Decisión de Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Bolivar, de 15 de Abril de 2014
| Fecha de Resolución | 15 de Abril de 2014 |
| Emisor | Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa |
| Ponente | Betti Ovalles Lobo |
| Procedimiento | Querella Funcionarial |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar
ASUNTO: FP11-G-2013-000034
En la querella por cobro de intereses moratorios incoada por la ciudadana, A.D.C.S.S., titular de la cédula de identidad Nº V-8.870.782, representada judicialmente por la abogada T.L.O., Inpreabogado Nº 86.361, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLÍVAR, representado judicialmente el Estado Bolívar por los abogados sustitutos del Procurador General del Estado B.C.J., T.C., J.N.T., Fraymar Hernández, R.B., A.P., S.G., R.R. y V.V., Inpreabogado Nros. 99.188, 100.407, 114.489, 125.726, 131.609, 133.113, 138.910 y 141.597; procede este Juzgado Superior a dictar el fallo íntegro con la siguiente motivación.
Primera Pieza:
I.1. Mediante escrito presentado el quince (15) de marzo de 2013 la parte actora fundamentó la demanda contra el estado Bolívar, demandando el pago de intereses moratorios derivados del retardo en el pago de sus prestaciones sociales.
I.2. Mediante sentencia dictada el diecinueve (19) de marzo de 2013 se admitió el recurso interpuesto ordenando su tramitación por el procedimiento establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, el emplazamiento del Procurador General del Estado Bolívar y la notificación del Gobernador del Estado Bolívar.
I.3. Mediante auto dictado el siete (07) de mayo de 2013 se ordenó comisionar al Juzgado del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los fines de practicar la citación del Procurador General del Estado Bolívar y la notificación del Gobernador del Estado Bolívar.
I.4. El trece (13) de agosto de 2013 se recibieron las resultas provenientes del Juzgado Segundo del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar contentiva del emplazamiento del Procurador General del Estado Bolívar y la notificación del Gobernador del Estado Bolívar cumplida.
I.5. De la contestación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés (23) de octubre de 2013 la representación judicial del Estado Bolívar dio contestación a la demanda incoada, rechazó la pretensión incoada en contra de su representada y solicitó su declaratoria sin lugar.
Segunda Pieza:
I.6. De la audiencia preliminar. El veintiséis (26) de noviembre de 2013 se celebró la audiencia preliminar con la comparecencia de la ciudadana A.d.C.S., parte demandante, representada judicialmente por la abogada T.L. y de la abogada V.V., en su carácter de abogada sustituta del Procurador General del Estado Bolívar, parte demandada. Se dio inicio al lapso probatorio.
I.7. Mediante escrito presentado el cinco (05) de diciembre de 2013 la representación judicial de la parte demandada promovió pruebas documentales.
I.8. De la admisión de las pruebas. Mediante auto dictado el nueve (09) de diciembre de 2013 se admitieron las pruebas documentales promovidas por las partes y la prueba de informes promovida por la representación judicial del estado Bolívar.
I.9. De la audiencia definitiva. El primero (1º) de abril de 2014 se celebró la audiencia definitiva con la comparecencia de la ciudadana A.d.C.S.S., representada judicialmente por la abogada T.D.C.L.. Asimismo, compareció la abogada O.P., actuando en su carácter de abogada sustituta del Procurador General del Estado Bolívar, parte demandada. Se fijó el lapso para dictar el dispositivo del fallo dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes.
I.10. Dispositiva. El ocho (08) de abril de 2014 se dictó el dispositivo del fallo declarándose parcialmente con lugar la demanda interpuesta.
