Decisión de Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Bolivar, de 26 de Junio de 2014

Que mediante decisión dictada el dieciséis (16) de septiembre de 2011 la Directora de Determinación de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Estado Bolívar declaró la responsabilidad administrativa del ciudadano C.A.B.B. en su condición de miembro de la Comisión de Licitaciones de Bienes y Servicios del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolívar por haber incurrido en la falta administrativa prevista en el numeral 1 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y le impuso sanción de multa por cuatrocientas cincuenta unidades tributarias (450 U.T.) tomando en cuenta el valor de la unidad tributaria vigente para la época en que ocurrió el hecho sancionado, fijándola en la suma de trece mil doscientos treinta bolívares (Bs. 13.230,00), según se evidencia del siguiente documento administrativo dotado de valor probatorio dado su no impugnación por las partes:

- Decisión Nº DR-03-11 dictada el dieciséis (16) de septiembre de 2011 por la Directora de Determinación de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Estado Bolívar mediante la cual declaró la responsabilidad administrativa del ciudadano C.A.B.B., parte demandada en su condición de miembro de la Comisión de Licitaciones de Bienes y Servicios del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolívar por haber incurrido en la falta administrativa prevista en el numeral 1 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y le impuso sanción de multa por la cantidad de cuatrocientas cincuenta unidades tributarias (450 U.T.), promovida en copia simple por la parte actora con el libelo de demanda cursante del folio 08 al 31 de la primera pieza.

Que cursa en autos Oficio Nº SAF-DFT-4044 suscrito el tres (03) de noviembre de 2011 por la Directora de Finanzas y Tesorería de la Gobernación del Estado Bolívar dirigido al funcionario sancionado por responsabilidad administrativa, hoy demandado, con el objeto de notificarle de su obligación de cancelar la multa impuesta y memorando Nº SAF-DFT-0010 fechado diez (10) de enero de 2013 suscrito por la Directora de Finanzas y Tesorería de la Gobernación del Estado Bolívar dirigido a la Directora de información a los fines que se gestionara en prensa la notificación del sancionado a los fines que acudiera a pagar la multa impuesta, sin que se evidencie que se practicare la notificación personal o por la prensa del exfuncionario de su obligación de pagar la multa impuesta, según se desprende del Oficio Nº SAF-DFT-4044 y del memorando Nº SAF-DFT-0010 promovido en copia simple por la representación judicial del estado demandante con el libelo de demanda cursante en los folios 33 y 34 de la primera pieza y dotados de valor probatorio dado su no impugnación por las partes.

Que mediante comunicación suscrita el tres (03) de abril de 2013 el Gobernador del estado Bolívar solicitó al Procurador General del estado Bolívar ejerciera las acciones legales contra el demandado de autos, según se desprende del oficio promovido en copia simple por la representación judicial del estado demandante con el libelo de demanda cursante al folio 32 de la primera pieza y dotado de valor probatorio dado su no impugnación por las partes.

Congruente con los hechos demostrados en el proceso, procede este Juzgado a analizar el alegato opuesto por la representación del demandado de su falta de legitimación pasiva por cuanto no fue notificado del acto administrativo que le sancionó en virtud de la declaratoria de responsabilidad administrativa.

Con relación a esta defensa, se advierte que ha sido criterio pacífico y reiterado de la jurisprudencia contencioso administrativa, que la cualidad para actuar en juicio constituye un requisito fundamental para el ejercicio de la acción procesal, lo cual hace necesario su examen a los fines de garantizar una sana y correcta administración de justicia. Además, es oportuno recordar que la cualidad o legitimatio ad causam es una exigencia especial para el ejercicio del derecho de acción y podemos concebirla como una “relación de identidad lógica entre la persona del actor, concretamente considerada, y la persona abstracta a quien la ley concede la acción o la persona contra quien se concede y contra quien se ejercita en tal manera...”. (Loreto, Luis: Ensayos Jurídicos, “Contribución al Estudio de la Excepción de Inadmisibilidad por Falta de Cualidad”, Fundación R.G.. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1987). Así, tendrá cualidad activa para mantener un juicio, “toda persona que se afirme titular de un interés jurídico propio” y tendrá cualidad pasiva, “toda persona contra quien se afirme la existencia de ese interés”.

