Decisión de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 1 de Octubre de 2014

se ADMITE PARCIALMENTE LA ACUSACION fiscal en contra de O.J.A.G., titular de la cédula de identidad Nº 20.920.955, por el delito imputado y calificado por la fiscalía VIOLENCIA FISICA AGRAVADA EN LA EJECUCION DEL DELITO DE LESIONES LEVES, previsto y sancionado en los artículos 42 PRIMER APARTE y 65 numeral 3° de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V. y ACOSO U HOSTIGAMIENTO, previsto y sancionado en los artículo 40 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una v.l.d.V., en perjuicio de D.G., titular de la cedula de identidad N° 23.849.765, así como los medios probatorios ofrecidos por la Fiscalía del Ministerio Público y por la defensa técnica, por ser lícitos, necesarios y pertinentes; por cuanto se evidencia del escrito acusatorio y sus anexos tales como: Acta Policial, de fecha 29-06-2014, suscrita por C.P. y Chirinos Pastor funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial Palavecino, Denuncia de los vecinos de la comunidad, de fecha 28-06-2014 y rendida ante dicho cuerpo de investigaciones, y suscrita por dichos funcionarios, Registro de Cadena de Custodia y Evidencias Físicas, C.M., de fecha 29-06-2014, emitida por la Dra. K.B. médico cirujano del Ambulatorio U.T. III Don F.P.H., Reconocimiento Médico Legal nº 9700-152-3667 de fecha 30-06-2014, suscrito por el Dr. F.G.E.P., adscrito al Departamento de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Lara, Actas de Entrevistas de fecha 29-06-2014, rendida ante dicho cuerpo de investigaciones y suscrita por la ciudadana K.C., J.M., y demás actuaciones que constan en autos, se puede inferir que el imputado de autos en fecha el imputado de autos en fecha 30-06-2014, presuntamente el imputado de autos, el ciudadano O.J.A.G., titular de la cédula de identidad Nº 20.920.955 agredió verbal y físicamente a la víctima (su hermana) de autos quien presenta Escoriación en espalda, hematoma y escoriaciones en región posterior y mulso izquierdo. Lesiones ocasionadas con algo CONTUSO. Ocurrido el día 28/06/14, las cuales revisten carácter leve y requieren un tiempo de curación de nueve días.

Coincide parcialmente quien juzga además, con el criterio fiscal en relación a la calificación jurídica dada a tales hechos en Audiencia Preliminar y estima que los mismos encuadran en el tipo penal señalado, es decir, el delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA EN LA EJECUCION DEL DELITO DE LESIONES LEVES, previsto y sancionado en los artículos 42 PRIMER APARTE y 65 numeral 3° de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V. y ACOSO U HOSTIGAMIENTO, previsto y sancionado en los artículo 40 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una v.l.d.V., por las razones esgrimidas anteriormente y así se decide.

Igualmente, considera que la misma cumple con los extremos exigidos por el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 308, declarándose sin lugar los argumentos presentados por la defensa pública y así se decide

Se admiten por ser lícitas, necesarias y pertinentes y a los fines del juicio Oral y Público, las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y la Defensa Técnica; a tal efecto:

TESTIMONIALES

1. Testimonio de los ciudadanos C.P. y Chirinos Pastor funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial Palavecino, lícita, pertinente y necesaria su declaración por ser funcionarios actuantes en el presente asunto

2. Testimonio de la ciudadana Dra. K.B. médico cirujano del Ambulatorio U.T. III Don F.P.H., lícita, pertinente y necesaria su declaración por ser quien emitió c.m. en el presente asunto.

3. Testimonio de las ciudadanas K.C., J.M., R.V., lícita, pertinente y necesaria su declaración por ser testigos presenciales en el presente asunto

4. . Testimonio de la ciudadana D.G., lícita, pertinente y necesaria su declaración por ser víctima en el presente asunto.

