Decisión nº PJ0642011000015 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 2 de Febrero de 2011

Lo que respecta a la valoración de las pruebas, por cuanto la parte actora solicitó que se verificara en su integridad el fallo apelado en relación a ello, por cuanto a su decir, no se tomaron en cuenta las pruebas a los fines de declarar procedente las indemnizaciones de Ley por el “accidente de trabajo”.

Ahora bien, esta Alzada pudo constatar que en el fallo proferido por la recurrida existe como vicio de la sentencia las determinaciones de los hechos de la controversia, en el sentido de que existe silencio de las pruebas de las pruebas emitidas por el Hospital General del Sur Dr. P.I., que van del folio 42 al 43, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la copia simple de la cédula de identidad de la demandante que riela en el folio 44 así como del Original del Acta de Defunción del ciudadano M.O., que riela en el folio 50, que si bien de una u otra manera este Tribunal dio valor probatorio a la primera de las mencionadas, desechó las ultimas por no incidir en la resolución de la controversia, pero no se puede escapar el pronunciamiento conforme al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, aplicado analógicamente con el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en el sentido de que, debe ser valorado aun cuando aquellas para juicio del Juez no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del mismo con respecto a ellas.

Dentro de este contexto, siendo que el silencio de pruebas es cuando las mismas no son objeto de análisis, apreciación o valoración en su integridad legal, y siendo que la parte demandante denuncia la falta de valoración en el sentido de que no se valoraron los hechos conforme al derecho, pudo constatar este Tribunal Superior, tal vicio, por lo tanto considera anulación del fallo. Así se decide.

Establece el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en cuanto a la nulidad de la sentencia lo siguiente:

Dentro del lapso de cinco (5) días hábiles siguientes al pronunciamiento oral de la sentencia, el Juez deberá, en su publicación, reproducir por escrito el fallo completo, el cual se agregará a las actas, dejando constancia, el secretario, del día y hora de la consignación. El fallo será redactado en términos claros, precisos y lacónicos, sin necesidad de narrativa, no de transcripciones de actas, no de documentos que consten en el expediente; pero contendrá la identificación de las partes y sus apoderados, los motivos de hecho y de derecho de la decisión, así como la determinación del objeto o la cosa sobre la cual recaiga la decisión; pudiendo ordenas, si fuere necesario, experticia complementaria del objeto, con un único perito, el cual será designado por el Tribunal.

En consecuencia, el fallo estará viciado de nulidad, si no cumple con los requisitos intrínsecos establecidos en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por disposición expresa del artículo 160 ejusdem, el cual prevé:

1. Por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior;

2. Por haber absuelto la instancia;

3. Por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea lo decidido; y

4. Cuando sean condicional o contenga ultrapetita.

Por su parte, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 21 de agosto de 2003, con Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, (CASO: A.V.Z.P.V.. M.A.E.R., dejó sentado que conforme a nuestro ordenamiento Jurídico Procesal, el Juez en la sentencia tiene tres (3) facetas diferentes:

a.) En la NARRATIVA se comporta como un historiador del proceso indicando los diversos planteamientos hechos por las partes para dejar constancia en forma clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia;

b.) En la MOTIVA actúa como un catedrático del derecho al hacer un conjunto ordenado y metódico de razonamientos que se traducen en prueba de la legitimidad de la sentencia y que no son otra cosa sino la explicación del por qué se llegó a una determinada conclusión y, por último;

c.) En el DISPOSITIVO se comporta como el verdadero órgano del Estado que resuelve el conflicto sometido a su consideración.

Por lo tanto, y en virtud del carácter revisor como función de este Juzgado Superior, se declara la NULIDAD la sentencia recurrida con fundamento al numeral 1° del artículo 160 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo por faltar las determinaciones previstas en el artículo 159 eiusdem; y como consecuencia la parcialidad deL recurso. Asi se decide.

Este Tribunal de Alzada igualmente pasa de seguidas con las denuncias a los fines de esclarecer la controversia y emitir el pronunciamiento respectivo. Así se decide.

En relación a la anterior delación de la parte demandante, si bien la recurrida no tomó en cuenta la valoración de la constancia emitida por el Hospital General del Sur, Dr. P.I. donde consta que la demandante estuvo en el referido hospital bajo el numero de historia 38-29-36 desde el día 28 de septiembre de 2005 hasta el 14 de noviembre de 2005, por presentar Fractura Intertrocanterica Fémur Izquierdo, que el tratamiento fue por un Médico Ortopédico, que las intervenciones realizadas fueron Tracción Esqueletal y el médico tratante fue L.S.R., en la que concuerda la fecha indicada en el libelo de la demanda sobre el supuesto accidente de trabajo, no es menos cierto que el Informe emitido por el Instituto Nacional De Prevención, Salud Y Seguridad Laborales (Inpsasel), como riela del folio 100 al 122, demuestra que el referido instituto verificó los archivos de la empresa en la que constató que la misma notificó el accidente y que la demandante al subir los escalones de acceso desde el patio al corredor de salida para comenzar su jornada de trabajo sufrió un desbalance

en el cuerpo en la que tratándose de agarrar de un contenedor de basura perdió el equilibrio y cayó sobre una estriba, se demostró que le aplicaron los primeros auxilios y fue trasladada al Hospital General del Sur, en la que refuerza este hecho la documental objeto de análisis; a su vez, siendo demostrado que sufrió una fractura en el fémur izquierdo, no se escapa el hecho generador de la conducta de la victima, en el sentido de que la actora de autos cometió un acto inseguro teniendo ocupada en sus manos el teléfono celular, la cartera y el bolso de ropa en la espalda e ingresando por el acceso que no es del personal; asimismo lo refuerza el informe de investigación por parte de la Coordinadora de Seguridad, Higiene y Ambiente que para el momento (como lo constató INPSASEL) fue la ciudadana Eyling Rojas que en fecha 28 de septiembre de 2005, la demandante trató de subir las escaleras de acceso desde el patio al corredor de salida para comenzar su jornada, que pierde el equilibrio y cayó sobre una estiba que se encontraba en el lugar sufriendo la fractura en la cadera y fémur.

Si bien, el organismo antes indicado, describe el hecho como un accidente de trabajo, esta Alzada debe determinar con precisión con las demás probanzas, lo acontecido. Así se establece.

Determinar si el accidente fue demostrado por parte de la demandante.

Para mayor abundamiento, accidente de trabajo es, según el artículo 69 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo de 2005 es:

todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo (…)

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Así las cosas, es importante destacar que los accidentes de trabajo son eventos totalmente prevenibles ya que la gran mayoría de los factores de riesgo en las actividades laborales son introducidos sin estudios de su efecto en salud; en general, las normas de prevención se desarrollan una vez producido el daño y muchas de estas aparecen mucho tiempo después de ser conocidos sus efectos. No obstante, cuando ocurre un accidente es el fracaso de la seguridad en la empresa por cuanto las medidas previstas para controlar aquellas circunstancias que de manera repentina pueden producir un daño no resultan efectivas.

De lo cual surge que las causas básicas de la ocurrencia del accidente; se circunscriben en factores personales que son: 1) La falta de conocimiento o de capacidad para desarrollar el trabajo que se mantiene encomendado, 2) La falta de motivación o motivación inadecuada, 3) Por tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo y por evitar incomodidades, y 4) Por lograr la atención de los demás y expresas hostilidades. Y los factores de trabajo que son: 1) La falta de normas en el trabajo o normas de trabajo inadecuadas, 2) Diseño o Mantenimiento inadecuado de las máquinas y equipos, 3) Hábitos incorrectos, 4) uso y desgaste normal de equipos y herramientas, y 5) Uso anormal e incorrecto de equipos, herramientas e instalaciones.