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FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
II.1. En el caso analizado observa este Juzgado que la ciudadana A.d.C.S.S. ejerció demanda por cobro de intereses moratorios contra el estado Bolívar alegando que prestó servicios en la Gobernación como docente desde el dieciséis (16) de febrero de 1982 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2012, fecha en que se le participó que le fue otorgada la pensión por jubilación con vigencia a partir del primero (1º) de abril de 2012, que las prestaciones sociales le fueron pagadas el veinticinco (25) de enero de 2013, que de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela demanda el pago de los intereses moratorios causados por el retardo en el pago de las prestaciones sociales desde el primero (1º) de enero de 2012 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2012, se cita los alegatos en que fundamentó su pretensión:
En fecha 16 de febrero de 1982 ingresé a prestar mis servicios como docente para la Dirección de Educación del Ejecutivo del Estado Bolívar hasta que el 31 de marzo de 2012 se me participó formalmente mi pensión por jubilación que se concretó mediante Decreto Nº 3.332 del Gobernador del Estado Bolívar, cuya pensión por jubilación me fue comunicado por la Directora de Educación el 01 de abril de 2012, tal como consta de los documentos que produzco en cuatro (4) folios útiles marcados “A”. Constitucional y legalmente, el Ejecutivo del Estado Bolívar debió cancelarme oportunamente mis prestaciones sociales, calculadas desde la fecha de mi ingreso, el 16 de febrero de 1982 hasta el día de mi egreso, el 31 de marzo de 2012, según consta de la Planilla denominada Liquidación de Cuentas, que me fue entregada el 25 de enero de 2013, que se acompaña y hace valer en un (1) folio útil marcado “B.
Después de reclamar reiteradamente la cancelación de mis referidos derechos laborales (prestaciones sociales y los descuentos indebidos), especialmente por la pública y notoria devaluación de la moneda Venezuela, el 25 de enero de 2013, mediante Orden de Pago Nº 000001009 recibí tardíamente el pago de mis prestaciones sociales por el Ejecutivo del Estado Bolívar, tal como se evidencia de la mencionada orden de pago que anexo en un (1) folio útil marcado “C”. Para tratar de compensar parcialmente el efecto desvastador (sic) de la inflación, como una sanción por la demora en el pago de mis prestaciones sociales, el artículo 92 de la Constitución de la República de Venezuela, establece que la referida Institución Estadal está obligada a pagarme los intereses causados por el notable retardo en dicha cancelación, adeudándome por ese derecho constitucional hasta el mes de diciembre de 2012, la suma de ocho mil novecientos cincuenta bolívares con treinta y cinco céntimos (Bs. 8.950,35), repito, por concepto de intereses moratorios devengados hasta diciembre de 2012, por la no cancelación de mis derechos laborales en la oportunidad legal correspondiente, al culminar la relación funcionarial, según consta de la planilla de cálculo de intereses, cuya planilla fue elaborada por la Contadora Pública Taidee Salas Espejo que produzco en un folio (1) folio útil marcado “D”.
Siendo constitucionalmente procedente la cancelación del mencionado concepto (intereses moratorios), que el Ejecutivo del Estado Bolívar me adeuda, hasta ahora, que, repito, desde la fecha de mi egreso hasta el mes de diciembre de 2012, que ascienden a la cantidad total de ocho mil novecientos cincuenta bolívares con treinta y cinco céntimos (Bs. 8.950,35), cuya suma de dinero, las Autoridades del mencionado organismo público, deben pagarme de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
…
Por cuanto las Autoridades del Ejecutivo del Estado Bolívar se niegan injustificadamente a pagarme los referidos intereses moratorios y reintegrarme los derechos indebidamente descontados, es por lo que ocurro ante su competente autoridad para interponer formalmente querella o demanda funcionarial de cobro de dicho intereses, antes especificados y probados, contra el Ejecutivo del Estado Bolívar, institución pública con domicilio legal en Ciudad Bolívar, como capital estadal, a fin de que proceda a cancelarme voluntariamente, o en su defecto a ello sea condenado por este Tribunal, los siguientes conceptos y montos: Primero: La suma de ocho mil novecientos cincuenta bolívares con treinta y cinco céntimos (Bs. 8.950,35) referente a los intereses moratorios adeudados hasta el mes de diciembre de 2012. Y Segundo: los intereses moratorios que se sigan causando desde diciembre de 2012 hasta la fecha de su cancelación total y efectiva. Y tercero: Las costas y costos que genere este proceso
(Destacado añadido).