5. Testimonio del ciudadano A.T. y Dr. F.G.E.P., adscrito al Departamento de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Lara, lícita, pertinente y necesaria su declaración por ser expertos por cuanto practicó las experticias cuyas conclusiones son relevantes relacionados con los hechos objeto del presente procedimiento.

   DOCUMENTALES

1. Reconocimiento Médico Legal nº 9700-152-3667 de fecha 30-06-2014, suscrito por el Dr. F.G.E.P., adscrito al Departamento de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Lara, lícita, pertinente y necesaria su reproducción por cuanto su resultado es relevante en el presente asunto.

2. C.M., de fecha 29-06-2014, emitida por la Dra. K.B. médico cirujano del Ambulatorio U.T. III Don F.P.H., lícita, pertinente y necesaria su reproducción por cuanto su resultado es relevante en el presente asunto.

3. Reconocimiento Técnico nº 9700-008-AT-348-14 de fecha 30-06-2014, suscrito por el A.T.E.P., adscrito al Departamento de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Lara, lícita, pertinente y necesaria su reproducción por cuanto su resultado es relevante en el presente asunto

   PRUEBAS DE LA DEFENSA

   TESTIMONIALES

   Testimonio de los ciudadanos G.A. e Isday García, lícita, pertinente y necesaria su declaración por ser testigos presenciales en el presente asunto

   DOCUMENTALES

1. Original de cartas de residencia,m constancia de buena conducta y cartas de referencias personales que constan en autos, lícita, pertinente y necesaria su reproducción por cuanto su resultado es relevante en el presente asunto

En atención a la admisión parcial de la acusación que ocupa el presente expediente, la cual quedó admitida por los delitos antes mencionados; considera que han variado las circunstancias que motivaron a esta juzgadora al imponer la Medida Judicial Preventiva de la Privativa de Libertad que pesa sobre el imputado de autos, en tal sentido y conforme lo expresa el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal facultado como se encuentra en dicho artículo para examinar la medida de coerción personal impuesta, considera el cambio de dicha medida por una menos gravosa consistente en la Presentación Periódica ante la sede de alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, cada ocho días, así como la prohibición del acusado a residir en el mismo municipio donde la mujer víctima de violencia haya establecido su residencia y la asistencia a charlas en materia de violencia de género por ante IREMUJER cada quince días ; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 242 numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 92 ordinales 4, 7 y 8 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V.; medida que deberá cumplir el imputado O.J.A.G., titular de la cédula de identidad Nº 20.920.955; cumpliéndose así con el Principio de Afirmación de Libertad previsto en el artículo 243 eiusdem, en virtud del cual toda persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, así como también el Principio de Proporcionalidad previsto en el artículo 244 del mismo texto; y así se decide.-

Se decreta de la Medida de Protección y Seguridad contenida en el artículo 87 Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., contenida en el ordinal 3º, 5° y 6° del artículo 87 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., consistente en Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia en común, prohibición de acercamiento a la víctima, a su lugar de estudio o trabajo y prohibición de realizar actos de persecución u acoso contra la víctima por sí o por interpuestas personas

En este acto el Fiscal del Ministerio Publico EJERCE EL EFECTO SUSPENSIVO, de conformidad con lo establecido en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, y es necesario por cuanto son delitos de LESA HUMANIDAD, siendo existente las lesiones y verificar que hay UNA FRACTURA CRANEO ENCEFALICA de la víctima, sin embargo respeto el cambio de calificación jurídica y de admisión de los delitos calificados

Seguidamente la Fiscalía 3° del Ministerio Público solicita el derecho de palabra y manifestó: “En este acto el Fiscala del Ministerio Publico EJERCE EL EFECTO SUSPENSIVO, de conformidad con lo establecido en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, y es necesario por cuanto son delitos que afectan los derechos humanos y considerados de LESA HUMANIDAD, siendo existentesa las lesiones y verificar que hay UNA FRACTURA CRANEO ENCEFALICA de la víctima, sin embargo respeto el cambio de calificación jurídica y de admisión de los delitos calificados.:” Una vez escuchada la declaración del Ministerio Público se le cede el Derecho de Palabra a la Defensa Técnica quien expone: esta defensa se OPONE al efecto suspensivo ejercido en este acto por el Fiscal del Ministerio Publico por considerar que la decisión tomada por este Tribunal de Control se encuentra ajustada a Derecho”. Es todo

REMITIR las actuaciones a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, a los fines legales consiguientes y decisión del EFECTO SUSPENSIVO EJERCIDO, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal.