Ahora bien, en materia de accidentes y enfermedades del trabajo, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado que el régimen de indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales está previsto, esencialmente, en cuatro textos normativos distintos, que son: la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley del Seguro Social Obligatorio, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y el Código Civil.

Para que prospere una reclamación del trabajador en estos casos bastará que se demuestre el acaecimiento del accidente del trabajo, o el padecimiento de la enfermedad profesional, y la demostración del grado de incapacidad sobrevenida será relevante a los fines de determinar el monto de la indemnización.

Es de notar; que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; además refleja aquellas indemnizaciones que son y deben ser reclamadas por los trabajadores, que por impericia, imprudencia y negligencia, hayan ocasionado la empresa, infortunios laborales y/o enfermedades ocupacionales, con ocasión del Trabajo, llamada esta por la Doctrina Venezolana, Responsabilidad Subjetiva, generada por el Hecho Ilícito y la Responsabilidad Objetiva generada con ocasión de esta o sin culpa del patrono, o llamada también esta última como la Teoría del Riesgo profesional.

Dentro de este marco, es necesario indicar lo siguiente: En el artículo 1.185 del Código Civil, establece lo siguiente:

El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo

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Ha indicado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión N.° 1040 de fecha 14 de septiembre de 2004, caso Andine Rodríguez en contra de Elebol, lo siguiente:

“El precepto contenido en el artículo in commento contempla una de las fuentes de las obligaciones, como lo es el hecho ilícito, definido éste de un modo general como “una actuación culposa que causa daños, no tolerada ni consentida por el ordenamiento jurídico positivo. Esa actuación puede ser positiva o negativa, según que el agente (causante del daño) desarrolle un hacer o un no hacer (Eloy Maduro Luyando, Curso de Obligaciones, Derecho Civil III). En tal sentido, esta Sala de Casación Social, en sentencia Nº 731, de fecha 13 de julio de 2004, dejó sentado lo que de seguida se transcribe: “La doctrina y jurisprudencia venezolanas han sostenido que el hecho ilícito, como cualquier acto contrario al ordenamiento jurídico vigente, es generado por la intención, la imprudencia, la negligencia, la impericia, mala fe, abuso de derecho e inobservancia del texto normativo por parte de una persona (agente), que tiene por contrapartida una responsabilidad a favor de otra persona (víctima o perjudicado), por una conducta contraria a derecho. Así pues, que lo antijurídico es todo acto, hecho o conducta que es contraria o violatoria del ordenamiento legal. Asimismo, la ley y la jurisprudencia han considerado como una conducta antijurídica el abuso en el ejercicio de un derecho, sea objetivo o subjetivo, mediante el cual se irrespeta el derecho de los demás, por excederse de los límites y fronteras, consagrados normativamente, a veces, por el derecho, y otras, por la fuentes del derecho, la costumbre, los principios generales, derechos que han sido concedidos en interés del bien particular, en armonía con el bien de todos. El abuso del derecho nace con el mal uso, o con el uso equivocado del derecho subjetivo, o con el equivocado concepto de su uso. Se reitera que cuando en el ejercicio legal de un derecho, la persona excede el límite impuesto por el derecho objetivo, traspasando o invadiendo la esfera de otros derechos subjetivos, hay un abuso o exceso de derecho. Todo derecho subjetivo tiene un límite que termina en la existencia del derecho subjetivo de los demás. Ese acto excesivo o conducta ilícita produce un daño que puede legalmente dar lugar a una indemnización. Ahora bien, tanto la doctrina patria como la jurisprudencia, han señalado como elementos constitutivos del hecho ilícito: 1) El incumplimiento de una conducta preexistente; 2) El carácter culposo del Incumplimiento; 3) que el incumplimiento sea ilícito, o sea, viole el ordenamiento jurídico positivo; 4) que se produzca un daño y, 5) La relación de causalidad entre el incumplimiento culposo ilícito, actuando como causa y el daño figurando como efecto. Las consideraciones expuestas permiten a la Sala evidenciar la infracción por falsa de aplicación por la recurrida de la norma delatada, por cuanto, como antes se señaló, para proceder a la condenatoria del daño moral, inexorablemente debió establecerse el acaecimiento del hecho ilícito a partir del análisis de los elementos que lo componen y que han sido referidos. En ese sentido, el sentenciador de Alzada estimó la ocurrencia de una situación “laboral irregular”, que le causó daños de naturaleza emocional a la parte actora, producto de la incertidumbre sufrida ante la promesa de jubilación (excepcional) manifestada por la demandada, quien posteriormente procedió, incumpliendo tal oferta, a realizar un despido injustificado. Tales hechos, no configuran a juicio de esta Sala de Casación Social un hecho ilícito, conforme lo establece el artículo 1.185 del Código Civil y los criterios expuestos en los párrafos precedentes, por cuanto, a todas luces, carece del elemento constitutivo más significativo como lo es la antijuridicidad o violación de normas legales. (Subrayado y resaltado nuestro).

