Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 23 de Julio de 2014

Declara la nulidad absoluta del acto administrativo contenida en la Resolución Nro. 0027-2009, de fecha 20 de enero de 2009, suscrita por la abogada B.P., en su carácter de Alcaldesa del Municipio Sucre del Estado Aragua, mediante la cual resolvió remover el nombramiento de la hoy querellante ciudadana Daylen Quiñones Borges, portadora de la cédula de identidad Nro. V-7.272.976, tal como se explana en la motiva del presente fallo.

ORDENA al Municipio Querellado reincorpore a la querellante en forma inmediata, al cargo de Archivista adscrito a la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio M.B.d.E.A., o a otro de igual o superior jerarquía y remuneración, con el consecuente pago de los salarios dejados de percibir desde su ilegal retiro hasta su efectiva reincorporación, con la variaciones salariales que se hubieren experimentado en el tiempo que no requiera de la prestación efectiva del servicio, para lo cual deberá realizarse un experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código Adjetivo Civil.

Se niega por Improcedente en derecho la condenatoria de la Administración al pago de indexación por las razones explanadas en el fallo.

Negar por improcedente en derecho la condenatoria de la Administración al pago de las costas por las razones explanadas en el fallo.

A los fines del cumplimiento de lo ordenado en los numeral segundo del dispositivo de esta sentencia, se ordena, con arreglo al artículo 445 del Código Adjetivo Civil en concordancia con los artículos 2, 26 y 56 Constitucionales, en consonancia con la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la realización de la experticia complementaria del fallo que deberá ser practicada por un solo experto, quien será designado por este Tribunal.

se ordena notificar al municipio querellado de la presente decisión.

En fecha 06 de abril de 2011, el alguacil del tribunal consigno notificación practicada al ciudadano Sindico Procurador del Municipio M.B.I.d.E.A., de la sentencia dictada en fecha 22 de marzo del 2011.

En fecha 06 de abril del 2011, la Síndico Procurador del Municipio M.B.I.d.e.A., Apelo de la sentencia dictada.

En fecha 07 de abril de 2011, el Tribunal oyó la Apelación y remitió el Expediente a las Cortes de lo Contencioso, mediante Oficio N° 1551-2011.

En fecha 06 de febrero del 2012, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia mediante la cual declaró:

1. - Su competencia para conocer de la Apelación.

2. -Desistida la Apelación interpuesta.

3. -Firme el fallo Apelado.

   En fecha 20 de marzo del 2012, el Tribunal dictó auto mediante el Reingreso el Expediente y ordena la notificación de las partes.

   En fecha 03 de mayo de 2012, es notificado el Síndico y Alcalde del Municipio M.B.I.d.e.A..

   En fecha 11 de mayo de 2011, este Tribunal Superior en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada, designa al ciudadano YWAN SOLOVEY, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 4.735.050, Colegiado Nº 07.2338, para la realización de la misma, debidamente juramentado en fecha 27 de septiembre del año dos mil doce 2012.

   En fecha 10 de agosto de 2012, el Tribunal dictó Auto, ordenado notificar a la parte querellante, para que de cumplimiento voluntario a la sentencia, lo cual tuvo lugar en fecha 02 de octubre de 2012.

   En fecha 23 de octubre del 2012, la Apoderada Judicial de la querellante solicita la Ejecución Forzosa.

   En fecha 24 de octubre de 2012, el tribunal fijó el 5t0 día de Despacho a la 2:20 p.m., para la celebración de la Audiencia de Resolución Controversia, ordenando la notificación del ente querellado, siendo notificado el 08 de noviembre de 2012.

   En fecha 21 de noviembre de 2012, tuvo lugar la Audiencia de Resolución de Controversia, a la cual comparecieron ambas partes se le concedió el lapso de 30 días para el cumplimiento de la sentencia.

   En fecha 30 de abril de 2013 el ente recurrido informa que la querellante seria reincorporado en fecha 01/03/2013.

   En fecha 03 de junio de 2013, el experto ciudadano YWAN SOLOVEY, en su carácter de Experto Contable, consignó el Informe Pericial en el cual dejó constancia de:

   A fin de establecer el alcance de la experticia complementaria del fallo fueron estudiados y analizados:

   Los escritos contenidos en el presente expediente, los sueldos mensuales integrales devengados durante el periodo desde el egreso el cual se verifico en fecha octubre 2009, hasta la reincorporación marzo de 2013.

   Se verificaron las primas devengadas referidas al cargo de Archivista al departamento de catastro.