Líbrense actos de comunicación respectivos

La parte dispositiva del presente auto fundado fue dictada en audiencia preliminar celebrada el día de hoy 24 de Septiembre de 2014 en presencia de todas las partes, quedando las mismas debidamente notificadas, Es todo. Regístrese, Publíquese y Cúmplase…”

CONSIDERACIONES DE LA CORTE PARA DECIDIR

Esta Corte para decidir observa, que el Fiscal Tercero del Ministerio Público con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer, objetó la decisión dictada en fecha 24 de Septiembre de 2014, por parte de la Jueza de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas Nº 03 de este Circuito Judicial Penal y fundamentada en esa misma fecha, mediante la cual acordó la medida cautelar de Presentación Periódica ante la sede de alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, cada ocho días, así como la prohibición del acusado a residir en el mismo municipio donde la mujer víctima de violencia haya establecido su residencia y la asistencia a charlas en materia de violencia de género por ante IREMUJER cada quince días; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 242 numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 92 ordinales 4, 7 y 8 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V.; medida que deberá cumplir el imputado O.J.A.G., titular de la cédula de identidad Nº 20.920.955.

Ahora bien es importante mencionar lo indicado en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal en la que establece:

…La decisión que acuerde la libertad del imputado es de ejecución inmediata, excepto, cuando se tratare de delitos de: homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de victimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, o cuando el delito merezca pena privativa de libertad que exceda de doce años en su límite, y el Ministerio Público ejerciere el recurso de apelación oralmente en la audiencia, en cuyo caso se oirá la defensa, debiendo el Juez o Jueza remitirlo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la Corte de Apelaciones…

.

Es preciso para esta instancia superior indicar que el efecto suspensivo establecido en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, se refiere a aquellas decisiones que acuerde la libertad del imputado, excepto cuando se tratare de los siguientes delitos: homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de victimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, o cuando el delito merezca pena privativa de libertad que exceda de doce años en su límite, y el Ministerio Público ejerciere el recurso de apelación oralmente en la audiencia, en cuyo caso se oirá la defensa.

Los medios recursivos y las garantías procesales de la doble instancia, se encuentran consagrados en el Código Orgánico Procesal Penal, los cuales se sustentan en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ha sido concebida como el instrumento que contiene la refundación del estado venezolano, y se encuentran inspirados en principios garantistas propios de un Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia, que conducen la actividad jurisdiccional para arribar a la decisión, como sucede en el estado venezolano, donde debe respetarse el derecho que tiene todo venezolano de recurrir contra la decisión que le perjudique para que la instancia siguiente pueda revisar la legalidad y la constitucionalidad de la decisión proferida por la primera instancia, derecho este inviolable en materia penal y donde el legislador previó el sistema de recursos, pasando estos a formar parte de la tutela judicial efectiva y su lesión produce menoscabo de las garantías procesales constitucionales.

Así pues, debe considerarse que la Impugnación de una providencia del juez puede ser atribuida a vicios en el procedimiento; vicios en el derecho procesal ya sea de error de hecho o error de derecho.

El efecto suspensivo, es uno de los medios recursivos mas resaltantes, relacionado intrínsecamente con el acto jurisdiccional que hoy nos ocupa y el cual apunta a la posibilidad de intentar actualmente una apelación durante el plazo para proponerla y la efectiva interposición de la impugnación, lo que trae como consecuencia la suspensión de la ejecución de la providencia de manera excepcional, en los casos de los delitos que dispone el mismo artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, antes descrito, por que así lo requiere el fin a que tiende el gravamen y lo irreparable de algunos efectos.

En este mismo orden de ideas, desde el punto de vista de la normativa que se analiza, es general absoluto y constante en cuanto impide que la providencia venga a ser ejecutiva, esto es propio no solo de las impugnaciones regularmente propuesta, sino de las irregulares mientras no haya sido revocada por el juez competente, su inadmisión, por lo que subsiste su efecto hasta pronunciamiento definitivo de la instancia a la cual le corresponda conocer la declaratoria con lugar o sin lugar.

Por lo tanto, el efecto suspensivo en este caso, impide que se ejecute la decisión impugnada y produce el efecto de mantener en vida la acción penal, de manera que cualquier providencia, que deba tomarse, entre tanto se debe referir a las consecuencia del efecto y no a la condena o absolución contenida en el recurso de apelación que sobre esta se ejerza; la consecuencia inmediata es la suspensión de efectos de derecho material, es decir, si la sentencia inflige sanciones penales o contienen sanciones administrativas o civiles, su ejecución queda en suspenso.

Ha sido criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que cuando el juzgador acuerde la liberación del imputado y el Ministerio Público ejerza el recurso de apelación contra tal decisión, la misma se suspenderá provisionalmente, mientras se tramita el conocimiento del caso en alzada. Así, es posible afirmar que se trata de una medida de naturaleza instrumental y provisional, cuya eficacia está limitada en el tiempo, por cuanto la suspensión se extingue al dictarse la decisión de alzada, sea que confirme o que revoque la providencia apelada. De esta forma, y sin que ello contraríe el carácter garantista de los derechos del imputado y del acusado que caracteriza al Código Orgánico Procesal Penal, éste prevé expresamente el efecto suspensivo en referencia, a fin de asegurar la posibilidad de aplicar, posteriormente, la sanción privativa de libertad, en caso de que se revoque la decisión impugnada; ello, al objeto de garantizar la aplicación de la Ley penal y, por tanto, tutelar los bienes jurídicos que a través de ella se protegen.

Como colorario de lo antes transcrito, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido en la sentencia Nº 742 de fecha 05 de mayo de 2005, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, lo siguiente:

…De lo que se transcribió anteriormente y del tenor de la pretensión de amparo, la Sala estima pertinente la acotación de que, en el proceso penal, conforme el principio general del efecto suspensivo que establece el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, la interposición del recurso de apelación suspende la ejecución de la decisión que otorgó la libertad o una medida sustitutiva de la privativa de libertad, con la sola excepción de que el hecho punible que se impute merezca una pena privativa de libertad menor de tres años, en su límite máximo, y el imputado no tenga antecedentes penales. En el presente asunto, la libertad que acordó la juez de control, en virtud de la apelación que fue ejercida por el representante del Ministerio Público, se encontraba sometida al referido efecto suspensivo, ya que los hechos que se imputaron a los quejosos merecen una pena privativa de libertad superior a tres años. Por ello, la Sala considera que en este proceso, no existe la pretendida ilegitimidad de la privación preventiva judicial de libertad de los imputados L.A.C.N. y P.J.C.H., motivo por el cual la demanda de amparo que fue interpuesta debe ser declarada improcedente in limine litis. Así se decide…

(Subrayado de la Corte)

Ahora bien, es importante tener presente que, ante la solicitud de la medida privativa de libertad, por parte de la Fiscalía, el Juez de Control deberá hacer una disección de los supuestos establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece lo siguiente:

…Procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de la libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;

2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;

3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…

.