Es decir, la cualidad se entiende como la idoneidad activa o pasiva de la persona para actuar válidamente en juicio, idoneidad que debe ser suficiente para que el órgano jurisdiccional pueda emitir un pronunciamiento de mérito a favor o en contra. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 6.142, de fecha 9 de noviembre de 2005).

En el caso de autos, conforme se expresó anteriormente, la representación judicial de la parte demandada alegó la falta de cualidad pasiva con fundamento en que el acto administrativo que le impuso la sanción de multa derivada de la declaratoria de responsabilidad administrativa no le fue notificado y el estado Bolívar solicita que se le ordene judicialmente pagarle la multa que le fue impuesta por tener efectos inmediatos la declaratoria en cuestión, en virtud de lo expuesto, debe concluirse que en el presente caso no existe la manifiesta falta de cualidad pasiva a la cual hace alusión la representación del demandado porque independientemente de la procedencia o no de la pretensión, al demandado se le impuso la multa cuya ejecución judicial se pretende, por lo que este Juzgado desestima el argumento que en este sentido formuló. Así se declara.

II.2. Determinado lo anterior, procede este Juzgado a analizar la procedencia del cobro judicial de la sanción de multa que le fue impuesta al demandado por la Directora de Determinación de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del estado Bolívar el dieciséis (16) de septiembre de 2011 por la cantidad de cuatrocientas cincuenta unidades tributarias (450 U.T), como consecuencia de la declaración de responsabilidad administrativa en el ejercicio del cargo como miembro de la Comisión de Licitaciones de Bienes y Servicios del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolívar, solicitando que sea tomado en cuenta el valor de la unidad tributaria vigente a la fecha de la interposición de la demanda o se ajuste al valor vigente para la fecha del pago efectivo, se cita los alegatos en que se sustentó la pretensión:

Es el caso Ciudadana Jueza, que el Ciudadano C.A.B.B., (plenamente identificado), fue impuesta (sic) de una medida sancionatoria de multa por la Contraloría General del Estado Bolívar, en virtud de haberse determinado previamente, mediante el procedimiento administrativo respectivo, su Responsabilidad Administrativa, por haberse encuadrado su conducta dentro de los tipos legales establecidos en los artículos 41 numeral 9 y 37 de la Ley de Salvaguarda de Patrimonio Publico en concordancia de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, imponiéndosele una multa de Cuatrocientos Cincuenta Unidades Tributarias (450 U.T), equivalentes a la fecha de consignación de la presente demanda a CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS EXACTOS (Bs. 48.150,00), monto a pagar salvo que la Unidad Tributaria vigente varíe, cuyo caso este monto debe ajustarse con el valor de la Unidad Tributaria vigente, monto a pagar de conformidad con el artículo 94 parágrafo primero del Código Orgánico Tributario, y ratificado por medio del criterio jurisprudencial establecido por la Sala Político Administrativa, en sentencia Nro. 797, del 04/06/2009, caso Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) contra Corpomedios G.V Inversiones C.A, (Globovisión).

…

Ciudadana Jueza, inútiles e infructuosas como han resultado las gestiones de cobro efectuadas por la Administración Regional, sin que hasta la presente fecha se haya efectivamente logrado el pago de las citadas obligaciones y habiéndose agotado todas las vías, a los fines del cobro de la multa impuesta al Ciudadano C.A.B.B., convirtiéndose esta en una obligación liquida y suficientemente de plazo vencido, la Procuraduría General del Estado Bolívar, en nombre y representación del “Estado Bolívar”, cumpliendo con las disposiciones consagradas en el artículo 173 de la Constitución del Estado Bolívar, en concordancia con los artículos 2 y 49 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado Bolívar, que confieren la defensa de los intereses patrimoniales de esta entidad político territorial, de igual forma siguiendo instrucciones expresas del Ciudadano Gobernador del Estado Bolívar, General F.R.G., por medio del presente escrito ocurrimos ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y su competente autoridad para DEMANDAR como en efecto formalmente se demanda, por concepto de Cobro de Bolívares, al Ciudadano C.A.B.B., venezolano, mayor de edad, con domicilio en la Urbanización Vista Hermosa, calle Circunvalación, Bloque 2, Piso 02, Apto 02-01, Ciudad Bolívar, Municipio Heres, Estado Bolívar, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-12.191.662, mediante procedimiento instituido en los artículos 56 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en cuanto sean aplicables, apercibiéndole de ejecución para que convenga o en caso de negativa a ello, sea condenado por este Tribunal, a pagar al Fisco Regional, los conceptos siguientes:

1. La suma equivalente a Cuatrocientos Cincuenta Unidades Tributarias (450 U.T), equivalentes a la fecha de consignación de la presente demanda a CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS EXACTOS (Bs. 48.150,00), o en su defecto y en caso de variación de la Unidad Tributaria, la suma equivalente a Cuatrocientos Cincuenta Unidades Tributarias (450 U.T(), ajustadas al valor vigente para la fecha efectiva del pago, todo ello de conformidad con el artículo 94, parágrafo primero del Código Orgánico Tributario

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La representación judicial del demandado negó la procedencia de la pretensión de cobro judicial de la multa alegando que su representado no fue notificado del acto que declaró la responsabilidad administrativa y le impuso multa, por ello no adquirió la firmeza requerida para su cobro, se cita los alegatos invocados al respecto:

Rechazo, niego y contradigo que el procedimiento administrativo signado con el Nº DDR-02-11, tramitado por ante la Dirección de Determinación de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Estado Bolívar, mediante Decisión Nº DR-03-11, de fecha 16 de Septiembre de 2011, donde se le impuso la sanción demandado en autos C.A.B.B., haya adquirido la fuerza y vigor de la COSA JUZGADA ADMINISTRATIVA y por consecuencia haya quedado DEFINITIVAMENTE FIRME, por cuanto el acto administrativo sancionatorio fue publicado, para conocimiento de las partes de ese procedimiento administrativo, en la Gaceta Oficial del Estado Bolívar, como si se tratara de un acto administrativo de efectos generales, y no en forma personal, cuando se trata de actos administrativos de efectos particulares, es decir, nunca fue notificado en la formas y maneras previstas en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, del acto administrativo de efectos particulares dictado contra mi defendido. En tal sentido, a falta de notificación personal a mi representado del acto administrativo de efectos particulares dictado por la Dirección de Determinación de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría del Estado Bolívar, mediante Decisión Nº DR-03-11, de fecha 16 de Septiembre de 2001, evita que haya adquirido la fuerza y vigor de la COSA JUZGADA ADMINISTRATIVAMENTE y por consecuencia haya quedado DEFINITIVAMENTE FIRME y la obligación allí NO ES EXIGIBLE NI DE PLAZO VENCIDO.

Rechazo, niego y contradigo que hasta la fecha de la introducción de la demanda haya sido imposible ejecutar el acto administrativo que impone la sanción de multa a mi representado y que hayan hecho cualquier tipo de diligencias a los fines de obtener el pago de la multa. Asimismo rechazo, niego y contradigo que de los efectos legales la mucha se haya convertido en una obligación de crédito fiscal.

…

Con fundamento a los alegatos de hecho, de derecho y jurisprudenciales, solicito en nombre y representación de mi Defendido C.A.B.B., identificado en autos, sea DESECHADA la demanda o en su defecto, la declaratoria SIN LUGAR en la definitiva de la misma, y propuesta por la parte actora ESTADO BOLÍVAR, y que sea condenada en costas la accionante temeraria

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Observa este Juzgado que los efectos de la declaratoria de responsabilidad administrativa y la imposición de multa se encuentran regulados en los artículos 103, 107, 108 y 110 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que disponen:

Artículo 103. “La autoridad competente decidirá el mismo día, o a más tardar el día siguiente, en forma oral y pública, si formula el reparo, declara la responsabilidad administrativa, impone la multa, absuelve de dichas responsabilidades, o pronuncia el sobreseimiento, según corresponda. Si se ha dictado auto para mejor proveer, la decisión se pronunciará en la misma forma indicada en este artículo, al día siguiente de cumplido dicho auto o su término.

Las decisiones a que se refiere el presente artículo se harán constar por escrito en el respectivo expediente, en el término de cinco días hábiles después de pronunciadas, y tendrán efectos de inmediato”.

Artículo 107. “Sin perjuicio del agotamiento de la vía administrativa, contra las decisiones a que se refiere el artículo 103 de esta Ley, se podrá interponer recurso de reconsideración, dentro de los quince días hábiles siguientes a que haya sido pronunciada la decisión. Dicho recurso será decidido dentro de los quince días hábiles siguientes a su interposición.

Artículo 108. Contra las decisiones del Contralor o Contralora General de la República o sus delegatarios o delegataria, señaladas en los artículos 103 y 107 de esta Ley, se podrá interponer recurso de nulidad por ante el Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de seis meses contados a partir del día siguiente a su notificación.

En el caso de las decisiones dictadas por los demás órganos de control fiscal se podrá interponer, dentro del mismo lapso contemplado en este artículo, recurso de nulidad por ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

En la aplicación de las sanciones se tomarán en cuenta la gravedad de la falta, y de los perjuicios causados, así como las circunstancias atenuantes y agravantes que se establezcan en el Reglamento de esta Ley”.

Artículo 110. “La interposición de los recursos a que se refieren los artículos anteriores, no suspende la ejecución de las decisiones que dictaminen la responsabilidad administrativa, impongan multas o formulen reparos” (Destacado añadido).

Aplicando las disposiciones jurídicas citadas al caso de autos, observa este Juzgado que si bien en el caso de autos no se demostró que al demandado la Contraloría del Estado Bolívar le notificare la Decisión Nº DR-03-11 dictada el dieciséis (16) de septiembre de 2011 por la Directora de Determinación de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Estado Bolívar mediante la cual declaró su responsabilidad administrativa y le impuso sanción de multa por la cantidad de cuatrocientas cincuenta unidades tributarias (450 U.T.), no obstante, tal decisión tiene efectos de inmediato y la interposición de los recursos administrativos o judiciales no suspende la ejecución de las decisiones que dictaminen la responsabilidad administrativa o impongan multas, en consecuencia, se desestima el alegato de improcedencia de la pretensión de cobro de la multa opuesta por la representación judicial del demandado. Así se decide.

Resuelto lo anterior, respecto a la procedencia de la pretensión resalta este Juzgado que la actividad administrativa se rige por diversos principios, entre otros, el principio de legalidad consagrado en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone lo siguiente:

Artículo 137. “Esta Constitución y las leyes definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”.

Congruente con la norma constitucional la consecuencia directa de la adecuación de la actividad administrativa a la ley, es la presunción de legalidad que revisten a los actos que se generen por dicha actividad, así como también lo es la ejecutividad y ejecutoriedad de los proveimientos de la Administración, lo que significa que al ser dictados con estricta sujeción al ordenamiento jurídico, estos producen plenos efectos desde su emisión sin que se requiera, en principio, el auxilio de otro poder público para consolidar su ejecución, en este aspecto la Sala Político Administrativa en la sentencia Nº 00272 del 28 de marzo de 2012, señaló que una vez que la Administración manifiesta su voluntad, el acto que la contiene luego de notificarse, es capaz de producir todos sus efectos hasta tanto no sea revocado por la propia Administración en ejercicio de su poder de autotutela o anulado a través del pronunciamiento sobre su legalidad de un órgano jurisdiccional, pudiendo la Administración por sí misma hacer efectivo el cumplimiento de los actos que emanan de ella de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, dictaminó lo que de seguidas se transcribe:

El principio de legalidad que informa la actividad de la Administración Pública y que en nuestro ordenamiento se encuentra consagrado en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, produce como consecuencia, dada la necesaria adecuación del actuar de la Administración a la Ley, que los actos mediante los cuales se ejecutan los cometidos de esta, están revestidos de una presunción de legalidad, la cual genera a su vez, que dichos proveimientos surtan plenos efectos jurídicos desde el momento de su emisión y no se requiera del auxilio de otro poder público para consolidar su ejecución (principio de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos).

En este sentido, una vez que la Administración manifiesta su voluntad, el acto que la contiene luego de notificarse, es capaz de producir todos sus efectos hasta tanto no sea revocado por la propia Administración en ejercicio de su poder de autotutela o anulado a través del pronunciamiento sobre su legalidad de un órgano jurisdiccional, pudiendo la Administración por sí misma hacer efectivo el cumplimiento de los actos que emanan de ella de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

De igual forma, acorde con los anotados principios y con lo dispuesto en el artículo 87 eiusdem, ‘La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo previsión legal en contrario’, por lo que la existencia de recursos administrativos o acciones judiciales cuya resolución se encuentre pendiente, no es óbice para que el acto cuestionado surta efecto y sea ejecutado

(Destacado añadido).

Igualmente, con relación a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos, la Sala Político Administrativa se ha pronunciado de la siguiente manera:

…Así debe concluirse que la ejecutividad es una prerrogativa propia de todo acto administrativo, en el sentido de que éste no requiere la homologación de un ente distinto a la administración para que produzca sus efectos, mientras que la ejecutoriedad alude a la facultad que tiene la administración de ejecutar por sí sola los actos que dicta, aún contra la voluntad de los administrados.

En conexión con lo anterior, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos reconoce la posibilidad de la Administración de materializar de manera inmediata sus actuaciones, al establecer expresamente lo siguiente: ‘Los actos administrativos que requieran ser cumplidos mediante actos de ejecución, deberán ser ejecutados por la Administración en el término establecido. A falta de este término, se ejecutarán inmediatamente.’

Cabe destacar, que tal posibilidad se fundamenta principalmente, en la presunción iuris tantum de legalidad que tienen los actos administrativos y en la necesidad de que se cumplan los intereses públicos que orientan la actividad administrativa.

En este orden de ideas, se observa que la ejecutoriedad sólo procede cuando existe un acto administrativo formal. Al efecto, el artículo 78 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos señala: ‘Ningún órgano de la Administración podrá realizar actos materiales que menoscaben o perturben el ejercicio de los derechos de los particulares, sin que previamente haya sido dictada la decisión que sirva de fundamento a tales actos’. Esta condición se complementa con la necesidad de la efectiva notificación del acto.

Ahora bien, la facultad reconocida a la Administración de ejecutar por si sola, materialmente, los derechos que de tales actos deriven, aún en contra de los obligados, puede lograrse sin que sea necesario acudir a los tribunales, tal como expresamente lo establece el artículo 79 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al señalar que: ‘La ejecución forzosa de los actos administrativos será realizada de oficio por la propia Administración, salvo que por expresa disposición legal deba ser encomendada a la autoridad judicial.’.

En sintonía con lo expuesto, cabe resaltar que en principio todos los actos administrativos son ejecutables, es decir, gozan de las prerrogativas de ejecutividad y ejecutoriedad una vez dictados y debidamente notificados, a menos que la Administración o un Tribunal acuerde la suspensión de los efectos del acto recurrido a través de una medida cautelar, único mecanismo que dicho sea de paso, puede detener la ejecución de un acto administrativo definitivo, toda vez que la suspensión de efectos del acto de que se trate, es una excepción al principio de ejecutoriedad de los actos administrativos

(Destacado añadido).

Conforme a lo anterior, la ejecutoriedad es la facultad de la Administración de materializar los actos formales dictados en el ejercicio de sus competencias, excepto cuando alguna Ley especial asigne tal atribución en forma expresa a los órganos jurisdiccionales, como así lo establecen los artículos 8 y 79 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de la siguiente manera:

Artículo 8º “Los actos administrativos que requieran ser cumplidos mediante actos de ejecución, deberán ser ejecutados por la administración en el término establecido. A falta de este término, se ejecutarán inmediatamente”.

Artículo 79. “La ejecución forzosa de los actos administrativos será realizada de oficio por la propia administración, salvo que por expresa disposición legal deba ser encomendada a la autoridad judicial”.

Por su parte, el artículo 80 eiusdem dispone la forma como los órganos administrativos pueden hacer cumplir sus decisiones, sea que se trate de actos de ejecución indirecta respecto al obligado o cuando se trate de actos de ejecución personal. Así, el mencionado artículo prevé lo que de seguidas se transcribe:

Artículo 80. “La ejecución forzosa de actos por la administración se llevará a cabo conforme a las normas siguientes:

1. Cuando se trate de actos susceptibles de ejecución indirecta con respecto al obligado, se procederá a la ejecución, bien por la administración o por la persona que ésta designe, a costa del obligado.

2. Cuando se trate de actos de ejecución personal y el obligado se resistiere a cumplirlos, se les impondrán multas sucesivas mientras permanezcan en rebeldía y, en el caso de que persista en el incumplimiento, será sancionado con nuevas multas iguales o mayores a las que ya se le hubieren aplicado, concediéndole un plazo razonable, a juicio de la administración, para que cumpla lo ordenado. Cada multa podrá tener un monto de hasta diez mil bolívares (Bs. 10.000,00), salvo que otra ley establezca una mayor, caso en el cual se aplicará ésta

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Asimismo, dado que la presunción de legalidad de los actos administrativos puede ser desvirtuada, la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos mantiene su vigencia mientras no se demuestre su contrariedad a la Ley o que hayan sido suspendidos sus efectos por la propia Administración o por los órganos jurisdiccionales (Vid. sentencias de la Sala Político Administrativa Nos. 01117 y 00874 de fechas 4 de mayo de 2006 y 17 de junio de 2009, respectivamente).

En razón de lo expuesto, debe concluirse que el estado Bolívar debió agotar las modalidades de ejecución previstas en el artículo 80 de la mencionada Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos con el objeto de hacer cumplir el pago de la multa impuesta por la Directora de Determinación de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del estado Bolívar y en caso de no lograr dicho pago, procedería la intervención de los órganos jurisdiccionales a tales fines.

En el caso de autos, no se demostró en el curso del proceso judicial que el demandado hubiere sido notificado de la decisión administrativa que le impuso la multa derivada de la declaratoria de responsabilidad administrativa y de su obligación de pagarla; por ende, este Juzgado considera que el cobro de la multa impuesta le fue notificada al demandado una vez instaurado el presente proceso judicial en la persona de su defensor ad litem a través de la citación practicada por el Alguacil de este Juzgado en diligencia presentada el doce (12) de febrero de 2014 que cursa al folio 168 de la primera pieza, en consecuencia, este Juzgado considera que conforme la presunción de legalidad que revisten a los actos administrativos a pesar que no consta en autos que se le requiriera administrativamente el pago de la sanción impuesta al demandado, éste se encuentra obligado a pagarla en razón que la interposición de los recursos administrativos y judiciales no suspende la ejecución del acto administrativo.

No obstante lo anterior, la pretensión de la demandante que la multa impuesta en la decisión administrativa por la Directora de Determinación de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del estado Bolívar de cuatrocientas cincuenta unidades tributarias (450 U.T.) se recalcule a la fecha en que efectivamente pague el demandado no es procedente, porque la decisión expresamente determinó que el valor de la unidad tributaria era la vigente para la época en la cual incurrió en el hecho sancionado y la fijó en la suma de trece mil doscientos treinta bolívares (Bs. 13.230,00). Así se decide.

En consonancia con lo expuesto, observa este Juzgado que la Decisión Nº DR-03-11 dictada el dieciséis (16) de septiembre de 2011 por la Directora de Determinación de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Estado Bolívar mediante la cual declaró la responsabilidad administrativa del ciudadano C.A.B.B., parte demandada en su condición de miembro de la Comisión de Licitaciones de Bienes y Servicios del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolívar por haber incurrido en falta administrativa prevista en el numeral 1 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y le impuso sanción de multa por la cantidad de cuatrocientas cincuenta unidades tributarias (450 UT), estableció que el valor de la unidad tributaria que tomaría en cuenta sería la vigente para la época en la cual incurrió en el hecho sancionado en el año 2005 y la fijó en la suma de trece mil doscientos treinta bolívares (Bs. 13.230,00), la cual se cita parcialmente:

“En virtud de los planteamientos antes señalados, quien suscribe, Abg. V.V.C., Directora de la Dirección de Determinación de Responsabilidades Administrativas, tal como consta en Resolución de fecha 18 de diciembre de 2008, publicada en Gaceta Oficial Nº 211 de fecha 23 de diciembre de 2008, actuando bajo la Delegación otorgada mediante Resolución Nº DCE-098-2011 de fecha 23 de agosto de 2011, publicada en Gaceta Oficial del Estado B.O. Nº 933 de fecha 24 de agosto de 2011, estando dentro de la oportunidad legal y, en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 103 y 106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del sistema Nacional de Control Fiscal y del artículo 97 del Reglamento de la Ley; procede a decidir la presente causa en los términos siguientes:

…

Se declara responsabilidad administrativa al ciudadano C.A.B.B., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.191.662, en su condición de miembro de la Comisión de Licitaciones de Bienes y Servicios del Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolívar (OPOL-BOLÍVAR), durante el ejercicio fiscal 2005, época en que ocurrieron los actos, hechos y omisiones descritos en los particulares primero y segundo, que le fueron impuestos mediante Auto de Apertura de fecha 13 de mayo de 2011, cursante en folio cuatrocientos sesenta y nueve (folio 469) del expediente administrativo; por encuadrar su conducta en el supuesto generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 1 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa y con fundamento en lo previsto en el encabezamiento del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 103 ejusdem, se impone sanción de multa sobre el ciudadano C.A.B.B.. La aplicación de esta sanción se realiza calculando el término medio entre la sanción menor de Cien Unidades Tributarias (100 U.T) y la sanción mayor de Mil Unidades Tributarias (1.000 U.T), establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la cual equivale a quinientas cincuenta unidades tributarias (550 U.T). Así mismo, se toma en consideración la circunstancia agravante establecida en el literal “b” del artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para la época que ocurrieron los hechos, la cual establece: “La condición de funcionario público; por cuanto el ciudadano plenamente identificado en autos, se encontraba ejerciendo el cargo de miembro de la Comisión de Licitaciones de Bienes y Servicios del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolívar (IPOL-BOLÏVAR), para el momento en que ocurrieron las hechos que le fueron imputados; por lo tanto, es un (01) agravante, el cual aumentará sobre la sanción Cien Unidades Tributarias (100 U.T). Asimismo, se consideran las circunstancias atenuantes establecidas en el artículo antes referido, específicamente en el numeral “1” que establece: “No haber incurrido en contraventor en falta que amerite la imposición de multas, durante los tres (3) años anteriores a aquel en que cometió la infracción”, por cuanto el mencionado ciudadano no ha sido objeto de procedimientos administrativos con imposición de multa; de igual forma la atenuante previsto en el numeral 4 que dispone: “Las demás atenuantes que resultaren de los procedimientos administrativos o jurisdiccionales, a juicio de los juzgadores”; en este sentido, este Órgano Contralor considera atenuante, el hecho de no haberse causado daño alguno contra el patrimonio público. Por lo tanto recae sobre el cálculo de la multa una (01) circunstancia agravante que aumentará sobre la sanción cien unidades tributarias (100 U.T) y dos circunstancias atenuantes que cada una de estas diminuirán sobre la sanción cien unidades tributarias (100 U.T) es decir, doscientas unidades tributarias (200 U.T). Resultando la multa a pagar por la cantidad de Cuatrocientas Cincuentas Unidades Tributarias (450 U.T). En este sentido, para indicar el monto en bolívares de la sanción impuesta, se tomó en cuenta el valor de la unidad tributaria vigente para el ejercicio fiscal 2005, el cual era de Bs. 29.400,00 según Gaceta Oficial Nº 38.116, publicada en fecha 27 de febrero de 2005. En consecuencia, la referida sanción refleja en bolívares, corresponde a la cantidad de trece mil doscientos treinta bolívares fuertes con cero céntimos (Bs.F. 13.230,00). Dicha multa se aplicará y formalizará una vez que el presente auto decisorio quede firme en vía administrativa” (Destacado añadido).

De la citada decisión administrativa se desprende que la Dirección de Determinación de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Estado Bolívar impuso al demandado sanción de multa por la cantidad de cuatrocientas cincuenta unidades tributarias (450 U.T.) y fijó el monto en bolívares de la sanción impuesta tomando en cuenta el valor de la unidad tributaria vigente para el ejercicio fiscal 2005 de Bs. 29,40, época en que incurrió en la falta administrativa, determinando que la sanción impuesta al demandado correspondía a la cantidad de trece mil doscientos treinta bolívares (Bs. 13.230,00), en consecuencia, este Juzgado Superior no se encuentra facultado para revisar el acto administrativo cuya ejecución judicial se pretende para tomar en cuenta el valor de la unidad tributaria vigente y no la determinada en la decisión administrativa que dispuso que el valor de la unidad tributaria era el vigente para el ejercicio fiscal 2005, época en la cual ocurrió el hecho sancionado. Así se establece.

Conforme con la motivación precedentemente expuesta, este Juzgado Superior declara parcialmente con lugar la demanda incoada por el Estado Bolívar contra el ciudadano C.A.B.B., en consecuencia, se le ordena pagar al estado Bolívar la cantidad de trece mil doscientos treinta bolívares (Bs. 13.230,00), en cumplimiento de la sanción de multa impuesta por la Directora de Determinación de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Estado Bolívar el dieciséis (16) de septiembre de 2011 por cuatrocientas cincuenta unidades tributarias (450 U.T.) cuyo acto fijó el monto en bolívares de la sanción tomando en cuenta el valor de la unidad tributaria vigente para el ejercicio fiscal 2005 época en la cual ocurrió el hecho sancionado fijándola en la suma referida. Así se decide.

3. DISPOSITIVA

En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar, actuando en nombre de la República, administrando justicia y por autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ESTADO BOLÍVAR contra el ciudadano C.A.B.B., en consecuencia, se le ORDENA pagar al estado Bolívar la cantidad de trece mil doscientos treinta bolívares (Bs. 13.230,00), en cumplimiento de la sanción de multa impuesta por la Directora de Determinación de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Estado Bolívar el dieciséis (16) de septiembre de 2011 por cuatrocientas cincuenta unidades tributarias (450 U.T.) cuyo acto fijó el monto en bolívares de la sanción tomando en cuenta el valor de la unidad tributaria vigente para la época en la cual ocurrió el hecho sancionado fijándola en la suma referida.

De conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordena la notificación de la presente sentencia al Procurador General del Estado Bolívar, transcurrido el lapso de ocho (08) días hábiles contados a partir de la consignación en el expediente de la respectiva notificación se inicia el lapso para la interposición del recurso de apelación.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente sentencia en el índice copiador de sentencias de este Tribunal.

Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2014. Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

LA JUEZA

B.O.L.

LA SECRETARIA

ODEISA VIÑA HERRERA