Decisión nº PJ0082012000294 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Octubre de 2012

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 25 de octubre de 2012

202º y 153º

SENTENCIA N° PJ0082012000294

ASUNTO: AF48-U-1998-000098

ASUNTO ANTIGUO: 1998-1089

Recurso Contencioso Tributario

Vistos: Con Informes de las Partes.

Recurrente: DISTRIBUIDORA DE LICORES LA PARAGUA C.A., inscrita ante el Juzgado Civil y Mercantil del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar, Registro de Comercio Nº 267 asiento Nº 41 Folios 114 al 117 de fecha 13-12-89, domiciliada en la Avenida la Paragua Edif. Vicente, Local 1, Ciudad Bolivar. Estado Bolivar.

Representación de la recurrente: Ciudadana R.E.B.d.M., venezolana, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 6.615.390, en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil, asistida por el Abogado E.V. inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 3.609.

Acto Recurrido: La Resolución Nº HGJT-98-189, emanada de la Gerencia Jurídico Tributaria de del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, en fecha 29 de julio de 1998 que declaro Parcialmente con Lugar el Recurso Jerárquico Interpuesto por la contribuyente.

Representación del Fisco: Abogada, M.P.T., Y.M.M.L., D.C.U., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 63.226, 70.921, 34.360 respectivamente.

Tributo: Impuesto Sobre Alcohol y Especies Alcohólicas.

I

RELACIÓN CRONOLÓGICA

Mediante Oficio HGJT-J-98-E-1828 de fecha 17-09-1998 fue remitido de la Administración Tributaria SENIAT Recurso Contencioso Tributario interpuesto subsidiariamente al Recurso Jerárquico en fecha 25-02-1994, por la contribuyente DISTRIBUIDORA DE LICORES LA PARAGUA C.A.,

En fecha 07-10-1998, se le dio entrada la presente recurso y se ordeno la notificación de la recurrente, al Procurador y al Contralor General de la Republica.

En fecha 18-03-1999, se comisiono al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Transito y del Trabajo (Primer Circuito), Circunscripción Judicial del Estado Bolívar a los fines de que practicara la notificación de la recurrente.

En fecha 18-06-1999, fue consignada la boleta de notificación librada al Contralor General de la Republica.

En fecha 21-06-1999, fue consignada la comisión debidamente cumplida.

En fecha 14-07-1999 fue consignada la boleta de notificación librada al Procurador General de la Republica.

En fecha 02-08-1999, la Abogada Donatelli Blumetti, quien en su carácter de representante del fisco nacional consigno escrito de oposición al presente Recurso.

En fecha 04-08-1999, se admitió el presente recurso.

En fecha 06-10-1999, se declaro la causa abierta a pruebas.

En fecha 07-10-1999, se dio inicio al lapso probatorio.

En fecha 29-11-1999 venció el lapso de promoción en la presente causa.

En fecha 14-02-2000, venció el lapso probatorio en la presente causa.

En fecha 15-02-2000, se ordeno proceder a la vista de la causa.

En fecha 17-02-2000, se fijo la oportunidad para que cada parte presentara los informes.

En fecha 21-03-2000, compareció el ciudadano L.d.J.V., abogado, inscrito en el Impreabogado bajo el Nº 71.855, quien en su carácter de apoderado judicial de la recurrente consigno escrito de informes y copia certificada del documento poder que acreditaba su representación.

En fecha 28-03-2000, la Abogada M.P.T., inscrita en el Impreabogado bajo el Nº 63.226, quien en su carácter de representante del fisco nacional consigno escrito de informes.

En fecha 28-03-2000, se fijo la oportunidad para que las partes presentaran las observaciones escritas sobre los informes de la contraria.

Mediante auto de fecha 03-04-2000, el Dr. A.L.V., posesionado del cargo de Juez Provisorio de este Tribunal, se avoco a los fines de entrar a conocer sobre la presente causa.

