Decisión de Juzgado Superior Cuarto Civil, Mercantil, Transito, Trabajo, de Protección del Niño y el Adolescente, Agrario y Bancario de Tachira, de 14 de Junio de 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, AGRARIO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.

ACTUANDO EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA AGRARIA

San Cristóbal, martes catorce (14) de junio de dos mil dieciséis (2.016).

206° y 157°

El 24 de mayo de 2016 fue recibido el presente escrito y sus recaudos anexos, incoado por los ciudadanos G.D.D.P., GLENIS MORALBA DIAZ PULGAR, JENNIER LEIBMAN DIAZ PULGAR y ORLENYS CRISLEB DIAZ PULGAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad números V-5.732.660, V-8.101.743, V-9.348.061 y V-9.349.751, asistidos por el abogado M.A.M.L., titular de la cédula de identidad N° V-12.230.085 e inscrito en el Instituto de Previsión Social bajo el N° 80.120, contentivo de RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONJUNTAMENTE CON MEDIDA DE A.C. contra el Acto Administrativo agrario contentivo de CARTA DE REGISTRO N° 20278138922010RAT92027, emanado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), en reunión N° EXT 126-10, de fecha 18 de noviembre de 2010, a favor de la ciudadana M.M.H.P., titular de la cédula de identidad N° 8.105.650, sobre un lote de terreno denominado “BELLA VISTA”, ubicado en el sector ARRECOSTON, Parroquia M. Capital G.d.H. del estado Táchira, cuyos linderos son: NORTE: Terreno ocupado por H.M. y Caño S/N; SUR: Terreno ocupado por I.R. y Río Grita; ESTE: Terreno ocupado por C.M. y Río Grita; y OESTE: Terreno ocupado por I.R., constante de una superficie de SESENTA HECTÁREAS CON TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS METROS CUADRADOS (60 ha con 3416 m2).

Ahora bien, estando dentro de la oportunidad legal para pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso interpuesto, este tribunal hace las siguientes consideraciones:

I

DE LA COMPETENCIA

Como primer punto debe esta Juzgadora pronunciarse sobre su competencia para conocer del presente recurso, lo cual se desprende del artículo 156 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que reza:

Son competentes para conocer de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios;

1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia.

2. La Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como Tribunal de Segunda Instancia

.

En este orden de ideas, conforme a Resolución N° 1.482 de fecha 27 de mayo de 1992 emanada del extinto Consejo de la Judicatura, se atribuyó a este Tribunal Agrario competencia para conocer de la jurisdicción del estado Táchira; por lo que, visto que la ubicación del inmueble es en el Municipio G.d.H. del estado Táchira y, aunado al hecho de que según la Resolución N° 2009-0054 de fecha 30 de septiembre de 2009 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, “Disposiciones Comunes” séptima y octava, hasta tanto sean creados los tribunales señalados en la citada resolución, las causas seguirán su curso de Ley; ESTE JUZGADO SE DECLARA COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AGRARIO DE NULIDAD, Y ASÍ SE RESUELVE.

II

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE NULIDAD

A los fines de pronunciarse sobre la admisión o no admisión del recurso interpuesto, resulta imperante hacer las siguientes consideraciones:

 El artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone:

Las acciones y recursos contemplados en el presente Título deberán interponerse por escrito por ante el tribunal competente, cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Determinación del acto cuya nulidad se pretende.

2. Acompañar copia simple o certificada del acto, actuación o contrato cuya nulidad se pretende, o señalamiento de la oficina pública u organismo en que se encuentran, y los datos que lo identifiquen.

3. Indicación de las disposiciones constitucionales o legales cuya violación se denuncia.

4. Acompañar instrumento que demuestre el carácter con que se actúa. En caso de que tal carácter provenga de la titularidad de un derecho real, identificará el inmueble, con expreso señalamiento de sus linderos y copia certificada de los documentos o títulos que acreditan la titularidad aludida.

