Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso y Administrativo de Barinas, de 18 de Octubre de 2010

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RESUMEN

este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la querella funcionarial conjuntamente con suspensión de efectos, interpuesta por las ciudadanas YUSLEIBY ISAMAR VARGAS SÁNCHEZ, YAUDIMAR LILIN MÉNDEZ... (ver resumen completo)

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Expediente Nº 7500-09

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN LOS ANDES

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

PARTE QUERELLANTE: ciudadanas YUSLEIBY ISAMAR VARGAS SÁNCHEZ, YAUDIMAR LILIN MÉNDEZ DE RODRÍGUEZ, MIRLEY YOHANA MORENO DÍAZ, DORIS CONSTANZA BARRIOS DE RIVERA, ADRIANA ESPERANZA CONTRERAS RIVAS y VANESA KATIUSKA CORDERO GONZÁLEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros V-16.232.961, V-16.122.961, V-16.125.840, V-15.156.592, V-15.989.102 y V-15.595.667, respectivamente.

APODERADOS JUDICIALES: Abogados JENITH KARINA MOLINA OCHOA, JOSHUAR ALBERTO PÉREZ y LISBETH RAMÍREZ PINEDA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 58.711, 92.273 y 111.000, en su orden.

PARTE QUERELLADA: GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA.

APODERADOS JUDICIALES: Abogados JOSÉ CLEMENTE BOLÍVAR TORREALBA, ROSALÍA CAMMARATA SALCEDO y MIGUEL RICARDO MATUTE RANGEL, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 57.819, 63.047 y 76.121, respectivamente.

MOTIVO: QUERELLA FUNCIONARIAL.

I

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

Mediante escrito presentado ante este Juzgado Superior en fecha 15 de abril de 2009, los abogados Jenith Karina Molina Ochoa y Joshuar Alberto Pérez, actuando con el carácter de apoderados judiciales de las ciudadanas Yusleiby Isamar Vargas Sánchez, Yaudimar Lilin Méndez de Rodríguez, Mirley Yohana Moreno Díaz, Doris Constanza Barrios de Rivera y Adriana Esperanza Contreras Rivas, antes identificadas, interponen QUERELLA FUNCIONARIAL, conjuntamente con SUSPENSIÓN DE EFECTOS, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA.

Por auto de fecha 28 de julio de 2009, se admitió la intervención adhesiva litisconsorcial de la ciudadana VANESA KATIUSKA CORDERO GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad Nº 15.595.667, teniéndola como tercera verdadera parte en la presente causa.

II

ALEGATOS DE LA PARTE QUERELLANTE

Señalan los apoderados judiciales de las querellantes, que el actual Gobernador del Estado Táchira, luego de posesionarse en el cargo, ha adoptado diversas medidas contra los funcionarios que laboraban en la gestión del anterior Gobernador, que se rescindieron mil ochocientos (1.800) contratos; que se aperturó un procedimiento sumario a los funcionarios que ingresaron mediante concurso efectuado en el año 2008, para que estos consignaran en su totalidad una serie de documentos personales que deberían reposar en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos; que dicho procedimiento “estuvo plagado de errores y arbitrariedades, e inclusive sometiéndolos a pruebas de conocimientos vejatorios, mal llamadas ‘evaluación del desempeño’, que resultaron tortuosas e intimidatori(a)s y del cual se desconocen sus resultados”.

Que mediante Decreto Nº 34, de fecha 09 de enero de 2009, el Gobernador del Estado Táchira, delegó en los ciudadanos Leomagno Flores Alvarado y José Gregorio Roa García, Secretario General de Gobierno y Director de Personal del Ejecutivo del Estado Táchira, respectivamente, las atribuciones referentes a nombramiento y remoción de los funcionarios públicos del mencionado Ejecutivo; así como las notificaciones de las decisiones que se produjesen en los procedimientos de destitución.

Continúan exponiendo que en fecha 16 de enero de 2009, se emitió la Resolución Nº 01, emanada del ciudadano Director de Personal del Ejecutivo del Estado Táchira, contra funcionarios de diferentes dependencias, emitiendo sucesivas Resoluciones con el mismo contenido, en cuyas dispositivas señala el inicio de una averiguación administrativa regida por el procedimiento sumario, a fin de establecer si los funcionarios reunían los requisitos previstos en la normativa de la Oficina Central de Personal; que en caso afirmativo se procedería al cumplimiento de los requisitos relativos a la evaluación del desempeño y juramentación, aperturando a tal efecto el expediente Nº 01-2009.

