Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil de Lara, de 8 de Junio de 2011
| Fecha de Resolución | 8 de Junio de 2011 |
| Emisor | Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil |
| Ponente | José Antonio Ramírez Zambrano |
| Procedimiento | Nulidad Asiento Registral |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, ocho de junio de dos mil once
201º y 152º
ASUNTO: KP02-R-2011-000068
PARTE DEMANDANTE: T.G., venezolana, mayor de edad, divorciada, titular de la Cédula de Identidad No. 2.120.466,y de este domicilio.
PARTE DEMANDADA: OFICINA SUBALTERNA DE REGISTRO PUBLICO DEL MUNICIPIO PALAVECINO DEL ESTADO LARA, EL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS Y LA ASOCIACIÓN CIVIL COMITÉ PRO DERECHOS A LA VIVIENDA DE LOS PINOS (ASOCIAPROVIVEPIN).
MOTIVO: NULIDAD DE ASIENTO REGISTRAL.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA. (Se plantea el conflicto de no conocer)
Fueron remitidas las presentes actuaciones por la URDD Civil del Estado Lara, en fecha 03/05/2011, por corresponderle a este Superior Segundo por distribución; en fecha 04/05/2011, se dictó auto en el que se dió entrada y se fijó para el décimo día de despacho siguiente el acto de informes. En fecha 20/05/2011 siendo la oportunidad para el acto de informes se dejó constancia que nadie presente informes y se acogió el lapso para dictar y publicar sentencia.
Este tribunal observa:
Tal como fue supra afirmado, las presentes actuaciones fueron enviadas por la URDD Civil del Estado Lara, por corresponderle a este Superior Segundo por distribución; actuaciones provenientes del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, quien mediante decisión de fecha 30/03/2011, declaró su incompetencia para conocer y decidir en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana T.G., asistida por la Abg. V.G., en su carácter de parte actora, contra la decisión interlocutoria de fecha 17/01/2011, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante la cual negó la medida cautelar innominada por ella solicitada . Por lo que declina la competencia ante uno de los Tribunales Superiores en lo Civil, Mercantil y del T.d.E.L., señalando como fundamentos los que a continuación se resumen así:
Que la acción ejercida es una acción de naturaleza civil que encuentra su estudio específicamente en el derecho patrimonial (bienes), y en donde el ejercicio de esa acción ha sido otorgado en principio a personas privadas como consecuencia de una relación de derecho preexistente o una situación de hecho tutelada por el ordenamiento jurídico y que para el caso en concreto se cuenta necesariamente vinculada a otro sujeto de derecho de carácter privado. Que los sujetos procesales que integran la presente relación jurídica procesal, están en conflicto con la única finalidad de sostener y hacer valer sus derechos personales e intereses privados. Que debe precisarse de manera inequívoca que el estudio de acciones como la presente está atribuido a la jurisdicción civil ordinaria, es decir, corresponde a ésta la competencia material funcional para dirimir todas aquellas controversias surgidas entre particulares o sujetos de derecho estrictamente privado.
Entre otras cosas señaló, que con ocasión a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ese Juzgado Superior adquirió una nueva denominación, salvo lo previsto en su Disposición Final, que lo califica como un Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pese a que todavía sigue con la denominación de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental; esa aplicación calificativa no implica un desconocimiento del nuevo régimen de competencia al cual se encuentra sometido como Juzgado Superior por imperativo de una Ley Orgánica, que no se determinó entre sus competencias la de conocer en alzada los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los Órganos Jurisdiccionales de instancia con competencia en materia ordinaria (Civil, Mercantil o Tránsito). Que la esfera de competencias, en razón de la materia corresponden a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, pues a ellas se hace obligatoriamente extensible la Disposición Derogatoria de la Ley que comenta al establecer, que y cita: “Se derogan todas las disposiciones del ordenamiento jurídico que colidan con esta Ley”, máxime que en el presente caso no se está en presencia de previsión alguna contenida en ley especial que atribuya la competencia a ese Juzgado Superior para ejercer la competencia Civil ordinaria en segunda instancia, pues insiste, dicha competencia le ha sido completamente derogada con la Ley que actualmente regula la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Razón por la cual señala que, de manera forzosa se ha producido una pérdida de sus poderes jurisdiccionales sobre la materia (Civil) debatida en el caso de autos.
