Decisión nº DP11-R-2010-000375 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Aragua, de 13 de Febrero de 2012

DOCUMENTAL: Acta Constitutiva de American Textile Services C.A. (folios 289 al 295 pieza 1). Se otorga valor probatorio a su fecha de constitución, objeto, accionistas y cargos de Presidente y Vice-Presidente, elementos que coadyuvan a la solución de algunos de los aspectos controvertidos, como se especificará en la parte motiva del fallo. Aasí se decide.

De conformidad a lo establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se ordenó oficiar, a:

1. - BANCO DE VENEZUELA, Sucursal Maracay. Consta al folio 130 de la pieza 2 del expediente, comunicación GRC-2009-2974 del 11/11/2011, suscrita por la ciudadana C.V.d.D.d.S.d.I.d.C., observándose sello húmedo, a través de la cual se informa al Tribunal que el ciudadano H.W.B. no aparece como titular ni firmante en la cuenta corriente N° 0102-0358-99-00-00093965. El Tribunal desecha la información suministrada toda vez que nada aporta al controvertido.- Así se establece.

2. - CAJA REGIONAL DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, Seccional Cagua, Estado Aragua. Consta al folio 79 de la pieza 2 del expediente, Oficio N° 1058/09, que se desecha del debate probatorio por cuanto no aporta elementos para la solución de lo controvertido. Y así se decide.

   En la audiencia de juicio se verifica que la parte promovente desistió de las pruebas de Informe al:

   - SERVICIO AUTONOMO DE PROPIEDAD ITELECTUAL (SAPI) en la ciudad de CARACAS.

   - SALA DE ORGANIZACIONES SINDICALES DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO ARAGUA.

   -SALA DE CONVENCIONES COLECTIVAS DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO ARAGUA.

   - NOTARIA PÚBLICA CUARTA DE MARACAY. Razón por la cual nada tiene que valorar este tribunal.-

   -DE LA COMUNIDAD DE LA PRUEBA: Esta Alzada considera que tal alegación no constituye un medio de prueba en razón de tratarse del principio que rige en todo el sistema probatorio venezolano y que el Juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte, razón por la cual al no ser promovido un medio probatorio susceptible de valoración, se considera improcedente valorar tales alegaciones. Así se decide.

   PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA: H.W.B..

1. - Testigos: KLYVEIDYX NAYARI CHACON BARON, R.M.L.L. y Y.C.B.R., Titulares de las Cedulas de Identidad Nº: 12.854.709, 12.916.657 y 18.175.974, respectivamente, se verifica que no comparecieron al acto los testigos promovidos, por lo tanto nada tiene que valorar este tribunal. Así se decide.

2. - DOCUMENTALES:

   2.1) Marcadas con las letras “B”, “C”, “D”, “F”, “G”, “H” y “J” Actas Constitutivas, insertas a los folios 299 al 351 y 359 al 365 pieza 1: Este Tribunal se pronunció supra respecto al desistimiento de las mismas. Así se decide.

   Actas Constitutivas, marcadas con las letras “I” (folios 352 al 358 pieza 1): Relativa a la empresa AMERICAN TEXTILE SERVICES C.A. No fue desechada del debate probatorio a través de los medios legalmente establecidos. Se otorga valor probatorio a su fecha de constitución, objeto, accionistas y cargos de Presidente y Vice-Presidente, elementos que coadyuvan a la solución de algunos de los aspectos controvertidos, como se especificará en la parte motiva del fallo. Y así se decide.

   2.2) C.d.I. en el Registro Agrario; C.d.R.d.P. y Empresas Agropecuarias; Contrato Integral para la Asistencia Promoción y Fomento de la Producción y Comercialización de Maíz; Certificado de Inscripción en el Registro Tributario de Tierras (SENIAT); marcadas “2”, “3” y “4” (folios 366 al 376 pieza 1): el Tribunal observa que no aportan elementos para la solución de lo controvertido y por tanto se desechan del debate probatorio. Y así se decide.