Así las cosas, si bien es cierto que la privación judicial preventiva de libertad, contra un ciudadano, es una medida que procede cuando se encuentran llenos los extremos legales exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal y que una vez colectados los elementos de convicción, el Fiscal del Ministerio Público, a tenor de lo dispuesto en el referido artículo, tiene la facultad de solicitar ante el Juez de Control una medida privativa de libertad, si se encuentran llenos los extremos del precitado artículo 236 eiusdem, o en su defecto solicitar una medida menos gravosa de las establecidas en el artículo 242 eiusdem, e incluso la libertad plena del aprehendido, también es cierto, que el Juez está obligado a verificar si tales requisitos de procedencia se cumplen, pudiendo dictar en su defecto una medida cautelar sustitutiva de libertad cuando considere que los supuestos que motivan la privación pueden ser satisfechos con la aplicación de una medida menos gravosa para el imputado, tal como lo constituyen las medidas cautelares sustitutivas contempladas en el artículo 242 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal o incluso la libertad plena cuando considere que no concurre lo establecido en el ordinal 2º del artículo 236 ejusdem.

En este sentido tenemos que en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, el legislador establece que “Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, algunas de las medidas siguientes…”. (Subrayado de esta Alzada)

En atención a ello, observa esta Corte de Apelaciones que en fecha 24 de Septiembre de 2014, el Tribunal Tercero de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas realizó audiencia preliminar al ciudadano O.J.A.G., titular de la Cédula de Identidad Nº 20.920.955, en la cual Revisa la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en el articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y otorga una menos gravosa establecida en el articulo 242 numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal como es la presentación periódica una vez cada 8 días por ante la taquilla de presentación de imputados del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, así como la prohibición del acusado a residir en el mismo municipio donde la mujer víctima de violencia haya establecido su residencia y la asistencia a charlas en materia de violencia de género por ante IREMUJER cada quince días, decisión esta fundamentada en fecha 24 de Septiembre del 2014, en los siguientes términos:

…-TERCERO: En atención a la admisión parcial de la acusación que ocupa el presente expediente, la cual quedó admitida por los delitos antes mencionados; considera que han variado las circunstancias que motivaron a esta juzgadora al imponer la Medida Judicial Preventiva de la Privativa de Libertad que pesa sobre el imputado de autos, en tal sentido y conforme lo expresa el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal facultado como se encuentra en dicho artículo para examinar la medida de coerción personal impuesta, considera el cambio de dicha medida por una menos gravosa consistente en la Presentación Periódica ante la sede de alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, cada ocho días, así como la prohibición del acusado a residir en el mismo municipio donde la mujer víctima de violencia haya establecido su residencia y la asistencia a charlas en materia de violencia de género por ante IREMUJER cada quince días ; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 242 numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 92 ordinales 4, 7 y 8 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V.; medida que deberá cumplir el imputado O.J.A.G., titular de la cédula de identidad Nº 20.920.955; cumpliéndose así con el Principio de Afirmación de Libertad previsto en el artículo 243 eiusdem, en virtud del cual toda persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, así como también el Principio de Proporcionalidad previsto en el artículo 244 del mismo texto; y así se decide

…”.

En este sentido, observa esta Alzada de la lectura de la anterior decisión hoy impugnada, que el fallo impugnado justifica el otorgamiento de la medida cautelar sustitutiva de libertad, pronunciándose el a quo en cuanto a los elementos que justifican el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de libertad, y estableciendo las razones de hecho y de derecho en las cuales se basa para fundamentar su decisión, es decir, indico las razones que lo llevaron a dictar la medida menos gravosa, señalando los motivos por los cuales consideró que variaron las circunstancias para el decreto de la Medida de Privación de Libertad, así como también explicó las razones por las cuales se apartó del delito de Violencia Psicológica, aunado al hecho de que los delitos admitidos por la Juzgadora a quo no están dentro de los exceptuados en el parágrafo 1 del Artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, cumpliendo así con el Principio de Afirmación de Libertad previsto en el artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud del cual toda persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, así como también el Principio de Proporcionalidad previsto en el artículo 244 del mismo texto

Así las cosas, considera esta Alzada, que el Juez debe realizar un señalamiento respecto a los elementos que a su criterio resultaron suficientes para decretar alguna medida cautelar, bien sea de privación judicial preventiva de libertad o sustitutiva de la misma, pues lo contrario implicaría la violación del debido proceso y por ende la violación del derecho a la defensa de las partes, es por ello que el legislador estableció en el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal.

