Decisión nº KP02-G-2006-000242 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 16 de Junio de 2009
| Fecha de Resolución | 16 de Junio de 2009 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo |
| Ponente | Freddy Josue Duque Ramirez |
| Procedimiento | Querella Funcionarial (Prestaciones Sociales) |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental
Barquisimeto, dieciséis de junio de dos mil nueve
199º y 150º
ASUNTO: KP02-G-2006-000242
QUERELLANTE: E.L.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 4.071.872.
REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE: F.A.D., venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 32.784, de este domicilio.
QUERELLADA: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES
REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLADA: E.C., venezolana, mayor de edad, bogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 23.595.
MOTIVO: QUERELLA FUNCIONARIAL (DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES)
I
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
En fecha 12 de diciembre de 2006 es recibida por este Tribunal la Querella Funcionarial interpuesta por la ciudadana E.L.C. antes identificado, en contra del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, por cuanto que en fecha 08 de diciembre del 2005 se le cancelaron las prestaciones sociales, a su decir, de manera incompleta, razon por la cual demanda ante esta instancia la diferencia de dichas prestaciones.
En fecha 15 de diciembre de 2006 este Tribunal admite a sustanciación el presente asunto ordenado las citaciones y notificaciones de conformidad con la Ley.
El 12 de febrero del 2009, la parte querellada dio contestación a la demanda solicitando que la presente querella sea declara sin lugar en la definitiva.
Así pues, el 20 de abril del 2009 se llevó a cabo la audiencia preliminar de conformidad con el artículo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, a la cual acudieron las partes y solicitaron la apertura del lapso de prueba.
Posteriormente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se realizo la audiencia definitiva el 04 de junio del 2009 a la cual acudieron las partes, y esta superioridad dicto el dispositivo del fallo declarando Parcialmente Con Lugar la querella propuesta y fijo el lapso de 10 días para el dictado del correspondiente fallo in extenso.
Revisadas las actas procesales y estando en el momento oportuno para dictar la sentencia definitiva pasa este sentenciador a decidir bajo las consideraciones siguientes:
II
DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS
El escrito de demanda interpuesto por el querellante y dirigido al Director General de Personal del Ministerio de Educación y Deportes, se valora como documento privado.
El calculo de prestaciones sociales emanado por la querellada, que riela a los folios 35 al 46, se valora como documento administrativo.
El voucher del cheque emitido a favor de la querellante por concepto de pago de prestaciones sociales, que riela al folio 47, se valora como documento administrativo.
La resolución Nº 03-11-01 emanada del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, se valora como documento administrativo.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
PUNTO PREVIO
Primeramente, es necesario para este Tribunal pronunciarse sobre el punto previo alegado por la querellada y relativo a la caducidad de la acción. En tal sentido se debe señalar que la parte querellante alega que recibió el pago de sus prestaciones sociales en fecha 08 de Diciembre del 2005, lo cual no fue controvertido y probado como contrario, y de igual forma consta que la querella fue recibida por la Oficina de Distribución y Recepción de Documentos en fecha 08 de diciembre del 2006, lo que significa que la acción fue interpuesta en el lapso de un año.
Ahora bien, a los fines de decidir la inadmisibilidad por caducidad, debe considerar quien aquí juzga que a pesar de que la Ley del Estatuto de la Función Pública establece en su artículo 94 el lapso de tres (03) mese para intentar la acción, para la fecha en que fue interpuesta al querella tanto los Tribunales Contenciosos Regionales como las C.C.A. mantenían vigente el criterio de llevar el lapso de caducidad a un (01) año, criterio que se mantuvo vigente hasta la fecha 14 de Diciembre del 2006, en donde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que debía aplicarse el lapso de 3 meses y no de un año. En consecuencia este tribunal debe aplicar el principio doctrinal de la confianza legítima o expectativa plausible, en razón de que para la fecha en que fue interpuesta la querella funcionarial el criterio jurisdiccional era el de un (01) año, por tanto de be declararse sin lugar la cuestión previa opuesta y así se decide.
CONSIDERACIONES DE FONDO
Este juzgador para decidir señala, que el pago de las prestaciones sociales se debe hacer al querellante, porque la Constitución de 1.999 en su artículo 92, las asume como un derecho social para recompensar en este caso su antigüedad en el servicio y como un auxilio de cesantía de la relación de empleo público, garantías reconocidas por anticipado por la Ley del Estatuto de la Función Pública, que remite a la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 26, por ser un derecho social; que además las preveía en cuanto a su fundamento, primero que el propio texto constitucional; pero como lo señaló el autor De Pedro, esa remisión era únicamente referencial, “...pues para su pago o cancelación se debían utilizar principios y técnicas derivados de la condición estatutaria que vincula al funcionario con la Administración Pública...” (De P.F., Antonio. 1.997. Régimen Funcionarial de la Ley de Carrera Administrativa. Valencia-Caracas: Vadell Hermanos Editores. Página 130).
