Decisión de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo de Caracas, de 2 de Agosto de 2013

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:

1. - INVOCA EL MÉRITO FAVORABLE DE LOS AUTOS:

   De manera oral invocó el merito favorable que se desprende de los autos, en relación a esta solicitud de apreciación del mérito favorable de los autos, debe este Juzgador señalar que el mismo no es un medio de prueba, sino la solicitud de aplicación del principio de la comunidad de la prueba, o de adquisición, que rige en todo el sistema probatorio venezolano, y que el Juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte, razón por la cual al no ser promovido un medio probatorio susceptible de valoración, este Tribunal considera que es improcedente valorar tales alegaciones. Así se establece.

2. - PRUEBAS DOCUMENTALES:

   A.- Hace valer las documentales marcadas con las letras A, B, C, D, y E, referidas a las Copias Certificadas del Expediente Administrativo, signado con el N° MIR-29-IE09-0121, en cuanto a dichas documentales este Juzgado las ADMITE por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación o no en la definitiva. Así se establece.

   B.- En cuanto a la sentencia de fecha 13-04-2011, dictada por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de este Circuito Judicial; se evidencia que las mismas son copias simples de la decisión, la cual se encuentra publicada en la pagina wep del Tribunal Supremo de Justicia, quien decide la desecha del material probatorio, por cuanto las mismas carecen de firma y sello, así como tampoco guardan relación con el presente caso. Así se establece.

   C.- En lo que respecta a la documental denominada Pronunciamiento de la Dirección Medicina Ocupacional del INPSASEL, la cual se encuentra publicada en el portal oficial de la pagina wep del prenombrado órgano administrativo, quien decide la desecha del material probatorio, por cuanto la misma nada aporta a resolución del presente caso. Así se establece.

3. - PRUEBAS DE INFORMES: En cuanto a la solicitud de las pruebas de informes requeridas a las empresas FESTEJOS PLAZA, FESTEJOS EL PRADO, SERVICIOS TOLDECA C.A., BANQUETES GALES y FESTEJOS GARCIA, este Tribunal, evidencia que el promovente desnaturalizó la esencia de dicha prueba, fallando en la técnica de promoción al pretender convertirla prácticamente en una declaración testimonial a través de una comunicación, pues, el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es claro al establecer que tal prueba de informe puede ser solicitada por las partes cuando los hechos litigiosos que se pretendan demostrar consten en documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en la oficina pública, banco, asociación gremial, sociedad civil o mercantil e instituciones similares que no sean parte en el proceso, por lo que ha debido el promovente señalar de manera precisa los datos sobre los hechos plasmados en los archivos, libros u otros documentos de los terceros de quien se requeriría la información sobre los hechos litigiosos de los cuales se tenga certeza de que existan allí plasmados o registrados, motivos por los cuales es forzoso para quien decide negar la prueba de informes por incumplir el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.

4. - PRUEBAS TESTIMONIALES:

   En cuanto a las testimoniales de los ciudadanos A.C., titular de la cedula de identidad Nº E-81.706.750, R.W.B.C., titular de la cedula de identidad Nº 11.179.193, Dra. R.C., adscrita al M.S.D.S. bajo el N° 35.389 y adscrita al C.M.D.F., con el N° 10.377, y L.F.G., titular de la cedula de identidad Nº 6.264.730, este Tribunal no emite pronunciamiento, toda vez que los referidos ciudadanos no comparecieron a rendir declaraciones el día y la hora fijada para dicho acto. Así se establece.

5. - PRUEBA DE EXPERTICIA:

   En cuanto a la solicitud de la prueba de experticia científico técnica requerida por la parte recurrente a la Dirección de Medicina Forense, este Juzgador la declaro improcedente, toda vez que dentro de las facultades atribuidas a la Coordinación de Ciencias Forenses no está la de evaluar, ni determinar generalidades o particularidades, emitidas por otros entes públicos competentes, los cuales conste en documento públicos, vale decir que a la Medicina Forense le corresponde hacer reconocimientos y evaluación medicas legales a casos particulares o individualizados, cuyo resultado sea necesario imprescindible para una decisión judicial o administrativa. Así se establece.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDA: La parte demandada no promovió, ningún tipo de pruebas.

PRUEBAS DEL BENEFICIARIO: El beneficiario de la P.A. no promovió, ningún tipo de pruebas.

5. CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL, y CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.

   1. - Advierte este juzgador; consta en el acto administrativo, cuya nulidad se demanda, lo siguiente:

      A la consulta de Medicina Ocupacional de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Diresat M.d.I.N.d.P., Salud y Seguridad Laborales- INPSASEL, ha asistido el ciudadano: E.A.H., titular de la cédula de identidad Nº 14.068.131 de 31 años de edad, desde el día 16/12/2008 a los fines de la evaluación medica respectiva por presentar sintomatología compartible con enfermedad de presunto origen ocupacional. El mismo presta sus servicios para la Festejos Mar C.A, ubicada en Avenida Los Cortijos, Quinta La esmeralda, Urbanización Campo Alegre, Municipio Chacao-Estado Miranda, donde se ha desempeñado como Mesonero, desde su ingreso 20/0/1998. Una vez realizada la evaluación integral que incluye los 5 criterios: 1. Higiénico-ocupacional, 2. Epidemiológico, 3. Legal, 4. Clínico y 5. Paraclínico, a través de la investigación realizada por funcionarios adscriptos a esta institución TSU E.R., cedula de identidad Nº 12.959.543, en su condición de Inspector en seguridad y Salud en el Trabajo II, donde pudo constatarse que el trabajador tuvo una antigüedad de 10 años, aproximadamente laborando para la empresa y que en las actividades y tareas realizadas por el mismo existen factores de riesgos para el desarrollo o agravamiento de enfermedades músculo esqueléticas, como lo son la manipulación, levantamiento y traslado de cargas, posturas estáticas e inadecuadas mantenidas, flexo – extensión, lateralización e inclinación de tronco con o sin cargas, movimientos repetitivos y continuos de miembros superiores, brazos fuera del plano de trabajo, inicia sintomatología dolorosa a nivel de columna lumbosacra en el año 2006 irradiada a miembros inferiores, la cual se intensifica posterior a caída de sus propios pies, por lo que acude a especialista, quien solicita resonancia magnética nuclear (RMN) de columna lumbo sacra de fecha 12/11/2007 reportando cambios degenerativos desde L4 – S1, hernia de disco paramedial izquierda L4-L5 con estenosis del receso lateral compresión extrínseca de la raíz nerviosa y desplazamiento posterior de la misma, protusión del disco L5-S1, lo que le condiciona inestabilidad lumbosacra y síndrome de compresión radicular, por lo que se sugiere resolución quirúrgica del caso pendiente. La patología descrita constituye un estado patológico agravado por las condiciones de trabajo bajo las cuales el trabajador se encontraba obligado a laborar, tal y como lo establece el articulo 70 de la LOPCYMAT. Por lo anteriormente expuesto y en uso de las atribuciones legales basados en el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su articulo 89, el articulo 18 numeral 15 y el articulo 76 de la LOPCYMAT. Yo, H.R., venezolana titular d la C.I. 4.579.706, Medica Especialista en S.O. adscrita al INPSASEL, según la P.A. Nº 03 de fecha 26-10-2006, por designación de su Presidente Dr. J.P., carácter este que consta en el decreto Nº 3.742, publicado en Gaceta Oficial Nº 38.224 DEL 08-07-2005, CERTIFICO que el trabajador cursa hernia discal paramedial izquierda L4-L5 (IE10-02) protusión del disco L5-S1, considerada como Enfermedad Agravada por las condiciones de trabajo, que le condiciona una Discapacidad parcial y Permanente. Quedando limitado para la ejecución de actividades que requieran de manipulación, levantamiento y traslado de cargas, posturas estáticas e inadecuadas mantenidas, dorso flexo extensión y lateralización del tronco con o sin cargas, deambulacion, subir y bajar escaleras frecuentemente. El presente informe va sin enmienda se le entregara a las partes interesadas y reposa en la Historia Ocupacional correspondiente H-MIR-08-0077...

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      No cabe la menor duda, y así consta en el certificado en cuestión, que para la calificación del origen ocupacional de los Accidentes y Enfermedades, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, previa investigación, mediante informe, califica el origen de la enfermedad ocupacional, debiendo tener presente, QUE POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE LEY, dicho informe tiene el carácter de documento público.

   2. - Para decidir este juzgador observa; que ciertamente la LOPA consagra la nulidad absoluta de aquellos actos administrativos que hayan sido emitidos con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, por ser violatorios del derecho a la defensa y al debido proceso, y con fines informativos cito el contenido de del numeral 4°, del articulo 19, de la LOPA, “Los actos administrativos serán absolutamente nulos en los siguientes casos: 4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido”, y en igual consideración cita el mandato constitucional, establecido en el Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: I. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso (..). 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad... Todo esto implica no sólo el derecho a un proceso regular, sino a un p.j.. Asimismo, el Estado de Derecho en el cual coexistimos exige un procedimiento ordenado previo a la emisión de cualquier acto administrativo que afecte o pudiera afectar derechos e intereses del administrado, procedimiento que facilite y asegure el accionar administrativo y a su vez, en el que se garantice al administrado el cabal ejercicio de su derecho a la defensa.

   3. - El artículo 76 de la Ley Orgánica sobre Protección, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, dispone: "DE LA CALIFICACIÓN DEL ORIGEN OCUPACIONAL DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES:

      " El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, PREVIA INVESTIGACIÓN, MEDIANTE INFORME, CALIFICARÁ EL ORIGEN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO, O DE LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL. Dicho INFORME TENDRÁ EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PÚBLICO. Todo trabajador o trabajadora al que se la haya diagnosticado una enfermedad ocupacional, deberá acudir al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales para que se realicen las evaluaciones necesarias para la comprobación, calificación y certificación del origen de la misma”.

      (Negrilla, ampliado y subrayado del Juzgado 2° Superior del trabajo del Área Metropolitana de Caracas)

   4. - Advierte este Juzgador; que consta en el expediente, original del acto administrativo contentivo de la certificación recurrida signada con el Nº 0410-09, y copia certificadas de las actas del expediente administrativo identificado con el número MIR-29-IE09-0121, correspondiente a investigación de enfermedad ocupacional, y que este juzgado le otorga pleno valor probatorio, el cual consta, entre otros, los siguiente recaudos: A.- SOLICITUD DE INVESTIGACION DE ORIGEN OCUPACIONAL; B.- ORDEN DE TRABAJO, donde un funcionario publico competente, Coordinador Regional de Inspecciones de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda (DIRESAT), ordena en dicha orden de trabajo para que de conformidad con la normativa legal vigente y correspondiente, verificar la información y denuncia presentada por el Ciudadano E.E.H. , titular de la cédula de identidad Nro. V-14.068.131; C.-INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ORIGEN DE ENFERMEDAD, suscrito por funcionario público competente, adscrito Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda (DIRESAT), el cual fue firmado en señal de conformidad por una representante de la empresa, y donde se le advierte e informa a la representación patronal que la empresa esta incumpliendo la exigencias legales establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y las Normas Venezolana, y que debe informar sobre su subsanación en los lapsos otorgados, so pena de los procedimientos sancionatorios fijados por la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; D.- CERTIFICACIÓN identificada con el N° 0410-09, emanada de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de M.D.M., del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, E.- INFORME Y CONCLUSION DE EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL, y F.- NOTIFICACIÓN A LA EMPRESA , de la Certificación identificada con el N° 0410-09, emanada de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de M.D.M., del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en fecha 03 de diciembre de 2009.

   5. - El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), es un ente autónomo adscrito al Ministerio del Trabajo, creado por mandato del artículo 12 de la LOPCYMAT, En mayo de 2002 el Instituto, da inicio al proceso de reactivación de la s.o. en Venezuela; estando especificadas sus competencias en el artículo 18 de la LOPCYMAT, entre las cuales se puede apreciar: las de Ejecutar la Política Nacional en materia de Prevención, Salud y Seguridad en el Trabajo; Asesorar a empleadores y trabajadores en el área de la s.o.; Dictar las Normas Técnicas que regulan la materia; Aplicar las sanciones a los que violen la Ley en esta materia; Gestionar el nuevo Régimen de Seguridad y Salud en el Trabajo, contando para ello en su estructura organizativa con un nivel operativo desconcentrado conformado por las Direcciones Estadales de Salud de los Trabajadores (DIRESAT), las cuales prestarán atención directa al usuario, trabajador, trabajadora, empleador y empleadora. Las DIRESAT ejecutarán los proyectos del INPSASEL, prestando asesoría técnica especializada en las áreas de: Medicina Ocupacional, Salud, Higiene, Ergonomía, Seguridad y Derecho Laboral. Así mismo, prestarán servicios de evaluación de ambientes y condiciones de trabajo, investigación de accidentes de trabajo, trámites para la certificación de servicios de s.o. y la conformación de los Comités de Seguridad y S.L.. Siendo ello así, se instituye como un cuerpo técnico de apoyo institucional a los fines de emitir las opiniones y servicios de evaluación necesarios para el cumplimiento de los f.d.E., quien en caso de necesidad de instruir un procedimiento o emitir un pronunciamiento de carácter definitivo ha de servirse de los datos recabados por la DIRESAT o de la opinión como cuerpo técnico de soporte de los actos que ha de dictar el Ente, entendiendo que la actuación podría implicar sugerencias y recomendaciones.