   PRUEBA DE INFORMES

   1) BANCO DE VENEZUELA, Sucursal Maracay calle Páez. Consta al folio 128 de la pieza 2 del expediente, comunicación GRC-2009-2973 del 11/11/2009, suscrita por la ciudadana C.V.d.D.d.S.d.I.d.C., observándose sello húmedo, a través de la cual se informa al Tribunal que el ciudadano H.W.B. no aparece como titular ni firmante en las Cuentas Corrientes No. 0102-0348-13-0000011086, y 0102-0358-99-0000093965. Nada aporta al controvertido, se desecha del proceso. Verifica esta Alzada que nada aporta al controvertido. Así se decide.

   La parte promovente desiste de las pruebas de Informes: AGROISLEÑA C.A. , SERVICIO AUTÓNOMO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS (M.A.T.), Seccional Maturín, REGISTRO TRIBUTARIO DE TIERRAS DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE REGION NOR ORIENTAL, MATURIN, ESTADO MONAGAS y SALA DE ORGANIZACIONES SINDICALES DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO ARAGUA; por lo que nada tiene que valorar este Tribunal. Así se decide.

4. - DE LA COMUNIDAD DE LA PRUEBA: Esta Alzada considera que tal alegación no constituye un medio de prueba en razón de tratarse del principio que rige en todo el sistema probatorio venezolano y que el Juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte, razón por la cual al no ser promovido un medio probatorio susceptible de valoración, se considera improcedente valorar tales alegaciones. Así se decide.

   Analizadas las pruebas aportadas por las partes, para decidir esta Superioridad observa:

   Que, los demandados CTS SERVICES C.A., AMERICAN TEXTIL SERVICE, C.A. y el Ciudadano H.W.B. - demandados en forma solidaria - en sus escritos de contestación a la demanda interpuesta, en primer término, oponen como defensa de fondo, la prescripción de la acción interpuesta por la accionante, tanto del beneficio de las utilidades reclamadas como de la demanda interpuesta, para posteriormente, negar relación laboral con la accionante así como que le deban beneficio laboral alguno a esta.

   Con relación a la oposición de esta Defensa – que indudablemente no lo fue bajo la modalidad de defensa subsidiaria sino de fondo- ya la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado en innumerables fallos, señalando, que debe entenderse que existe de entrada un reconocimiento de la parte demandada de la existencia de la relación laboral, dado que no es dable oponer una defensa en relación a un derecho que no existe.

   A cuyos efectos esta Alzada traer a colación, diuturnas decisiones emanadas de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia respecto al punto planteado: 1)- Sentencia N° AA60-S-2006-001430 del 23 de enero de 2007 caso L.O.M.U., contra el CONSULADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en la cual se dejo por sentado lo siguiente: “(…)En este orden de ideas, esta Sala de Casación Social en diversas decisiones ha establecido lo que de seguida se reproduce: “(…) lo que queda reconocido evidentemente es la relación de trabajo, puesto que lógicamente no se puede oponer la prescripción de la acción de un derecho que no existe, y por ende al oponerse la defensa perentoria en cuestión, el demandado evidentemente reconoció con este acto la relación de trabajo existente entre la empresa y sus trabajadores” (Sentencia N°: 306, de fecha 13 de noviembre de 2001). 2) “…En el caso concreto, del análisis del libelo y de la contestación evidencia la Sala que los límites en los cuales ha quedado planteada la controversia, conforme a la pretensión deducida y a las defensas opuestas van dirigidos a determinar la prescripción, la falta de interés de la demandada, y los conceptos laborales demandados, pues la relación de trabajo quedó tácitamente admitida al haber opuesto en primer lugar la prescripción”. (Sentencia N°: 59, de fecha 01 de marzo de 2005)

   Así pues, acorde con los criterios antes parcialmente transcritos que esta Alzada comparte a plenitud, del examen de los hechos revelados en los escritos de la contestación de la demanda por parte de los demandados CTS SERVICIOS C.A., AMERICAN TEXTIL SERVICE, C.A. y H.W.B., queda establecido que al oponer estos como defensa de fondo la prescripción de la acción interpuesta por la accionante, es por lo que esta Superioridad declara y determina que se ha patentizado el reconocimiento de la existencia de la relación de trabajo, por una parte, entre la parte actora y las sociedades de comercio demandadas AMERICAN TEXTIL SERVICE, C.A. y el Ciudadano H.W.B. y aunado a ello, la sociedad de comercio también demandada CTS SERVICIOS C.A. afirmó igualmente en su escrito de contestación, que había absorbido a la accionante desde el mes de Junio del año 2006, por paralización de la empresa el 26 de junio de 2006 - dando así lugar a la aplicación de la doctrina acogida por la Sala, según la cual, la oposición de la excepción perentoria de la prescripción implica un reconocimiento tácito de la pretensión, que solo se enerva con la proposición de un hecho nuevo que modifique, extinga o impida sus efectos; siendo ello así, resulta evidente la contradicción existente en la litis contestación- toda vez que al oponerse tal defensa en los términos de los demandados: CTS SERVICIOS C.A, AMERICAN TEXTIL SERVICE, C.A. y el Ciudadano H.W.B., debe el Sentenciador concluir y establecer la consumación en el reconocimiento de la relación de trabajo, sin tener que pasar este Tribunal en consecuencia a efectuar circunspección ni análisis alguno, sobre si están dados o no los elementos de una relación de naturaleza laboral. Así se establece.

   Establecido lo anterior y a mayor abundamiento por parte de esta Alzada respecto al establecimiento de la solidaridad de los demandados, es conveniente indicar también, que el artículo 94 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece la responsabilidad que corresponde a la persona - bien natural o jurídica - en cuyo provecho se presta un servicio, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria entre estos, siendo obligación de este Tribunal, establecer la responsabilidades que correspondan a los patronos contra todo acto que pretenda desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral. Así se establece

   Sobre el particular, la Sala Constitucional también ha establecido en sentencia de No.183, fecha 08 de febrero de 2002, entre otros, lo siguiente:

   …En ejercicio de su derecho de defensa, el citado como demandado, a fin de precisar su condición, puede controlar los errores en su identificación …. si considera que él no es el verdadero demandado, hasta con la oposición de la falta de cualidad o interés en su persona, si fuere procedente… Ahora bien, quien comparece por el demandado a trabar la litis, debe tener una apariencia que lo confunde con el accionado, que permita al juez considerar que realmente lo es, ya que si el juez cree que quien va a trabar la litis no es el demandado -y por lo tanto no es parte- no puede permitirle actuar en el juicio,…. Luego, para que el juez admita procesalmente a alguien como demandado, es porque él está convencido que lo es, ya que el nombre, la denominación comercial u otro signo individualizador de quien acude al juicio atendiendo la citación, a pesar de no ser exacto al señalado por el demandante en la demanda como identificador del demandado, sin embargo hace presumir seriamente al Juez que lo es. Si quien comparece como demandado, por haber sido citado como tal, no niega diáfanamente su condición; no pide correcciones del libelo, a fin de precisar si se trata o no de él; o no utiliza la defensa de falta de cualidad (artículo 361 del Código de Procedimiento Civil), el juez deberá tenerlo como tal, si en autos existen indicios que realmente lo sea, a pesar de no coincidir exactamente su identificación, con la suministrada por el accionante en la demanda. Establecido lo anterior, la Sala apunta, que no escapa de su conocimiento, el que sobre todo en el campo de las personas jurídicas, se trate de diluir la responsabilidad de las mismas, constituyendo diversas compañías de manera que unas enmascaran a las otras y hacen difícil a los futuros accionantes determinar a quién demandar. Se trata de un tipo de fraude que en principio nada tiene que ver con la existencia de los grupos o unidades económicas y su pluralidad de empresas.

   Así mismo, apunta la Sala, que por notoriedad judicial conoce cómo en materia laboral, las personas jurídicas patronales utilizan prácticas tendentes a confundir al trabajador sobre quién es su verdadero empleador; o como surgen -a veces hasta por azar- situaciones que enmascaran al verdadero patrón. Esto último puede ocurrir cuando el trabajador presta sus servicios en un fondo de comercio con un nombre comercial definido, recibe el pago y las instrucciones de una persona física, pero desconoce -ya que recibe información insuficiente- quién es el verdadero empleador, por lo general una persona jurídica a quien el trabajador ignora. Los enmascaramientos y la información insuficiente son actitudes violatorias del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, y que contrarían el artículo 1.160 del Código Civil, que pauta que los contratos (entre los que está el de trabajo) se ejecutan de buena fe… (sic) Los contratos de trabajo, como cualquier contrato, deben ser cumplidos de buena fe, y la buena fe del trabajador se funda en la creencia que la persona con quien mantiene la relación es realmente el patrono, que es quien le paga y le da órdenes o instrucciones, por lo que desconoce a la sociedad empleadora, sus datos de registro, sus representantes, etc…

   Vista la decisión anterior parcialmente trascrita que esta Alzada comparte a plenitud, precisa quien juzga que yerra la recurrida al precisar que el Ciudadano H.B. no es responsable solidariamente en el presente asunto para con la accionante, inadvirtiendo lo ya diuturnamente recorrido por la Sala Social respecto al alegato o defensa de fondo de la prescripción que también opuso en su contestación a la demanda incoada; no obstante, se reitera, los hechos a los cuales ha hecho referencia esta Alzada anteriormente, vinculan solidariamente, a los demandados para responder por los pasivos laborales de la accionante, según el comportamiento y conjugación de los hechos establecidos en abundancia por esta Superioridad supra y que son en definitiva los que han conducido a este Tribunal Superior del Trabajo a establecer y declarar que las sociedades de comercio CTS SERVICIOS C.A, AMERICAN TEXTIL SERVICE C.A y el Ciudadano H.W.B., son solidariamente responsables para responder por los pasivos laborales de la hoy accionante. Así se decide.

   Determinado lo anterior, pasa esta Alzada a pronunciarse respecto al establecimiento de la fecha de inicio de la relación laboral invocada por la representación judicial de la parte actora en la Audiencia de Apelación.

   Revisada y analizadas las documentales aportadas, y vista la determinación de la responsabilidad de la empresa CTS SERVICIOS, C.A., y solidariamente responsables la empresa AMERICAN TEXTILE SERVICES, C.A. y el ciudadano H.W.B., establece esta Alzada que comparte el criterio sostenido por la recurrida en cuanto a que la parte actora no aportó elementos que logren crear la convicción en este Juzgador que la relación laboral se inició en la fecha indicada en el escrito libelar; y en ese sentido, se ratifica la determinación realizada por la juzgadora de primer grado, en el sentido, de consideración como fecha de inicio de la relación laboral, el día de constitución de la primera de las empresas supra mencionada, es decir, la sociedad mercantil CTS SERVICIOS, C.A., dejando establecido que la misma comenzó el 26 de agosto de 2002. Así se decide.

   Determinado loa anterior, forzoso es ratificar la improcedencia de la suma reclamada por compensación por transferencia. Así se declara.

   Ahora bien, en cuanto a la solicitud de cancelar el beneficio de alimentación (cesta ticket), en base al valor actual de la unidad tributaria, cree oportuno esta Alzada traer a colación decisión de la Sala de Casación Social, donde puntualizó:

   De la lectura de la sentencia recurrida se observa que el ad quem condenó a la demandada al pago del beneficio de alimentación conforme al artículo 36 del Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, es decir, “en base a la unidad tributaria vigente para el momento que la parte demandada cumpla con su pago”, bajo el fundamento de que el patrono no cumplió con el pago de dicho beneficio en la oportunidad correspondiente.

   El Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Alimentación Para los Trabajadores, establece:

   Artículo 36.-Si durante la relación de trabajo el empleador o empleadora no hubiere cumplido con el beneficio de alimentación, estará obligado a otorgarlo retroactivamente al trabajador o trabajadora desde el momento en que haya nacido la obligación a través de la entrega de cupones, tickets o tarjetas electrónicas de alimentación independientemente de la modalidad elegida.

   En caso de terminación de la relación de trabajo por cualquier causa, sin que el empleador o empleadora haya cumplido con el beneficio de alimentación, deberá pagarle al trabajador o trabajadora, a título indemnizatorio lo que le adeude por este concepto en dinero efectivo.

   En ambos casos el cumplimiento retroactivo será con base en el valor de la unidad tributaria vigente al momento en que se verifique el cumplimiento. (Resaltado de la Sala).

   De la lectura del artículo transcrito se desprende que el patrono que deje de pagar a sus trabajadores el beneficio de alimentación, deberá pagarle en efectivo dicho beneficio desde el momento en que haya nacido la obligación, en base a la unidad tributaria vigente al momento en que se verifique el cumplimiento.

   Ahora bien, del escrito libelar se desprende que los demandantes reclaman a la Alcaldía del Municipio Páez del Estado Portuguesa, el beneficio de alimentación o cesta tickets hasta el 20 de febrero de 2006; y el Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, entró en vigencia en fecha 25 de abril de 2006.

   Respecto al principio de irretroactividad de la ley, el artículo 24 de la Constitución de 1999, contempla lo siguiente:

   Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.

   Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea

   (Resaltado de la Sala).

   En relación con este principio, la Sala Constitucional, en decisión Nº 15 del 15 de febrero de 2005 (caso: T.A.R. y otros), señaló lo siguiente:

   (…) La garantía del principio de irretroactividad de las leyes está así vinculada, en un primer plano, con la seguridad de que las normas futuras no modificarán situaciones jurídicas surgidas bajo el amparo de una norma vigente en un momento determinado, es decir, con la incolumidad de las ventajas, beneficios o situaciones concebidas bajo un régimen previo a aquél que innove respecto a un determinado supuesto o trate un caso similar de modo distinto. En un segundo plano, la irretroactividad de la ley no es más que una técnica conforme a la cual el Derecho se afirma como un instrumento de ordenación de la vida en sociedad. Por lo que, si las normas fuesen de aplicación temporal irrestricta en cuanto a los sucesos que ordenan, el Derecho, en tanto medio institucionalizado a través del cual son impuestos modelos de conducta conforme a pautas de comportamiento, perdería buena parte de su hálito formal, institucional y coactivo, ya que ninguna situación, decisión o estado jurídico se consolidaría. Dejaría, en definitiva, de ser un orden’.

   En un caso análogo, esta Sala en sentencia Nº 0326 de fecha 31 de marzo de 2011 (caso: J.M.M.A. y Otros contra Alcaldía del Municipio Páez del Estado Portuguesa), estableció:

   Ahora bien, ciertamente, tal como lo adujo el Juez a quo, fue a partir del 28 de abril del 2006, que se estableció la forma de cancelar el patrono el beneficio no pagado en el tiempo que debía hacerlo, en cuyo supuesto se estipula que debe hacerse con base en el valor de la unidad tributaria vigente para el momento en que se verifique el cumplimiento.

   Sin embargo, antes de la entrada en vigencia de dicho Reglamento, cuando no existía tal especificación normativa, conforme a la jurisprudencia dictada por esta Sala de Casación Social, en la interpretación de las normas relativas a Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, posteriormente Ley de Alimentación para los Trabajadores, la solución había sido que el beneficio de alimentación adeudado debía cancelarse por los días efectivamente laborados, calculados por el valor de la unidad tributaria que refiere la norma -artículo 5, parágrafo primero-, para el momento en el cual nació el derecho a percibir el referido beneficio, es decir, al valor de la unidad tributaria vigente para cada período.

   En el presente caso, como antes ya se especificara, se reclama el incumplimiento del suministro del beneficio de alimentación, en el período comprendido desde el 1° de abril de 2001 hasta el 20 de febrero de 2006, es decir, cuando aún no se encontraba vigente el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores.

   (Omissis)

   Así las cosas, la decisión del Superior resulta contraria al principio de irretroactividad de la Ley, al aplicar indebidamente el contenido del artículo 36 del Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, el cual no existía para el momento en que se generó la falta de cumplimiento del beneficio de alimentación en cupones, generando con tal proceder consecuencias determinantes en la dispositiva del fallo, y por esta razón se anula el fallo recurrido.

   Así pues, de conformidad con el contenido del artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los criterios jurisprudenciales transcritos supra, se evidencia que el ad quem incurrió en violación de normas de orden público, ya que ordenó a la demandada el pago del beneficio de alimentación en base a una normativa legal que no se encontraba vigente para el período en que los demandantes reclamaron el beneficio de alimentación o cesta tickets, razón por la cual se declara con lugar el presente Recurso de Control de Legalidad y por consiguiente, la nulidad del fallo impugnado emanado del Tribunal Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, de fecha 13 de julio de 2010…

   Vista la decisión que antecede, que esta Alzada comparte a plenitud; y siendo que en el presente asunto fue acordado el beneficio desde el día 26 de agosto de 2002 hasta el mes de septiembre de 2006; lo que hace un total de 1.045 jornadas laboradas, tomando como base el 0,25 del valor de la unidad tributaria vigente para el mes de septiembre de 2006, precisándose que, el beneficio que también se generó posterior al día 28 de abril del 2006, fecha en que entró en vigencia el Reglamento de la Ley de Alimentación Para los Trabajadores (aplicable ratione temporis), estableció la forma de cancelar el patrono el beneficio no pagado en el tiempo que debía hacerlo, en cuyo supuesto se estipula que debe hacerse con base en el valor de la unidad tributaria vigente para el momento en que se verifique el cumplimiento, en tal sentido, esta Alzada acuerda el beneficio generado a partir del día 28 de abril de 2006 hasta el mes de septiembre de 2006, lo que hace un total de 109 jornadas laboradas, tomando como base el 0,25 del valor de la unidad tributaria actual. Así se declara.

   Determinado lo anterior, pasa esta Alzada a cuantificar el beneficio acordado considerando las jornadas acordadas por la juzgadora de primera instancia y que fueran indicadas supra, ya que dicho punto no fue solicitada su revisión, siendo el cálculo el siguiente:

   Jornada Unidad Tributaria Monto

   936 Bs.8,4 (0,25 Valor 09/2006) 7.862,40

   109 Bs.19 (0,25 Valor Actual) 2.071,00

   Total Bs. 9.933,40

   Siendo la suma antes determinada, es decir, nueve mil novecientos treinta y tres bolívares con cuarenta céntimos (Bs.9.933,40), que esta Alzada acuerda por concepto de beneficio contemplado en la Ley de Alimentación para los Trabajadores aplicables ratione temporis. Así se declara.

   Se ordena la corrección monetaria sobre la suma de Bs.7.862,40, ya que la restante cantidad acordada fue calculada en base a la unidad tributaria actual, en ese sentido la corrección monetaria acordada, se calculará de la manera siguiente: Desde el día 10 de julio de 2008 hasta la fecha de su pago efectivo, excluyendo únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, como vacaciones judiciales. El cálculo se hará mediante experticia complementaria del fallo, la cual se debe practicar considerando: 1º) Será realizada por un único perito designado por el Tribunal, siendo sufragados sus emolumentos por la parte accionada; 2°) El perito, a los fines del cálculo de la indexación, ajustará su dictamen al Índice de Precios al Consumidor, publicados en los respectivos boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela.

   Finalmente, por todos los argumentos antes expuestos, esta Alzada debe declarar Parcialmente Con Lugar la apelación ejercida por la parte actora, se modifica la decisión apelada y en consecuencia, se declara Parcialmente Con Lugar la demanda interpuesta. Así se decide.

   IV

   DECISIÓN

   En virtud de las razones antes expuestas este Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte actora contra la decisión publicada en fecha 24 de noviembre de 2011, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay. SEGUNDO: SE MODIFICA la anterior decisión en los términos antes expuestos por esta Alzada y en consecuencia, se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por la Ciudadana T.S.C., titular de la cédula de Identidad No.2.521.475 contra las sociedades de comercio AMERICAN TEXTIL SERVICE C.A. y CTS SERVICIOS C.A y el Ciudadano H.W.B., supra identificados, por lo que se condena solidariamente a los demandados a cancelar a la parte actora la suma y concepto determinado en la motiva de la presente decisión.- TERCERO: No se condena en costas del recurso dada la naturaleza de la presente decisión.

   Publíquese, regístrese, déjese copia y remítase el expediente al Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, a los fines de su ejecución.

   Remítase por medio de Oficio, copia certificada de la presente decisión a la Ciudadana Juez a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, a los fines de su control.

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los Trece (13) días del mes de febrero de 2012. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

   LA JUEZA SUPERIOR,

   A.M.G.

   LA SECRETARIA,

   K.G.T.

   En esta misma fecha, siendo las 11:00 a.m. se publicó y registró la anterior sentencia.

   LA SECRETARIA,

   K.G.T.

   ASUNTO No. DP11-R-2010-000375

   AMG/kgt