En consecuencia, el pago de prestaciones sociales es un derecho irrenunciable del cual gozan los trabajadores por la prestación de sus servicios a un patrono, en este caso a la Administración Pública constituyendo dicho pago un conjunto de beneficios adquiridos por el funcionario que no es de naturaleza indemnizatoria como los sueldos dejados de percibir, sino un derecho que le corresponde al empleado al cesar la prestación de servicio, por lo que es importante resaltar que las prestaciones sociales constituyen deudas de exigibilidad inmediata al culminar la relación de empleo, y que forma parte de un sistema integral de justicia social que se encuentra sujeto a la n.C. prevista en el artículo 92 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo ser tal derecho garantizado por los operadores de justicia tal como lo ordena el artículo 19 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Ahora bien, al entrar a decidir el fondo del asunto controvertido este tribunal observa que la parte querellante demanda el cobro de diferencia de prestaciones sociales y al constatar la planilla de liquidación emanada del Ministerio de Educación, la misma no se corresponde con lo establecido en la Ley, ya que efectivamente tal y como lo alegó la parte querellante no fueron tomados en cuanta a los efectos de determinar el salario integral los ajustes salariales, el bono vacacional docente y los aguinaldos, a los efectos de determinar la antigüedad establecida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, de igual forma no se tomo en cuenta para el calculo del pago que le correspondía por efecto de la antigüedad que ordena el artículo 666 eiusdem. Igualmente, debió considerarse el salario para la fecha 31 de Diciembre de 1996, el cual era de Bolívares 117.640,00 correspondiente al bono de transferencia que ordena el artículo 666 eiusdem; al mismo tiempo le corresponden los intereses moratorios del antiguo régimen de prestaciones que ordena el artículo 668 eiusdem, así como los intereses moratorios que le corresponden por concepto de prestaciones sociales establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De acuerdo a los razonamientos expuestos, este tribunal acuerda las diferencias de prestaciones sociales en base a los conceptos señalados anteriormente, los cuales deben ser calculados mediante una experticia complementaria del fallo, debiendo tomarse en cuenta el adelanto de prestaciones ya recibido.
Ahora bien, con relación a la indexación solicitada por la parte querellante, la misma no es procedente pues las prestaciones sociales que surgen como consecuencia de una relación de empelo público no son susceptibles de ser sometidas a corrección monetaria, ya que no constituyen por su naturaleza una deuda pecuniaria y debe fijarse cuantitativamente en función de la norma que rige la materia, no existiendo base legal para que el juez orden el reajuste del valor del monto de las prestaciones sociales al cambio de la moneda al momento de ser canceladas, además de existir una relación estatutaria, determinada desde el primer momento en que el funcionario ingresa a la Administración a través de la Ley especial que la regula, en este caso la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Para mayor abundamiento, sobre la improcedencia de la indexación solicitada, se hace preciso mencionar el criterio asentado por la Corte Primera Contencioso Administrativa en Sentencia de fecha 11 de Octubre del 2001, ratificada el 27 marzo del 2006 y el 27 de junio del 2006, entre otras, donde se estableció que las obligaciones originadas por empleo público no son susceptibles de ser indexadas, especialmente, cuando están referidas a los funcionarios públicos quienes mantienen un régimen estatutario y así se decide.
Así las cosas, sólo los conceptos anteriormente señalados deberán ser calculados a los fines de determinar la diferencia sobre las prestaciones sociales del querellante, mas no así la indexación.
En conclusión, y en base a las consideraciones explanadas supra, quien aquí decide debe declarar PARCIALMENTE CON LUGAR la querella funcionarial por cobro de diferencia de prestaciones sociales, y a los fines de determinar con exactitud el monto de los conceptos acordados en el cuerpo de esta sentencia, se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 de Código de Procedimiento Civil, y así se decide.
IV
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide:
Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la Querella Funcionarial interpuesta por la ciudadana E.L.C. en contra del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.
Se ordena a los fines del calculo exacto del monto por concepto de diferencia de prestaciones sociales, la realización de una experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, la cual deberá someterse a lo establecido en el presente fallo.
No se condena en costas dada la naturaleza del fallo.
En el supuesto de no haber apelación en la presente decisión, se ordena la consulta obligatoria de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Notifíquese al Procurador General de la Republica de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los dieciséis (16) días del mes de Junio del año dos mil nueve (2009). Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
El Juez Titular
Dr. F.D.R.
La Secretaria,
Abogada S.F.C.
Publicada en su fecha a las 2:00 p.m.
La Secretaria,
Fd/ydg.-