   6. - Vale decir, que por el incumplimiento de dichas indicaciones y recomendaciones puede iniciarse un procedimiento administrativo sancionatorio de conformidad con las previsiones del artículo 123 de la (LOPCYMAT). De tal manera que la Dra. H.R., Médica Ocupacional Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, al determinar si la enfermedad del trabajador calificaba como una enfermedad ocupacional prevista en la LOPCYMAT; no acarrea la decisión definitiva en el caso que nos ocupa, ni pone fin al trámite, el cual sería la decisión de INPSASEL sobre la situación del trabajador.

   7. - Se señala a titulo informativo, que el artículo 7, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos define como acto administrativo, toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley, emanados de los órganos de la Administración Pública. Así, el acto administrativo es el límite material de la actuación de la Administración, y una de las puertas de entrada a la jurisdicción contencioso administrativa, con lo cual también se garantiza la posibilidad del ciudadano de ejercer su derecho de acceso a la justicia y de obtener tutela judicial efectiva de sus intereses, al impugnar actos administrativos emanados del Poder Público y que considere violatorios de sus derechos subjetivos.

   8. - Ahora bien, dentro de los actos que pueden emanar de la Administración, como forma de manifestar su voluntad, encontramos los llamados actos de trámite, que son aquéllos que no ponen fin a un procedimiento administrativo, entre los cuales se encuentran aquellos que se van concatenando unos con otros durante el procedimiento para dar lugar finalmente al acto administrativo definitivo; o aquéllos que emanan de una administración consultiva, emitiendo una opinión no vinculante. Así, es comprensible entonces que dichos actos no puedan ser impugnados de manera autónoma, por cuanto si ello fuere posible, el particular que se sintiese afectado por todos y cada uno de los actos de trámite emitidos durante el procedimiento administrativo, podría impugnarlos a discreción, lo cual obstaculizaría la terminación del procedimiento administrativo con la emisión de un acto administrativo final, afectando así el normal funcionamiento de la administración.

   9. - La excepción a la regla anterior, se produce cuando a través de lo considerado un acto de trámite se decide el fondo de lo debatido, y con ello se pone fin al proceso (se repute como definitivo), o cuando dicho acto produzca indefensión al particular. Solicita la parte actora sea declarado nulo, una certificación de la administración, bajo el argumento de la incompetencia del funcionario que emite una opinión técnica en razón de su profesión. Si bien es cierto, dicha certificación en principio forma parte de los actos de trámite que puede concluir en un acto definitivo, no es menos cierto que el mismo contiene una declaración que podría ser igualmente impugnada. Ahora bien, esa declaración se pronuncia sobre el estado de salud de un trabajador, el cual es dictaminado por un profesional de la medicina en respeto y resguardo –en principio- de la salud de una persona humana. Ese acto de trámite puede ser impugnado cuando cause indefensión o prejuzgue sobre la definitiva, lo cual, podría suceder en el caso de autos, toda vez que certifica la existencia de una enfermedad ocupacional, que si bien es cierto no constituye un acto que en sí mismo implique sanción o carga, puede imponer unas condiciones determinadas al –en este caso- patrono en resguardo del trabajador.

   10. - Siendo ello así, aún cuando en sí mismo no constituye un acto definitivo, su incumplimiento puede dar lugar al inicio de un procedimiento sancionatorio el cual resultaría infundado en casos como por ejemplo, los supuestos en que se basa el acto de certificación sea falso, lo cual daría a la impugnación de ese acto. Así, de la revisión de los vicios imputados al acto se tiene que sobre la competencia, se trata de un médico que elabora un informe en su condición profesional de médico ocupacional. Dicho pronunciamiento se refiere a la salud de una persona en razón y en relación al medio en el que desempeña su trabajo, lo cual fue efectivamente realizado en el caso de autos.

