Decisión nº 1526 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 27 de Octubre de 2010

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 27 de octubre de 2010

200º y 151º

ASUNTO: AF41-U-1992-000024.- SENTENCIA Nº 1526.-

ASUNTO ANTIGUO: 689.-

Vistos, sólo con informes de la representación del Fisco Nacional.

En horas de despacho del día 30 de enero de 1992, se recibió en este Órgano Jurisdiccional, Oficio N° HJI-320-00054 de fecha 21 de enero de 1992, emanado de la extinta Dirección Jurídico Impositiva del entonces Ministerio de Hacienda, hoy Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), adscrito al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, mediante el cual fue remitido el recurso contencioso tributario, interpuesto en fecha 15 de marzo de 1991, ante la entonces Administración de Hacienda de la Región Central, hoy Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central del SENIAT, por la ciudadana R.R.D.O., titular de la cédula de identidad N° 4.449.059 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 11.963, actuando en su carácter de apoderada judicial de la contribuyente “AGUA POTABLE CARABOBO, S.A.”, inscrita en el Registro Mercantil que era llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el N° 14 de fecha 25 de noviembre de 1953, contra la Resolución N° HJI-100-00655 de fecha 18 de julio de 1989, emanada de la referida Dirección Jurídico Impositiva, mediante la cual se resolvió el recurso jerárquico ejercido por la recurrente supra mencionada en fecha 20 de marzo de 1989, en contra de las Resoluciones Culminatorias del Sumario Administrativo Nos. HRCE-540-265, HRCE-540-266 y HRCE-540-279, todas de fecha 24 de octubre de 1988, correspondientes a los reparos fiscales formulados a las declaraciones de rentas presentadas para los ejercicios fiscales comprendidos entre el 16/11/1981 al 15/11/1982 y entre el 16/11/1982 al 15/11/1983, y sus correlativas Planillas de Liquidación detalladas a continuación:

PLANILLA N° IMPUESTO Bs. MULTA Bs. INTERESES Bs.

10-10-65-114 69.314,32 72.780,03 42.117,76

10-10-65-115 80.655,54 127.032,46 34.560,89

10-10-61-539 0,00 243,24 12,14

10-10-61-540 0,00 9.817,30 3.673,86

10-10-61-541 0,00 4.166,07 224,37

10-10-61-542 0,00 42.350,49 4.665,57

10-10-61-543 0,00 11.583,78 1.237,28

Confirmándose parcialmente dichas Resoluciones Culminatorias del Sumario, y en consecuencia se ordenó anular las dos (02) primeras de las señaladas Planillas de Liquidación, y emitir nuevas por los montos siguientes:

CONCEPTO MONTO EN Bs.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 69.314,32

80.655,54

INTERESES MORATORIOS 42.117,76

34.560,89

Asimismo, se anularon las cinco (05) últimas de las referidas Planillas de Liquidación, ordenándose emitir nuevas Planillas sólo por el monto correspondiente a intereses moratorios por Bs. 12,14, Bs. 3.673,86, Bs. 224,37, Bs. 4.665,57 y Bs. 1.237,28, quedando en consecuencia la recurrente obligada a pagar la cantidad total de Bs. 236.461,73, re-expresado actualmente en Bs.F 236,46 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el 01 de enero de 2008, según el Decreto con rango valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del 06 de marzo de 2007.

Por auto de fecha 10 de febrero de 1992, se le dio entrada a dicho recurso contencioso tributario, ordenándose formar expediente bajo el Nº 689, actual Asunto Nº AF41-U-1992-000024, y librar boletas de notificación dirigidas a los ciudadanos Contralor General de la República, Procurador General de la República y al representante legal de la recurrente y/o a su apoderado judicial. En esa misma fecha, se libraron las boletas de notificación antes mencionadas, y a los fines de practicar la notificación de la recurrente, se comisionó suficientemente al Juez Primero del Municipio Valencia de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

El 08 de julio de 1992, estando las partes a derecho según consta en autos a los folios doscientos veinte (220), doscientos veintiuno (221) y doscientos treinta y uno (231), se admitió dicho recurso, ordenándose su tramitación y sustanciación correspondiente.

El 13 de julio de 1992 se abrió la causa a pruebas.

En fecha 07 de octubre de 1992, vencido el lapso probatorio sin que las partes hicieran uso de ese derecho, se dió inicio a la relación de la causa.

El 16 de diciembre de 1992, el Tribunal fijó el décimo quinto (15to) día de despacho siguiente, para que tuviese lugar el acto de informes.

En fecha 27 de enero de 1993, oportunidad fijada por el Tribunal para la presentación de informes, compareció únicamente la ciudadana N.A.D.A., abogada representante del Fisco, quien presentó diligencia a los fines de consignar su correspondiente escrito constante de siete (07) folios útiles. En esa misma fecha el Tribunal dejó constancia de ello, y seguidamente dijo “VISTOS”.

Mediante auto de fecha 28 de mayo de 1993, el Tribunal prorrogó por treinta (30) días de despacho, la oportunidad para emitir el fallo correspondiente.

No hubo más actuaciones por parte de la representación judicial de la recurrente.