La representación judicial del estado Bolívar contestó la demanda incoada admitiendo la prestación de servicios docentes de la querellante desde el dieciséis (16) de febrero de 1982 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2012 y que el veinticinco (25) de enero de 2013 se le cancelaron las prestaciones sociales adeudadas; no obstante, negó la procedencia de la pretensión de pago de intereses moratorios por el retardo en el pago de la prestación de antigüedad alegando que el retraso en su pago se debió a las previsiones presupuestarias que rigen la actividad administrativa, se cita la defensa opuesta por la parte demandada:
1. Admitimos como cierto que la ciudadana A.D.C.S.S., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 8.870.782, prestó sus servicios para la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVAR, desde 16/02/1982, hasta el 31 de marzo de 2012, desempeñando el cargo de Docente V Art. 77 (art. 33 horas).
2.- Admitimos como cierto que la Ciudadana A.D.C.S. SILVA… le fue cancelado la totalidad de sus Prestaciones Sociales por medio de Orden de Pago Nº 000001009, en fecha 25/01/2013, emitida por la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLÍVAR por un monto de cuarenta y cinco mil trescientos treinta y cuatro bolívares con cincuenta y dos céntimos (Bs. 45.334,52)…
Con respecto al monto demandado por la ciudadana A.D.C.S. SILVA… relativo al concepto de intereses moratorios, por un monto de: ocho mil novecientos cincuenta bolívares con treinta y cinco céntimos (Bs. 8.950,35), esta representación judicial del estado Bolívar, cumple con señalar el criterio jurisprudencial sostenido de forma reiterada y pacífica por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, sentencia de fecha 18 de febrero de 2003, con ponencia del Magistrado Dr. I.R.U., en revisión constitucional, donde se establece lo siguiente…
Ciudadana Juez en base al criterio antes señalado, es evidente que resulta improcedente la estimación y ulterior condena por el concepto de intereses moratorios, ya que, el retardo de pago en el que podría eventualmente llegar a incurrir la administración no es producto de una conducta displicente o irresponsable, sino el efecto de una realidad legal como lo es el régimen jurídico presupuestario y a unos controles administrativos que deben atenderse, so pena de incurrir en ilícitos administrativos
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Congruente con la pretensión deducida observa este Juzgado que el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata y que toda mora en su pago genera intereses, reza:
Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal
(Destacado añadido).
Con respecto a la naturaleza jurídica de los intereses moratorios, la Sala de Casación Social en sentencia Nº 1841 dictada el once (11) de noviembre de 2008, dispuso que los intereses moratorios no son más que la consecuencia de la falta de pago oportuno, del retardo o la mora en la cual incurre el patrono en pagar al trabajador sus prestaciones sociales al finalizar la relación laboral, dado el uso por el empleador de un capital perteneciente al trabajador, el cual generará intereses a favor de éste, los que se calcularán a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuyo precedente jurisprudencial se cita:
“Aclarada como ha sido esta imprecisión terminológica en los párrafos anteriores, fuerza indicarse que, en lo que respecta a la parte in fine del artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, o sea, al establecimiento de la mora debitoris, esto es, que el retraso o incumplimiento de lo que adeuda el patrono al trabajador por concepto de la prestación de antigüedad, genera el deber de pagar intereses de mora desde la fecha en que la misma se hace exigible, vale decir, desde el momento en que efectivamente culmina la relación de trabajo.
En el sentido precedentemente esbozado se pronunció esta Sala de Casación Social en sentencia Nº 607 de fecha 04 de junio de 2004, al referirse a la naturaleza jurídica de los intereses moratorios sobre el pago de la diferencia de prestaciones sociales en los siguientes términos:
Los intereses moratorios no son más que la consecuencia de la falta de pago oportuno, del retardo o la mora en la cual incurre el patrono en pagar al trabajador sus prestaciones sociales, al finalizar la relación laboral, dado el uso por el empleador de un capital perteneciente al trabajador, el cual generará intereses a favor de éste, los que se calcularán a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, si son causados después de la entrada en vigencia de la Carta Magna.