En fecha 13-04-2000, concluyo la vista en la presente causa.

En fecha 15-03-2005, la Abogada D.C.U., en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la Republica, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 70.921, consigno diligencia solicitando sentencia y copia simple del instrumento poder que acreditaba su representación.

En fecha 07-03-2005, 19-09-2008, la Abogada Y.M.L., en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la Republica, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 34.360, consigno diligencia solicitando sentencia y copia simple del instrumento poder que acreditaba su representación.

En fecha 11-11-2011, la Dra. D.I.G.A., posesionada del cargo de Jueza de este Tribunal, se avocó al conocimiento de la causa ordenándose la notificación a la Contribuyente por medio de cartel es cual fue fijado en las puertas del Tribunal.

II

DEL ACTO RECURRIDO

La Resolución Nº HGJT-98-189, emanada de la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, en fecha 29 de julio de 1998 que declaro Parcialmente con Lugar el Recurso Jerárquico Interpuesto por la contribuyente, y en consecuencia, modifico la Resolución Nº HRG-530-000070 de fecha 10-11-1993, reformando la sanción impuesta de Bs. 125.000,00 a 62.500,00 ahora reexpresada en (Bs. F. 62,50).

III

ALEGATOS DE LAS PARTES

1. De la recurrente.

Manifiestan su desacuerdo con la multa impuesta por la administración tributaria a su decir su representada si lleva los libros y guía de licores, solo para el momento en que fueron requeridos por el fiscal actuante, la persona que se encontraba en el negocio era un empleado que había ingresado a trabajar en el expendio el día 01-06-1993 y no tenia suficiente conocimiento de ello indicándole al fiscal que los libros y guías estaban en el establecimiento, pero no se los podía entregar en ese momento porque no estaba autorizo para ello, pero que la representante legal de la compañía había llamado e indicado que llegaría en unos 10 minutos y que le agradecía la esperara, sin embargo al fiscal actuante, le indico que no podía esperar y se retiro del establecimiento.

Que en virtud de lo expuesto es de observarse que su representada en modo alguno trasgredió lo pautado en el articulo 221 de la Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, y 127 del Código Orgánico Tributario, así como tampoco incumplió con deberes formales.

Que consideran que dicha multa no puede ser aplicada a su representada por cuanto los libros de licores y guías, eran expedidas o autorizadas por la Administración de Hacienda, para ese entonces, al momento de autorizar el Registro y Autorización de venta de especies alcohólicas de acuerdo a lo previsto en el articulo 242 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre Alcoholes, y que en su caso fueron autorizados los libros y guías, según se desprende del Registro Nº 169 del Ministerio de Hacienda, Departamento de Licores, Región Guayana de fecha 22-03-1999.

Que su representada igualmente conserva todos los libros, guías, facturas de compra, facturas de venta en correcto orden, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados los cuales han sido presentados a los fiscales de Hacienda en otras oportunidades.

Que dicha multa fue basada en una presunción del fiscal actuante, y la premura que el tenia en ese momento le hizo deducir que su representada no tenia los libros y guías, aun cuando el empleado le insistía que esperara al representante legal quien no tardaba en llegar.

Finalmente solicita sean considerados sus alegaciones y declarado con lugar el ejercicio del recurso.

En su escrito de informes la representación judicial de la recurrente alego el vicio de incompetencia del funcionario que emitió el acto.

De la Administración Tributaria:

La representación judicial de la Administración Tributaria Recurrida en su escrito de informes presentado opuso las siguientes defensas.

En primer lugar la representación fiscal dejo sentado que comparte en toda y cada una de sus partes la decisión emitida por la Gerencia Jurídico Tributaria del SENIAT al declarar parcialmente con lugar el Recurso Jerárquico interpuesto.

Que la sanción impuesta en el presente caso se derivo del incumplimiento de un deber formal, relativo al manejo, control y mantenimiento de los libros y registros especiales en la sede del establecimiento a que estaba obligado el contribuyente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 127 del Código Orgánico Tributario el cual trascriben.

