiento o expendio de bebidas alcohólicas, restaurantes, clubes, círculos, centros nocturnos, salas de juego o de espectáculos y anexos o cualquier lugar abierto al público donde se haya infringido esta Ley “.

   Artículo 66. Bienes Asegurados, Incautados y Confiscados. Los bienes muebles o inmuebles, capitales, naves, aeronaves, vehículos automotores terrestres, semovientes, equipos, instrumentos y demás objetos que se emplearen en la comisión del delito investigado, así como aquellos bienes acerca de los cuales exista fundada sospecha de su procedencia delictiva previstos en esta Ley o de delitos conexos, tales como bienes y capitales de los cuales no se pueda demostrar su lícita procedencia, haberes bancarios, nivel de vida que no se corresponden con los ingresos o cualquier otro aporte lícito, importaciones o exportaciones falsas, sobre o doble facturación, traslado en efectivo violando normas aduaneras, transacciones bancarias o financieras hacia o desde otros países sin que se pueda comprobar su inversión o colocación lícita, transacciones inusuales, en desuso, no convencionales, estructuradas o de tránsito catalogadas de sospechosas por los sujetos obligados, tener empresas, compañías o sociedades falsas, o cualquier otro elemento de convicción, a menos que la ley prohíba expresamente admitirlo, serán en todo caso incautados preventivamente y se ordenará cuando haya sentencia definitiva firme, su confiscación y se adjudicará al órgano desconcentrado en la materia la cual dispondrá de los mismos a los fines de asignación de recursos para la ejecución de sus programas y los que realizan los organismos públicos dedicados a la represión, prevención, control y fiscalización de los delitos tipflcados en esta Ley, así como para los organismos dedicados a los programas de prevención, tratamiento, rehabilitación y readaptación social de los consumidores de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Igualmente, se asignarán recursos para la creación y fortalecimiento de las redes nacionales e internacionales mencionadas en esta Ley

   .

   Artículo 67. Servicio de Administración de Bienes Asegurados, Incautados o Confiscados. El órgano desconcentrado en la materia creará un Servicio de Administración de Bienes Asegurados, Incautados o Confiscados, que le han sido asignados por los tribunales penales para tomar las medidas necesarias de debida custodia, conservación y administración de los recursos, a fin de evitar que se alteren, desaparezcan, deterioren o destruyan, y podrá designar depositarios o administradores especiales, quienes deberán someterse a su directriz y presentar informes periódicos de evacuación, control y seguimiento de su gestión. Estas personas tendrán el carácter de funcionarios públicos a los fines de la guarda, custodia y conservación de los bienes y responderán administrativa, civil, y penalmente ante el Estado Venezolano y terceros agraviados. El Fiscal del Ministerio Público con autorización del juez de control podrá solicitar la adjudicación de algún bien incautado o asegurado para su uso, guarda y custodia a una institución oficial que lo necesita para el cumplimiento de sus funciones “.

   Por lo tanto, considera la Sala, que las referidas medidas de aseguramiento de bienes e inmovilización de cuentas bancarias, no vulneran el derecho de propiedad, ni la prohibición de confiscación, ya que son medidas de carácter provisional y conservacionistas dependientes de la investigación que adelanta el Ministerio Público “.

   PETITORIO

   Honorables Magistrados, en razón de los motivos expuestos y con fundamento en las disposiciones legales citadas y la Doctrina invocada, solicitamos muy respetuosamente a la Corte de Apelaciones, se sirva Declarar sin lugar la pretensión del recurrente y en definitiva Mantenga la decisión dictada por la Juez de Control numero Cinco Abogada Mailes Martínez, del Circuito Judicial del Estado M.E.E.V., del 11 de enero de 2011, en la causa penal N° LPI1-P-2010-0003112, (N° Fiscalía 14F16-0128-2009) en la cual niega la entrega del vehículo antes descrito así como también de los seiscientos sacos de fertilizantes; por considerar que la decisión dictada por dicho Juzgado, se encuentra ajustada a derecho a fin que se aseguren las resultas del proceso en uno de los delitos más cuestionados, y sobre el cual se pone de manifiesto el ius puniendi del Estado, a través del Ministerio Público.

