Decisión de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte de Carabobo, de 19 de Septiembre de 2011

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RESUMEN

Este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo cautelar por el ciudadano ADUAL ANTONIO SOUTO GUERRA, titular de la cédula de... (ver resumen completo)

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE

Exp. No. 13.845

Mediante escrito presentado en fecha quince (15) de diciembre de dos mil diez (2010), ante el Juzgado Primero de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y recibido por este Tribunal el día veinticuatro (24) de enero de dos mil once (2011), el ciudadano ADUAL ANTONIO SOUTO GUERRA, titular de la cédula de identidad Nº V-8.671.363, asistido por el abogado ARGENIS FLORES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 3.571.991, actuando en su propio nombre y representación, presentó recurso contencioso administrativo funcionarial conjuntamente con amparo cautelar, contra el CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO CARABOBO.

En fecha dos (02) de febrero de dos mil once (2011), este Juzgado admitió el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo cautelar cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Asimismo, se ordenó emplazar al Presidente del Consejo Legislativo del Estado Carabobo, para que procediera a dar contestación a la presente querella, así como la remisión del expediente administrativo correspondiente, de conformidad con el artículo 99 eiusdem. En esta misma fecha se libró notificación al Procurador General del Estado Carabobo.

Cumplida las fases procesales, y celebrada la audiencia definitiva en fecha treinta (30) de junio de dos mil once (2011), la causa entra en estado de sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual será dictada sin narrativa por exigirlo así el artículo 108 eiusdem.

-I-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Siendo la oportunidad para dictar sentencia, corresponde a este Juzgado pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado y a tal efecto observa, que el objeto de la presente querella es obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones números 026/2010 y 029/2010 de fecha 24 de septiembre y 01 de noviembre de 2010, publicadas en el diario La Calle en fechas 05 de octubre de 2010 y 02 de noviembre del mismo año, respectivamente, y en consecuencia se ordene su reincorporación al cargo que ostentaba, así como el pago de los sueldos, bonos, cesta tickets y demás percepciones de la relación de empleo público, incluyendo las variaciones que se susciten mientras se dicta la sentencia de mérito en el presente juicio, con el reconocimiento del tiempo transcurrido a los fines de calcular su antigüedad. De manera subsidiaria, solicita se ordene al Consejo Legislativo del Estado Carabobo, tramite el beneficio de la jubilación especial contemplado en la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, en virtud de padecer de miocardiopatía dilatada, trastornos de conducción, bloqueo rama izquierda, cardiopatía isquémica y dislipidemia, la cual se encuentra certificada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

A tal efecto, comienza señalando que inició a prestar sus servicios a la Administración pública en fecha 16 de marzo de 1994, en el cargo de Auxiliar de Topografía en la Contraloría Municipal de Valencia, hasta el 10 de enero de 1996, luego ostentó el cargo de operador de sonido en la extinta Asamblea Legislativa del Estado Carabobo, a partir del 08 de enero de 1997. Que en fecha 31 de mayo de 1999, fue reclasificado en el cargo de Conductor adscrito a la Dirección de Servicios Generales del mencionado ente legislativo. Que en fecha 01 de marzo de 2001, fue designado en el cargo de Asistente de Transporte III, adscrito a la Asamblea Legislativa del Estado Carabobo, que en fecha 14 de diciembre de 2007, le fue asignada una compensación salarial quedando ubicado en el mismo grado 14 y pasó al grado 15. Que en fecha 01 de julio de 2008, fue reclasificado en el cargo de Coordinador de Transporte. Que en fecha 12 de enero de 2009, fue designado en comisión de servicio dentro del propio órgano legislativo Estadal. En fecha 15 de enero de 2010, fue asignado en comisión de servicio en lo interno del cuerpo legislativo, hasta el 31 de diciembre de 2010.

Expone, que su último sueldo mensual es de Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Bolívares sin Céntimos (Bs. 2.467,00) y, que los cargos nombrados líneas arriba son cargos de carrera.

Alega, que los actos administrativos de remoción y retiro, hoy impugnados, se fundamentaron en el contenido del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, pues según el criterio de la Administración el cargo de Coordinador de Transporte, adscrito a la Unidad de Apoyo de Servicios Generales del Consejo Legislativo del Estado Carabobo, es un cargo de confianza y por ende de libre nombramiento y remoción, cambiando a su decir la motivación de manera fraudulenta, pues en el acto administrativo impugnado se señala que los Coordinadores que conforman las diferentes dependencias administrativas del Consejo Legislativo son de libre nombramiento cuando en primer término sólo se indicaba que dicho carácter lo ostentaban los cargos de Directores Generales y Jefes de Departamentos.

Indica, que nunca se le notificó del cambio de status de funcionario de carrera a funcionario de confianza y que las funciones del cargo de Coordinador de Transporte no pueden ser asimiladas a las señaladas en el artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Denuncia, la violación del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues la Administración omitió la sustanciación del procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, vulnerando igualmente los derechos constitucionales consagrados en los artículos 25 y 139 de nuestra Carta Magna. Asimismo, menciona que los actos administrativos impugnados incurren en la causal de nulidad absoluta establecida en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en lo referente a haber sido dictado con prescindencia del procedimiento legalmente establecido.

Aduce, que la Administración pretende convertir la excepción en regla, violando los principios constitucionales, pues del cuerpo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se desprende que la regla son los cargos de carrera y la excepción los de libre nombramiento y remoción, violándose igualmente el derecho a la estabilidad de los funcionarios públicos, establecida en el artículo 30 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Esgrime, que los actos administrativos recurridos incurren en el vicio de falso supuesto de hecho, pues se encuentran fundamentados en hechos no demostrados ni ajustados a la realidad.

Por su parte, la representación judicial del órgano querellado niega que el ciudadano querellante haya ingresado al Consejo Legislativo del Estado Carabobo como funcionario de carrera, toda vez que su ingreso se produjo mediante un acto administrativo, designándose al mismo en el cargo de Conductor y que posteriormente fue escalando posición hasta llegar al cargo de Asistente de Transporte III, cargo que ocupaba para el momento de su remoción y retiro.

Arguye, que en ningún momento el recurrente participó en el concurso público requerido para tener derecho a un cargo de carrera, pues no hubo concurso para su ingreso al cargo, ni le ha sido otorgado un certificado de funcionario de carrera por parte de la Administración, así como tampoco consta en su expediente tal condición, pues actualmente es de rango constitucional el requisito de ingreso mediante concurso público...

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