2. En cuanto a la INCOMPETENCIA DEL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO en esta ocasión, al cual refiere los numerales 15, y 17, del artículo 18 de la LOPCYMAT, definen la competencia del INPSASEL, para dictar la calificación de discapacidad y para determinar el grado de discapacidad del trabajador afectado, se destaca que el mencionado artículo establece: El Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laborales tendrá las siguientes competencias: 15. Calificar el origen ocupacional de la enfermedad o del Accidente. (…) 17. Dictaminar el grado de discapacidad del trabajador o de la trabajadora (…). De la norma parcialmente transcrita, claramente se observa que es el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), el ente competente para dictar dichas certificaciones, y la LOPCYMAT, destaca en su articulo 22, que el Presidente del referido Instituto posee la potestad de representar al mismo. Respecto a este particular, cuando Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), decide sectorizarse en regiones para ser más efectivas y eficientes sus actividades, todo en aras de garantizar los derechos de los trabajadores, atribuye a los Directores Regionales, al momento de sus designación, las atribuciones para representar Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), y emitir las certificaciones, es decir, se le otorga competencia plena de hecho y de derecho, a los Directores Regionales, para emitir legalmente dentro de su jurisdicción territorial, todos los actos administrativos de efectos particulares, que pudiera emitir el Presidente Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), a nivel nacional.

   1. - En este sentido es necesario señalar que el Presidente de INPSASEL como máxima autoridad del Instituto, en virtud de las competencias antes mencionadas y en vista de las atribuciones que les confiere el artículo 22 ejusdem, creó las Direcciones Estadales de Salud de los Trabajadores (DIRESAT), a fin de optimizar la capacidad de asistir, asesorar, orientar, atender, prevenir y garantizar condiciones seguras y saludables en el entorno laboral, visto que dicha Institución (INPSASEL) como ente de aplicación de la (LOPCYMAT), está en la obligación de proteger y prevenir a los trabajadores a Nivel Nacional; en virtud de ello y con el fin de organizar la distribución territorial de competencias proporcionada entre las diferentes DIRESAT, de acuerdo a los principios de simplicidad, transparencia y cercanía organizativa a los particulares dispuestos en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, se planteó la desconcentración territorial la cual fue aprobada mediante P.A. N° 4 de fecha 11 de octubre de 2006, suscrita por el Presidente de INPSASEL, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica antes mencionada.

   2. - En virtud de lo señalado, el Presidente de INPSASEL, crea las diferentes DIRESAT, y a la vez nombra sus diferentes Directores, así como los profesionales técnicos, a fin de que ejerzan sus funciones en el área de prevención, salud, seguridad, bienestar, etc, en acatamiento a lo establecido en la LOPCYMAT. En atención a tal desconcentración territorial mediante P.A., N° 01, de fecha 14 de diciembre de 2006, dictada por la Presidencia del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 351.616, de fecha 27-12- 2006, se creó la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores (DIRESAT) del Estado Miranda, a la cual está adscrita la medico ocupacional que dictó la certificación que hoy se recurre. ASI SE ESTABLECE.

   3. - De lo anteriormente expuesto se evidencia que el médico que suscribe la certificación lo realizó en el ejercicio de su actividad profesional, dentro del marco del sistema de salud, medicina ocupacional e higiene, entre otros, ello en atención a las normas técnicas que determinan una enfermedad como ocupacional de conformidad con las previsiones establecidas en la LOPCYMAT y a través de una dirección creada como órgano desconcentrado con competencia expresa para dictar este tipo de actos, razón por la cual debe rechazarse el alegato expuesto sobre la incompetencia. ASI SE ESTABLECE.

   4. - Visto lo anterior, este juzgador aprecia con suma precisión que la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de M.D.M., del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, cumplió a cabalidad lo establecido en el artículo 76, de la Ley Orgánica sobre Protección, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, ya que ante de emitir un pronunciamiento, se ordenó el siguiente procedimiento, cursante en autos: SOLICITUD DE INVESTIGACION DE ORIGEN OCUPACIONAL; INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ORIGEN DE ENFERMEDAD; D.- Certificación identificada con el N° 0410-09, emanada de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de M.D.M., del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en fecha 03 de diciembre de 2009; informe y conclusión de evaluación medico ocupacional; previa investigación, mediante informe, calificará el origen del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional. Dicho informe tendrá el carácter de documento público. Consta en autos con valor probatorio, la orden de investigación previa, y el informe de la investigación, requisitos únicos y necesarios, para la calificación del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional. ASI SE ESTABLECE.