   DE LA DECISIÒN RECURRIDA

   En fecha 11 de Enero de 2011, el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 05 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión el Vigía dictó decisión en los términos siguientes:

   … Visto el escrito presentado por el ciudadano G.A.N.S., venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de identidad No. V-10.713.617, inscrito en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 78.583, con domicilio procesal en las residencias Aves Country, Edf Tucán, Apto. 5-6-1 en la ciudad M.E.M., con el carácter de apoderado de los ciudadanos J.D.J.Q.A., E.Y.C.S. y G.D.P.R., de nacionalidad venezolana, titulares de la cédulas de identidad No. V-5.669.052, V- 4.628.309 y V-10.163.258 respectivamente, en el cual solicita le sea entregado UN VEHÍCULO retenido por funcionarios policiales específicamente en el Kilometro 15 de El Vigía, Estado Mérida, en fecha 11/06/2009, con las siguientes características Marca: Pegaso; Modelo: 3089 Mider; Color: Rojo; Placas: 436 XGF; Año: 95; Tipo: Chuto; Serial de Carrocería: VS1233403P2PL0148-C’0L20; y Batea Clase:

   Remolque; Marca: Fabricación Nacional; Color: Rojo; Año: 1995; Tipo: Batea; Placas: 77Y-AAJ, propiedad de la ciudadana G.D.P.R., así como de la carga que transportaba el referido vehículo, consistente en seiscientos (600) sacos de producto fertilizante, este Tribunal para decidir, observa:

   Revisadas como han sido las actuaciones que conforman la presente causa, se evidencia que en fecha 27 de Octubre de 2009, mediante escrito la ciudadana G.D.P.R. debidamente asistida por los Abogados L.V. y D.V., solicitó a la Representación Fiscal la entrega de un vehículo automotor y plataforma cuyas características son: Marca: Pegaso; Modelo: 3089 Mider; Color: Rojo; Placas:

   436-XGF; Año: 95; Tipo: Chuto; y Batea Clase: Remolque; Marca: Fabricación Nacional; Color: Rojo; Año: 1995; Placas: 77Y-AAJ.

   Seguidamente, en fecha 04 de Noviembre de 2009, el Fiscal Décimo Sexto del Ministerio Público Abg. L.A.C., mediante auto fundado inserto a los folios 121 y 122 de la causa, Negó la entrega del vehículo y su plataforma, por cuanto consideró que el mismo guarda relación directa con la presunta comisión de un hecho punible, resultando IMPRESCINDIBLE para la investigación a los fines de garantizar las resultas del proceso, encontrándose a la espera del resultado de una Experticia Química a practicar por Expertos de PEQUIVEN, COMPLEJO PETROQUÍMICO MORON.

   Posteriormente, en fecha 06 de Octubre de 2010, el Abg. G.A.N.S. actuando con la condición de Apoderado Judicial de los ciudadanos J.D.J.Q., y E.C.S. solicita a la Representación Fiscal, la entrega del vehículo así como de la carga retenida en la presente investigación, sin que hasta la presente fecha conste en autos el pronunciamiento del Titular de la Acción Penal.-

   Así pues; se evidencia de las actuaciones que el día 06 de octubre de 2010, es la primera oportunidad en que es solicitada la entrega material de 600 sacos de producto fertilizante, mediante escrito inserto al folio 258 al 273, por lo que corresponde en primer término a la Vindicta Pública pronunciarse sobre la entrega de los objetos incautados en la investigación de conformidad con lo previsto en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que “EL MINISTERIO PÚBLICO devolverá los objetos recogidos o que se incautaron y que no sean imprescindibles para la investigación”. (Destacado propio).

   De la interpretación literal de la referida norma se desprende que el ente investigador es el que debe establecer la necesidad del objeto incautado para su investigación, y sólo cuando se produzca la negativa por parte de la Fiscalía o un retraso injustificado, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez de Control solicitando su devolución; situación que no se encuentra dada en el presente caso, al no constar el pronunciamiento Fiscal.

   Por otra parte, en lo que se refiere a la solicitud de entrega de un Vehículo con las siguientes características Marca: Pegaso; Modelo: 3089 Mider; Color: Rojo; Placas: 436-XGF; Año: 95; Tipo: Chuto; Serial de Carrocería: VS1233403P2PL0148-C’0L20; y Batea Clase: Remolque; Marca: Fabricación Nacional; Color: Rojo; Año: 1995; Tipo: Batea; Placas: 77Y-AAJ, este Tribunal no puede acordar su entrega por cuanto el Ministerio Publico mediante auto estableció que el mismo era IMPRESCINDIBLE para la investigación hasta tanto se recibiera experticia química.

