Decisión nº 526 de Juzgado Superior Septimo Agrario de Trujillo, de 17 de Diciembre de 2012

Del documento autenticado por ante la Notaría Pública de Sabana de Mendoza, Municipio Sucre del Estado Trujillo, Bajo el número 17, Tomo 16, de los Libros Autentificaciones llevados por la Notaría, en fecha 20 de marzo de 2007, del texto de dicho documento se observa que existe un convenio entre la solicitante en representación de la Sociedad Mercantil con fines agropecuarios AGROPECUARIA S.R., C. A., y el el ciudadano W.J.D.R., en representación de la Alcaldía del Municipio Monte Carmelo y el ciudadano O.J.N.F. vocero principal del C.C.L.C., Asociación Civil debidamente inscrita en la Oficina de Registro inmobiliario de los municipios Escuque y Monte C.d.E.t., anotado bajo el número 172, de fecha 03 de mayo de 2006, mediante el cual la Sociedad Mercantil con fines agropecuarios vende a la Alcaldía de Monte Carmelo un conjunto de mejoras y bienhechurías en terreno que dice ser municipal en el sitio conocido como Sector La Catalina, Parroquia Buena Vista, Municipio Monte Carmelo, Estado Trujillo consistentes en pastos artificiales, cercas de alambre de puas y estantillos de madera, dentro una superficie aproximada de diez hectáreas(10 Has), el cual se encuentra ubicado dentro de los siguientes linderos: NORTE: propiedades de la vendedora; SUR: Propiedades de A.P. ; ESTE: Vía Panamericana ; OESTE: propiedad de la Vendedora, según lo expresado en dicho documento, siendo la venta por la cantidad de sesenta y cinco mil bolívares (Bs 65.000,00) fuertes: Terreno que expresamente dice es destinado al proyecto habitacional unido a proyecto agrícola, para ser ejecutado al C.C. de dicho Sector La Catalina. Con relación a dicho documento se valora como un documento público que la solicitante de la Medida como la Alcaldía le da pleno valor. Así se declara.

Con respecto al informe técnico de la planta de Tratamiento del Sector “La Catalina” elaborado por el ingeniero F.A.S., cursante del folio 14 al folio 18 de actas, dirigido a la Solicitante de la medida, lo valora en el sentido que existe una propuesta para la construcción, de infraestructura incluyendo movimiento de tierra, para la fase final del proceso de tratamiento de aguas servidas. Así se declara.

Con respecto a la copia de escrito dirigido al ingeniero Exhar Balza, suscrito por la solicitante de la medida, cursante al folio 19 de actas, con nota de recibo deja expresado su disconformidad con la construcción de la laguna que pretenden construir la Alcaldía del Municipio Monte Carmelo. Así se declara.

Con relación al informe elaborado por el ingeniero A.R., director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio Monte Carmelo, con oficio sin número, de fecha 23 de abril de 2012, dirigido a la solicitante donde expresa la necesidad con criterios técnicos, de construir la laguna de depósitos de efluentes, cursante del folio 20 al 24 de actas, hace la recomendación que sea construida en 350 a 200 metros de distancia de la cerca que divide las tierras ocupadas por la familia Palma y el Sector La Catalina, este Tribunal observa que el mismo aporta criterios técnicos ambientales para dar elementos de convicción a los fines de producir una decisión. Así se declara.

En cuanto al oficio – permiso número 01.00.33.06.1608, de fecha 12 de julio de 2012, dirigido a la solicitante de la medida, suscrito por el ingeniero Exhar Balza, Directo Estadal Ambiental Trujillo, mediante el cual expresa que con relación a dicha laguna que piensa construir la Alcaldía del Municipio Monte Carmelo, está supeditada a: “.- la opinión del Ministerio del Poder Popular para la Salud, la cual debe ser consultada a través del Departamento de Ingeniería Sanitaria de FUNDASALUD TRUJILLO, con respecto al sistema de tratamiento ya construido y de la laguna a construir, además de los distanciamientos según la normativa vigente.- Que la Alcaldía del Municipio Monte Carmelo, por escrito y con carácter legal, quién será el responsable del mantenimiento, operación y monitoreo de la planta de tratamiento construida y la laguna a construir, a los fines de garantizar que los valores de los parámetros de los efluentes se mantengan dentro de los establecidos en la Normativa Vigente, como lo es el Decreto 883 del 11/10/1995, el cual establece las Normas para la Clasificación y Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos de los Efluentes Líquidos.- La laguna deberá estar construida de manera que garantice su impermeabilidad, (con arcillas o concretos) a los fines de no contaminar los acuíferos.- El promotor del proyecto (Alcaldía del Municipio Monte Carmelo), deberá consignar una memoria descriptiva del mismo, con los posibles impactos a generar y la propuesta de las medidas ambientales a implementar con sus respectivos costos. Igualmente el proyecto deberá contener un levantamiento topográfico con curva de nivel cada 0.20 metros, perfil longitudinal y secciones transversales, con tablas de coordenadas UTM Datum REGVEN, donde se señale la poligonal de ocupación y afectación.- Se deberá anexar, la autorización del o los propietarios de los terrenos donde se pretende realizar los trabajos; copias de los documentos legales que lo acrediten y el Aval del C.C.d.S..” (sic). Con relación a este permiso otorgado, este Tribunal considera necesario dejarlo sentado que el mismo concede autorización para la construcción de la referida laguna de depósitos de efluentes bajo ciertos parámetros, que son reiterados en el oficio número 01-00-33-A1-1517, de fecha 04 de junio de 2012, con el agregado que pueden ser Áreas Inundables, por ubicarse el sitio donde pretenden construir la laguna en la Unidad de Transición de Pie de Monte y Planicie Aluvial, requiere el cumplimiento estricto del Artículo 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo prescrito en el Decreto número 1257 de fecha 13 de marzo de 1996, mediante la cual se dictan las “Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente”, incluyendo el estudio de impacto ambiental y sociocultural del proyecto. Analizándose de esta manera como documento público administrativo. Así se declara.

En relación a la Inspección practicada en fecha 28 de noviembre de 2012, con el apoyo de un práctico (ingeniero A.J.A.M.) y el práctico en videograbación L.V., asistente suplente de este Tribunal, se pudo constatar la existencia de una finca destinada a la agricultura y ganadería vacuna, cerdada con alambres de púas y estantillos de madera con potreros y pastizales, cultivo de plátanos, parchitas y otros. Así como ganado bovino, que la misma colinda con el terreno que contiene viviendas y entre las viviendas y el lindero de la finca inspeccionada existen cultivos de yuca, lechosa, guanaba, plátano y otros, ubicados dentro del lote de terreno que se identifican en el documento de venta de mejoras y bienhechurías cursante a los folios 12 y 13 de actas, igualmente entre dichos sembradíos y el lindero de la finca se observa una planta de tratamiento subterránea construida de concreto armado con cuatro tapas circulares metálicas y conectadas entre si internamente, a una celda o tanquilla de concreto armado rectangular bajo una placa de concreto armado y tapa circular metálica incluyendo un tablero eléctrico conectado a banco de transformación con un transformador de 15-KVA, y éste al servicio eléctrico público, se hizo una medición con cinta métrica con el apoyo del práctico desde la referida celda hasta la cerca perimetral de la finca inspeccionada, ocupada por la solicitante de la medida y hay una distancia de dieciséis metros con noventa centímetros (16,90 Mts.). Incontinenti el Tribunal una vez cumplidos los particulares expresados en la solicitud de medida, se procedió a realizar inspección judicial de oficio en el lote de terreno que se expresa en el documento cursante a los 12 y 13 de actas, con relación a la venta de mejoras y bienhechurías antes anunciadas y se pudo constatar que dentro del mismo, además de las siembras y planta de tratamiento existente se constató la existencia de un caserío o Urbanización con casas unifamiliares conocido como “La Catalina”, dejando constancia de la existencia de aguas servidas con malos olores procedentes de la mayoría de las casa ocupadas, observándose que no existe conexión a la planta de tratamiento, siendo vertidas a pequeños canales que se unen en uno sólo cerca de la planta de tratamiento. Haciéndose videograbación de dichas inspecciones judiciales el cual consta en un disco compacto conocido como “DVD” , siendo agrado a los folios 47 y 48 de actas. Por lo tanto se valora dicha inspección en los términos antes expresados. Con respecto a esta probanza se pudo constatar la existencia de un proceso de riesgo de contaminación de los habitantes del caserío “La Catalina”, donde se encuentra cantidad considerable de niños y niñas, al igual que adolescentes y demás personas que están exponiéndose a las aguas servidas, presentado un alarma grave para la salud, así como para los mismos cultivos existentes en los alrededores de las casas. Así se declara.

Con respecto al informe solicitado al Alcalde del Municipio Monte C.d.E.T., presentó el mismo en fecha 04 de diciembre de 2012, en el que agrega desde el folio 52 al folio 95, un “Informe de Planta de Tratamiento para Agua Residual y Descarga de la misma, del Sector La Catalina, Parroquia Buena Vista, Municipio Monte C.d.E.T., elaborado por la ingeniera civil, Yalignne Matos Barrios, Directora de Ingeniería Municipal de la referida Alcaldía, donde especifica la identificación del problema, diagnostico de la situación, descripción del proyecto, calculo de la población de diseño, método geométrico, calculo de gasto medio, calculo de caudal máximo de “aguas negras” (sic), es decir aguas servidas, calculo del volumen de la laguna de oxidación, esquema en corte de la laguna, igualmente anexos donde se observan las fotografías de la planta de tratamiento y la construcción de la celda, conocida por este Tribunal como tanquilla, mapas de la ubicación geográfica nacional, estadal y municipal del problema planteado, igualmente acompañó original de oficio dirigido al Alcalde del Municipio Monte Carmelo, número 1807 de fecha 04 de julio de 2012, mediante el cual el presidente de FUNSASALUD, el Coordinador de Ingieneria Sanitaria y el Director Regional de S.A., le dan respuesta a solicitud realizada para la adecuación de la planta de tratamiento expresada en actas, manifestando igualmente que la referida planta construida desde hace aproximadamente hace cinco años, esta sin funcionamiento por no contar con una disposición final definida, “…ocasionando un problema de salud pública debido a que las agua residuales domésticas drenan libremente por las calles de este sector…”. Recomendando los antes nombrados instalar un dosificador de cloro con su respectiva caseta de cloración, igualmente una cerca perimetral a dicha planta de tratamiento y una laguna de oxidación para el post tratamiento final (folio 88), igualmente la solicitud de dicha Alcaldía para su correspondiente respuesta. A dicho informe le acompañaron levantamiento topográfico del sector elaborado para el C.C. “La Catalina” incluyendo las casas y el área de la planta de tratamiento (folio 91), plano del perfil longitudinal de las placas (folio 93) y plano de la planta de tratamiento. Con relación a este informe coadyuva en la convicción respecto a la urgencia para la construcción de la denominada laguna de oxidación también conocida como laguna o laguna de depósito de efluentes. Valorándose de esta forma dicho informe. Así se declara.-

con relación a la copia fotostática de acta de exposición de motivos suscrito por el ciudadano A.P.L., Alcalde del Municipio Monte Carmelo, cursante al folio 96 y el acta compromiso, también en copia fotostática simple (folio 99), este Tribunal observa, que existe acta compromiso de fecha 07 de marzo de 2012, suscrita por el Sindico Procurador del Municipio, el Director de Catastro, el Coordinador del Instituto Municipal de la Vivienda, Coordinador de Desarrollo Endógeno y Asistente del Despacho, ciudadanos A.S., EUDO NAVA, ORANGEL TORRES, DIKERSON ALBARRÁN y R.G., junto a varios habitantes del Sector La Catalina, antes identificados donde se expresa que suspenden la toma de la Alcaldía relacionada con los Proyectos relacionada a la planta de tratamiento relacionada con la medida solicitada, lo que da convicción a este sentenciador de la existencia de un estado de conflictividad social, como resultado de la no conclusión de la obra respectiva y de esta manera suprimir el problema de salud pública como consecuencia que las aguas residuales siguen drenando libremente por las calles de dicho caserío. Valorándose así dicha documental. Así se establece.-

Con relación a la copia fotostática simple de acta modificatoria de los estatutos sociales del C.C. “La Catalina” de fecha 10 de mayo de 2011, número de SICOM: 21-11-02-001-005, n° Comisión Electoral Permanente 25147, este tribunal la valora, en cuanto que existe una organización popular que actualmente es regulada por la ley orgánica de los consejos comunales, por lo tanto tiene personalidad jurídica y es plena manifestación de la democracia participativa y protagónica establecida en los artículos 4 y 5 de la Carta Fundamental. Así se declara.-

Analizado lo anterior, pasa este Tribunal a pronunciarse sobre la procedencia o no de la medida de tutela jurídica ambiental a solicitud de parte; es por ello que analiza el requisito conocido como perículum in danni, observa este sentenciador que el riesgo de deterioro y perdida no solo de un espacio determinado de pastizal ubicado dentro de la Finca ocupada por la solicitante existe en el presente caso, sino la contraposición de intereses y derechos existentes por un colectivo y son los habitantes del caserío “La Catalina”, ampliamente identificada en actas, respecto a sanidad ambiental que está siendo perjudicada la salud de los habitantes del nóbel caserío o urbanismo, según se observa de las actas procesales, las aguas servidas conocida como aguas residuales domésticas, están siendo vertidas en zanjas o lugares inadecuados tal como lo certificó el Director del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente del Estado Trujillo, al igual que el presidente, Coordinador de Ingeniería Sanitaria y Director Regional de S.A. de FUNDASALUD, por lo tanto, si bien es cierto, que existe la necesidad de proteger los suelos para actividades agrícolas y el ambiente en general tal como lo expresa la ciudadana Y.D.C.P.D.B., también es una obligación impostergable velar por la salud como un derecho humano que es tal como lo estable el artículo 83 y siguientes de la Carta Magna, en consecuencia, es necesidad interpretar el alcance de los artículos 127, 128 y 129 eiusdem, con relación a otros derechos fundamentales considerados de primera y segunda generación, ya que lo ambiental es transversal e integrador y de esta manera lograr un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, según el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ambiente es “Cuando los elementos que lo integran se encuentran en una relación de interdependencia armónica y dinámica que hace posible la existencia, transformación y de4sarrollo de la especie humana y demás seres vivos.”.

Para la mejor comprensión la misma Ley Orgánica del Ambiente, define lo que es “ambiente”, como: “Conjunto o sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica o socio cultural, en constante dinámica por la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia de los seres vivos y demás organismos vivos, que interactúan permanentemente en un espacio y tiempo determinado.”. En consecuencia, todo lo que sucede en el caserío “La Catalina” está en plena armonía con todos los elementos materiales e inmateriales existentes en dicho lugar y sus alrededores, en consecuencia la finca sobre la cual es solicitada la medida, no es ajena a lo que esta sucediendo desde el punto de vista ambiental en el mencionado caserío por lo tanto, existe el riesgo evidente de una contaminación ambiental, como consecuencia de la insalubridad que se está generando por no estar concluido el sistema de tratamiento de aguas servidas que incluye la construcción de la denominada Laguna de Oxidación o depósito de efluentes. Por lo tanto, existe un riesgo evidente de deterioro no solo de la salud de los habitantes de dicho caserío, sino de los cultivos que se encuentran dentro del lote de terreno adquirido por la alcaldía, por la posibilidad de surgimiento y reproducción de bacterias, parásitos y hongos, que puedan doblegar el crecimiento normal de dichos cultivos, así mismo la producción de insectos que puedan afectar no solo a los seres humanos de dicha localidad sino al ganado vacuno existente dentro de la finca ocupada por la solicitante, por lo que se da por cumplido este requisito. Así se declara.

Con relación al fumus boni iuris, está suficientemente demostrado, con la inspección judicial, documentos e informes técnicos, aportados tanto por la solicitante como por la Alcaldía del Municipio Monte Carmelo, sin embargo, considera este sentenciador que existe suficiente jurisprudencia, donde en materia agroalimentaria y ambiental no es requisito sine qua non cumplir con este último extremo legal, exigido para decretar medidas autónomas, por cuando la presunción de daño continuo en dicho lugar, es tan evidente como es el drenaje de aguas putrefactas (residuales domesticas), por lo que se da por cumplido este requisito. Así se establece.

Es entendido que los derechos ambientales son conocidos como derechos de tercera generación que ciertamente L.O.Á. (2005) en la Monografía “El Concepto del Medio Ambiente”, dentro de la compilación “Lecciones de Derecho del Medio Ambiente” (4° edición, Editorial Lex Nova, Valladolid, España.), los denomina derechos de solidaridad, y a la vez, expone “La solidaridad ha de ser entendida en dos sentidos: 1) asegurar a las generaciones futuras la resolución de sus problemas ambientales, y 2) compensar los sacrificios de desarrollo económico de determinados grupos humanos en beneficio de la protección ambiental.”, (P. 47). Por lo que considera a la solidaridad como un principio estructural de la ordenación ambiental de lo que es el Ambiente, conocido en la doctrina española como “Medio Ambiente”.

Es por ello que, el derecho ambiental como toda disciplina, posee una serie de principios que para mejor claridad en el presente asunto es necesario hacer un análisis sobre los principios de prevención y precaución para mejor comprensión en cuanto a la necesidad, legalidad y legitimidad de la medida que pudiera decretar este Tribunal en el presente asunto, además del anterior principio estructural como es el de “Solidaridad”. Estos principios se encuentran dentro de los denominados principios funcionales del ambiente, como así lo expresa L.O.Á., en la Obra antes referida (P.48), los que orientan acerca de cuales deben ser los instrumentos más idóneos para lograr los fines de la protección ambiental, siendo un deber de este Juzgador velar por el cumplimiento de la misma de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Sobre el principio de prevención, A.J.R. (2009) en el artículo “Los Principios del Derecho Ambiental, publicado en la Revista de Derechos de Daños (Revista de Derecho Privado y Comunitario S,A. Año 2008-3, Editorial Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires P. 100), expresa que “Este principio se establece como manera de solucionar conflictos perjudiciales, por ser el único modo de proveer con eficacia a las repercusiones dañosas que recaen sobre la comunidad. Este principio se impone desde la perspectiva de la solidaridad y de la vida comunitaria… Se advierte que las causas y las fuentes de los problemas ambientales se deben atender en forma prioritaria en integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”.

En este mismo orden, P.J.d.P., en el Texto “El Principio de Prevención en el Derecho Internacional del Medio Ambiente” (Editorial Ecoiuris, Madrid, España), expresa: “La finalidad o el objeto último del principio de prevención es, por tanto, evitar que el daño pueda llegar a pronunciarse, para lo cual se deben adoptar medidas preventivas, es decir, se impone una acción de prevención.” (P. 61). Mas adelante agrega “…Y esta toma de consciencia de que no basta con reparar (modelo curativo), sino que se impone prevenir (modelo preventivo),…”. (P. 61). De esta manera, reitera este sentenciador que es un derecho y deber prevenir los daños, por ello existen una serie de normas como que uno de los instrumentos más eficaces es la tutela anticipatorio preventiva. Se advierte que las causas y las fuentes de problemas ambientales se deben atender en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir, así tenemos que el artículo 129 de la Carta Fundamental viene a consagrar dicho principio cuando exige el estudio de impacto ambiental previo a la ejecución de cualquier proyecto que pueda trastocar el ambiente y a la vez se desarrolla ampliamente en la Ley Orgánica del Ambiente entre otras Leyes Ambientales y decretos normativos tales como el cual establece las Normas para la Clasificación y Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos de los Efluentes Líquidos y El Decreto número 1257, de fecha 13 de marzo de 1996, mediante el cual se dictan las “Normas Sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente”, para ello es exigido el Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural del proyecto, por la Administración, particularmente el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para evitar daños irreversibles al Ambiente .

Siguiendo esta misma orientación L.O.Á. (2005) expresa que el principio de prevención ambiental, “Se manifiesta en la potestad de las Administraciones públicas de someter las actividades de riesgo ambiental a preceptivos controles previos y de funcionamiento”. (P. 48). Reiterando que este principio de prevención es fundamental en la actuación ambiental, “… debido al alto potencial de irreparabilidad de los daños ambientales, y se cifra, como es fácil colegir, en la potestad del sometimiento de las actividades con riesgo ambiental a los preceptivos controles tanto previo como de funcionamiento. Dentro de este principio se encuadra la técnica de la evaluación de impacto ambiental y el subprincipio de cautela, con base en el cual puede limitarse una actividad potencialmente peligrosa para el medio aun sin haber sido probada exhaustivamente la relación causa efecto...”. Este postulado quedó plenamente incorporado en el Principio 14 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la cual Venezuela suscribió la misma.

Por otro lado, se tiene el principio de precaución o precautorio el cual fue consagrado en la declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, antes expresada, la cual Venezuela la suscribió, como principio 15 que establece: “…con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.”. Igualmente, la autora antes nombrada, P.J.d.P. y Maseda (2001), expresa que el principio de precaución se basa según cita hecha de los autores McINTYRE y MOSEDA-LE en: “…i) la vulnerabilidad del ambiente; ii) las limitaciones de la ciencias para predecir de manera anticipada y con exactitud los daños que puede sufrir el medio ambiente, iii) la alternativa de procesos y productos menos dañosos.” (P.p 74, 75). Es por ello que el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario trae inmerso la esencia del principio de precaución antes expresado.

Dicha autora concluye: “Ya que si no somos capaces de conocer, no debemos ser atrevidos en nuestros comportamientos, porque lo que sí sabemos es que los efectos de nuestras acciones pueden ser irreversibles. Por lo tanto el relativismo socio-ambiental conduce a la precaución en nuestras actividades con incidencia ambiental.”. (P. 76). Es decir, que para evitar daños ambientales es necesario implementar el principio de prevención, pero no podemos esperar más para tomar decisiones en aras de salvar el ambiente aplicando el principio de precaución.

El principio de precaución, se aplica en todos aquellos casos que suponen resguardar derechos humanos y privilegia la hipótesis de que suceda lo peor, y por eso es en definitiva un daño irreversible en un plazo mucho mas largo.

Así tenemos que el principio de precaución tiene una dimensión intertemporal, en el sentido que su dimensión va más allá de los problemas asociados a los riesgos a corto o a mediano plazo, puesto que se refiere a riesgos a largo plazo, los cuales podrían, incluso, afectar al bienestar de las generaciones futuras, por lo tanto es esencial este principio dentro de la concepción del derecho ambiental contemporáneo. Este principio se basa igualmente, en la falta de certidumbre científica absoluta del riesgo ambiental, por lo tanto, si el riesgo es probable que se produzca, no debe aplicarse el principio de precaución, sino el de prevención. Igualmente el principio de precaución debe limitarse a riesgos no de cualquier naturaleza, sino graves e irreversibles. Así mismo el principio de precaución ha de seguir un modelo anticipativo, en otras palabras, actuar sobre la base de medidas de precaución pero “en función de los costos y conforme a sus capacidades” tal como así lo expresa P.J.d.P., quien concreta que “…el principio de cautela o precaución, con ser importante, no puede ser ensalzado o cuando menos entendido como una fase superior o más avanzada que la prevención desde un perspectiva estrictamente jurídica, sino que debemos circunscribirlo por completo a los riesgos de daños ambientales muy significativos o importantes o, mas estrictamente, a los irreversibles, luego, como un principio, no tanto superior, mas avanzado o incluso sustitutivo del principio de prevención, sino complementario (y por tanto, actuante en su ámbito propio de aplicación) del principio de prevención.”. (P. 85)

En el presente asunto, no existe la certeza científica que se cauce una inundación que afecte el pastizal y el ganado y el derrame de la referida laguna, pero si es mas evidente el riesgo de una epidemia por enfermedades resultado de plagas, bacterias u otras formas de transmisión producto de la no puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento, dado a que no esta construida la última fase del proceso del tratamiento las aguas servidas y por ello de la conexión de las casas al sistema de cloacas.

Si bien es cierto, el derecho a la propiedad agraria contemplada en el artículo 307 de la Carta Fundamental cuando establece que: “…los campesinos o campesinas y demás productores o productoras agropecuarios tienen derecho a propiedad de la tierra, en los casos y formas especificados por la Ley respectiva…”, la Ley que se hace mención en dicha Disposición Constitucional es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por lo tanto, ese derecho no puede ir en contra de los artículos 127, 128 y 129 del mismo Texto Fundamental, por lo tanto el ejercicio del derecho de propiedad agraria no puede estar por encima del derecho a la salud de los seres humanos del Caserío “La Catalina”, contemplado en los artículos 83, 84 y en plena armonía con el artículo 127 ya expresado.

La ponderación de los intereses colectivos tutelados: Como antes se expresó este Tribunal, en el presente asunto, si bien es cierto que existen intereses contrapuestos como es el derecho a la propiedad agraria y al ambiente, para la solicitante, como para los seres humanos que habitan el Caserío “La Catalina”, ya que es al extremo grave, el riesgo de contaminación y adquisición de enfermedades por insalubridad, en consecuencia, ponderando dichos intereses no se puede esperar mas sino el estudio de impacto ambiental y socio cultural que debe ser presentado por la Alcaldía del Municipio al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, pero para materializar el mismo, es necesario seleccionar el sitio definitivo, para ello se requiere hacer ocupación del lote de terreno incluyendo las dimensiones apropiadas del terreno que técnicamente se requiera a la brevedad posible y que tengan ingreso o acceso los técnicos por el Caserío “La Catalina”, así mismo la disposición final del agua tratada, después de su asiento en la laguna de oxidación o de depósito de efluentes. Con relación a los daños materiales o pago de bienhechurías por parte de La Alcaldía del Municipio Monte Carmelo no es óbice para que la obra sea concluida, ya que es perentoria la conclusión del sistema de tratamiento de aguas servidas y puesta en funcionamiento de la misma a la brevedad posible.

Concluye así este juzgador, que en uso de la tutela preventiva e idónea en pro del aseguramiento de la protección ambiental, tomando en cuenta que la presente decisión tiene el carácter eminentemente asegurativo y provisional de acuerdo a los artículo 83, 84, 127, 128, 129, 305 y 307 de la Carta Fundamental y los artículos 1 y 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

CONSIDERA PROCEDENTE DECRETAR MEDIDA en donde:

Se ordene a la Alcaldía del Municipio Monte Carmelo construir a la brevedad posible la Laguna de Oxidación, también conocida como Laguna de Efluentes y demás conexiones para poner en funcionamiento todo el sistema de tratamiento de aguas servidas, hasta su disposición final, siguiendo las instrucciones y supervisión que realizó el Director Estadal Ambiental Trujillo del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y las Autoridades de FUNDASALUD, para ello debe ser seleccionado el lugar definitivo dentro de la finca ocupada por la solicitante de la medida ciudadana Y.D.C.P.B., incluyendo la apertura de ingreso al terreno seleccionado para dicha Laguna por el caserío “La Catalina” y demás labores propias para la construcción de dicha obra y realizar el seguimiento permanente para evitar la colmatación, filtración o contaminación de el nivel freático o aguas subterráneas, recubriendo la misma con materiales impermeables como el cemento o polietileno apto para ello, con mantenimiento permanente. Con relación a las mejoras y bienhechurías existentes en el terreno, es menester que tanto la Alcaldía del Municipio Monte Carmelo como la Solicitante de la medida agoten las vías que establecen los artículos 253 y 258 de la Carta Fundamental respecto a los medios alternativos de solución de conflictos y en caso de no llegar a acuerdo alguno procedan a resolverlo por la vía contenciosa.

Notificar de la presente medida, por oficio, a la Procuraduría General de la República con copia fotostática certificada de la presente decisión y de la totalidad de las actuaciones que conforman el expediente a los fines de tomar en cuenta lo aquí decidido, para que una vez que conste en el expediente la última de la notificación ordenada, ejerzan oposición, los terceros interesados notificados mediante el respectivo Cartel lo realizarán dentro de los tres (03) días de Despacho siguientes a que conste la última notificación, igualmente, debe ser publicado en lugar apropiado en la Sede del Tribunal, una vez agotados los lapsos establecidos en el artículo 97 del Decreto número 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los cuales son treinta (30) días continuos computados a partir de la consignación de la notificación practicada a la Procuraduría General de la República, dejando transcurrir el término de distancia de seis(6) días.

Con el fin de dar mayor difusión a la medida acordada, para que se informen todos los ciudadanos y ciudadanas, personas naturales y jurídicas que se consideren que sus derechos les han sido vulnerados por la medida recaída en la Finca ocupada por la Ciudadana Y.D.C.P.B. con una superficie aproximada de ciento diez hectáreas (110 Has), el cual se encuentra ubicado dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con lote de terreno ocupado por los ciudadanos D.P. y V.P.; SUR: con lote de terreno ocupado por los ciudadanos D.P. y Río Pocó; ESTE: Con Caserío La Catalina; OESTE: Con lote de terreno ocupado por la familia Quintero y finca denominada Chinazón, Parroquia Buena Vista del Municipio Monte C.d.E.T., se ordena la publicación de un Cartel en la prensa regional “Diario Los Andes”, de circulación en el Estado Trujillo, así mismo para que quienes consideren, que sus derechos les han sido vulnerados con la medida, ejerzan oposición a la misma, los terceros interesados notificados mediante el respectivo Cartel lo realizarán dentro de los tres (03) días de Despacho siguientes a que conste en auto la última notificación, igualmente debe ser publicado en lugar apropiado en la Sede del Tribunal, una vez agotados los lapsos establecidos en el artículo 97 del Decreto número 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los cuales son treinta (30) días continuos computados a partir de la consignación de la notificación practicada a la Procuraduría General de la República, dejando transcurrir el término de distancia de seis (6) días, para que, ejerzan oposición a la misma.

Igualmente, es procedente notificar al Alcalde del Municipio Monte Carmelo y al Síndico Procurador Municipal de dicho Municipio , con copia certificada de la presente decisión y todas las actuaciones que conforman el expediente respectivo a los fines de tomar en cuenta lo aquí decidido y si así lo consideraren, que hagan oposición a la Medida aquí decretada de conformidad con los artículos 153 de la Ley Orgánica del Poder Municipal, una vez que conste en actas la última notificación ordenada , mas un día de término de distancia, dentro del lapso de cuarenta y cinco (45) días continuos, dada al Sindico para que ejerza oposición a la misma, cursando dicho lapso conjunto con el otorgado a la Procuraduría General de La República, dicha oposición podrá hacerla dentro de los tres (03) días de despacho otorgados a los particulares y a terceros interesados que constan en el Cartel a publicar.

Aunado a lo anterior, es necesario oficiar con copia certificada de la presente medida, a la Fuerza Armada Bolivariana, componentes Ejército a través del Comandante de la Guarnición Militar del Estado Trujillo y 222 Batallón de Infantería Teniente Coronel. L. M. Rivas Dávila y a la Guardia Nacional Bolivariana, a través del Comandante del Destacamento 15, igualmente a la Policía del Estado Trujillo a los fines de que la medida se haga efectiva, en colaboración con las autoridades de la Alcaldía del Municipio Monte Carmelo, si así lo requieran, de conformidad con las normas constitucionales y legales que regula la materia, en virtud que este tribunal esta actuando en ejecución de los derechos constitucionales de protección ambiental, por mandato de los artículos 1 y 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Por lo tanto son las autoridades deben velar por el fiel cumplimiento de la medida a decretarse.

En caso de oposición, se tramitará la misma de conformidad con el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, acatando el fallo de fecha 09 de mayo de 2006, ratificado el 29 de marzo de 2012 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ya comentada.

La presente medida asegurativa, se decreta sin perjuicio de ser ratificada, dejada sin efecto o dictar otras distintas a la aquí acordada, a los fines de la protección ambiental, conforme a las disposiciones constitucionales y legales sobre la materia.

La presente medida anticipada y asegurativa a decretarse, es una manifestación de la República Bolivariana de Venezuela, mediante este órgano Jurisdiccional, por ello todas las autoridades, están obligadas de respetar y hacer cumplir la misma, dictada por este JUZGADO SUPERIOR AGRARIO, en consecuencia debe oficiarse y notificarse al respecto.

III

DISPOSITIVO

En fuerza de las consideraciones anteriormente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DEL ESTADO TRUJILLO, CON SEDE EN LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO TRUJILLO, CON COMPETENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AGRARIO Y EXPROPIACIÓN ESPECIAL AGRARIA, ACTUANDO COMO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA, EN USO DE LAS FACULTADES OFICIOSAS, ASEGURATIVAS Y ANTICIPADAS QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 83, 84 127, 128, 129, 305 Y 307 DE LA CARTA FUNDAMENTAL Y LOS ARTÍCULOS 1 y 196 DE LA LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO. EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA AMBIENTAL Y EN CONSECUENCIA:

Se ordena a la Alcaldía del Municipio Monte Carmelo construir a la brevedad posible la Laguna de Oxidación, también conocida como Laguna de Efluentes y demás conexiones para poner en funcionamiento todo el sistema de tratamiento de aguas servidas, hasta su disposición final, siguiendo las instrucciones y supervisión que realizó el Director Estadal Ambiental Trujillo del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y las Autoridades de FUNDASALUD, para ello debe ser seleccionado el lugar definitivo dentro de la finca ocupada por la solicitante de la medida ciudadana Y.D.C.P.B., incluyendo la apertura de ingreso al terreno seleccionado para dicha Laguna por el caserío “La Catalina” y demás labores propias para la construcción de dicha obra y realizar el seguimiento permanente para evitar la colmatación, filtración o contaminación de el nivel freático o aguas subterráneas, recubriendo la misma con materiales impermeables como el cemento o polietileno, apto para ello, con mantenimiento permanente. Con relación a las mejoras y bienhechurías existentes en el terreno, es menester que tanto la Alcaldía del Municipio Monte Carmelo como la Solicitante de la medida agoten las vías que establecen los artículos 253 y 258 de la Carta Fundamental respecto a los medios alternativos de solución de conflictos y en caso de no llegar a acuerdo alguno procedan a resolverlo por la vía contenciosa judicial.

Notifíquese de la presente medida, por oficio, a la Procuraduría General de la República con copia fotostática certificada de la presente decisión y de la totalidad de las actuaciones que conforman el expediente a los fines de tomar en cuenta lo aquí decidido, para que una vez que conste en el expediente la última de la notificación ordenada para que, ejerza oposición, los terceros interesados notificados mediante el respectivo Cartel lo realizarán dentro de los tres (03) días de Despacho siguientes a que conste la última notificación, igualmente, debe ser publicado en lugar apropiado en la Sede del Tribunal, una vez agotados los lapsos establecidos en el artículo 97 del Decreto número 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los cuales son treinta (30) días continuos computados a partir de la consignación de la notificación practicada a la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General del Estado Trujillo, dejando transcurrir el término de distancia de seis(6) días.

Publíquese un Cartel, para que se informen todos los ciudadanos y ciudadanas, personas naturales y jurídicas que se consideren que sus derechos les han sido vulnerados por la medida recaída en la Finca ocupada por la Ciudadana Y.D.C.P.B. con una superficie aproximada de ciento diez hectáreas (110 Has), el cual se encuentra ubicado dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con lote de terreno ocupado por los ciudadanos D.P. y V.P.; SUR: con lote de terreno ocupado por los ciudadanos D.P. y Río Pocó; ESTE: Con Caserío La Catalina; OESTE: Con lote de terreno ocupado por la familia Quintero y finca denominada Chinazón, Parroquia Buena Vista del Municipio Monte C.d.E.T., en la prensa regional “Diario Los Andes”, de circulación en el Estado Trujillo, así mismo para que quienes consideren, que sus derechos les han sido vulnerados con la medida, ejerzan oposición a la misma, los terceros interesados notificados mediante el respectivo Cartel lo realizarán dentro de los tres (03) días de Despacho siguientes a que conste en auto la última notificación, igualmente debe ser publicado en lugar apropiado en la Sede del Tribunal, una vez agotados los lapsos establecidos en el artículo 97 del Decreto número 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los cuales son treinta (30) días continuos computados a partir de la consignación de la notificación practicada a la Procuraduría General de la República, dejando transcurrir el término de distancia de seis (6) días, para que, ejerzan oposición a la misma.

CUARTO Notifíquese al Alcalde del Municipio Monte Carmelo y al Síndico Procurador Municipal de dicho Municipio, con copia certificada de la presente decisión y todas las actuaciones que conforman el expediente respectivo a los fines de tomar en cuenta lo aquí decidido y si así lo consideraren, que hagan oposición a la Medida aquí decretada de conformidad con los artículos 153 de la Ley Orgánica del Poder Municipal, una vez que conste en actas la última notificación ordenada , mas un día de término de distancia, dentro del lapso de cuarenta y cinco (45) días continuos, dada al Sindico para que ejerza oposición a la misma, cursando dicho lapso conjunto con el otorgado a la Procuraduría General de La República, dicha oposición podrá hacerla dentro de los tres (03) días de despacho otorgados a los particulares y a terceros interesados que constan en el Cartel a publicar

Ofíciese con copia fotostática copia certificada de la presente medida, a la Fuerza Armada Bolivariana, componentes Ejército a través del Comandante de la Guarnición Militar del Estado Trujillo y 222 Batallón de Infantería Teniente Coronel. L. M. Rivas Dávila y a la Guardia Nacional Bolivariana, a través del Comandante del Destacamento 15, igualmente a la Policía del Estado Trujillo a los fines de que la medida se haga efectiva, en colaboración con las autoridades de la Alcaldía del Municipio Monte Carmelo, si así lo requieran, de conformidad con las normas constitucionales y legales que regula la materia, en virtud que este tribunal esta actuando en ejecución de los derechos constitucionales de protección ambiental, por mandato de los artículos 1 y 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Por lo tanto son las autoridades deben velar por el fiel cumplimiento de la medida a decretarse.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Dada, sellada y firmada en la Sala donde Despacha el Juzgado Superior Séptimo Agrario con Sede en Trujillo, en Trujillo a los diez y siete (17) días del mes de diciembre de dos mil doce (2012). (AÑOS: 202º INDEPENDENCIA y 153º FEDERACIÓN).

EL JUEZ;

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R.D.J.A..

LA SECRETARIA;

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G.M.O.A..

La Suscrita Secretaria del Juzgado Superior Séptimo Agrario HACE CONSTAR: “Que hoy diez y siete (17) de diciembre de dos mil doce (2012), siendo las 3:27 p.m., se publicó y consignó la presente decisión en el expediente respectivo y se cumplió con lo ordenado en la decisión, librándose los oficios y boletas correspondientes. (Exp. 0027 Solicitudes)”.

LA SECRETARIA;

Exp. 0027 (Libros de Solicitudes)

RJA/GMOA/mgcp