3. En cuanto a la AL FALSO SUPUESTO DE HECHO, aduce la parte actora que: sobre la certificación recurrida se baso en un falso supuesto de hecho en virtud que, sin prueba alguna que curse en el Expediente Administrativo que le sirva de respaldó, la DIRESAT M.d.I. declaró que las patologías supuestamente padecidas por el Sr. E.H., son producto del trabajo que desempeñaba en Festejos Mar C.A., sin haber una verdadera investigación en la que se hubiera determinado y probado la relación de causalidad- la cual en todo caso no hubiera podido demostrarse pues según a su decir el trabajador paralelamente prestaba sus servicios en otras empresas. ASI SE ESTABLECE.

   1. - Advierte este Juzgador; es criterio pacifico y reiterado de la mas calificada Doctrina venezolana, la suposición falsa tiene que estar referido forzosamente a un hecho positivo y concreto establecido falsa e inexactamente por el Juez en su sentencia a causa de un error de percepción, y cuya inexistencia resulta de actas o instrumentos del expediente mismo. Es necesario demostrar que el error de percepción cometido por el juzgador resulta de tal entidad, que en caso de no haberse producido otro habría sido el dispositivo del fallo recurrido; por tanto, puede constatarse la existencia de la suposición falsa, pero si ésta resultare irrelevante para el cambio del dispositivo no sería procedente, por resultar francamente inútil.

   2. - En el presente caso, consta en autos en el expediente administrativo, signado con el N° MIR-29-IE09-0121, correspondiente a investigación de enfermedad ocupacional, realizado por orden de trabajo N° MIR09-0166, el cual fue promovido en la oportunidad legal correspondiente por la parte demandante, y que este juzgado le otorgo pleno valor probatorio, entre otros lo siguiente recaudos: A.- SOLICITUD DE INVESTIGACION DE ORIGEN OCUPACIONAL; B.- ORDEN DE TRABAJO N° MIR09-0166, donde unos funcionarios públicos competentes, Lic. Narvick Rodríguez o Ing. L.C.C.I. N° V-6.467.318 y 13.717.433, Directora Coordinador Regional de Inspecciones de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda (DIRESAT), ordenan en dicha orden de trabajo al funcionario: E.R., C.I. N° V-12.959.543, para que de conformidad con la normativa legal vigente y correspondiente, verificar la información y denuncia presentada por el Ciudadano E.A.H., C.I. N° V- 14.068.131; C.- INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ORIGEN DE ENFERMEDAD, suscrito por E.R., C.I. N° V-12.959.543, cuyo cargo es INSPECTOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, II, adscrito Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda (DIRESAT), el cual fue firmado y en señal de conformidad por una representante de la empresa, y donde se le advierte e informa a la representación patronal que la empresa esta incumpliendo la exigencias legales establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y las Normas Venezolana COVENIN, y que debe informar sobre su subsananacion en los lapsos otorgados, so pena de los procedimientos sancionatorios fijados por la Ley Orgánica de Prevención , Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; D.- Certificación identificada con el N° 0410-09, emanada de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de M.D.M., del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en fecha 03 de diciembre de 2009, suscrita por la Medica H.R., especialista en s.o., adscrita a INPSASEL, donde entre otras cosas de destaca e identifica: “A la consulta de Medica Ocupacional de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda (DIRESAT), del Instituto Nacional de Prevención, Salud, y Seguridad laborales, INPSASEL, ha asistido al Ciudadano E.A.H., C.I. N° V- 14.068.131; de 31 años de edad, desde el día 16-12-2008, a los fines de la evaluación medica respectiva por presentar sintomatología compatible con enfermedad de presunto origen ocupacional” (…) (SIC) “..Yo, Medica H.R., venezolana, titular d la C.I. N° V-4-579.709, medica especialista en s.o., adscrita a INPSASEL, según P.A., N° 03 de fecha N° 26-10-2006, por designación de su Presidente J.P., carácter este que consta en el Decreto N° 3.742, publicado en Gaceta Oficial N° 38224, del 09-07-2005, certifico, que el trabajador cursa hernia discal paramedial izquierda L4-L5 (IE10-02) protusión del disco L5-S1, considerada como Enfermedad Agravada por las condiciones de trabajo, que le condiciona una Discapacidad parcial y Permanente. Quedando limitado para la ejecución de actividades que requieran de manipulación, levantamiento y traslado de cargas, posturas estáticas e inadecuadas mantenidas, dorso flexo extensión y lateralización del tronco con o sin cargas, deambulacion, subir y bajar escaleras frecuentemente….”E.- NOTIFICACIÓN A LA EMPRESA FESTEJOS MAR C.A., del certificado de INPSASEL N° 0410-09, y de los recurso que corren contra este acto administrativo. ASI SE ESTABLECE.

   3. - Del contenido de los recaudos entes citados, cursantes en autos con pleno valor probatorio, se desprende de manera inobjetable lo siguiente: Que el Ciudadano E.A.H., C.I. N° V- 14.068.131, asistió de manera personal, a una consulta Medica Ocupacional en la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda (DIRESAT), del Instituto Nacional de Prevención, Salud, y Seguridad laborales, INPSASEL, y que allí fue diagnosticado, por H.R., venezolana, titular de la C.I. N° V-4-579.709, medica especialista en s.o., adscrita a INPSASEL, tal como lo certifica la citada medica, “que el trabajador cursa hernia discal paramedial izquierda L4-L5 (IE10-02) protusión del disco L5-S1, considerada como Enfermedad Agravada por las condiciones de trabajo, que le condiciona una Discapacidad parcial y Permanente. Quedando limitado para la ejecución de actividades que requieran de manipulación, levantamiento y traslado de cargas, posturas estáticas e inadecuadas mantenidas, dorso flexo extensión y lateralización del tronco con o sin cargas, deambulacion, subir y bajar escaleras frecuentemente”. No cabe dudas que H.R., medica especialista en s.o., adscrita a INPSASEL, bajo su acreditado saber y entender científico, no discutido ni cuestionado en autos, emitió el diagnostico medico legal que le corresponde en función a su cargo. ASI SE ESTABLECE.

   4. - Aprecia este juzgador, que la varias veces identificada medica en s.o., para presentar su diagnóstico en la certificación en cuestión, no tenia la obligación de indicar donde parpó, que conversó, que observó, o que métodos utilizó para determinar que el trabajador E.A.H., tenía el cuadro clínico mencionado: No obstante, lo antes señalado por este juzgador; se evidencia de autos que los exámenes en cuestión tardaron varios días para expedir la certificación en cuestión, y que la medica H.R., venezolana, C.I. N° V- 4.579.709, especialista en s.o., adscrita a INPSASEL, tomo en consideración para determinar que el origen de las enfermedades fueron las condiciones de trabajo, el INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ORIGEN DE ENFERMEDAD, cursante en autos con pleno valor probatorio, suscrito por E.R., C.I. N° V-12.959.543, cuyo cargo es INSPECTOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, II, adscrito Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda (DIRESAT), el cual fue firmado y en señal de conformidad por una representante de la empresa, y donde se le advierte e informa a la representación patronal que la empresa esta incumpliendo la exigencias legales establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y las Normas Venezolana COVENIN, y que debe informar sobre su subsananacion en los lapsos otorgados, so pena de los procedimientos sancionatorios fijados por la Ley Orgánica de Prevención , Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

   5. - Antes estas advertencias y apreciaciones, vale destacar la Doctrina de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia N° 01507, donde estableció lo siguiente;

      “(…) Es un vicio propio de la sentencia, denunciable mediante el recurso extraordinario de casación previsto en el encabezamiento del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, el cual conforme lo ha sostenido la doctrina de este Alto Tribunal, tiene que estar referido forzosamente a un hecho positivo y concreto establecido falsa e inexactamente por el Juez en su sentencia a causa de un error de percepción, y cuya inexistencia resulta de actas o instrumentos del expediente mismo.

      Asimismo, se ha dicho que para la procedencia del alegato de suposición falsa, es necesario demostrar que el error de percepción cometido por el juzgador resulta de tal entidad, que en caso de no haberse producido otro habría sido el dispositivo del fallo recurrido; por tanto, puede constatarse la existencia de la suposición falsa, pero si ésta resultare irrelevante para el cambio del dispositivo no sería procedente, por resultar francamente inútil.

      De igual forma esta Sala ha advertido que el referido vicio no está previsto expresamente como uno de los supuestos del artículo 244 eiusdem; sin embargo, la suposición falsa se refiere al hecho de que el juez atribuya a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o dé por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente.