   En cuanto a la prima de eficiencia se verifico que en acta de fecha enero de 2009, se fija la prima de eficiencia para todos los trabajadores dependientes de dicha alcaldía.

   DETERMINACIÓN DE LOS CÁLCULOS

   (Ver Anexos)

   MONTO TOTAL ADEUDADO: Bs. 94.781,87

   Consignada como fue la experticia complementaria del fallo mediante auto de fecha 18 de junio de 2013, se ordeno notificar a los ciudadanos Alcalde y Sindico Procurador del Municipio M.B.I.d.E.A., a los fines de hacer de su conocimiento del resultado del Dictamen de la experticia complementaria del fallo, ordenada en la sentencia de fecha 22 de marzo de 2011, la cual declaro Parcialmente Con Lugar la presente querella funcionarial.

   En fecha 18 de noviembre de 2013, la abogada G.S., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 9916, en su carácter de autos, solicito la ejecución forzosa de la sentencia en cuanto a los salarios dejados de percibir.

   En fecha 20 de noviembre del 2013, el Tribunal dicta auto, mediante el cual fijo la Resolución de Controversia.

   En fecha 30 de enero de 2014 tuvo lugar el acto de Resolución de Controversia debidamente fijada, donde los representantes legales de la parte querellada expuso: “….acordamos honrar en el pago de la deuda contraída por nuestra representada las cuales corresponderán al segundo trimestre del año 2014, en consecuencia acordamos el pago de los salarios dejados de percibir…”. De lo cual la parte querellante manifestó: “… aceptamos el compromiso del pago asumido por la administración en este acto y dejamos constancia mediante acta que existe conformidad con lo expuesto…” De seguida paso este Tribunal a pronunciarse en los siguientes términos: Vista las exposiciones efectuadas por las partes intervinientes y haber constatado la aceptación de la parte querellante a la propuesta para cumplir la sentencia dictada dio por concluido el acto. (Ver folio 280 y 281).-

   Este Tribunal a los fines de pronunciarse respecto a lo solicitado hace las siguientes consideraciones:

   II

   CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   Dicho pronunciamiento versa sobre la sentencia dictada en fecha 22 de marzo del 2011, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 159 de la Ley del Poder Público Municipal, ordenando al Municipio M.B.I. el cumplimiento en el lapso de 30 días siguientes a su notificación, se practican las respectivas notificaciones y vencido el lapso de cumplimiento de ejecución forzosa, sin que hasta la presente fecha se haya recibido la información requerida, en cuanto a ese cumplimiento ordenado.

   Ello así, debe este Tribunal Superior continuar la EJECUCIÓN FORZOSA de la Sentencia dictada a los 22 de marzo del 2011, para lo cual resulta pertinente atender a las disposiciones de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y del Código de Procedimiento Civil.

   Al respecto, se observa que la legislación especial en materia municipal (cuya reforma más reciente fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6.015 Extraordinario del 28 de diciembre de 2010), dispone:

   Artículo 158. Cuando el Municipio o una entidad municipal resultaren condenados por sentencia definitivamente firme, el Tribunal, a petición de parte interesada, ordenará su ejecución. A estos fines, notificará al alcalde o alcaldesa o a la autoridad ejecutiva de la entidad municipal, que debe dar cumplimiento voluntario a la sentencia dentro de los diez días siguientes a la notificación. Dentro de ese lapso, el Municipio o la entidad municipal, según el caso, podrá proponer al ejecutante una forma de cumplir con la sentencia. Si esa forma fuere rechazada, las partes podrán suspender el lapso establecido para la ejecución voluntaria por el tiempo que se convenga o realizar actos de composición voluntaria. Transcurrido el lapso para la ejecución voluntaria sin que la sentencia se haya cumplido, se procederá a la ejecución forzosa.

   “Artículo 159. Vencido el lapso para la ejecución voluntaria de la sentencia, el tribunal determinará la forma y oportunidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia, según los procedimientos siguientes:

1. Cuando la condena hubiere recaído sobre cantidad líquida de dinero, el Tribunal, a petición de parte, ordenará a la máxima autoridad administrativa del Municipio o de la entidad municipal para que incluya el monto a pagar en el presupuesto del año próximo y siguientes, a menos que exista provisión de fondos en el presupuesto vigente. Cuando la orden del tribunal no fuere cumplida o la partida prevista no fuere ejecutada, el tribunal, a petición de parte, ejecutará la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Civil para la ejecución de sentencias de condena sobre cantidades líquidas de dinero. El monto anual de dicha partida no excederá del cinco por ciento (5%) de los ingresos ordinarios del presupuesto del Municipio o Distrito.