Y luego de realizar un análisis normativo concluyen que en el presente caso la carga de la prueba recae sobre el contribuyente quien debió desvirtuar con pruebas suficientes los elementos contenidos en la resolución supra identificada, a fin de dejarla sin efecto, en consecuencia con fundamento en el principio de presunción de veracidad y legitimidad de que goza la Resolución del Jerárquico, y por cuanto nada fue comprobado en contra de su contenido, resulta ser totalmente procedente el acto impugnado y así solicitan sea declarado.

IV

DE LAS PRUEBAS

En la presente causa, ninguna de las partes promovió pruebas en la etapa procesal correspondiente.

No obstante, examinadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, se pudo constatar que fue consignado el expediente administrativo de la recurrente, el cual los documentos que lo integran son actos administrativos por lo que se le otorga fuerza probatoria plena, en los límites de la presunción de veracidad que lo rodea, mientras no se pruebe lo contrario. Con respecto a los instrumentos que lo contienen, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en su jurisprudencia ha establecido que los instrumentos contentivos del Expediente Administrativo pertenecen a la categoría de “documentos administrativos” los cuales son considerados como una tercera categoría documental, intermedia entre los instrumentos públicos y los privados, cuyo contenido se considera fidedigno salvo prueba en contrario, resultando aplicables para su valoración las reglas contenidas en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia esta juzgadora le otorga pleno valor probatorio.

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

1. Determinar la legalidad o no de las multas impuestas según Resolución Nº HGJT-98-189, emanada de la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, en fecha 29 de julio de 1998 que declaro Parcialmente con Lugar el Recurso Jerárquico Interpuesto por la contribuyente, y en consecuencia, modifico la Resolución Nº HRG-530-000070 de fecha 10-11-1993, reformando la sanción impuesta de Bs. 125.000,00 a 62.500,00 ahora reexpresada en (Bs. F. 62,50).

Punto Previo:

Como punto previo esta sentenciadora considera oportuno revisar sobre la perdida de interés en el presente proceso y en este sentido se observa:

Se desprende del auto de entrada de fecha 07-10-1998, Recurso Contencioso Tributario ejercido contra la Resolución Nº HGJT-98-189, emanada de la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, en fecha 29 de julio de 1998 que declaro Parcialmente con Lugar el Recurso Jerárquico Interpuesto por la contribuyente, y en consecuencia, modifico la Resolución Nº HRG-530-000070 de fecha 10-11-1993, reformando la sanción impuesta de Bs. 125.000,00 a 62.500,00 ahora reexpresada en (Bs. F. 62,50).

Igualmente se desprende que del auto de fecha 13-04-2000, este tribunal declaro vista la causa entrando en estado para dictar sentencia, no observándose desde esa fecha que la contribuyente le haya dado impulso procesal.

Ahora bien, visto lo anterior considera importante quien aquí juzga revisar la presunta perdida de interés procesal en que ha incurrido la accionante en la presente causa, y a tales efectos es importante analizar lo que al respecto ha sostenido en varios criterios jurisprudenciales la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; Así vemos que en ponencia de la Magistrada: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO en el Expediente N° 07-0224 la sala ha establecido el siguiente criterio:

El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) C.J. Moncada”).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “F.V.G. y M.P.M. de Valero”).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:

(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:

a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido

.

En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide”.

Del mismo modo la Sala Constitucional de nuestro m.t.d.j. con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondon Haaz en el expediente No 00-2064 respecto a la pérdida de interés procesal ha establecido:

A.c.f.l. actas procesales, esta Sala observa que, en la presente causa, desde el 2 de diciembre de 1982, oportunidad cuando se presentó ante la Corte en Pleno de la entonces Corte Suprema de Justicia el escrito contentivo de demanda de nulidad, no consta en autos que se realizara alguna otra actuación procesal hasta el 26 de junio de 2000, ocasión cuando la Corte en Pleno acordó remitir las presentes actuaciones a esta Sala Constitucional; y por cuanto han transcurrido más de dieciocho (18) años sin que se hubiere realizado acto alguno de procedimiento, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.

El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.

Según el maestro I.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica E.A., Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.

El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe.

Esta Sala, en decisión de 01 de junio de 2001 (caso: F.V.G. y M.P.M.d.V.E.. nº: 00-1491, s. nº 956) al referirse al interes procesal señaló :

A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.

Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.

(...)

Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.

(...)

Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.

(...)

La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.

(Subra-yado añadido)

De acuerdo con lo expuesto, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el inicio del proceso, por lo que resulta forzoso para esta Sala Constitucional declarar el decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal y dar por terminado el procedimiento.

En consecuencia, de conformidad con lo asentado en la sentencia ut supra transcrita, esta Sala Constitucional declara terminado el procedimiento por pérdida del interés procesal. Así se declara.

Igualmente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de 01 de junio de 2001 caso: F.V.G. y M.P.M.d.V.E.. nº: 00-1491, s. N° 956 al referirse al interés procesal señaló:

A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.

Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.

(...)

Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.

(...)

Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.

(...)

La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.

(Subra-yado añadido)

En este mismo orden de ideas la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia de la Magistrado Yolanda Jaimes Guerrero en el expediente No. 2004-2540 en la sentencia No. 01753 de fecha 03-12-2009 se estableció:

De conformidad con el criterio jurisprudencial antes transcrito, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito.

En consecuencia, por cuanto en la causa bajo examen no hubo pronunciamiento respecto de la admisión del recurso y, sin embargo, la parte demandante dejó de instar para que ello se produjese; esta Sala declara extinguida la acción por pérdida de interés, con base en la sentencia Nº 416 del 28 de abril de 2009 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.

En criterio reciente de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en relación a la perdida de interés procesal en Sentencia No 00010 de fecha 13-01-2010 se estableció:

“Ha sido criterio pacífico y reiterado de esta Sala (Vid., entre otras, sentencias Nros. 650 del 6 de mayo de 2003, 1.473 del 7 de junio de 2006, 645 del 3 de mayo de 2007 y más recientemente, 00312 y 00361 del 4 y 18 de marzo de 2009, respectivamente), en lo que a la perención se refiere, lo siguiente:

… la perención se produce aun en aquellos casos en los que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo cuando el tribunal haya dicho ‘vistos’ y el juicio entre en etapa de sentencia, entendiéndose tal estado como el referido a la decisión de fondo.

Así pues, con fundamento en lo expuesto, la Sala en distintas oportunidades ha decretado la perención de la instancia de conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o 267 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la decisión de la Sala Constitucional de este M.T. N° 1.466 de fecha 5 de agosto de 2004, en la cual se desaplicó por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, inclusive en aquellas causas judiciales que se encuentran en estado de admisión, por cuanto nada impide a la parte recurrente diligenciar para solicitar la decisión correspondiente sobre la admisión de su recurso. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 01378 de fecha 5 de noviembre de 2008).

Ahora bien, un estudio más detallado del asunto debatido conlleva a realizar un replanteamiento del criterio antes expuesto, en atención a la sentencia Nº 416, publicada en fecha 28 de abril de 2009, que ratificó el criterio consagrado en el fallo de esa misma Sala Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.) y en el cual se señaló:

… El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘F.V.G. y M.P.M. de Valero’).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

(Resaltado de esta Sala).

Conforme al criterio jurisprudencial transcrito, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar sentencia.