   Ahora bien, considera esta Juzgadora, que entrar a resolver sobre entregas de objetos sin que exista el correspondiente pronunciamiento Fiscal, sería invadir la competencia del órgano investigador, puesto que solamente ese órgano es quien debe determinar en prima facie, si el bien incautado es imprescindible a la investigación o sí existe otra razón para no efectuar la referida entrega y cumplido ese paso es que puede acudirse ante el Tribunal de Control.

   DISPOSITIVA

   Por las razones expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 05 del Circuito Judicial Penal del Estado M.E.E.V., en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento:

   PRIMERO: De conformidad con lo previsto en el artículo 311 del Código Orgánico procesal Penal Se niega la entrega material de 600 sacos de producto fertilizante por cuanto no existe pronunciamiento en autos de la Representación Fiscal donde determine si es o no imprescindible para la investigación. SEGUNDO: Se niega la entrega material de un Vehículo con las siguientes características Marca: Pegaso; Modelo: 3089 Mider; Color: Rojo; Placas: 436 XGF; Año: 95; Tipo: Chuto; Serial de Carrocería: VS1233403P2PL0148-C’0L20; y Batea Clase: Remolque; Marca: Fabricación Nacional; Color: Rojo; Año: 1995; Tipo: Batea; Placas: 77Y-AAJ, toda vez que el Ministerio Público determinó que era imprescindible para la investigación.

   TERCERO: Visto que consta inserto a los folios 134 al 190, Experticia practicada a la sustancia retenida, por los Expertos de PEQUIVEN, COMPLEJO PETROQUÍMICO MORON, la cual según auto de fecha 04 de Noviembre de 2009, suscrito por el Fiscal Décimo Sexto del Ministerio Público Abg. L.A.C., inserto a los folios 121 y 122 de la causa, era determinante para realizar o no la entrega tanto del vehículo como de la mercancía retenida, es por lo que se INSTA a la Representación Fiscal A PRONUNCIARSE CON LA URGENCIA DEL CASO sobre la petición formulada mediante escrito inserto a los folios 258 al 273 de conformidad con lo previsto en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que en caso de omisión de decisión puede incurrir en responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria. Notifíquese a la Fiscalía XVI del Ministerio Público, al Abg. G.A.N.S., apoderado de los ciudadanos J.D.J.Q.A., E.Y.C.S. y G.D.P.R.. Remítase de inmediato las actuaciones a la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público. …

   .

   MOTIVACION

   Corresponde a esta alzada, luego de analizar lo referente al escrito del Recurso de Apelación, como a los argumentos de la decisión recurrida, realizar el correspondiente pronunciamiento:

   El Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control No 05 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión el Vigía en fecha 11 de Enero de 2.011, negó la entrega de los seiscientos (600) sacos de producto fertilizante, en razón que de conformidad con lo previsto en el artículo 311 del Código Orgánico procesal Penal no existe pronunciamiento en autos por parte de la Representación Fiscal donde determine si es o no imprescindible para la investigación, eso en relación a los 600 sacos de fertilizante.

   Asimismo el recurrente solicita la entrega de los vehículos con las siguientes características: Clase Camión, marca Pegaso, modelo 3089 Mider, tipo Chuto, color Rojo, año 1995, placas 436-XGF, uso Carga, serial de carrocería VS12334D3P2PL0148-C0128; y Batea Clase: Remolque; marca Remivenca Fabricación Nacional, modelo 3BE24-130, tipo Plataforma, color Rojo, año 1995, placas 77Y-AAJ, Uso Carga, serial de carrocería -2555-, serial de motor: No Porta, toda vez que el Ministerio Público determinó que era imprescindible para la investigación.

   Ahora bien, este Tribunal de Alzada observa con respecto a la negativa de entrega de los seiscientos (600) sacos de fertilizante, por parte del Tribunal de Control No 05 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión el Vigía, que si bien es cierto existen las experticias pertinentes en la Primera Pieza de la causa principal Nº LP11-2010-003112, inserta en los folios 89 (Experticia Química Botánica realizada por la Dirección de Toxicología, Delegación Mérida), folio 134 al 196 (Experticia practicada por PEQUIVEN), en la cual se determina que la sustancia incautada viene hacer “Fosfato Monoamónico”, así como las respectivas guías de despacho inserta en el folio 118 de la primera pieza del expediente y los documentos respectivos, no dejando de ser menos cierto, que los seiscientos (600) sacos de fertilizantes, son el objeto de la Investigación Penal, llevado por la Fiscalía del Ministerio Público, por cuanto forman parte esencial de la misma.