   Por su parte, los artículos 526 y 527 del Código de Procedimiento Civil, a los cuales debe atenderse por remisión expresa de los artículos 110, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y del ya citado Artículo 159, numeral 1 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establecen:

   Artículo 526.- Transcurrido el lapso establecido en el artículo 524, sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia, se procederá a la ejecución forzada

   .

   Artículo 527.- Si la condena hubiere recaído sobre cantidad líquida de dinero, el juez mandará embargar bienes propiedad del deudor que no excedan del doble de la cantidad y costas por las cuales se siga ejecución. No estando líquida la deuda, el Juez dispondrá lo conveniente para que se practique la liquidación con arreglo a lo establecido en el artículo 249. Verificada la liquidación, se procederá al embargo de que se trata en este Artículo.

   El tribunal podrá comisionar para los actos de ejecución, librando al efecto un mandamiento de ejecución en términos generales a cualquier juez competente de cualquier lugar donde se encuentren bienes del deudor.

   El mandamiento de ejecución ordenará:

   1º Que se embarguen bienes pertenecientes al deudor en cantidad que no exceda del doble de la cantidad y costas por las cuales se siga la ejecución.

   2º Que se depositen los bienes embargados siguiendo lo dispuesto en los artículos 539 y siguientes de este Código.

   3º Que a falta de otros bienes del deudor, se embargue cualquier sueldo, salario o remuneración de que disfrute, siguiendo la escala indicada en el artículo 598.

   Tratándose el presente caso de un Municipio, debe advertirse que en resguardo del interés general involucrado en la actividad municipal, sólo podrán ser objeto de embargo los bienes del dominio privado del municipio que no estén afectados a un servicio público.

   En efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su Sentencia Nro. 1.869 del 15 de octubre de 2007 estableció lo siguiente:

   La Sala ha declarado que los Municipios cuentan con privilegios y prerrogativas, entre los cuales se encontrarían los límites a la adopción de medidas de ejecución preventiva o definitiva contra sus bienes, rentas y derechos. Ahora bien, asimismo la Sala ha sostenido que ello no puede ser entendido ‘como un obstáculo para que el particular que resulte favorecido con la decisión logre el restablecimiento de sus derechos y las compensaciones por los daños sufridos’ (vid. sentencia N° 1260/2004). Sin perjuicio de otras formas para lograr la ejecución del fallo, esta Sala ha puesto de relieve la existencia de los mecanismos de tipo presupuestario, a fin de que la entidad municipal de cumplimiento a lo decidido (sentencia N° 1368/2001).

   En la actualidad, los privilegios y prerrogativas de los municipios están reconocidos en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en cuyo artículo 158 se dispone que los ‘bienes, rentas, derechos o acciones pertenecientes al Municipio o, a una entidad municipal, no estarán sujetos a medidas preventivas; tampoco estarán sometidos a medidas ejecutivas, salvo en los casos previstos en esta Ley’.

   Así, si bien en principio existe una prohibición de adopción de medidas preventivas y ejecutivas, la propia Ley dispone que puede ordenarse la ejecución forzosa de fallos contra los municipios, siguiendo al efecto lo que disponga el Código de Procedimiento Civil, en los casos en que se trate del pago de cantidades líquidas de dinero. De ese modo, el artículo 161 establece:

   Como se observa, en la vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal existe la posibilidad de embargar bienes, en razón -como ha sido el criterio de la Sala- de que la prerrogativa contenida en su artículo 158 no puede convertirse en la negación de los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.

   En el caso de la ejecución de fallos contra los Municipios, que ordenen la entrega de cantidades líquidas de dinero, debe seguirse, entonces, el procedimiento especial regulado en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, el cual remite al Código de Procedimiento Civil a efectos de ejecución forzosa. Cabe observar, no obstante, que la remisión al ordenamiento procesal no puede implicar que sean embargables la totalidad de los bienes municipales, pues el interés del particular de ver satisfecha su acreencia no debe afectar los intereses generales de la colectividad.

   Por ello, la Sala reitera su doctrina en el sentido de que el procedimiento especial de ejecución de fallos contra municipios debe garantizar la continuidad de los servicios públicos y la protección del interés general, por lo que el juez, para hacer efectivo el cumplimiento de lo fallado, debe recurrir al régimen previsto en la ley, incluido el embargo como parte de la ejecución forzosa, siempre y cuando la medida no recaiga sobre bienes cuya naturaleza y particularidades impidan la continuación de un servicio público, o estén afectados al interés general o se trate de bienes de dominio público.

   Por ello, la Sala reitera su doctrina en el sentido de que el procedimiento especial de ejecución de fallos contra municipios debe garantizar la continuidad de los servicios públicos y la protección del interés general, por lo que el juez, para hacer efectivo el cumplimiento de lo fallado, debe recurrir al régimen previsto en la ley, incluido el embargo como parte de la ejecución forzosa, siempre y cuando la medida no recaiga sobre bienes cuya naturaleza y particularidades impidan la continuación de un servicio público, o estén afectados al interés general o se trate de bienes de dominio público.”

   Con base en las consideraciones precedentes, esta Juzgadora, visto el incumplimiento de las autoridades del Municipio M.B.I.d.E.A., de la Sentencia dictada a los veintidós (22) de marzo del dos mil once (2011), de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 159 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y en el artículo 527 del Código de Procedimiento Civil, debe decretar EMBARGO EJECUTIVO SOBRE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO del prenombrado Municipio, que no estén afectados a la prestación de un servicio público o cualquier otra actividad de utilidad pública, por la cantidad de Bolívares noventa y cuatro mil setecientos ochenta y uno con ochenta y siete céntimos (Bs. 94.781,87) que arrojó los cálculos realizados por el Experto Contable designado.

   Este Tribunal Superior Estadal acuerda el traslado del TRIBUNAL ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GIRARDOT Y M.B.I.D.E.A., a los fines de la práctica del embargo ejecutivo. Así se decide.

   A fin de ejecutar la medida antes indicada, de acuerdo a lo previsto en el artículo 534 del Código de Procedimiento Civil, se ordena a la parte actora indicar los bienes del dominio privado del Municipio M.B.I.d.E.A., que no estén afectados a un servicio público o a cualquier otra actividad de utilidad pública, así como tampoco la partida presupuestaria 401, sobre los cuales podría recaer el embargo ejecutivo. Así se declara.

   Finalmente, este Tribunal Superior considera pertinente, recordar nuevamente que los funcionarios de los órganos del Poder Público están obligados a acatar las órdenes y a suministrar oportunamente las informaciones requeridas por este Tribunal, so pena de la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 39.522 del 1° de octubre de 2010. Así se establece.

   III

   DECISIÓN

   Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA la continuación del procedimiento de ejecución forzosa. En consecuencia:

   1. DECRETA EMBARGO EJECUTIVO sobre bienes del domino privado del MUNICIPIO M.B.I.D.E.A., que no estén afectados a la prestación de un servicio público o a cualquier otra actividad de utilidad pública, así como tampoco la partida presupuestaria 401, hasta por la cantidad de Bolívares noventa y cuatro mil setecientos ochenta y uno con ochenta y siete céntimos (Bs. 94.781,87) que arrojó los cálculos realizados por el Experto Contable designada.

   2. ORDENA a la parte actora, Daylen Quiñones Borges, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. V-7.272.976 indicar los bienes del dominio privado del MUNICIPIO M.B.I.D.E.A., no afectados a la prestación de un servicio público o a cualquier otra actividad de utilidad pública, sobre los cuales pueda recaer el embargo decretado.

   3. ORDENA comisionar amplia y suficientemente al TRIBUNAL ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GIRARDOT Y M.B.I.D.E.A., a los fines de la práctica del EMBARGO EJECUTIVO SOBRE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO DEL MUNICIPIO M.B.I.D.E.A.. Así se decide.

   Una vez cumplidas las exigencias expuestas en este fallo, se librarán los oficios respectivos.

   Notifíquese de la presente decisión a la representación judicial del ciudadano Daylen Quiñones Borges, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. V-7.272.976, al Síndico Procurador Municipal del Municipio M.B.I.d.E.A., al Alcalde de dicha entidad territorial.

   Publíquese, regístrese, diarícese, notifíquese y déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua. En la ciudad de Maracay, a los veintitrés (23) días del mes de Julio del año dos mil catorce (2014). Años: 204° de la Independencia y 155 de la Federación.

   LA JUEZ SUPERIOR TITULAR,

   DRA. M.G.S..

   LA SECRETARIA,

   ABG. SLEYDIN A.R..

   En esta misma fecha, 23 días del mes de Julio de 2014, siendo las 3:00 pos meridiem, previo el cumplimiento de las formalidades de ley, se publicó y registró la anterior decisión.

   LA SECRETARIA,

   ABG. SLEYDIN A.R..

   Exp. No. DE01-G-2009-000001 (Antiguo 9693).

   MGS/mr.-