5. Los documentos, instrumentos o cualquier otra prueba que se estime conveniente acompañar.

La norma precedente permite verificar las exigencias de Ley que debe contener un recurso contencioso agrario de nulidad; en tal sentido, conforme lo dispone nuestra legislación patria, pasa este Juzgado Superior Agrario a revisar el cumplimiento de cada una de ellas, como sigue:

1. - El acto cuya nulidad se pretende es la Carta de Registro N° 2027813892010RAT92027, otorgada por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en reunión N° Ext. 126-10 de fecha 18 de noviembre de 2010, a favor de la ciudadana M.M.H.P..

2. - De la revisión de las actas que conforman el presente expediente se puede constatar que el recurrente consignó marcada con la letra “A”, corriente a los folios 12 y 13, y la Carta de Registro agrario supra relacionada.

3. - En el escrito contentivo del Recurso, la parte recurrente señaló como disposiciones constitucionales y legales cuya violación denuncia:

   De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los Artículos: Artículo 2 y 3 “La Seguridad Jurídica”; Artículo 7 “Supremacía de la Constitución”; Artículo 49 “El Debido Proceso en las Actuaciones Administrativas N° 1 La Defensa y Asistencia Jurídica, N° 2 Presunción de Inocencia, N° 3 El Derecho de ser oído con sus respectivas Garantías; Artículo 115 “Se garantiza el Derecho de Propiedad”; Artículo 259 “Anulación de Actos Administrativos individuales contrarios a Derecho, Exceso de Poder. De la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, los Artículos: Artículo 9 “Motivación”; Artículo 18 N° 5 “Expresión sucinta de los Hechos, de las Razones que hubieren sido alegadas y de los Fundamentos Legales Pertinentes”; Artículo 19 “Nulidad del Acto Administrativo por : N° 1 Cuando así esté expresamente determinado por una N.C. o Legal, N° 4 Prescidencia Total y Absoluta del Procedimiento Legalmente Establecido”; Artículo 31 “Unidad del Expediente”; Artículo 33 “Información Sobre Métodos y Procedimientos”; Artículo 58 “Medios de Pruebas”; Artículo 69 “En el Procedimiento Sumario La Administración deberá comprobar de oficio la verdad de los Hechos y demás elementos de Juicio necesario para el esclarecimiento del asunto”, y los Artículos 73 y 77 “El Derecho a ser informados de los medios disponibles para su Defensa”; por lo tanto se cumple este requisito de admisibilidad.

   4.- Acreditado en autos que los recurrentes indicaron en su escrito recursivo que son herederos del fallecido Á.C.D.V., según consta en partidas de nacimiento consignadas marcadas “B”, “C”, “D”, “E” y “F”; consignaron Registro de Defunción N° 034, expedida el 10 de enero de 2015, marcado “G”; agregaron documento registrado y documento de Partición de Comunidad Conyugal, por lo tanto se cumple con este requisito de admisibilidad. Así se resuelve.

   5. Igualmente de la revisión de los documentos acompañados con el Recurso Contencioso Administrativo Agrario de Anulación ejercido contra la decisión administrativa ut supra señalada, se puede constatar que la parte recurrente consignó otros documentos e instrumentos que estimó conveniente acompañar; por tal razón, se verifica satisfecho este último requisito. Así se resuelve.

    Por su parte el artículo 162 ejusdem, prevé las causales de inadmisibilidad, como sigue:

   Sólo podrán declararse inadmisibles las acciones y recursos interpuestos por los siguientes motivos:

   1. Cuando así lo disponga la ley.

   2. Si el conocimiento de la acción o el recurso corresponde a otro organismo jurisdiccional, caso en el cual el Tribunal declinará la causa en el tribunal competente.

   3. En caso de la caducidad del recurso por haber transcurrido los sesenta días continuos desde la publicación del acto en la Gaceta Oficial Agraria o de su notificación, o por la prescripción de la acción.

   4. Cuando sea manifiesta la falta de cualidad o interés del accionante o recurrente.

   5. Cuando se acumulen pretensiones que se excluyan mutuamente, o que sean contrarias entre sí o cuyos procedimientos sean incompatibles.

   6. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la demanda.