   En este mismo orden de ideas, si bien es cierto de la revisión de autos de todas las actuaciones realizadas por el Ministerio Público y de la observación de todas la experticias e informes que se reflejan en la causa principal, y si bien que en principio estamos frente a un hecho que para esta alzada no reviste carácter penal, no es menos cierto que en razón del principio de inmediación establecido en el articulo 16 del Código Orgánico Procesal es al Tribunal de Primera Instancia, quien le corresponde pronunciarse y decidir sobre lo incautado, una vez la Vindicta Pública presente el respectivo Acto Conclusivo en la causa, como deber del Ministerio Público, pues dependiendo de los elementos de convicción que obtenga o halla obtenido de la investigación de manera de lograr demostrar si la sustancia incautada es licita o Ilícita, por lo cual, de ser así debe presentar la respectiva acusación, o de acuerdo a la apreciación de los elementos que arrojo la investigación el Ministerio Público según su criterio puede solicitar el sobreseimiento de la causa o decretar el archivo fiscal.

   Al respecto esta alzada estima conveniente traer a colación, Sentencia proferida por la Sala Constitucional, N° 338 de fecha 24 de marzo, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, la cual establece lo siguiente:

   (…)En efecto, las facultades de valorar directamente el acervo probatorio y de establecer los hechos le corresponde exclusivamente al Juez de Primera Instancia en Función de Juicio en virtud del principio de inmediación, no pudiendo el tribunal de alzada arrogarse tales funciones en el proceso de resolución de un recurso de apelación(…)

   Ahora bien, en razón de este Principio Rector como lo es el principio de Inmediación, es el juez de instancia que en presencia de las partes aprecia los hechos y los alegatos sin intermediaros, y ha sido criterio reiterado de nuestro máximo tribunal, que: “Las C.d.A. son tribunales que no han sido concebidos por el legislador adjetivo para conocer los hechos y las pruebas de forma directa, lo cual esta reservado exclusivamente al tribunal de Juicio, bajo el principio de inmediación, contenido en el articulo 16 del Código Orgánico Procesal Penal”. Por tanto en razón de la consideraciones antes expuestas esta Alzada considera que lo ajustado a derecho es negar como efectivamente se NIEGA la entrega material de los seiscientos (600) sacos de producto fertilizante. Y así se decide.

   Ahora bien, esta alzada en razón del tiempo transcurrido desde que tuvo conocimiento el Ministerio Público y ordenó el inicio de la investigación del hecho objeto de la presente causa, aunado a todos los informes y experticias que se encuentra en autos, que en principio esta alzada no observa que estamos frente a un hecho que revista carácter penal, por tanto si en principio no reviste carácter penal no puede estar dentro de los supuestos establecidos en el articulo 313 del Código Orgánica, en relación a ser considerado como delitos de lesa humanidad, contra la cosa pública, en materia de derechos humanos, crímenes de guerra, narcotráfico y delitos conexos, en tal sentido, esta alzada no puede pasar por alto lo siguiente, en toda investigación, es necesario que el ente encargado de ejercer la acción penal en nombre del Estado Venezolano, la concluya en los espacios de tiempo que otorga la ley, a los fines de honrar los conceptos de seguridad jurídica, debido proceso y tutela judicial efectiva.

   En este sentido, no debe olvidarse que la fase preparatoria, en principio corresponde al Ministerio Público como director de la investigación; sin embargo, es al Juez o Jueza de Primera Instancia en Funciones de Control, a quien corresponde como controlador de dicha fase, velar porque la conclusión de la misma ocurra en los plazos de ley.

   Al respecto esta Alzada estima necesario traer a colación lo establecido en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:

   ART. 313. —Duración. El Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera.

   Pasados seis meses desde la individualización del imputado o imputada, éste o ésta, o la víctima podrán requerir al Juez o Jueza de Control la fijación de un plazo prudencial, no menor de treinta días, ni mayor de ciento veinte días para la conclusión de la investigación.

   Para la fijación de este plazo, dentro de las veinticuatro horas de recibida la solicitud, el Juez o Jueza deberá fijar una audiencia a realizarse dentro de los diez días siguientes, para oír al Ministerio Público, al imputado o imputada y su defensa, debiendo tornar en consideración la magnitud del daño causado, la complejidad de la investigación, y cualquier otra circunstancia que a su juicio permita alcanzar la finalidad del proceso.