Es decir, que el reclamo de dichos intereses generados por la tardanza en el pago de las prestaciones sociales, debe necesariamente computarse después de la extinción de la relación de trabajo, pues se trata de un interés moratorio causado por una tardanza culposa del patrono en no cumplir con su obligación patrimonial frente a su trabajador, que consiste en el pago oportuno de las prestaciones sociales, una vez finalizada su relación laboral.
Por consiguiente, cuando el patrono no paga oportunamente las prestaciones sociales, es decir, cuando no las paga al finalizar la relación de trabajo, surge para el trabajador, además del derecho de reclamar judicialmente tal pago, el derecho a cobrar intereses de mora por el retardo en el cumplimiento del pago. (Destacados actuales de la Sala).
Estos intereses no deben ser confundidos con los intereses devengados por las cantidades acumuladas por la prestación de antigüedad, a que se contrae el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece que de forma mensual y definitiva deben ser liquidados y depositados al trabajador en un fideicomiso individual o en la contabilidad de la empresa y que le deberán ser entregados anualmente y al término de la relación de trabajo lo que por ello se adeudare.
En el sentido del criterio anterior, se dejó establecido en reciente sentencia de la Sala Constitucional (Nº 969 del 16 de junio de 2008), lo siguiente:
(…) lo adeudado por concepto de salario y prestaciones sociales, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son créditos de exigibilidad inmediata que no pueden sujetarse a la determinación de acontecimientos futuros e inciertos, Además, toda mora en el pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor, que gozan de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal. Asimismo, en dicha sentencia, esta Sala señaló que el riesgo de las fluctuaciones del valor monetario corren por cuenta del deudor, lo que también condiciona la necesaria inmediatez en el pago de las obligaciones laborales, ordenándose finalmente, la publicación de dicha decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Siendo ello así, se advierte como en el presente caso, la sentencia cuya revisión se solicita, que fue emitida el 10 de agosto de 2004, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 y al fallo dictado por esta Sala Constitucional, el 11 de abril de 2002, por lo cual se estima que transgredió la doctrina vinculante fijada por esta Sala, así como infringió el contenido del artículo 92 de la Constitución, ya que lo ajustado a derecho era que el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo del Régimen Transitorio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, acordase el pago de intereses de mora sobre las cantidades adeudadas y a las cuales fue condenado el patrono en el fallo referido; los cuales serán calculados desde la fecha de culminación de la relación laboral, hasta la fecha de ejecución del fallo. (Destacados actuales de la Sala).
Conforme a los términos precedentemente expuestos en que quedó trabada la litis y a las premisas normativas y jurisprudenciales citadas, una vez analizadas las pruebas documentales presentadas por las partes, considera este Juzgado que quedó demostrado en el proceso los siguientes hechos con las documentales apreciadas como relevantes para la resolución de la controversia:
Que la Gobernación del estado Bolívar le otorgó a la querellante de autos el beneficio de jubilación de conformidad con el Decreto Nº 3332 dictado el veintitrés (23) de abril de 2012 por el Gobernador del estado Bolívar, acordándose que su vigencia se retrotraería al primero (1º) de abril de 2012, según se evidencia del siguiente documento administrativo dotado de valor probatorio dado su no impugnación por las partes:
- Decreto Nº 3332 dictado el veintitrés (23) de abril de 2012 por el Gobernador del estado Bolívar mediante el cual le otorgó a la querellante pensión por jubilación por el cien por ciento (100%) del último sueldo devengado vigente a partir del primero (1º) de abril de 2012, producido en copia simple por la parte actora con el libelo de demanda cursante del folio 06 al 08 de la primera pieza y por la parte demandada con el escrito de contestación cursante del folio 76 al 78 de la primera pieza.