Así las cosas, una vez verificado que en la causa bajo examen no hubo pronunciamiento respecto de la admisión del procedimiento de Oferta Real y Depósito y visto que la parte actora dejó de instar para que ello se produjese, esta Sala declara extinguida la acción en el presente caso por pérdida de interés, con fundamento en la sentencia Nº 416 del 28 de abril de 2009, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.”. Sentencia No 00010 de fecha 13-01-2010 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Declarado lo anterior y a.c.f.l. actas procesales, esta sentenciadora observa que, en la presente causa, desde el 13 de abril de 2000, oportunidad en que este tribunal declara concluida la vista de la presente causa, se pudo observar que no consta en autos que se realizara alguna actuación procesal por parte del accionante del presente Recurso Contencioso Tributario hasta la presente fecha, ocasión en que esta sentenciadora dicta la presente decisión; y por cuanto han transcurrido mas de seis (6) años sin que se hubiere realizado actuación alguna de parte de la contribuyente DISTRIBUIDORA DE LICORES LA PARAGUA C.A., inscrita ante el Juzgado Civil y Mercantil del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar, Registro de Comercio Nº 267 asiento Nº 41 Folios 114 al 117 de fecha 13-12-89, domiciliada en la Avenida la Paragua Edif. Vicente, Local 1, Ciudad Bolivar. Estado Bolivar, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.

Ahora bien, el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, es ejercido mediante la acción, entendiéndose con clara evidencia que uno de los requisitos, como elemento de la acción, deviene del interés procesal; así, el interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia, no es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión. Así lo han expresado en diferentes criterios la Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa de nuestro m.t.d.j..

Siguiendo este criterio la doctrina ha mantenido según el maestro I.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica E.A., Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”

De lo anterior se puede determinar que el interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.

Visto así, y tomando en consideración lo expuesto por nuestro M.T.d.J., el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción; como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.

De acuerdo con lo expuesto es evidente que, en la presente causa, la parte actora no instó de manera alguna al Tribunal para que se dictara la decisión correspondiente, por lo que resulta forzoso para esta sentenciadora declarar el decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal y dar por terminado el procedimiento.

En consecuencia, esta sentenciadora considera inoficioso entrar a conocer sobre el fondo de la controversia y de conformidad con lo anteriormente expuesto, se declara terminado el procedimiento por decaimiento de la acción. Así se decide.

VI

DECISIÓN

Cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio, y por las razones que han sido expuestas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO POR DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, correspondiente al Recurso Contencioso Tributario interpuesto subsidiariamente al Recurso Jerárquico por la Ciudadana R.E.B.d.M., venezolana, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 6.615.390, en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil, DISTRIBUIDORA DE LICORES LA PARAGUA C.A., inscrita ante el Juzgado Civil y Mercantil del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Registro de Comercio Nº 267 asiento Nº 41 Folios 114 al 117 de fecha 13-12-89, domiciliada en la Avenida la Paragua Edif. Vicente, Local 1, Ciudad Bolívar. Estado Bolívar, asistida por el Abogado E.V. inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 3.609, contra la Resolución Nº HGJT-98-189, emanada de la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, en fecha 29 de julio de 1998 que declaro Parcialmente con Lugar el Recurso Jerárquico Interpuesto por la contribuyente, y en consecuencia, modifico la Resolución Nº HRG-530-000070 de fecha 10-11-1993, reformando la sanción impuesta de Bs. 125.000,00 a 62.500,00 ahora reexpresada en (Bs. F. 62,50).

COSTAS: No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión.

De conformidad con el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República notifíquese de la presente decisión al Procurador General de la República. Líbrese Oficio.

Publíquese, regístrese y notifíquese a todas las partes.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil doce. Año 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

La Jueza Superior Titular

Dra. D.I.G.A.

El Secretario Temporal

Abg. B.D.M..

En la fecha de hoy, veinticinco (25) de octubre de dos mil doce (2012), se publicó la anterior Sentencia N° PJ0082012000294 a las once y cuarenta de la mañana (11:45 AM).

El Secretario Temporal

Abg. B.D.M..

ASUNTO: AF48-U-1998-000098

ASUNTO ANTIGUO: 1998-1089