La doctrina ha señalado que la cuestión de la relación de causalidad adquiere fundamental importancia en el ámbito que nos ocupa, en el cual, obviando disquisiciones filosóficas acerca de los alcances que se deben atribuir a la conducta humana, es preciso determinar cuándo y en qué condiciones el patrono debe responder ante la lesión de que es víctima el empleado. La relación de causalidad, es pues una cuestión de orden físico material, más que jurídico, se trata de saber si un daño es consecuencia de un hecho anterior y para su estudio es necesario definir los conceptos de causa – concausa y condición.

Es este orden de ideas, la causa, es el origen, antecedente o fundamento de algo que ocurre, es el hecho que ocasiona algo, una cosa o acontecimiento que puede producir uno o más efectos; la concausa, es aquello que actuando conjuntamente con una determinada causa, contribuye a calificar el efecto, es un estado o circunstancia independiente que actúa con la causa, que puede ser preexistente, concomitante o sobreviviente, en medicina la concausa preexistente se llama “estado anterior” que se refiere a los estados patológicos de la víctima y la concausa concomitante o sobreviniente se llama complicación; la condición es empleada en el sentido de condicionar, es decir, hacer depender alguna cosa de una condición. (Pavese-Gianibeli. Enfermedades Profesionales en la Medicina del Trabajo y en el Derecho Laboral. Editorial Universidad. Buenos Aires. Argentina).

De lo antes expuesto, es necesario para esta sentenciadora señalar lo que respecta a la teoría de la responsabilidad objetiva, según la cual procede el pago de una indemnización por daño moral causado a favor del trabajador accidentado, independientemente de la culpa o negligencia del patrono, esto es, que la responsabilidad del patrono en la reparación del daño moral, en caso de accidentes o enfermedad ocupacional, es objetiva, vale decir, procede la indemnización por daño moral exista o no culpa o negligencia por parte de la empresa o por parte de los trabajadores o aprendices, sino ante la mera ocurrencia del accidente o enfermedad, sin que sean relevantes las condiciones en que se haya producido el infortunio, siempre y cuando este no haya ocurrido por las causales establecidos en el artículo 563 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se establece.

Por otra parte, la responsabilidad subjetiva derivada del hecho ilícito conforme a las previsiones del Código Civil, procede cuando se ha demostrado la negligencia, impericia o inobservancia por parte del empleador para que se produjera el accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional, dicha responsabilidad subjetiva tiene una carga en el patrono, ya que la ocurrencia del mismo responde a su acción u omisión. Es por ello, que para saber que se está en presencia de dicha responsabilidad, deben estar presentes los tres elementos fundamentales que son: el daño, la culpa y la relación de causalidad, o causa del daño que vincula al hecho con la consecuencia o daño y su autor o responsable. Así se establece.

De allí, esta Alzada procede a verificar en el caso de marras la existencia de los elementos que deben estar presentes para la condena o no de la responsabilidad objetiva y/o responsabilidad subjetiva cuando ocurre un accidente de trabajo, según sea el caso; así pues, en el presente asunto, no se encuentra en discusión que haya existido el accidente, pero si negado por la demandada que haya sido “laboral”, sin embargo, el accidente en la que califica la demandante de “trabajo”, debió ésta demostrarlo, sin embargo no trae a las actas elementos suficientes que pudieran apuntar que haya sido con ocasión del mismo, que el accidente haya sido producto de imprudencia de la patronal al momento de ejercer sus funciones inherentes al cargo, mas bien fue constatado que fue por negligencia de la actora al pasar por un acceso donde se encontraban unas estribas en el patio de las instalaciones de la demandada en la que se estaba construyéndose en dicha área; en la que se demostró únicamente del informe emitido por el INPSASEL, al verificar la documentación de la empresa, como el reporte del accidente y el informe de la Coordinadora de Seguridad e Higiene Ambiental (folio 108 y 109).

Igualmente no se encuentra en discusión que haya sido en la fecha indicado por la actora, que se le haya diagnosticado Fractura Intertrocanterica en el Fémur Izquierdo, pero lo determinante para esta Sentenciadora y así lo considera, que la misma (la demandante) cometió un acto inseguro ( verificado por INPSASEL ver folio 108), al tomar como acceso de entrada un área de construcción en la parte trasera de las instalaciones de la empresa (patio) aunado al hecho de que iba a comenzar su jornada de trabajo, por ello siendo insuficientes las pruebas para determinar la causa y concausa del infortunio como la demostración de la construcción del área de acceso y que fuera la única entrada de acceso y siendo que la parte actora debió tener la carga probatoria en el referido hecho, infiere este Tribunal Superior que la conducta de la victima como un acto inseguro por su misma imprudencia, no puede calificarse como accidente de trabajo, aunado al hecho de que las testimoniales en el acto de la Audiencia de Juicio manifestaron que se pasaba por unas estribas, pero que la demandante tenia en su poder un teléfono y bolsos para el inicio de la jornada laboral, que ciertamente la patronal proporcionaba los implementos de seguridad e higiene para las funciones inherentes al cargo de cada personal al servicio de la demandada; por consiguiente no procede en derecho las reclamaciones o indemnizaciones por responsabilidad subjetiva solicitadas. Así se decide.

Verificar si la firma indubitada del documento de la notificación de riesgos, no fue tomada en cuenta en la motiva de la sentencia de la recurrida.

Dentro de este mapa referencial, si bien el Tribunal de la recurrida valoró la prueba de cotejo sobre la documental referida a la notificación de riesgos en la que quedó demostrado que fue indubitada la firma de la demandante, este Tribunal Superior considera que al ser falsa la rubrica de la demandante al supuesto conocimiento de la actora sobre los riesgos en el puesto de trabajo, incurre la demandada en una violación de derecho, por cuanto la actora debe estar en conocimiento de ello y así lo establece la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente y del Trabajo sobre los riesgos, agentes y efectos que pudieran generar el puesto de trabajo.

No obstante, siendo ello así no se escapa del análisis del acervo probatorio, las testimoniales evacuadas cuando manifestaron que la patronal suministraba los implementos de seguridad, en la que se considera en principio una atenuante para la patronal, sin embargo esta Alzada considera en lo que respecta al documento indubitado, que se cometió una infracción de Ley adulterando la documental antes referida; no obstante, si bien es cierto que la actitud de la demandada al falsificar la firma de la accionante a los efectos de demostrar que cumplió a cabalidad con la norma que es imperativa de que toda empresa debe notificarle a sus trabajadores sobre los riegos laborales, arriba a la convicción que la demandada no le participó a la accionante de autos sobre los riesgos que pueden presentarse en todo establecimiento laboral, en consecuencia, se tiene que la demandada incumplió con dicho requisito, sin embargo tal y como se señala en la parte ut supra de la presente decisión, al existir sólo esta irregularidad es insuficiente para poder condenar a la empresa demandada por alguna de las indemnizaciones de la responsabilidades subjetivas reclamada Así se decide.

En relación al daño moral y como ultima denuncia, por parte de la demandada, no siendo procedente su argumentación como defensa, es necesario señalar que el DAÑO MORAL no merma económicamente al perjudicado porque afectan intereses no económicos, afectan aspectos íntimos, sentimentales, afectivos, emocionales, los que lesionan facetas de la personalidad, los que afectan la integridad corporal, y tienen varias manifestaciones que no se pueden confundir: a) los que perturban el honor de la persona, entendiendo por tal la autovaloración que cada uno tiene de si, o sea, aquellos elementos subjetivos o internos de la personalidad; b) los que lastiman el aspecto externo de esa misma valoración, es decir, los que deterioran el concepto que los demás tienen de nosotros; c) los que afectan el aspecto sentimental, emocional o afectivo de las personas, y d) los que afectan los derechos de la personalidad y las libertades que se reconocen en la Constitución.

Igualmente, se habla de daños morales que pueden considerarse objetivados, que son aquellos que resultan de las repercusiones económicas, de las angustias o trastornos psíquicos que se padecen como consecuencia de un hecho dañoso, puesto que los aspectos subjetivos o internos del perjudicado, pueden afectar la productividad, originando un daño indemnizable, y que el origen de la merma o de la pérdida de la productividad permite distinguirlo del lucro cesante, que debe ser indemnizado en su totalidad, y puede ser evaluado por peritos, por cuanto tiene manifestaciones externas, económicas, patrimoniales que permiten una valoración objetiva.

Los anteriores se distinguen de los daños morales subjetivos o pretium doloris, que son aquellos que lesionan aspectos sentimentales, afectivos, emocionales, que originan angustias, dolores internos, psíquicos, que no son fáciles de describir, de definir y menos de evaluar, por cuanto no hay criterios para tasar, medir o cuantificar el dolor, impacto emocional, la afección interna o sentimental, y son invaluables desde el punto de vista patrimonial.

Al no existir elementos que permitan una cuantificación objetiva y justa del daño moral, entendido como el pretium doloris, entran en juego muchos factores subjetivos o personales de quien debe tasar su monto, y como no existen normas que fijen criterios de evaluación, corresponde al juez establecer su monto, debiendo tener en cuenta que tratándose de daño moral subjetivo, el derecho lastimado de la víctima se restablece, no propiamente con la cabal reparación del mismo, por ser inconmensurable, sino con una equitativa satisfacción, esto es, procurar algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido, permitiendo a quienes han sido víctimas del sufrimiento, hacerles, al menos, más llevadera su congoja, por lo que el arbitrio judicial no puede tener más límites que la equidad y la justicia, más no puede considerase que quede abierta la posibilidad de que el juez pueda ser arbitrario, por lo que es necesario evitar los excesos que se presentan en los fallos judiciales, razón por la cual, la Sala de Casación Social ha establecido una serie de criterios que permiten controlar la legalidad en el proceso lógico que lleva al juez a cuantificar el daño moral, pues entiende esta juzgadora que el arbitrio judicial no puede convertirse en arbitrariedad, ni en subjetivismo, y la determinación de la cuantía del daño moral supone un sano análisis de la intensidad del daño y sus características, teniendo en consideración factores como la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño causado.

En consecuencia corresponde a esta sentenciadora determinar la cuantificación del daño moral, de manera discrecional, razonada y motivada, lo cual pasa a realizarla en los siguientes términos:

Así pues, se tiene que conforme a la condena del daño moral que debe asumir la demandada, la Sala ha establecido en reiteradas decisiones, los parámetros a considerar y son los siguientes:

1. La entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales). Se observa que la afectada ciudadana M.E.H.A., sufrió una Fractura Intertrocanterica Fémur Izquierdo producto de un acto inseguro por su propia negligencia horas antes de su jornada de trabajo, pero en las mismas instalaciones de la patronal.