En fecha 16 de julio de 2010, quien suscribe la presente decisión en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, debidamente designado mediante Oficio Nº CJ-09-0100 de fecha 06 de febrero de 2009, emanado de la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentado el día 04 de marzo de 2009, por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento de la presente causa; y asimismo, comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 23 de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:

"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

-I-

ÚNICO

De la revisión detallada de los autos que conforman el expediente de la causa in examine, puede este Juzgador evidenciar que desde la fecha en la cual se dijo “Vistos”, la representación judicial de la contribuyente “AGUA POTABLE CARABOBO, S.A.” no ha instado el proceso, siendo su última actuación procesal cuando en fecha 03 de julio de 1992, presentó diligencia mediante la cual se dió por notificada de la entrada de la causa a los fines de su tramitación correspondiente. A partir de allí, no ha ocurrido nuevamente a dar impulso a la causa, por lo cual resulta oportuno analizar de seguidas, si se ha producido la pérdida sobrevenida del interés por parte del recurrente y, consecuencialmente, el decaimiento de la acción incoada.

En cuanto al interés procesal, el maestro i.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídicas E.A., Buenos Aires, 1973) señala: “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”.

En virtud de lo anterior, debe este Tribunal señalar el criterio jurisprudencial expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia Nº 416 (caso: Ciudadanía Activa), publicada en fecha 28 de abril de 2009, el cual ratificó el criterio planteado por dicha Sala mediante el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.), expresando lo siguiente:

… (Omissis).

El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y M.P.M. de Valero’).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

(Omissis)…

(Resaltado del Tribunal).

Del criterio jurisprudencial antes transcrito se colige, que la pérdida sobrevenida del interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se diga “VISTOS” y comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.

A mayor abundamiento, cabe destacar lo puntualizado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:

(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:

a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido

. (Destacado de este Juzgado Superior).

Ahora bien, este Despacho comparte y está en sintonía con el criterio precedentemente expuesto, y evidencia que en el presente caso se está claramente en presencia de la segunda de las situaciones expuestas por la Sala Constitucional, toda vez que se dijo “VISTOS” en fecha 27 de enero de 1993; y la última actuación de la parte recurrente se produjo el 03 de julio de 1992, cuando su representación judicial presentó diligencia mediante la cual se dió por notificada de la entrada de la causa a los fines de su tramitación correspondiente.

Siendo ello así, y ante la ausencia de manifestación asidua de que se decida la presente causa, este Tribunal al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las citadas Sentencias, estima pertinente declarar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. (Ver decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 740, del 19 de junio de 2008). Así se declara.-

-II-

DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida sobrevenida del interés procesal, del recurso contencioso tributario, interpuesto en fecha 15 de marzo de 1991, ante la entonces Administración de Hacienda de la Región Central, hoy Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central del SENIAT, por la ciudadana R.R.D.O., titular de la cédula de identidad N° 4.449.059 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 11.963, actuando en su carácter de apoderada judicial de la contribuyente “AGUA POTABLE CARABOBO, S.A.”, inscrita en el Registro Mercantil que era llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el N° 14 de fecha 25 de noviembre de 1953, contra la Resolución N° HJI-100-00655 de fecha 18 de julio de 1989, emanada de la referida Dirección Jurídico Impositiva, mediante la cual se resolvió el recurso jerárquico ejercido por la recurrente supra mencionada en fecha 20 de marzo de 1989, en contra de las Resoluciones Culminatorias del Sumario Administrativo Nos. HRCE-540-265, HRCE-540-266 y HRCE-540-279, todas de fecha 24 de octubre de 1988, correspondientes a los reparos fiscales formulados a las declaraciones de rentas presentadas para los ejercicios fiscales comprendidos entre el 16/11/1981 al 15/11/1982 y entre el 16/11/1982 al 15/11/1983, y sus correlativas Planillas de Liquidación detalladas a continuación:

PLANILLA N° IMPUESTO Bs. MULTA Bs. INTERESES Bs.

10-10-65-114 69.314,32 72.780,03 42.117,76

10-10-65-115 80.655,54 127.032,46 34.560,89

10-10-61-539 0,00 243,24 12,14

10-10-61-540 0,00 9.817,30 3.673,86

10-10-61-541 0,00 4.166,07 224,37

10-10-61-542 0,00 42.350,49 4.665,57

10-10-61-543 0,00 11.583,78 1.237,28

Confirmándose parcialmente dichas Resoluciones Culminatorias del Sumario, y en consecuencia se ordenó anular las dos (02) primeras de las señaladas Planillas de Liquidación, y emitir nuevas por los montos siguientes:

CONCEPTO MONTO EN Bs.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 69.314,32

80.655,54

INTERESES MORATORIOS 42.117,76

34.560,89

Asimismo, se anularon las cinco (05) últimas de las referidas Planillas de Liquidación, ordenándose emitir nuevas Planillas sólo por el monto correspondiente a intereses moratorios por Bs. 12,14, Bs. 3.673,86, Bs. 224,37, Bs. 4.665,57 y Bs. 1.237,28, quedando en consecuencia la recurrente obligada a pagar la cantidad total de Bs. 236.461,73, re-expresado actualmente en Bs.F 236,46 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el 01 de enero de 2008, según el Decreto con rango valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del 06 de marzo de 2007.

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes, asimismo a los fines de practicar la notificación de la contribuyente mencionada ut supra, se comisiona suficientemente al Juzgado Primero del Municipio Valencia de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.-

El Juez Provisorio,

Abg. J.S.A..- El Secretario Titular,

Abg. F.J.E.G..-

La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las diez y cincuenta y nueve minutos de la mañana (10:59 a.m.).--------------------------------------------------------------------------------------------------------El Secretario Titular,

Abg. F.J.E.G..-

ASUNTO: AF41-U-1992-000024.-

ASUNTO ANTIGUO: 689.-

JSA/marr.-