   Quedan excluidas de la aplicación de esta norma, las causas que se refieran a la investigación de delitos de lesa humanidad, contra la cosa pública, en materia de derechos humanos, crímenes de guerra, narcotráfico y delitos conexos.

   La no comparecencia del imputado o imputada o su defensor o defensora a la audiencia no suspende el acto.

   En relación a la negativa por parte de la juez A-quo en decisión recurrida de la entrega de los vehículos con las siguientes características: Clase Camión, marca Pegaso, modelo 3089 Mider, tipo Chuto, color Rojo, año 1995, placas 436-XGF, uso Carga, serial de carrocería VS12334D3P2PL0148-C0128; y el Vehiculo: Batea Clase: Remolque; marca Remivenca Fabricación Nacional, modelo 3BE24-130, tipo Plataforma, color Rojo, año 19995, placas 77Y-AAJ, uso Carga, serial de carrocería -2555-, serial de motor No Porta, en razón que el Ministerio Público determinó que era imprescindible para la investigación, esta Corte Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, hace las siguientes consideraciones;

   El Ministerio Público en su escrito de contestación manifiesta lo siguiente:

   (…) Si bien es cierto, la presente investigación se encuentra en la fase preparatoria, la cual no ha concluido conforme al artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal, para los efectos de dictar el pertinente acto conclusivo y a su vez, consideramos que además a lo anteriormente expuesto, dicho vehículo y su carga son imprescindibles para la investigación de la presente causa de conformidad con el artículo 311 ejusdem, y estos pudieran ser susceptibles de confiscación por incautación de conformidad con el articulo 66 de la derogada Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y artículo 183 de la vigente Ley Orgánica de Drogas; es por ello que esta representación Fiscal considera que el Juez al momento de fundamentar la decisión recurrida la realizó ajustada a derecho, dando cabal cumplimiento a lo contemplado en la precitada normativa del texto legal indicado ut supra.

   …Omissis…

   En tal sentido, no puede la Sala —como ningún otro órgano del poder judicial- dejar a un lado la realidad que perturba no solo a nuestra sociedad sino al mundo entero, en razón del incremento del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes, ello a pesar de los grandes esfuerzos que realiza el Gobierno Nacional para combatir este tipo de delitos, que afecta no solo a la estructura misma del Estado sino también a los cimientos de la sociedad. Por ello, resulta propicio resaltar el ineludible compromiso que poseen los órganos de administración de justicia en la lucha permanente contra el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes (…)

   Ahora bien, observa esta alzada que los vehículos anteriormente descritos, no forman parte directa en la investigación de la Fiscalía del Ministerio Público, por cuanto el delito a investigar es sobre la sustancia incautada, en tal sentido, no se esta en presencia de algunos de los delitos previstos en la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, aunado a ello los referidos vehículos, no se encuentra SOLICITADO, según datos obtenidos del SIPOL, por ningún organismo policial, tal como consta en las Experticias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub. Delegación el Vigía, las cuales corren insertas en los folios 77 y 79 de la Primera Pieza de la causa Principal, así mismo, los seriales se encuentran en Estado Original según las mismas experticias y además consta al folio 291 documento original de compra venta, con sus correspondientes sellos húmedos, documento debidamente autenticado por ante la Notaria Pública Cuarta de San C.E.T., de fecha 06 de Noviembre de 2007, inserto bajo el No 13, Tomo 224 de los libros de Autenticaciones llevados por la citada oficina, de igual forma se encuentran anexados los Originales de los Certificados de los Vehículos, emanado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, inserto en los folios 293 y 294 de la Primera Pieza de la causa Principal.

   Así las cosas, el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, señala en materia de devolución de objetos lo siguiente:

   “El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez o Jueza de Control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que puede incurrir el o la Fiscal si la demora le es imputable.

   El Juez o Jueza y el Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos cada vez que sean requeridos.

   Las autoridades competentes deberán darle cumplimiento inmediato a la orden que en este sentido impartan el Juez o Jueza, o el o la Fiscal, so pena de ser enjuiciados o enjuiciadas por desobediencia a la autoridad, conforme a lo dispuesto en el Código Penal.

   En el presente caso, como ya se ha manifestado, los vehículos objeto de la solicitud de entrega, no es el Objeto Principal en la investigación del Ministerio Público, así mismo, no se encuentra solicitados y una sola persona demostró mediante documento de compra venta ser la legítima propietaria.

   Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida considera ajustado a derecho, ordenar la entrega de los vehículos con las siguientes características: Clase Camión, marca Pegaso, modelo 3089 Mider, tipo Chuto, color Rojo, año 1995, placas 436-XGF, uso Carga, serial de carrocería VS12334D3P2PL0148-C0128; y Batea Clase: Remolque; marca Remivenca Fabricación Nacional, modelo 3BE24-130, tipo Plataforma, color Rojo, año 19995, placas 77Y-AAJ, uso Carga, serial de carrocería -2555-, serial de motor No Porta, según consta en documento debidamente autenticado por ante la Notaria Pública Cuarta de San C.E.T., de fecha 06 de Noviembre de 2007, inserto bajo el No 13, Tomo 224 de los libros de Autenticaciones llevados por la citada oficina, a la Ciudadana: G.D.P.R., en calidad de calidad de GUARDA Y CUSTODIA a favor de la ciudadana G.D.P.R., con la obligación de usarlo, cuidarlo y conservarlo como un buen padre de familia, y presentarlo ante cualquier autoridad nacional que se lo requiera. Además se impone la prohibición de venderlo, enajenar o traspasar dichos vehículos, debiendo firmar a tales fines la correspondiente acta de compromiso. Y así se decide.

   DISPOSITIVA

   Por los razonamientos expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos:

Declara Parcialmente Con Lugar el recurso de Apelación de Autos interpuesto por el ciudadano: G.A.N.S., en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos J.D.J.Q.A., E.Y.C.S. y G.D.P.R., en contra de la decisión proferido en fecha 11 de Enero de 2011, por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 05 del Circuito Judicial Penal del Estado M.E.e.V., mediante la cual negó la entrega material de Seiscientos (600) sacos de producto fertilizante y la entrega de los vehículos con las siguientes características: (Marca: Pegaso; Modelo: 3089 Mider; Color: Rojo; Placas: 436-XGF; Año: 95; Tipo: Chuto; Serial de Carrocería: VS1233403P2PL0148-COL2O; y Batea Clase: Remolque: Marca: Fabricación Nacional; Color: Rojo; Año: 1995; Tipo: Batea; Placas: 77Y- AAJ).

Acuerda la entrega de los vehículos con las siguientes características: Marca: Pegaso; Modelo: 3089 Mider; Color: Rojo; Placas: 436-XGF; Año: 95; Tipo: Chuto; Serial de Carrocería: VS1233403P2PL0148-COL2O; y Batea Clase: Remolque: Marca: Fabricación Nacional; Color: Rojo; Año: 1995; Tipo: Batea; Placas: 77Y- AAJ), en calidad de GUARDA Y CUSTODIA a favor de la ciudadana G.D.P.R.. con obligación de usarlo, cuidarlo y conservarlo como un buen padre de familia, y presentarlo ante cualquier autoridad nacional que se lo requiera. Además se impone la prohibición de venderlo, enajenar o traspasar dicho vehículo, debiendo firmar a tales fines la correspondiente acta de compromiso.

Se niega la entrega material de los Seiscientos (600) sacos de producto fertilizante.

Visto que consta en autos informes y experticias practicadas a la sustancia retenida y específicamente la realizada por los Expertos de PEQUIVEN, COMPLEJO PETROQUÍMICO MORON, en la cual se reporta que la sustancia objeto estudio de la experticia es FOSFATO AMONICAL, sustancia esta utilizada presuntamente como fertilizante en la agricultura; se INSTA a la Representación Fiscal A PRONUNCIARSE CON LA URGENCIA DEL CASO y presentar el respectivo Acto Conclusivo, todo en aras de honrar los conceptos de seguridad jurídica, debido proceso, derecho a la propiedad y tutela judicial efectiva, so pena de incurrir en responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria.

Cópiese, publíquese y notifíquese a las partes, remítase el presente legajo de actuaciones en su oportunidad .legal al Tribunal de Primera Instancia.

LOS JUECES DE LA CORTE DE APELACIONES,

DR. E.J.C.S.

PRESIDENTE -

DR. GENARINO BUITRIAGO ALVARADO

DR. A.T.G.

PONENTE

LA SECRETARIA,

ABG. YEGNIN TORRES ROSARIO

En la misma fecha se libraron boletas de notificación N° ________________________________.

TORRES ROSARIO…SRIA.