      Por lo tanto, si bien no está establecida en forma expresa como una causal de nulidad de acuerdo a las normas señaladas, debe entenderse que, cuando el juez se extiende más allá de lo probado en autos, es decir, atribuye a instrumentos o actas del expediente menciones que no contienen, o dé por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente, estará sacando elementos de convicción y supliendo excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados; en consecuencia, no estará dictando una decisión expresa, positiva y precisa respecto del material probatorio y estará infringiendo las disposiciones de los artículos 12 y 243, ordinal 5º, del Código de Procedimiento Civil. (Negrillas del Juzgado 2° Superior, del trabajo del Área Metropolitana de Caracas)

   6. - Ahora bien, precisado lo anterior respecto al vicio de suposición falsa, este Juzgado 2° Superior, del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, acoge el criterio antes expresado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, supra transcrito, señalando al respecto que: “(…) para incurrir en el vicio de falso supuesto, es necesario que el Juez al dictar la sentencia que resuelva el fondo del asunto, haya establecido un hecho positivo y concreto sin respaldo probatorio en el expediente, o bien por atribuir a un instrumento del expediente menciones que no contiene, aunado al hecho de que de no haberse producido tal inexactitud, otro hubiere sido la resolución del asunto planteado”. Afirmado lo anterior, concluye este juzgador señalando que si constan en autos lo elementos de hecho, actas, informes, certificaciones, y diagnósticos médicos, determinantes y necesarios para afirmar que el trabajador E.A.H., tenía el cuadro clínico mencionado: ASI SE DECIDE.

      9- Derivado de los señalamientos que anteceden, donde se consideraron las argumentaciones de hecho y de derecho presentadas por la representación legal de la empresa demandada, donde igualmente se revisó y analizó el escrito presentado por la representación del Ministerio Publico, sobre la base del contenido del expediente administrativo, emanado de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de M.D.M., del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales; del análisis probatorio realizado por el este juzgador, y del conocimiento científico apreciado y valorado de los criterios constitucionales, legales y doctrinales que cursan en autos; este Tribunal 2° Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, llega a la convicción que la medico ocupacional H.R., adscrita a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de M.D.M., del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, si tiene competencia para emitir la certificación recurrida, quedando debidamente demostrado que emana de una autoridad competente y legitima, así como tampoco adolece de vicio de falso supuesto al acto administrativo de efectos particulares impugnado a través de la presente demanda de nulidad, este juzgador esta obligado a declara SIN LUGAR, la demanda de nulidad de acto administrativo de efectos particulares, incoada por Sociedad Mercantil FESTEJOS MAR C.A, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 10 de marzo de 1965, bajo el Nro. 66, tomo 6-A, cuya última reforma estatuaria quedo inscrita en dicha oficina de Registro en fecha 29 de mayo de 2008, bajo el N° 43, tomo 91-A-Sdo, contra la Certificación N° 0410-09, de fecha 03-12-2009, emanada de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de M.D.M., del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, notificada mediante oficio N° DM 0743-2009, de fecha 08-2- 2010. ASI SE ESTABLECE.

      CAPITULO CUARTO.

      DISPOSITIVO

      Por las razones de hecho y de derecho precedentes, este Juzgado Superior Segundo de del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia, y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO; SIN LUGAR, la demanda de Nulidad del Actos Administrativo de efectos particulares, intentado por la abogada J.E.F.M., inscrita en el IPSA, bajo el N° 109.941, actuando en representación de la Sociedad Mercantil FESTEJOS MAR C.A, varia veces identificada en autos; contra la Certificación identificada con el N° 0410-09, emanada de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de M.D.M., del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, de fecha 03-12- 2009; SEGUNDO: Se confirma el acto administrativo, Certificación N° 0410-09, notificada mediante oficio N° DM 0743-2009, de fecha 08-2-2010, emanado de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de M.D.M., del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. TERCERO: No hay condenatoria en costas.

      PUBLIQUESE, REGISTRESE, DEJESE COPIA y REMITASE

      Dado, firmado y sellado en la Sala del Despacho Segundo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas a los dos (02), días del mes de agosto de dos mil trece (2013)

      DR. J.M.F.

      JUEZ

      LA SECRETARIA

      ABG. EVA COTES.

      NOTA: En esta misma fecha se dio cumplimiento a las formalidades legales, se dicto, público y diarizó la anterior decisión.

      LA SECRETARIA

      ABG. EVA COTES.