Que la querellante recibió el veinticinco (25) de enero de 2013 el pago de las prestaciones sociales y demás conceptos desglosados de la siguiente manera: Antigüedad Acumulada: Bs. 51.237,55; Intereses sobre prestaciones sociales: Bs. 4.565,50; Vacaciones: Bs. 15.000,92 y Días adicionales: Bs. 15.119,56 y se le realizó el siguiente descuento: Anticipo de prestaciones sociales: Bs. 40.589,01; suma pagada: Bs. 45.334,52, según se evidencia de los siguientes documentos administrativos dotados de valor probatorio dado su no impugnación por las partes:
1) Orden de Pago Nº 000001009 emitida el veintitrés (23) de enero de 2013 por la Gobernación del estado Bolívar a favor de la ciudadana A.d.C.S.S., por la cantidad Bs. 45.334,542, por concepto de “…pago por liquidación de cuentas egreso por jubilación al personal docentes año 2012, que le corresponde por haber desempeñado el cargo de docente V Art. 77 (33 Horas), ads. a la Dirección de Educación, Esp. En liquidación de cuentas y doc. anexos…”, suscrita por la querellante el veinticinco (25) de enero de 2013, producida en copia simple por la parte actora con el libelo de demanda cursante al folio 10 de la primera pieza.
2) Planilla de liquidación de cuentas emitida el ocho (08) de enero de 2013 por la División de Administración de Beneficios al Personal, Departamento de Nómina de la Gobernación del estado Bolívar a favor de la ciudadana A.d.C.S.S., por los siguientes conceptos: Antigüedad Acumulada: Bs. 51.237,55; Intereses sobre prestaciones sociales: Bs. 4.565,50; Vacaciones: Bs. 15.000,92 y días adicionales: Bs. 15.119,56 Descuento: Anticipo de prestaciones sociales: Bs. 40.589,01; suma pagada: Bs. 45.334,52 y anexo cuadro de cálculo de la prestación de antigüedad, producida en copia certificada por la parte demandada con el escrito de contestación cursante del folio 55 al 60 de la primera pieza.
Que la Gobernación del estado Bolívar canceló a la querellante el tres (03) de noviembre de 2011 la cantidad de cuarenta mil quinientos ochenta y nueve bolívares con un céntimo (Bs. 40.589,01) por concepto de anticipo de prestaciones sociales, según se evidencia del siguiente documento dotado de valor probatorio dado su no impugnación por la parte querellante:
- Orden de pago Nº 000012650 emitida el trece (13) de mayo de 2011 por la Gobernación del estado Bolívar a favor de la demandante por un monto de Bs. 40.589,01 por concepto de: “pago por anticipo de prestaciones sociales al personal docente año 2011, que le corresponde por desempeñar el cargo de Docente V Art. 77 (33 horas), Ads. a la Dirección de la Sec. de Educación…”, suscrita por la parte actora el tres (03) de noviembre de 2011, producido en copia certificada por la parte demandada con el escrito de contestación cursante al folio 69 de la primera pieza.
En consonancia con los hechos demostrados en el proceso precedentemente establecidos y sentado como ha sido la garantía constitucional a los trabajadores y trabajadoras de percibir oportunamente el pago de las prestaciones sociales generándose intereses moratorios en caso de retardo en su pago y demostrado como ha sido que a la querellante de autos las prestaciones sociales le fueron pagadas por el estado Bolívar con una demora desde el veintitrés (23) de abril 2012 fecha en que se dictó el Decreto Nº 3.332 mediante el cual se le otorgó el beneficio de jubilación hasta el veinticinco (25) de enero de 2013 oportunidad en que se le cancelaron las prestaciones sociales, es decir, nueve (09) meses y dos (02) días, en consecuencia surgió la obligación del estado Bolívar de pagarle a la querellante los intereses moratorios respectivos causados por la demora en el pago de las prestaciones sociales de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.
II.2. Determinado lo anterior, destaca este Juzgado que el acto mediante el cual el estado Bolívar otorgó a la querellante la pensión por jubilación fue dictado el veintitrés (23) de abril de 2012, con vigencia a partir del primero (1º) de abril de 2012, no obstante, la parte actora efectúa el cálculo de los intereses moratorios desde el primero (1º) de enero de 2012, al respecto, considera este Juzgado que habiéndose dictado el veintitrés (23) de abril de 2012 el Decreto mediante el cual se le otorgó el beneficio de jubilación a la querellante es a partir de esta fecha que se generó la obligación del estado Bolívar de pagarle las prestaciones sociales, por ende, el lapso que debe computarse para el cálculo de los intereses moratorios generados por el retardo en el pago de la prestación de antigüedad se inicia el veinticuatro (24) de abril de 2012 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2012, fecha límite establecida por la parte querellante y no desde el primero (1º) de enero de 2012 pretendida. Así se decide.