Es por lo que observan quienes aquí deciden, que el Juez a quo, explanó las razones o motivos, para sustituir y modificar la medida cautelar acordada al imputado de autos. De manera que se constata en la decisión recurrida las razones expuestas con la debida claridad y los motivos de hecho y de derecho por el cual se modificó la medida cautelar sustitutiva de libertad objeto de impugnación, con lo cual se cumple con lo dispuesto en el artículo 157 de la norma adjetiva penal.

En tal sentido, se desprende que la recurrida se basta asimisma, al exponer las circunstancias fácticas y jurídicas del basamento de la decisión; lo cual evidencia que esta motivada, cumpliendo de esta manera con el criterio vinculante el cual aun cuando no se indique expresamente en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es de su esencia el que todo acto de juzgamiento debe contener una motivación el cual atañe al orden público, debiendo contener la motivación de toda decisión, la explicación de la fundamentación jurídica y el debido razonamiento lógico y las razones que determinen la decisión.

En consecuencia, habiéndose demostrado en el presente capítulo, que la decisión objeto del recurso de apelación cumplió con todos los requisitos legales a los fines de otorgar Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, es por lo que lo procedente y ajustado a derecho es SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN con motivo de Efecto Suspensivo interpuesto por el Fiscal Tercero del Ministerio Público del Estado Lara, contra la decisión dictada por el Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas N° 3 de éste Circuito Judicial Penal, en audiencia oral celebrada en fecha 24 de Septiembre de 2014 y fundamentada en esa misma fecha, mediante la cual acordó la medida cautelar de Presentación Periódica ante la sede de alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, cada ocho días, así como la prohibición del acusado a residir en el mismo municipio donde la mujer víctima de violencia haya establecido su residencia y la asistencia a charlas en materia de violencia de género por ante IREMUJER cada quince días; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 242 numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 92 ordinales 4, 7 y 8 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V.; medida que deberá cumplir el imputado O.J.A.G., titular de la cédula de identidad Nº 20.920.955. Y ASI SE DECIDE.-

DISPOSITIVA

Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia, en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, y por la Autoridad que la Ley le confiere, Resuelve:

DECLARA SIN LUGAR, el Recurso de Apelación con motivo de Efecto Suspensivo, interpuesto por el Fiscal Tercero del Ministerio Público del Estado Lara, contra la decisión dictada por el Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas Nº 3 de éste Circuito Judicial Penal, en audiencia oral celebrada en fecha 24 de Septiembre de 2014 y fundamentada en esa misma fecha, mediante la cual acordó la medida cautelar de Presentación Periódica ante la sede de alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, cada ocho días, así como la prohibición del acusado a residir en el mismo municipio donde la mujer víctima de violencia haya establecido su residencia y la asistencia a charlas en materia de violencia de género por ante IREMUJER cada quince días; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 242 numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 92 ordinales 4, 7 y 8 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V.; medida que deberá cumplir el imputado O.J.A.G., titular de la cédula de identidad Nº 20.920.955.

Queda CONFIRMADA en todas y cada una de sus partes la decisión apelada, dictada por el Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas N° 3 de éste Circuito Judicial Penal.

Remítase en su oportunidad legal el presente asunto, al Tribunal de de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas Nº 03 de éste Circuito Judicial Penal, una vez registrada y publicada la presente decisión.

Publíquese. Regístrese. Cúmplase.-

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Lara, al 01 día del mes de Octubre de 2014. Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

POR LA CORTE DE APELACIONES DEL ESTADO LARA

El Juez Profesional,

Presidenta de la Corte de Apelaciones

C.F.R.R.

El Juez Profesional, El Juez Profesional,

L.R.D.R.A.R.V.S.

(Ponente)

La Secretaria,

E.C.

ASUNTO: KP01-R-2014-000723

AVS/angie