2. El grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva). En cuanto a este parámetro, debe observarse que quedó demostrado que el hecho fue por un acto inseguro de la actora, en la que se efectuó sin la protección y discreción de la misma.

3. La conducta de la víctima. Quedó demostrado que el hecho fue por un acto inseguro de la actora al manifestar en su declaración de parte, que tuvo que pasar por la jardinería de la empresa, llena de escombros y estibas.

4. Grado de educación y cultura del reclamante. No se demostró en actas que la actora tuviera un grado de instrucción o profesionalización, que pudiera tomarse en cuenta o equipar para elevar la estimación correspondiente con los demás parámetros establecidos.

5. Posición social y económica del reclamante. Evidentemente la accionante era una trabajadora que prestaba servicios para la empresa demandada devengando un salario ajustado a sus funciones, es decir, su condición económica era modesta.

6. Los posibles atenuantes a favor del responsable. Se observa que la empresa demandada no tiene ninguna atenuante que pudiera prosperarle en su defensa, sino al contrario, ha perjudicado a la actora por el solo hecho de indubitar un documento en la que hace del conocimiento a esta Alzada que fue notificada de los riesgos en el trabajo.

7. El tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad. Es de observar que la actora tiene un sufrimiento moral, en la que su situación actual no irá hacer la misma de la anterior, por cuanto la lesión fue una discapacidad parcial permanente, pero eso no le impide que realice otras funciones laborales.

8. Referencias pecuniarias estimadas por la Juez para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto. Este Tribunal de Alzada lo estima sobre la cantidad de DOCE MIL BOLÍVARES FUERTES (BS. F 12.000, oo). Así se decide.

Siendo lo referido al concepto de DAÑO MORAL, la INDEXACIÓN O CORRECCIÓN MONETARIA como una observancia del orden publico y visto que la recurrida inobservó la jurisprudencia actual, dicho concepto será calculada conforme al criterio reciente de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 05 de octubre de 2009, caso P.R.P. contra las Sociedades Mercantiles Fertilizantes y Servicios para el Agro S.A y Petroquímica de Venezuela S.A, con Ponencia del Magistrado Omar Mora, en los siguientes términos: A partir del momento en que expire el lapso que la Ley prevé para el cumplimiento voluntario de la sentencia, sin que la parte demandada haya efectuado el pago. Así se decide.

En lo que respecta a las costas procesales de la demanda reclamada no proceden por cuanto el vencimiento de la condena fue parcial, pero sí proceden por cuanto el recurso de apelación de la demandada no le prosperó. Así se decide.

DISPOSITIVO:

Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR QUINTO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en la Ciudad de Maracaibo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

Parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante recurrente en contra de la sentencia de fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2010, dictado por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción del Estado Zulia, con sede en Maracaibo.

Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada recurrente en contra de la sentencia de fecha veintinueve (29) de Noviembre de 2010, dictado por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción del Estado Zulia, con sede en Maracaibo.

Parcialmente con lugar la demanda incoada por la ciudadana M.E.H.A. en contra de INDUSTRIAS PROCESADORAS C.A (INPROCA).

Se anula el fallo apelado.

No se condena en costas de la demanda dada la parcialidad del fallo.

Se condena en costas a la demandada por no haberle prosperado el recurso.

Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 21 numeral 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. REGÍSTRESE y PUBLÍQUESE. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR QUINTO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los primeros (02) días del mes de Febrero de 2011. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

DRA. T.V.S.

LA JUEZ SUPERIOR

ABG. W.S.

EL SECRETARIO

Publicada en el mismo día siendo las 08:44 a. m., quedando registrada bajo el No. PJ0642011000015.-

ABG. W.S.

EL SECRETARIO