II.3. Conforme lo expuesto, este Juzgado determina que el monto que genera intereses moratorios causados por el retardo en el pago de la cantidad cancelada por concepto de prestación de antigüedad a la querellante no es la cantidad de demandada de Bs. 51.237,55 sino que a esta suma debe restársele Bs. 40.589,01 lo que recibió la querellante por concepto de anticipo de prestación de antigüedad y la operación matemática arroja la suma de diez mil seiscientos cuarenta y ocho bolívares con cincuenta y cuatro céntimos (Bs. 10.648,54), que es la cantidad cuyo pago le fue realizado con mora y devenga intereses a la tabla establecida en el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente para la fecha de finalización de la prestación de servicios, es decir, a la tasa promedio entre la activa y pasiva determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país desde el veinticuatro (24) de abril de 2012 al treinta y uno (31) de diciembre de 2012, siguiendo los parámetros establecidos en la sentencia Nº 1841 dictada por la Sala de Casación Social el once (11) de noviembre de 2008, citada y cuyo cálculo se realiza a continuación:
Meses Año Monto Días de
Intereses Tasa % Intereses
Mensuales Intereses
Acumulados
Abril 2012 10.648,54 7 15,41 31,47 Bs 31,47
Mayo 2012 10.648,54 31 15,63 141,36 Bs 172,83
Junio 2012 10.648,54 30 15,38 134,61 Bs 307,44
Julio 2012 10.648,54 31 15,35 138,82 Bs 446,26
Agosto 2012 10.648,54 31 15,57 140,81 Bs 587,08
Septiembre 2012 10.648,54 30 15,65 136,97 Bs 724,05
Octubre 2012 10.648,54 31 15,50 140,18 Bs 864,23
Noviembre 2012 10.648,54 30 15,29 133,82 Bs 998,05
Diciembre 2012 10.648,54 31 15,06 136,20 Bs 1.134,25
Total: 1.134,25
De conformidad con el cálculo precedentemente realizado, este Juzgado ordena al estado Bolívar por órgano de la Gobernación pagarle a la querellante la cantidad de mil ciento treinta y cuatro bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 1.134,25), por concepto de intereses moratorios generados por el retardo en el pago de la prestación de antigüedad causados desde el veinticuatro (24) de abril de 2012 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2012. Así se decide.
II.4. Con fundamento en la motivación precedentemente expuesta, este Juzgado declara parcialmente con lugar la querella por cobro de intereses moratorios generados por el retardo en el pago de la prestación de antigüedad incoada por la ciudadana A.d.C.S.S. contra el estado Bolívar, en consecuencia, se le Ordena pagarle a la querellante por órgano de la Gobernación del estado Bolívar la cantidad de mil ciento treinta y cuatro bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 1.134,25), por concepto de intereses moratorios causados desde el veinticuatro (24) de abril de 2012 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2012. Así se establece.
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DISPOSITIVA
En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar, actuando en nombre de la República, administrando justicia y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR LA QUERELLA por cobro de intereses moratorios incoada por la ciudadana A.D.C.S.S. contra el ESTADO BOLÍVAR, en consecuencia, se le ORDENA por órgano de la Gobernación cancelarle a la querellante la cantidad de mil ciento treinta y cuatro bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 1.134,25), por concepto de intereses moratorios causados desde el veinticuatro (24) de abril de 2012 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2012 por el retardo en el pago de la prestación de antigüedad.
De conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordena la notificación de la presente sentencia al Procurador General del Estado Bolívar, transcurrido el lapso de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la consignación en el expediente de la respectiva constancia de notificación, se inicia el lapso para la interposición del recurso de apelación.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente sentencia en el Índice de Copiador de sentencias.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, quince (15) de abril del año 2014. Años 203° de la Independencia y 155° de la Federación.
LA JUEZA
B.O.L.
LA SECRETARIA
ANNA FLORES FABRIS
