Decisión nº KP02-G-2009-000008 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 21 de Mayo de 2012
| Fecha de Resolución | 21 de Mayo de 2012 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo |
| Ponente | Marilyn Quiñonez Bastidas |
| Procedimiento | Perención |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL
Exp. Nº KP02-G-2009-000008
Recibido como fue en fecha 13 de diciembre de 2010 el presente asunto de la Sala Plana del Tribunal Supremo de Justicia, en declinatoria de competencia, posteriormente por auto de fecha 28 de enero de 2011 quien suscribe se abocó al conocimiento de la presente causa, contentiva de la demanda por cobro de bolívares e indemnización de daños y perjuicios e indemnización de daños y perjuicios incoada por el ciudadano C.A.H.H., titular de la cédula de identidad número 14.331.350, asistido por el abogado N.J.U.N., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 92.243, contra la sociedad mercantil BANFOANDES, BANCO UNIVERSAL, C.A., hoy BANCO BICENTENARIO, BANCO UNIVERSAL, C.A..
Posteriormente, en fecha 13 de diciembre de 2010, es recibido en este Juzgado Superior el presente asunto.
Abocada quien suscribe, en fecha 09 de mayo de 2011, se dictó auto admitiendo la presente acción, ordenándose librar las respectivas citaciones y notificaciones, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil.
I
DE LA ACCIÓN INTERPUESTA
Mediante escrito presentando en fecha 01 de enero de 2008, la parte demandante, ya identificada, interpuso acción por cobro de bolívares e indemnización de daños y perjuicios, con base a los siguientes alegatos:
Que en fecha 13 de septiembre de 2007, la parte accionante, aperturó cuarenta en el Banco Banfoandes Banca Universal C.A, la referida cuenta fue aperturada en el Municipio Palavecino, realizando varios movimientos desde mil bolívares (bs1.000) hasta treinta mil bolívares (Bs. 30.000). Aduce que la relación de la cuenta marchaba en p.a. llegando a solicitar un crédito para vehículo el cual le fue otorgado en virtud de su record como cliente.
Así pues, señala el actor, que en fecha 15 de mayo del 2008 realizó un depósito por la cantidad de treinta mil bolívares (Bs.30.000), y el día posterior, realizó dos (2) movimientos de retiro, cada uno por la cantidad de trescientos bolívares (Bs. 300), siendo para el día 16 de mayo de 2008, el saldo de la cuenta de veintinueve mil trescientos noventa y ocho bolívares con dos céntimos (Bs. 29.398,2), siendo el caso que para la fecha 21 de mayo del 2008, emitió cheque por la cantidad de veintiocho mil cincuenta y siete bolívares con ochenta y siete céntimos (Bs. 28.057, 87) a nombre de la empresa Electro Componentes Occidentes C.A.
En sintonía con lo anterior, señala el actor, que en fecha 22 de mayo de 2008, lo llaman de la entidad bancaria para informarle que el cheque fue devuelto por girar sobre fondos, a lo que respondió dirigiéndose de forma inmediata al banco para hablar con una promotora, de tal manera la promotora le explica que existen en su cuenta una serie de movimientos, y al desconocerlos, remite al actor con el gerente de la entidad.
Aduce el actor que a pesar de los cheques emitidos por el, aun quedaba saldo suficiente para cubrir el monto girado a la empresa Electro Componentes Occidentes C.A., a lo que el banco Banfoandes conciente como una clonación de tarjeta de debito, siendo que una ves enterado el actor se dirigió a formular los reclamos pertinentes., operando en su contra un fraude electrónico producto de la clonación de la tarjeta de debito.
En consecuencia de lo antes expuesto, señala, que el banco debió haber reintegrado lo adeudado en un lapso no mayor de 15 días, siendo que en fecha 03 de septiembre del 2008, procedió a realizar algunos reintegros sumando la cantidad de doce mil ochocientos diecinueve bolívares con sesenta y cinco céntimos (12.819,65), quedando adeudando la cantidad de cuatro mil ciento cincuenta bolívares con treinta y cinco céntimos (4.150,35).
Por las razones precedentes, demanda a la entidad bancaria Banfoandes Banca Universal C,A, por cobro de bolívares, por la cantidad de cuatro mil ciento cincuenta bolívares con treinta y cinco céntimos (4.150,35), como capital no reintegrado, y la cantidad de treinta mil bolívares (Bs. 30.000), a titulo de indemnización por daños y perjuicios.
II
DE LA COMPETENCIA
Como punto previo, debe este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente causa.
Para el momento de la interposición de la presente acción, las competencias de los distintos Órganos Jurisdiccionales de lo Contencioso Administrativo, había sido delimitadas mediante decisiones de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, razón por la cual se debe traer a colación la Sentencia de fecha 02 de septiembre de 2004, bajo ponencia conjunta, dictada por la referida Sala (caso: Importadora Cordi vs. Venezolana de Televisión) al establecer que corresponderá conocer entre otras causas, a este Tribunal Superior:
(…)
1. … las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T).
(…)
En consecuencia, conforme al anterior criterio jurisprudencial aplicable ratione temporis, al ser interpuesta la presente acción bajo su vigencia, este Juzgado Superior declara su competencia en el caso de autos, y así se decide.
Sin embargo, es preciso indicar que mediante Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en fecha 16 de junio del 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concebida un como cuerpo normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales que integran dicha Jurisdicción.
Así, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se observa que en el caso de los Juzgados Superiores -artículo 25 numeral 1-, determinó entre sus competencias “Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios…”, con lo que se desprende que aquél régimen de competencia provisionalmente establecido mediante jurisprudencia, no fue modificado por la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Por lo tanto, al constatarse de autos que el ciudadano C.A.H.H., titular de la cédula de identidad 14.331.350, dirige en esencia su pretensión contra una empresa en la cual el Estado Lara tiene participación, y al no estar atribuido su conocimiento a otro tribunal, se estima que se encuentran configurados los supuestos de procedencia para que este Tribunal Superior entre a conocer y decidir la presente causa, y así se decide.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Realizada precedentemente una breve síntesis conforme a la cual se ha venido desarrollando hasta la presente fecha el iter procedimental en el caso de autos, es menester para este Juzgado señalar que en todas las acciones, recursos y solicitudes que interpongan los particulares para activar al Órgano Jurisdiccional, existen actuaciones que necesaria y obligatoriamente deben ser instadas a solicitud de la parte interesada por ser éstas una carga procesal que les impone la propia legislación y ante las cuales el Tribunal de que se trate está impedido a actuar de oficio para dar impulso a la causa, por lo que el incumplimiento de tales obligaciones por parte de los interesados acarreará consecuencias jurídicas negativas que operarán de pleno derecho y deberán ser advertidas y declaradas por el Órgano Jurisdiccional ante la actitud pasiva de aquél durante los lapsos de que dispone para la materialización de sus obligaciones durante la sustanciación del procedimiento.
En este sentido, cabe resaltar para el caso en concreto que una vez admitida la acción interpuesta, deviene una carga procesal para la parte demandante en proceder a consignar las correspondientes copias fotostáticas requeridas en el auto de admisión para librar las citaciones y notificaciones de aquellos contra los cuales dirige su pretensión, es decir, mostrar un interés procesal permanente, por lo que según fuera señalado supra, tal omisión o inactividad implica una consecuencia jurídica que opera contra la parte no diligente en el cumplimiento de tal obligación, necesaria para continuación del procedimiento instaurado.
En efecto, de la revisión de las actas procesales en la presente causa tenemos que desde la fecha en que se dejó constancia de haberse admitido la presente acción por cobro de bolívares e indemnización de daños y perjuicios hasta la presente fecha, no se ha materializado ninguna actuación procesal a instancia de parte para la consecución del procedimiento, es decir, la parte querellante no ha cumplido con la obligación de proveer los fostatos ni ha mostrado interés procesal alguno para materializar la citación ordenadas en el auto de admisión de fecha 09 de mayo de 2011, habiendo transcurrido el lapso superior a un (01) año de paralización de la causa.
Respecto a las consecuencias jurídicas por la paralización del proceso ante la inactividad de las partes, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 41 establece lo siguiente:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.
Es evidente que la anterior disposición normativa resulta aplicable al caso de autos, por ser dicho texto normativo el que regula la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y por tratarse de una acción en la que no se ha impulsado el proceso desde el 09 de mayo de 2011, para su continuación.
No obstante, visto que el presente asunto fue admitido conforme a las disposiciones del procedimiento ordinario contemplado en el Código de Procedimiento Civil, por mandato expreso del artículo 19 aparte 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, vigente para la fecha de interposición de la demanda y que regulaba los procedimientos ante los Órganos Jurisdiccionales de lo Contencioso Administrativo, este Juzgado Superior, en atención a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, procede a revisar para el caso de autos, la figura de la perención concebida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece lo siguiente:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
…omissis…
.
Así, tenemos que tanto de la disposición prevista en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa como en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es unánime la intención del legislador al establecer que la inactividad superior a un año en el curso del procedimiento, produce su extinción de pleno derecho.
En este orden de ideas, es importante resaltar que la institución jurídica de la perención no puede ser concebida como un obstáculo para los sujetos que mediante el ejercicio de su derecho subjetivo han puesto en marcha el aparato jurisdiccional, sino como un mecanismo de ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales; por lo tanto, la perención de la instancia constituye una forma anómala de terminación del proceso, la cual debe ser decretada por el Tribunal que conozca de la causa, bien a instancia de parte o de oficio, entendiéndose igualmente que la declaratoria de la misma no produce cosa juzgada material, teniendo la parte afectada por su declaratoria el derecho de acudir nuevamente a los Órganos Jurisdiccionales competentes para plantear en los mismos términos el objeto de su pretensión.
En consecuencia, en el caso que se examina, el último acto procedimental tendiente a la prosecución del juicio ocurrió el día 09 de mayo de 2011, vale decir, una actuación realizada por este Tribunal mediante la cual se admitió la acción intentada, por consiguiente habiendo transcurrido más de un año, de inactividad procesal y falta de impulso de la acción incoada, no imputable a este Órgano Jurisdiccional, resulta forzoso para este Tribunal Superior, decretar la perención de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que la instancia se ha extinguido de pleno derecho por su paralización sobre un lapso superior a un año, y así se decide.
IV
DECISIÓN
En mérito de las anteriores consideraciones este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley declara:
Su COMPETENCIA para conocer y decidir el presente asunto contentivo de la acción por cobro de bolívares e indemnización de daños y perjuicios, interpuesta por el ciudadano C.A.H.H., titular de la cédula de identidad 14.331.350, a contra BANFOANDES BANCA UNIVERSAL C.A.
Se declara la PERENCIÓN de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, se declara extinguida la instancia.
No hay condenatoria en costas, de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los veintiún (21) días del mes de mayo del año dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
La Jueza
M.Q.B.
La Secretaria,
S.F.C.