Que posteriormente, el Secretario General de Gobierno y Director de Personal, actuando por delegación, emitieron entre otras, la Resolución hoy impugnada, en la que además, de revocar los nombramientos de los querellantes, resolvieron que los mismos gozarían de estabilidad provisional o transitoria hasta que se realizara el concurso público de méritos y oposición para la provisión definitiva de los cargos correspondientes.

Denuncian que la Resolución recurrida, se encuentra viciada de falso supuesto, por cuanto la querellada tergiversó los hechos apreciándolos erróneamente y dando por ciertas cuestiones no involucradas en el asunto; que en fecha 16 de enero de 2009, la querellada, elabora y publica la primera Resolución de apertura del procedimiento sumario de averiguación administrativa; que en la fundamentación de los actos administrativos que declaran nulos los concursos de cargos de carrera, se establecen considerandos que tergiversan la finalidad del referido procedimiento justificándolo con argumentos que no se adecuan con el contexto del procedimiento sumario, resultando imposible para las querellantes conocer si para la Gobernación del Estado Táchira, ellas cumplieron o no con el perfil para la obtención de los cargos de carrera, pues, no fueron notificadas de la decisión respectiva.

Que en caso de existir decisión administrativa del procedimiento sumario signado con el Nº 01-2009, la consecuencia sería la evaluación del desempeño y juramentación, y no una Resolución que declara nulo los concursos realizados para la obtención de los cargos de carrera, ni la revocatoria de los nombramientos; que es imposible pensar que en el procedimiento se detectó la inexistencia de publicación por prensa del llamado a concurso, sin haberse constituido en elemento probatorio en la averiguación sumaria; que cuando la querellada solicita un dictamen preceptivo no vinculante, no tiene que seguirlo, pero si éste es el elemento fundamental que condiciona la validez de la Resolución que revoca, incurre en un falso supuesto, siendo que los hechos, motivos y presupuestos no fueron comprobados en la averiguación sumaria, incurriendo en errores de apreciación y calificación de los mismos.

Asimismo, alega el vicio de desviación de poder, con fundamento en que el acto administrativo impugnado fue emitido con un fin político, desconociendo los derechos de los funcionarios; que en el ejercicio de las potestades administrativas, emitió Resoluciones y aperturó procedimientos sumarios con fines distintos a los fijados por el Ordenamiento Jurídico, dibujando una excesiva protección de derechos para deshacerse de cualquier funcionario o empleado que haya tenido relación con el anterior gobierno del Estado Táchira; que resulta capcioso que más de 150 funcionarios no hayan aprobado el período de prueba, lo cual evidencia un desconocimiento de derechos constitucionales de índole funcionarial a los titulares de los cargos de carrera.

Que el Secretario General de Gobierno y Director de Personal del Ejecutivo del Estado Táchira, actuaron por delegación otorgada en el Decreto Nº 34 de fecha 09 de enero de 2009, en la que sólo se delegó las atribuciones referentes a “Nombramiento y remoción de funcionarios públicos del Ejecutivo del Estado Táchira, salvo cuando esta derive de procedimientos administrativos”, infiriéndose de ello que el Gobernador del Estado, delegó la atribución de nombramientos y remoción, exceptuando la derivada de procedimientos administrativos, evidenciándose que los mencionados funcionarios ejercieron una función que no les fue delegada, arrogándose facultades que corresponden al Gobernador; que dentro de las atribuciones delegadas, no está la de declarar la nulidad absoluta, ni revocatoria de actos administrativos, lo que constituye una incompetencia por la materia.

Arguyen la violación de principios constitucionales tales como la legítima defensa y seguridad jurídica, argumentando que el acto administrativo que declara la revocatoria de los nombramientos de cargos de carrera por adolecer de nulidad absoluta, traslada en uno de sus considerando la inercia del particular por no haber impugnado oportunamente el acto, imponiéndole al funcionario la carga por no actuar en contra de las potestades de la Administración e impugnar un acto del cual sólo tiene acceso a la posibilidad de concursar y no al expediente en el cual se desarrolla el concurso.

Invocan el principio del Estado Social de Derecho y Justicia, aduciendo que al haberse valido la Gobernación querellada de las facultades propias conferidas para el ejercicio del poder otorgado, le da “una suerte de superioridad en detrimento de padres, madres de familias, ancianos, mujeres embarazadas…”, quienes constituyen el conglomerado de funcionarios públicos de la querellada, desconociendo su condición; que se sometieron al concurso público con los procedimientos pautados, otorgándoseles la titularidad; que bajo la premisa de la Resolución impugnada, podrían revisarse inclusive los ingresos de los últimos cuarenta años, sin que pudiese alegarse...

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