Decisión nº 1465 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Julio de 2010
| Fecha de Resolución | 23 de Julio de 2010 |
| Emisor | Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario |
| Ponente | Javier Sanchez Aullon |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Tributario |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 23 de julio de 2010
200º y 151º
ASUNTO: AF41-U-1987-000009.- SENTENCIA Nº 1465.-
ASUNTO ANTIGUO: 505.-
VISTOS
con informes de ambas partes.
En horas de despacho del día 29 de abril de 1987, los ciudadanos M.T.N. y R.P.A., titulares de las cédulas de identidad Nº 2.114.736 y Nº 3.967.035, respectivamente e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nº 2.684 y Nº 12.870, también respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la contribuyente “SOCIEDAD FINANCIERA CONSOLIDADA, C.A.”, antes denominada SOCIEDAD FINANCIERA DEL CENTRO, inscrita originalmente en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 20 de agosto de 1970, bajo el Nº 81, Tomo 63-A, y cuyo cambio de nombre por el actual consta de documento inscrito en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 11 de septiembre de 1980, bajo el Nº 23, Tomo 199-A Sgdo., interpusieron recurso contencioso tributario de conformidad a lo previsto en los artículos 174 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 1982, aplicable rationae temporis, en contra de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Culminatorias de Sumario Administrativo Nº HRCF-SA-20, HRCF-SA-21, HRCF-SA-23, HRCF-SA-24 y HRCF-SA-25, todas de fecha 19 de febrero de 1987, emanadas de la Dirección de Control Fiscal de la extinta Dirección General Sectorial de Rentas, hoy Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), del entonces Ministerio de Hacienda, actual Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, confirmatorias de los reparos formulados a las declaraciones de rentas presentadas por la recurrente, correspondientes a los ejercicios fiscales 1979, 1980, 1981, 1982 y 1983, y las planillas de liquidación Nº 01-1-65-000079, 01-1-65-000081 y 01-1-65-000082 de fecha 25 de marzo 1987, emitidas en concepto de impuesto, multa e intereses, por la cantidad toral de Bs. 3.253.992,42 equivalente actualmente a Bs. F. 3.253,99 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el 01 de enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria Nº 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.638 del 06 de marzo de 2007.
Por auto de fecha 21 de mayo de 1987, se le dio entrada a dicho recurso contencioso tributario, ordenándose formar expediente bajo el Nº 0505, actual Asunto Nº AF41-U-1987-000009, y librar boletas de notificación dirigidas a los ciudadanos Contralor General de la República, Procurador General de la República y a la extinta Dirección Jurídico Impositiva de la Dirección General Sectorial de Rentas del Ministerio de Hacienda, actual Gerencia General de Servicios Jurídicos del SENIAT, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Asimismo se libró Oficio Nº 2250, a fin de solicitar el envío a este Órgano Jurisdiccional, del expediente administrativo formado con base al acto administrativo impugnado.
Estando las partes a derecho, según consta en autos a los folios 349 al 351 ambos inclusive, se admitió dicho recurso mediante Sentencia Interlocutoria sin número de fecha 15 de junio de 1987, ordenándose su tramitación y sustanciación correspondiente.
El 18 de junio de 1987 se abrió la causa a pruebas.
En fecha 07 de julio de 1987, la ciudadana G.M.Á., titular de la cédula de identidad Nº 5.311.021 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 24.626, actuando en su carácter de apoderada judicial de la recurrente, presentó escrito de promoción de pruebas, haciendo valer el mérito favorable de los autos y promovió pruebas documentales.
Posteriormente, el Tribunal en fecha 27 de julio de 1987, admitió las pruebas promovidas por la parte recurrente, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes.
Mediante auto de fecha 1º de septiembre de 1987, el Tribunal prorrogó para el vigésimo (20mo) día de despacho siguiente, el inicio de la relación de la causa.
El 09 de septiembre de 1987, fue recibido en este Órgano Jurisdiccional, el expediente administrativo respectivo, el cual fue remitido mediante Oficio Nº HJI-320-01569 de fecha 04 se septiembre de 1987, emanado de la Dirección Jurídico Impositiva, hoy Gerencia General de Servicios Jurídicos del SENIAT.
En horas de despacho del día 05 de octubre de 1987, se dio inicio a la relación de la causa, suspendiéndose dicha relación para continuarla en el décimo quinto (15º) día de despacho siguiente; lo cual se reiteró en fechas 03 de noviembre y 01 de diciembre de 1987; 07 de enero, 04 de febrero, 07 de marzo, 05 de abril, 03 de mayo, 31 de mayo, 29 de junio y 27 de julio de 1988.
En fecha 24 de agosto de 1988, el Tribunal prorrogó para el décimo quinto (15º) día de despacho siguiente la relación de la causa.
En horas de despacho del día 20 de septiembre de 1988, oportunidad fijada para continuar la relación de la causa, se continuó la misma y se suspendió para continuarla en el décimo quinto (15º) día de despacho siguiente; lo cual se reiteró en fechas 18 de octubre y 21 de noviembre de 1988.
El 21 de noviembre de 1988, el Tribunal fijó el quinto (5º) día de despacho siguiente para que tuviese lugar el acto de informes.
EL 29 de noviembre de 1988 comparecieron, por una parte la ciudadana N.A.d.A., actuando en su carácter de representante judicial del Fisco Nacional, quien presentó diligencia a los fines de consignar su correspondiente escrito de informes constante de nueve (09) folios útiles; y por otra parte el ciudadano R.P.A., ya identificado, quien presentó diligencia a objeto de consignar conclusiones escritas en setenta y cinco (75) folios útiles.
En fecha 20 de diciembre de 1988, oportunidad fijada para continuar la relación de la causa, se continuó la misma y se terminó el mismo día de despacho; seguidamente el Tribunal dijo “VISTOS” y entró en la oportunidad procesal de dictar sentencia.
Mediante auto de fecha 08 de marzo de 1989, se prorrogó por treinta (30) días de despacho la oportunidad para dictar sentencia.
En fechas 10 de marzo de 1992, 14 de junio de 1995, 26 de marzo de 1996, 30 de junio de 1997, 02 de agosto de 1999 y 24 de mayo de 2000, la representación judicial de la recurrente “SOCIEDAD FINANCIERA CONSOLIDADA, C.A.” presentó diligencias solicitando se dictara el fallo correspondiente.
No hubo más actuaciones por parte de la representación judicial de la recurrente.
En fecha 08 de diciembre de 2009, quien suscribe la presente decisión en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, debidamente designado mediante Oficio Nº CJ-09-0100 de fecha 06 de febrero de 2009, emanado de la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentado el día 04 de marzo de 2009, por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento de la presente causa; y asimismo, comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 23 de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:
"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
-I-
ÚNICO
De una revisión detallada de los autos que conforman el expediente de la causa in examine, puede este Juzgador evidenciar que desde la fecha en la cual se dijo “Vistos”, la contribuyente “SOCIEDAD FINANCIERA CONSOLIDADA, C.A.”, por medio de sus apoderados judiciales, ha instado el proceso en diversas ocasiones solicitando se dictara sentencia en la presente causa. No obstante, se evidencia de las actas que conforman el expediente, que la última de dichas solicitudes tuvo lugar en fecha 24 de mayo de 2000. A partir de allí, no han ocurrido nuevamente a dar impulso a la causa, por lo cual resulta oportuno analizar de seguidas, si se ha producido la pérdida sobrevenida del interés por parte de la recurrente y, consecuencialmente, el decaimiento de la acción incoada.
En cuanto al interés procesal, el maestro i.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídicas E.A., Buenos Aires, 1973) señala: “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”.
En virtud de lo anterior, debe este Tribunal señalar el criterio jurisprudencial expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia Nº 416 (caso: Ciudadanía Activa), publicada en fecha 28 de abril de 2009, el cual ratificó el criterio planteado por dicha Sala mediante el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.), expresando lo siguiente:
… (Omissis).
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y M.P.M. de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
(Omissis)…
(Resaltado del Tribunal).
Del criterio jurisprudencial antes transcrito se colige, que la pérdida sobrevenida del interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se diga “VISTOS” y comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.
A mayor abundamiento, cabe destacar lo puntualizado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido
. (Destacado de este Juzgado Superior).
Ahora bien, este Despacho comparte y está en sintonía con el criterio precedentemente expuesto, y evidencia que en el presente caso se está claramente en presencia de la segunda de las situaciones expuestas por la Sala Constitucional, toda vez que se dijo “VISTOS” en fecha 20 de diciembre de 1988; y la última actuación de la parte recurrente se produjo el 24 de mayo de 2000, cuando su representación judicial solicitó que se dictara Sentencia.
Siendo ello así, y ante la ausencia de manifestación asidua en que se decida la presente causa, este Tribunal al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las citadas Sentencias, estima pertinente declarar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. (Ver decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 740, del 19 de junio de 2008). Así se declara.-
-II-
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida sobrevenida del interés procesal, del recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente “SOCIEDAD FINANCIERA CONSOLIDADA, C.A.”, en contra de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Culminatorias de Sumario Administrativo Nros. HRCF-SA-20, HRCF-SA-21, HRCF-SA-23, HRCF-SA-24 y HRCF-SA-25, todas de fecha 19 de febrero de 1987, emanadas de la Dirección de Control Fiscal de la extinta Dirección General Sectorial de Rentas, hoy Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), del entonces Ministerio de Hacienda, actual Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, confirmatorias de los reparos formulados a las declaraciones de rentas presentadas por la recurrente, correspondientes a los ejercicios fiscales 1979, 1980, 1981, 1982 y 1983, y las planillas de liquidación Nros. 01-1-65-000079, 01-1-65-000081 y 01-1-65-000082 de fecha 25 de marzo 1987, emitidas en concepto de impuesto, multa e intereses, por la cantidad toral de Bs. 3.253.992,42 equivalente actualmente a Bs.F. 3.253,99.
Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de julio de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.-
El Juez Provisorio,
Abg. J.S.A..- El Secretario,
Abg. F.J.E.G..-
La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo la una y treinta y un minutos de la tarde (01:31 p.m.).----------------------------El Secretario,
Abg. F.J.E.G..-
ASUNTO: AF41-U-1987-000009.-
ASUNTO ANTIGUO: 0505.-
JSA/ith.-
