Decisión de Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Aragua, de 31 de Octubre de 2007
| Fecha de Resolución | 31 de Octubre de 2007 |
| Emisor | Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo |
| Ponente | Domingo Efrén Zerpa Naranjo |
| Procedimiento | Querella Funcionarial (Prestaciones Sociales) |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES) Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE LA REGION CENTRAL, CON SEDE EN MARACAY, ESTADO ARAGUA.
EXP. QF-8438.
Recurso: Contencioso Administrativo Funcionarial.
Recurrente: E.G.P.C.
(Asistida de abogado)
Recurrido: Gobernación Del Estado Aragua
De acuerdo al estudio que se hizo a las actas que conforman este Expediente; a los alegatos y elementos probatorios producidos; teniéndose presente todos los aspectos precedentemente indicados, y siendo la oportunidad de conformidad con lo establecido en el Artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Tribunal pasa a dictar Sentencia en el presente procedimiento.
En fecha 14 de febrero de 2007, la ciudadana E.G.P.C., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 3.890.939, de profesión profesora, de este domicilio, asistida por el Abogado en ejercicio, Ciudadano H.G.R., titular de la Cédula de Identidad Nro. 3.434.212, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 24.223, interpuso por ante este Despacho, Recurso Contencioso Funcionarial por Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales, contra la Gobernación del Estado Aragua, por lo que señaló, que ingresó a la Administración Pública del Estado Guárico en fecha 01 de febrero de 1976, en calidad de Docente de Aula, adscrita al Ciclo Básico A.B., posteriormente se desempeñó en la docencia privada y en fecha 4 de abril de 1980, Ingreso a la Administración Pública del Estado Aragua , en el cargo de Docente de Aula y posteriormente ejerció el cargo de Subdirectora Encargada, dependiente de la Secretaría Sectorial de Educación de la Gobernación del Estado Aragua, encontrándose actualmente adscrita a la Escuela Básica Estadal “La Democracia”, del Estado Aragua, acumulando una antigüedad de treinta años, cinco meses y quince días, como Profesora graduada, categoría VI, por lo que, cumplió a cabalidad con los supuestos de procedencia para que le fuera otorgado el Beneficio de Jubilación, con una asignación del cien por cinto (100%) de su última remuneración mensual devengada en el ejercicio de su cargo, tal y como consta en el Acto Administrativo de Efectos Particulares, contenido en el Decreto dictado por el Ciudadano Gobernador del Estado Aragua, Didalco B.G., de fecha 31 de marzo de 2006.
Igualmente manifestó que en fecha 28 de Abril de 2006, la Secretaria Sectorial de Educación del Estado Aragua, le hizo entrega un Cheque por concepto de su Liquidación de Prestaciones Sociales, el cual ascendía a la cantidad de Setenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Diecinueve Bolívares con Diecinueve Céntimos (Bs.74.417.419,19), sin embargo, indicó que dicho pago no estuvo respaldado de calculo alguno, ni le fue entregado en ese momento el Decreto de Jubilación por el cual se le otorgó dicho beneficio, pues realmente lo recibió en fecha 11 de Mayo de 2006.
Igualmente, señaló que luego de realizados los cálculos correspondientes y compararlos con el pago de Prestaciones Sociales que le fue cancelado por concepto de jubilación, emitido por el Estado, se evidenció una marcada diferencia entre ambos cálculos, encontrándose una diferencia a su favor por la cantidad de Cuarenta y Cuatro Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Ocho Bolívares con Treinta y Cuatro Céntimos (Bs. 44.134.138,34), por lo que aduce que el monto que debió cancelarle la Administración Pública es el correspondiente a la cantidad de CIENTO DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLIVARES CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 118.551.457,53). Razón por la cual interpuso su reclamación de conformidad con lo previsto en los Artículos 26, 89, 92, 144 y 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como las Cláusulas 9, 10, 11, 18, 31 y 36 de la IV Convención Colectiva de Trabajo de los Trabajadores de la Educación Dependientes de la Secretaria Sectorial de Educación, relativas a la Bonificación de Fin de Año, Bono Vacacional, Ajuste Salarial, la Prestación de Antigüedad, reconocimiento por año de servicio en zonas rurales y Beneficio de Jubilación; Artículos 108, 133, 666 y 668 de la Ley Orgánica del Trabajo y por último en los Artículos 93, 94 y 95 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Solicitó le sea cancelada la cantidad de Cuarenta y Cuatro Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Ocho Bolívares con Treinta y Cuatro Céntimos (Bs. 44.134.138,34), monto correspondiente a la diferencia total de las Prestaciones Sociales e Intereses y demás derechos laborales derivados de la relación de trabajo que le corresponde. Igualmente solicitó el pago de los Intereses Moratorios, desde la fecha real del pago de sus Prestaciones Sociales hasta la ejecución de la sentencia.
Por la parte querellada, el Ciudadano Abogado: C.R., inscrito en el Inpreabogado bajo el N°. 115.447, actuando en su carácter de Apoderado Judicial del Estado Aragua, en su escrito de contestación alegó, la caducidad de la acción, por cuanto el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial fue interpuesto en fecha 14 de Febrero de 2007, 9 meses y 17 días después de que a la recurrente le fuere notificada del Decreto que lo otorgó el Beneficio de la jubilación, en fecha 28 de Abril de 2006, y recibiendo en esa misma fecha, el Cheque por la cantidad de Bs. 74.417.419,19; o sea, tiempo que supera en demasía, los tres meses que establece la Ley del Estatuto de la Función Pública para ejercer el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, en su Artículo 94.
El Tribunal deja constancia que se cumplieron todas las fases procesales respectivas a la Ley que regula la materia, verificándose los actos establecidos en los Artículos 99, 103, 104 y 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
De la revisión y estudio efectuado a las presentes actuaciones y especialmente la cursante al folio cincuenta y dos (57) se advierte, que en la oportunidad procesal en que tuvo lugar el Acto de Preliminar, mediante Acta levantada al efecto, el Ciudadano Abogado: C.R., actuando en su condición de Apoderado Judicial de la Parte Recurrida, solicitó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se declare Inadmisible el Recurso, por haber operado la Caducidad; y en tal sentido este Tribunal observa, se hace necesario emitir el correspondiente pronunciamiento, respecto a la solicitud formulada por el abogado supra señalado; y previo a la sentencia de fondo, que corresponde dictar en esta oportunidad procesal.
Ahora bien, esta Juzgadora para decidir observa, que según se desprende de lo preceptuado en el Artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, para que un Recurso derivado de una relación en Materia Funcionarial, sea interpuesto válidamente, en cuanto a la oportunidad procesal del mismo, se hace necesario que sea ejercicio dentro de un lapso de tres meses, contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado so pena de declararse la Caducidad de la Acción; lapso procesal, el cual no admite interrupción, ni suspensión, siendo que éste transcurre fatalmente y su vencimiento implica el sucumbir de la Acción, que no es otra , sino la que va a permitir elevar ante el órgano jurisdiccional, lo que constituye el objeto o pretensión a deducir; siendo conteste con lo precedentemente señalado, su naturaleza de Orden Público y fatal; no siendo disponible por la voluntad de las partes, ni mucho menos, por la del Juez, constituyendo un elemento jurídico ordenador del proceso y esencial al mismo.
Por otra parte constriñe acotar, estamos en presencia de una Reclamación por concepto de Diferencia de Prestaciones Sociales y Demás Beneficios Laborales, incoada por la Ciudadana: E.G.P.C., mediante Apoderado Judicial, contra el Estado Aragua, representado por el Ciudadano Gobernador del Estado Aragua Didalco B.G.; y en tal sentido debemos traer a colación, la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, de fecha 14 de Diciembre de 2006, N° 2326, ( caso: R.I.C.d.P. vs. Gobernación del Estado Táchira), con la Ponencia de la Ciudadana Magistrado, Dra. L.E.M.L., la cual nos permitimos transcribir en parte, a los fines de sustentar el criterio a tomar, respecto a la solicitud de Caducidad formulada.
…“omissis” …
Estima la Sala que la regulación material de la prestación de antigüedad en cuanto derecho de los funcionarios públicos, como beneficio y las condiciones de su prestación, debe ajustarse a lo prescrito en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la Ley Orgánica del Trabajo y a su Reglamento, ello por expresa remisión del artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Sin embargo, en lo atinente a la regulación procesal que debe aplicarse para el reclamo en sede judicial de las cantidades adeudadas por este concepto, así como de los intereses que surgen por la mora en su pago (ex artículo 92 constitucional), la incoación de estas demandas debe ajustarse a las prescripciones contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, pues dicha remisión normativa se efectúa sólo en lo relativo a la regulación material de ese derecho, como así lo expresa incluso la propia ley laboral (ex Parágrafo Sexto del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo).
Ello significa que el operador jurídico deberá atender a los aspectos sustantivos de tal derecho adquirido (base de cálculo, acreditación, tasa de interés aplicable y supuestos de anticipo) en las estipulaciones que consagre el legislador laboral sobre la materia, a los fines de revisar la procedencia o improcedencia de aquellas pretensiones que contengan un reclamo de esta naturaleza, sin embargo, ello no comporta la ampliación de los aspectos procedimentales de la Ley Orgánica del Trabajo a los procesos que ventilen controversias surgidas de una relación de empleo público puesto que ello supondría una alteración, por parte del Juez Contencioso Administrativo, de las normas procesales especiales aplicables al proceso contencioso administrativo funcionarial -consagradas en la Ley del Estatuto de la Función Pública-, la creación de una desigualdad procesal entre funcionarios públicos fundada en el contenido de la pretensión mas no en la naturaleza de la relación jurídica previa que subyace en este tipo de conflictos, de contenido estatutario, además de crear una situación de inseguridad jurídica de los usuarios del servicio de justicia ante la confrontación de la ley con los criterios jurisprudenciales adoptados sobre tal aspecto.
La Sala considera que la estabilidad de las normas ordenadoras del proceso, vinculada con la especialidad de cada uno de los regímenes procesales establecidos en razón del bien jurídico tutelado por cada materia (constitucional, contencioso-administrativa, militar, civil, penal, laboral, tributario, etc.) forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva postulado por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como del carácter instrumental del proceso en procura de la justicia predicado por el artículo 257 eiusdem, pues ello presupone el conocimiento previo de aquellas reglas procesales y sus correlativas garantías, por ejemplo, competencia del órgano y garantía del juez natural, derecho a la prueba y establecimiento del lapso probatorio, que operan para que el ciudadano canalice adecuadamente sus pretensiones ante la jurisdicción bajo formas certeras, en procura de obtener la tutela o el reconocimiento de sus derechos de forma expedita y eficaz. Por tanto, la modificación de estas reglas debe obedecer, en virtud del principio de legalidad procesal, a la voluntad legislativa y no a las modificaciones que hagan los jueces de instancia por apreciaciones particulares que prescinden, incluso, de la técnica de control difuso de la constitucionalidad - ex segundo aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el Artículo 20 del Código de Procedimiento Civil.
En esa línea argumentativa, la Sala considera que sólo le es dado al legislador la modificación de los lapsos procesales para el ejercicio de la acción contencioso funcionarial, bien mediante una reforma de la legislación funcionarial en este aspecto concreto bien porque, en atención al mandato efectuado por el Constituyente en la Disposición Transitoria Cuarta, numeral 3, del Texto Fundamental, el legislador laboral extienda expresamente a los funcionarios públicos al servicio de la Administración Pública nacional, estadal o municipal la regulación material y procesal del derecho a las prestaciones sociales tutelado por el artículo 92 constitucional”. Criterio Jurisprudencial que ha acogido la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia N° 2007-748 de fecha 29 de marzo de 2007, caso: M.C.C.D.B..
…“omissis”…
En el mismo orden de ideas cabe destacar, que el criterio imperante en los actuales momentos, y en consonancia con lo previsto en el Artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es el sostenido en la decisión transcrita parcialmente supra, el cual acoge esta Superioridad, en el sentido de que el lapso aplicable para la reclamación en sede judicial de prestaciones sociales y su diferencia, así como los intereses moratorios generados por la demora en su pago, es el establecido en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; puesto que, de aplicarse lo contrario, significaría tanto como alterar las normas procesales especiales aplicables al proceso contencioso administrativo funcionarial, consagradas en la Ley del Estatuto de Función Pública.
Por cuanto, se evidencia de las actuaciones que conforman el presente expediente, que el hecho generador del recurso interpuesto, tuvo lugar en fecha 28 de Abril de 2006 (vuelto del folio 1) y solo fue el 22 de Febrero de 2007, cuando fue interpuesto por ante Despacho el mismo; y como quiera, que transcurrieron nueve (9) meses y diecisiete (17) días, tiempo que supera excesivamente el lapso de de caducidad de tres (03) meses, establecido en el Artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; este Tribunal Superior, tomando en consideración que la Caducidad constituye un presupuesto de inadmisibilidad de eminente Orden Público, el cual al ser advertido, en cualquier grado del proceso e instancia, debe ser declarado aún de oficio; este Tribunal Superior, en apego a la decisión dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Suprema de Justicia, en fecha 14 de Diciembre de 2006, bajo la Ponencia de la Ciudadana Magistrado, Doctora: L.E.L. y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 108 y 94 de La Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo preceptuado en el párrafo 6, del Artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Declara Consumada la Caducidad de la Acción y en consecuencia, Inadmisible. Así se decide.
DECISION:
Por todas las razones expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara Inadmisible el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la Ciudadana: E.G.P.C., mediante Apoderada Judicial, contra la Gobernación Del Estado Aragua, por Diferencia de Cobro de Prestaciones Sociales, todos ampliamente identificados en autos.
Se ordena Notificar a la Procuraduría General del Estado Aragua, de conformidad con el Artículo 149 de la Constitución del Estado Aragua.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza especial del juicio.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, a los treinta y uno (31) del mes de Octubre del año dos mil siete (2007). Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR TEMPORAL,
DRA. G.D.L.R..
LA SECRETARIA TEMPORAL,
R.M.R..
En la misma fecha, se publicó y registró la decisión anterior siendo las dos y veinticinco minutos de la tarde (2:25 p.m.).
LA SECRETARIA TEMPORAL,
R.M.R..
GDLR/maría a.
cc. archivo.
Exp. Nº QF-8438.