   7. Cuando exista un recurso paralelo.

   8. Cuando el correspondiente escrito resulte ininteligible o contradictorio que haga imposible su tramitación o contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.

   9. Cuando sea manifiesta la falta de representación que se atribuye el actor.

   10. Cuando habiéndose recurrido en vía administrativa, no hayan transcurrido los lapsos para que ésta decida.

   11. Cuando no se haya agotado el antejuicio administrativo de las demandas contra los entes agrarios.

   12. Cuando no se haya agotado la instancia conciliatoria o de avenimiento que corresponda de conformidad con la ley.

   13. Cuando la pretensión sea manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley y de los preceptos constitucionales que rigen la materia (…)

   .

   Expuestas precedentemente las causales de inadmisibilidad contenidas en la Ley especial, este Juzgado seguidamente pasa a revisar el cumplimiento de cada una de ellas, en su orden:

1. En cuanto al particular primero, en orden preliminar, la admisión del presente recurso no es contraria a ninguna disposición de ley.

2. En lo referente a este cardinal, verifica este Juzgado Superior Agrario que el conocimiento de la presente acción corresponde a este órgano jurisdiccional conforme el artículo 157 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por cuanto, se trata de un Recurso Contencioso Administrativo Agrario de Nulidad, intentado contra un acto administrativo emanado del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), ente adscrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, lo que satisface en esta fase del proceso este segundo requisito.

   En cuanto al territorio, en esta fase inicial se puede observar que la controversia versa sobre circunstancias relativas a un lote de terreno ubicado en el estado Táchira, siendo este Juzgado competente por el territorio, como ya fue decidido ab initio, por lo que no se configura esta causal de inadmisibilidad.

3. Con relación al cardinal tres, no se observa prima facie que haya operado la caducidad de la acción, pues el recurrente expone en su petitorio que fue enterado o tuvo conocimiento del acto administrativo impugnado el 29 de marzo de 2016, y el recurso fue recibido en este Tribunal Superior en fecha 24 de mayo de 2016, es decir, dentro de los sesenta (60) días siguientes a su notificación.

4. En lo atinente al cardinal cuatro, no es manifiesta la falta de cualidad o de interés del recurrente; lo que satisface el requisito inicialmente referido.

5. En lo referente al cardinal cinco, no se evidencia la acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente, o que sean contrarias entre sí o cuyos procedimientos sean incompatibles; en tal sentido, queda así satisfecho este requisito, en tanto, no impide su admisión.

6. Siguiendo el orden, en cuanto al cardinal seis, se puede observar que en esta fase inicial constan ciertos documentos que sirven para verificar la admisibilidad de la acción propuesta.

7. En cuanto al cardinal siete, en esta fase inicial no se observa que la parte recurrente haya ejercido un recurso paralelo.

8. En lo correspondiente al cardinal ocho, se puede observar que el escrito no resulta ininteligible o contradictorio que haga imposible su tramitación o contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos que impidan su admisión.

9. En lo referente al cardinal nueve, en esta fase inicial del proceso no se constata que sea manifiesta la falta de representación que se atribuye el actor.

10. Continuando el orden precedente, respecto al cardinal diez, este Juzgado Superior Agrario no verifica impedimento de admisión alguno con motivo a esta causal relacionada con la pendencia de lapsos en vía administrativa.

11. En cuanto a este cardinal, este Juzgado Superior Agrario, no verifica impedimento alguno de admisión, con motivo a esta causal.

12. Continuando el orden de revisión, en relación al cardinal doce, no verifica este Juzgado Superior Agrario limitante alguna de admisión motivada en no agotar la instancia conciliatoria o de avenimiento que corresponda de conformidad con la ley.

13. Finalmente, en cuanto a este particular indicado en el cardinal trece, observa este juzgado que no se comprueba que la pretensión sea manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley o a los preceptos constitucionales que rigen la materia.

    Como corolario, el presente recurso es admisible. Incontinenti es procedente ordenar las notificaciones de ley, todo de conformidad con el artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, comisionando a tales fines. Así se resuelve.

    III

    DE LA MEDIDA CAUTELAR

    El recurrente solicitó la suspensión de los efectos del acto.

    La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario vigente prevé dentro del procedimiento contencioso administrativo especial agrario, un trámite especial para las medidas cautelares solicitadas en los artículos 167 y 168 (los cuales se corresponden con los artículos 178 y 179 de la anterior Ley de Tierras y Desarrollo Agrario).

    Artículo 168: “Sin perjuicio de los poderes de oficio del juez a que se refiere el artículo 152 del presente Título, cuando alguna parte solicite cualquier medida cautelar, el Juez ordenará la realización de una única audiencia oral, a los fines de conocer la posición de las partes en conflicto. Una vez concluida la audiencia oral, el Juez de la causa decidirá inmediatamente sobre la petición cautelar. Dicha decisión sólo podrá diferirse por cuarenta y ocho (48) horas, en caso de que el Juez lo considere necesario para un mejor conocimiento del asunto”.

    Sobre este aspecto, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 15 de diciembre de 2006 con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero en el expediente N° AA60-S-2006-000942, dejó sentado:

    …Ahora bien, se distingue que el a quo negó igualmente, la medida cautelar solicitada por la representación judicial de la parte actora, considerando que la misma se tramitaba conforme los artículos 254 y 255 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

    Al respecto, es necesario señalar que la normativa expuesta por el Tribunal de la causa, a los efectos de pronunciarse sobre la medida cautelar peticionada, corresponde al procedimiento ordinario agrario, por lo que dicho Tribunal erró en la aplicación de dichas normas; siendo lo correcto emplear el contenido del articulado correspondiente al procedimiento contencioso administrativo especial agrario, el cual, a los efectos de tramitar una medida cautelar, corresponde al artículo 178 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ya transcrito en líneas precedentes, y el artículo 179 del mismo texto normativo.

    Indicado lo anterior, es necesario reproducir el contenido del artículo 179 mencionado,…

    …En el caso que nos ocupa, el Tribunal que actuó como primera instancia no realizó el procedimiento previsto en el artículo 179 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a los efectos de pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada conforme al artículo 178 ejusdem, por lo que, y en consecuencia, deberá declararse con lugar la apelación con respecto a este punto, y ordenar al Tribunal de la causa, que tramite la solicitud de medida cautelar de conformidad con el artículo 179 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario…

    . (Negrillas de quien sentencia)

    En vista de lo anterior, este Tribunal resuelve que una vez consten en autos las notificaciones respectivas, transcurrido el lapso de suspensión a que alude el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (en razón de que dicho lapso implica a su vez la suspensión del proceso y debe respetarse a cabalidad -Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia de fecha 24 de octubre de 2000, en el expediente N° 00-1463, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero -, y toda vez que el artículo 164 de la vigente Ley de Tierras y Desarrollo Agrario señala que en el auto que se declare admisible el recurso, debe notificarse al Procurador o Procuradora General de la República), así como el término de distancia concedido; se fijará mediante auto expreso la oportunidad para llevar a cabo la audiencia oral para conocer la posición de las partes en conflicto sobre la medida cautelar solicitada, en conformidad con el artículo 168 citado, Y ASÍ SE RESUELVE.

    IV

    DEL A.C.

    Del escrito contentivo del recurso se desprende que a los mismos fines de suspender los efectos del acto administrativo cuya nulidad peticiona, el recurrente solicita medida cautelar de amparo constitucional.

    Sobre este aspecto la Sala Especial Agraria de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1423 del 9 de agosto de 2006 resolvió que resulta inadmisible la solicitud de a.c. para suspender los efectos del acto administrativo recurrido, por cuanto la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario prevé un mecanismo ordinario a efectos de solicitar una medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo.

    En efecto, el artículo 167 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece un mecanismo de suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido en el contexto de un recurso contencioso administrativo de nulidad.

    Por tales razones, es inadmisible el a.c. solicitado, Y ASI SE RESUELVE.

    V

    DECISIÓN

    En fuerza de lo anterior, este JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, AGRARIO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACTUANDO EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA AGRARIA, DECIDE: