Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 29 de Febrero de 2012

Contenido completo sólo para clientes

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS
RESUMEN

VIII.- Decisión. Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Con Lugar las apelaciones interpuestas por la ciudadana Amanda Josefina Luzardo de Perrone, parte... (ver resumen completo)

EXTRACTO GRATUITO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA

201° y 152°

I.- Identificación de las partes.

Parte Accionante: Ciudadana AMANDA JOSEFINA LUZARDO DE PERRONE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 1.848.226.

Apoderado judicial de la parte accionante: Abogados NORKA JOSEFINA ROMERO PERRONE y RUBÉN LORENZO GONZÁLEZ ALMIRAIL, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 94.303 y 123.370, respectivamente.

Parte Accionada: JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS ARISMENDI, ANTOLIN DEL CAMPO Y GÓMEZ DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.

Terceros Interesados: Ciudadanos INÉS MILAGROS RODRÍGUEZ DE HERNÁNDEZ y WILMER ENRIQUE HERNÁNDEZ MEDINA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 8.666.639 y 3.979.459, respectivamente, con domicilio procesal en el Complejo Turístico Residencial y Deportivo Bahía de Plata, Conjunto La Ceiba, casa Nº 18, frente al boulevard Este, entre la ruta “E “y B de la urbanización Bahía de Plata.

Apoderados Judiciales del Tercero Interesado Wilmer Enrique Hernández Medina: Abogados INÉS MILAGROS RODRÍGUEZ DE HERNÁNDEZ, ROLMAN J. CARABALLO ÁVILA y JUAN PAULO RODRÍGUEZ FLORES, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 55.290, 64.415, y 41.714, respectivamente.

II.- Reseña de las actas procesales.

En fecha 17-10-2011 (f. 77, 3ª pieza), se recibió en esta alzada el oficio Nº 0970-13.193 de fecha 13-10-2011, anexo al cual, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, remitió constante de tres (3) piezas, la primera con 266 folios útiles, la segunda con 698 folios útiles y la tercera con 76 folios útiles, el expediente Nº 24.360, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la ciudadana Amanda Josefina Luzardo de Perrone contra el Juzgado de los Municipios Arismendi, Gómez y Antolin del Campo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, a los fines que esta alzada conozca y decida el recurso de apelación ejercido por la ciudadana Amanda Josefina Luzardo de Perrone, actuando en su condición de parte querellante, debidamente asistida por el abogado Rubén Lorenzo González Almirail; y por los ciudadanos Inés Milagros Rodríguez y Wilmer Enrique Hernández Medina, en su condición de terceros interesados, debidamente asistidos por el abogado en ejercicio Rolman Caraballo, contra la decisión dictada por el referido tribunal de Instancia en fecha 06-10-2011.

Por auto de fecha 24-10-2011 (f. 78, 3ª pieza) este tribunal le dio entrada al asunto, ordenó su anotación en los libros respectivos y de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con la sentencia N° 442 de fecha 04-04-2001, fijó un lapso de treinta (30) días continuos para que las partes interpongan cualquier escrito relacionado con el expediente y vencido el referido lapso se procederá a dictar el fallo respectivo dentro de los treinta (30) días continuos siguientes.

En fecha 11-11-2011 (f. 79 al 101, 3ª pieza) la ciudadana Amanda Josefina Luzardo de Perrone, debidamente asistida por el abogado en ejercicio Rubén Lorenzo González Almirail, presenta escrito, constante de seis (6) folios útiles y dieciséis (16) folios anexos.

En fecha 23-11-2011 (f. 102 al 105, 3ª pieza) el abogado Rolman Caraballo, en su carácter de apoderado judicial del tercero interesado, ciudadano Wilmer Enrique Hernández Medina, consigna escrito, para fundamentar su apelación.

En la oportunidad legal para dictar el fallo respectivo, este Tribunal no lo hizo por lo que pasa a hacerlo ahora en los términos siguientes:

III.- La Acción de Amparo Constitucional.

La accionante en su escrito libelar expresa:

La accionante en su escrito libelar expresa:

“Que el día miércoles 11 de agosto de 2010, aproximadamente a las 11:00 horas de la mañana, se encontraba sentada en la sala de su casa ubicada en el Conjunto Residencial La Ceiba de la Urbanización Bahía de Plata I, Municipio Gómez de este Estado, acompañada por el ciudadano ALEXIS SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° 11.641.457, quien realizaba trabajos de plomería en la casa, al igual que su hija MARLENE PERRONE LUZARDO, titular de la cédula de identidad N° 5.567.443, cuando se percataron que por la entrada principal de la vivienda, a través de los ventanales, se observaba la llegada de un grupo de personas entre las cuales se lograba identificar a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, fuertemente armados, y otros, vestidos de civil con emblemas del poder judicial, además de un ciudadano con maletín de herramientas en manos que dijo ser el cerrajero, quienes se aproximaron a la puerta principal de su casa, por lo que se dirigió a abrirles mientras les preguntaba que se les ofrecía; inmediatamente uno de ellos se identificó como el Juez del Juzgado de los Municipios Arismendi, Antolín del Campo y Gómez del Estado Nueva Esparta, VICENTE ORDAZ VILLARROEL, quien le informó que venía con una orden de “desalojo” y que ella tenía que desalojar la vivienda puesto que la ciudadana INÉS MILAGROS RODRÍGUEZ DE HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° 8.666.639, quien es cónyuge del ciudadano WILMER ENRIQUE HERNÁNDEZ MEDINA, titular de la cédula de identidad N° 3.979.459, iba a tomar posesión de la casa mediante la entrega material ordenada por el Tribunal a su cargo, de inmediato entraron simultáneamente todas las personas que le acompañaban, seguidamente una persona que dijo ser el Depositario, empezó a agrupar los bienes muebles de su pertenencia y un Perito le daba cuenta de los bienes.

Agrega que ella es una anciana de ochenta y cuatro (84) años de edad, con un historial delicado de salud, y tuvo que padecer toda esa situación bochornosa viendo como irrumpían violentamente en su vivienda y violaban todos sus derechos ante sus ojos sin poder hacer nada a cambio, pues, se encontraba intimidada por la cantidad de personas, los funcionarios castrenses con armas largas y un juez dentro de su casa al que le repitió innumerables ocasiones que se trataba de una confusión, ya que es la propietaria del inmueble mostrándole en su forma original el documento de propiedad que la acredita como tal, no suspendiendo el Juez toda la actuación arbitraria antes narrada.

Que el procedimiento judicial practicado en su casa que tuvo como consecuencia despojarla antijurídicamente de su vivienda principal, donde tiene su núcleo familiar, es un abuso de autoridad, ya que en ningún momento se le notificó al respecto de tal proceso para hacer uso de sus derechos y garantías constitucionales a la defensa.

Que cabe destacar que además de hacerle el Juez, entrega material de su vivienda principal al solicitante también hizo entrega material en un acto de profundo abuso de poder de bienes muebles de su propiedad que se encontraban en su casa, (…), los cuales nunca fueron peticionados por el solicitante en el procedimiento de entrega material como se desprende de actas, sin embargo también se le entregaron en el mismo acto.

Que al día siguiente, en fecha 12 de agosto de 2010, presentó ante el mismo Juzgado de los Municipios Arismendi, Antolín del Campo y Gómez de este Estado, escrito de oposición a la actuación antes denunciada, en la que consignó “ad efectum videndi”, el documento de propiedad de su casa de la cual fue despojada injustamente, con la finalidad de que se le restituya la posesión del bien inmueble de su propiedad.

Que en fecha el 13 de agosto de 2010, acudió nuevamente a dicho Juzgado con la finalidad de obtener oportuna y adecuada respuesta, motivada y fundada de todo lo sucedido, obteniendo como resultado el frustramiento de su acceso a la justicia por cuanto el Tribunal dejó de emitir despacho por el receso judicial.

Señala la violación de las garantías constitucionales, la tutela judicial efectiva, la defensa, el debido proceso y el derecho de propiedad, ya que el Juzgado natural de la causa, decretó la entrega material del bien inmueble de su propiedad, según consta en el auto de fecha 23-01-2009.

Que de conformidad con lo establecido en el dispositivo 588 de la ley adjetiva civil en concordancia con el dispositivo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, solicita se decreten las siguientes medidas innominadas:

1) La suspensión temporal de los efectos del auto de fecha 23-01-2009, mediante el cual se ordena la entrega material de su propiedad, hasta que decida el presente amparo, por lo cual se le restituya la posesión del bien inmueble de su propiedad según consta de documento protocolizado ante la Oficina de Registro Público del Municipio Gómez de este Estado.

2) Visto que es una anciana de 84 años que es fácilmente vulnerable tanto, física como mentalmente, solicita también se decrete medida de apostamiento policial que puede ser cumplida por INEPOL o DISIP o CICPC con recorridos periódicos en mi vivienda de por lo menos 3 días a la semana durante seis (6) meses contados a partir del decreto o hasta tanto se resuelva la acción de amparo constitucional.

Que por las razones antes expuestas, ocurre ante esa competente autoridad constitucional para solicitar la nulidad del decreto dictado en fecha 23-01-2009 por el Juzgado de los Municipios Arismendi, Antolín del Campo y Gómez de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, que ordenó la entrega material del bien de su propiedad por contener violaciones a derechos y garantías constitucionales.

Que finalmente solicita sea declarada con lugar la acción de amparo y asimismo, se decreten las medidas solicitadas.”

IV.- La Sentencia Apelada.

La presente acción de amparo fue declarada inadmisible por...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS