Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 20 de Septiembre de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 407582854

Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 20 de Septiembre de 2012

RESUMEN

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JESÚS RAMÓN VELASCO FLORES, titular de la cédula de identidad ... (ver resumen completo)

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

Exp. Nº 06842

Mediante escrito presentado en fecha cinco (05) de octubre de 2011, ante el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo (Distribuidor) y recibido por este Tribunal el día seis (06) del mismo mes y año, el ciudadano JESÚS RAMÓN VELASCO FLORES, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.472.237 debidamente asistido por sus apoderados judiciales, los abogados ADELSO ENRIQUE POLANDO, JOSÉ ARMANDO CÁCERES y JOSÉ FRANCISCO CORRO PEREIRA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 89.100, 89.213 y 117.441, interpuso Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.-

En fecha once (11) de octubre de 2011, este Juzgado admitió el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.- (Ver folio 271 del expediente judicial)

En fecha diecisiete (17) de octubre de 2011, se ordenó emplazar al SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, de conformidad con el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Asimismo, se le solicitó la remisión de los antecedentes administrativos del caso. Igualmente se ordenó notificar al GOBERNADOR y al PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. (Ver folio 272 del expediente judicial)

En fecha doce (12) de enero de 2011 el Alguacil de este Juzgado consignó oficios de emplazamiento y notificación de COMANDANTE GENERAL Y DIRECTOR DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE BOMBEROS DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MORANDA, PROCURADOR GENERAL y al GOBERNADOR DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, respectivamente.- (Ver folio 274 del expediente judicial)

En fecha dieciséis (16) de marzo de 2012 tuvo lugar la audiencia preliminar en la presente causa de conformidad con lo establecido en el artículo 103 y 104 de la Ley el Estatuto de la Función Pública. (Ver folio 290 del expediente judicial)

Cumplidas las fases procesales y celebrada la audiencia definitiva en fecha veintitrés (23) de mayo de 2012, la causa entra en estado de sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual será dictada sin narrativa por exigirlo así el artículo 108 eiusdem.-(Ver folio 307 del expediente judicial)

I

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Con fundamento a los argumentos presentados por las partes, pasa de seguidas este Juzgado a pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, en tal sentido, observa que el objeto del presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial versa sobre la declaratoria de nulidad la Resolución Nº 054-2011 de fecha 16 de junio de 2011, emanada del Comandante General del INSTITUTO AUTÓNOMO CUERPO DE BOMBEROS DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, que ordenó destituir al ciudadano Jesús Ramón Velasco Flores, titular de la Cédula de identidad No. V-10.472.237 del cargo de bombero por haber incurrido con su proceder en la causal de destitución prevista y sancionada en el artículo 86 numeral 6º de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

A tal efecto, comienza señalando el querellante, que ingresó al Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del Estado Bolivariano de Miranda, el 1º de julio de 2005 con el grado de bombero raso, en condición de conductor, desempeñándose adscrito a la Estación de Bomberos Santa Teresa (M-7) Sección B.

Indica que el día 23 de julio de 2010, se le realizó una prueba antidoping, en atención al ascenso solicitado por éste, prueba esa que supuestamente dio positiva según informe emitido por el personal de laboratorio de la Corporación de Salud del Estado Bolivariano de Miranda, así como el resultado de la prueba realizada por el Hospital Victorino Santaella Ruiz, de lo que fue notificado según señala en fecha treinta y uno (31) de marzo de 2011, mediante oficio No. RR/HH/DDRD/21-11 en el que se le notificó que en fecha once (11) de abril de 2011 esa institución le realiza la notificación de cargos, cuestión que se materializó el veintiocho (28) de abril de 2011.

Seguidamente, indica que en fecha seis (6) de julio de 2011, se le notificó que la Comandancia General del Instituto Autónomo del Cuerpo de Bomberos del Estado Bolivariano de Miranda, había acordado medida de destitución en su contra, advirtiendo que existe la incompetencia manifiesta del funcionario que dictó el cato recurrido, toda vez que desconoce éste el procedimiento en el cual se fundamentó su destitución.

Indica, que sus derechos fueron vulnerados por cuanto el resultado de la prueba antidoping le fue notificado con posterioridad al momento en que la Administración tuvo conocimiento del mismo, vulnerándosele el derecho a la defensa por la cantidad de notificaciones que le fueron practicadas, siendo tardía aquella que le notificó del contenido del acto recurrido.

Advierte que el procedimiento que le fue sustanciado adolece del vicio de exceso de poder, como de un completo desconocimiento de las normas jurídicas que rigen a los funcionarios de la Administración Pública, pues fue cambiado el fundamento de la apertura del procedimiento administrativo retrotrayéndolo al artículo 95 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, lo que encuadra en el numeral 6 del artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y a lo que la parte señala que para el momento en que se dictó el acto9, ya estaba derogada la referida ley orgánica.

Advierte que la institución incurrió en un error cuando señaló que el hoy querellante consumía “Metanfetamina, morfina y Cocaína”; pues conforme se desprende de los exámenes practicados en el Hospital Victorino Santaella, lo que se arrojó fue “resultando positivo en Marihuana”.

Indica que esas circunstancias advierten el Estado de indefensión en el cual se encuentra, toda vez que la corrección señalada se hizo una vez que éste se apersonó al Cuerpo de Bomberos en compañía de sus abogados , siendo dichas mentiras las que sirven de fundamento para aperturarle el procedimiento administrativo disciplinario, por lo que señala se esta en presencia de un difamación en su contra.

Argumenta la parte querellante, que de las actas traídas a los autos se dejó constancia que las muestras de orina analizadas podrían estar contaminadas, así lo manifestó el Primer Comandante y Director Presidente del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del Estado Bolivariano de Miranda, quien en su relato manifestó que tomó la decisión de hacer un nuevo análisis de la muestra para corroborar el resultado obtenido; señalando a posteriori que procedió a buscar las mismas el Distinguido Jorge Luis Espinoza, y que el 16 de agosto de 2010 verifican que las aludidas muestras o mas bien tres de los envases no tenían muestras.

Asimismo, señala que entre el folio 13 y 14 existe una disparidad, pues se señala que se atendieron a 129 funcionarios de los cuales 6 resultaron positivos, indicándose solo su nombre y apellido y omitiéndose la identificación de los demás, y aplicándole una ley que ya entonces estaba derogada; y al folio 14 se lee que los 129 restantes resultaron negativos.

Advierte que el acto recurrido presenta defectos de forma toda vez que existen incongruencias sobre las fechas en las que se realizó la prueba antidoping, así como en el número de los funcionarios sobre los cuales se practicó la misma, los cuales en ocasiones se señalaba eran 50 y otras veces 584, cuestión que se aprecia de la testimonial del ciudadano Alberto Pacheco Burelli, Bombero con jerarquía de Capitán.

Así mismo, de las deposiciones de la ciudadana Durtmelia Josefina Guzmán, funcionario adscrito al Hospital Victorino Santaella, se evidencia a decir del querellante que la fecha en que se practicó el examen antidoping fue el 28 de julio de 2011, cuestión que a su decir no es cierta, toda vez que éste se practicó dicho examen en fecha 23 del mismo mes y año.

Reclama que se le violentó su derecho a la defensa y al debido proceso, cuando no fueron valoradas las pruebas aportadas por éste a los autos, una de las cuales resalta consistía en la prueba antidoping realizada ante la Clínica LR Clinitest C.A., en la que se dejó constancia del resultado negativo de la misma; igualmente del examen antidoping que se le realizó al momento de su reingreso a la Institución, así como tampoco se le acordó la posibilidad de evacuarle nuevamente una prueba antidoping una vez aperturado el procedimiento disciplinario.

Resalta que al momento de la promoción de pruebas solicitó la evacuación de las testimoniales de algunos funcionarios adscritos al Instituto de Bomberos del Estado Bolivariano de Miranda, solicitando al efecto que la Dirección de Recursos Humanos de dicho ente procediera a facilitarle su ubicación, lo cual fue negado.

Por ello solicita que el escrito presentado sea declarado CON LUGAR en la sentencia definitiva que lo provea.

Por su parte la representación judicial del ente querellado procedió a dar contestación a la presente querella en los términos siguientes:

Aduce que el escrito presentado se encuentra viciado de imprecisiones y errores que hacen difícil estructurar la defensa del ente recurrido, señalando que los argumentos de la parte querellante constituyen “fabulaciones fantásticas”, con las que se pretende influir en el ánimo de éste Juzgador.

Advierte, que la averiguación disciplinaria que dio origen a la destitución del querellante se inició al momento de conocerse el resultado del despistaje antidoping practicado el veintitrés (23) de julio de 2010, durante el procedimiento de ascensos. Dispuesto...

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