En otro orden de ideas señaló, que el Tribunal a su cargo fue creado mediante Decreto N° 2057, de fecha 8 de marzo del 1977, publicado en la Gaceta Oficial N° 31201 de fecha 23 de marzo de 1977, en el cual originalmente le fue atribuida la materia Civil ordinaria en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás textos normativos, que en principio considera que podría afirmarse que corresponde a ese Tribunal Superior el conocimiento del recurso de apelación a que se contrae el presente juicio Civil, en virtud de que dicha competencia la ha venido ejerciendo en tiempo reciente. Que entre las competencias que inicialmente tenía ese Juzgado le fueron sustrayendo significativamente competencias ajenas a la materia contencioso administrativa, con la creación de Juzgados Superiores Regionales, produciéndose así un acercamiento al principio de especialización que debe privar en la distribución de competencias de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que para evitar una dualidad funcional respecto al conocimiento en primera instancia para una materia determinada, y en segunda instancia para el ejercicio de otra competencia material. Que ante la ausencia de un cuerpo normativo que regulara de manera armónica el régimen de competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ese Juzgado Superior Regional perteneciente a dicha jurisdicción continuó ejerciendo competencia en materia Civil, específicamente en segunda instancia, la cual se mantuvo pese a que fueron suprimiendo aquellas que no eran propias a este Juzgado, bien por resolución o promulgación de leyes que determinaron la organización y estructura de Tribunales que en razón de su especialidad debían imperativamente asumir tales competencia. Señala que al entrar en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en fecha 16/06/2010, concebida como un cuerpo normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los tribunales que integran dicha jurisdicción, la cual según su decir vino a derogar el conjunto de normas competenciales que transitoria y aisladamente regían al contencioso administrativo, con la existencia de una estructura jurisdiccional destinada exclusivamente a conocer los juicios administrativos ajena a la jurisdicción civil ordinaria, en donde se requiere estar en presencia de verdaderos Tribunales de lo Contencioso Administrativo.
Quien suscribe el presente fallo reconoce que este Juzgado Superior Segundo sí es competente para conocer en segundo grado de todas las acciones civiles que le corresponda conocer por distribución de los recursos ejercidos contra las decisiones dictadas por los Juzgados de esta Circunscripción Judicial que conozcan en primera instancia en ese tipo de acciones, pero disiente del argumento dado por la Juez declinante en el sentido de que el Tribunal a su cargo, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, y precedentemente expuesto en virtud que no se le ha derogado la competencia en materia civil-bienes, con ocasión a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y así lo ha señalado la Sala de Casación Civil de nuestro m.T.d.J. en decisión de fecha 12/04/2011 Exp. N° AA20-C-2010-000539, en ponencia conjunta, al indicar: “Omisis… estas consideraciones ponen de manifiesto que los Tribunales Superiores Civiles a los que les fue atribuida transitoriamente la competencia contencioso administrativa, no han perdido su competencia natural en materia civil,…”.
Revisadas las presentes actuaciones se evidencia que, el presente proceso se refiere a un juicio de Nulidad de Asiento Registral intentado por la ciudadana T.G., en contra de la Oficina Subalterna de Registro Publico del Municipio Palavecino del Estado Lara, el Instituto Nacional de Tierras y la Asociación Civil Comité Pro Derechos a la Vivienda de los Pinos (Asociaprovivepin), ya identificados en autos, el cual es eminentemente de carácter patrimonial y por ende es de materia Civil-Bienes aunado al hecho que dentro de los codemandados aparece un ente del Estado como lo es el Instituto Nacional de Tierras, lo cual de acuerdo al artículo 25 ordinal 2° de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa atribuye la competencia al Tribunal declinante y como quiera que al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental es a quien inicialmente le correspondió conocer por la distribución efectuada por la Unidad Receptora y Distribuidora de Documentos Civiles del Estado Lara, por lo que éste es el Juzgado Superior en lo Civil Natural con respecto a este Juzgado Superior Segundo, quien no acepta la declinatoria de competencia efectuada por el mismo.
En consecuencia este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, plantea conflicto negativo de competencia de conformidad a lo previsto en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil. Remítase a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, para que regule la competencia.
DISPOSITIVA
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Segundo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: NO ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA planteada por la Juez del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, para conocer del presente juicio que por Nulidad de Asiento Registral que sigue la ciudadana T.G., en contra de la Oficina Subalterna de Registro Publico del Municipio Palavecino del Estado Lara, el Instituto Nacional de Tierras y la Asociación Civil Comité Pro Derechos a la Vivienda de los Pinos (Asociaprovivepin), ya identificadas en autos. En consecuencia plantea el conflicto negativo de competencia de conformidad a lo previsto en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil.
Remítase en su oportunidad a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia a objeto de que regule la competencia.
De conformidad a lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, déjese copia certificada del presente fallo.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil del Estado Lara, en Barquisimeto a los ocho (08) días del mes de Junio de dos mil once (2.011).
EL JUEZ TITULAR
ABG. J.A.R.Z.
LA SECRETARIA
ABG. MARIA CAROLINA GOMEZ DE VARGAS
Publicada en su fecha 08/06/2011 a las 03:15 p.m.
LA SECRETARIA
ABG. MARIA CAROLINA GOMEZ DE VARGAS
