Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 18 de Marzo de 2013

JUZGADO SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DE LA REGIÓN CAPITAL

PARTE QUERELLANTE: TAIZZA M. SALAS DE CONTRERAS

APODERADO JUDICIAL DEL QUERELLANTE: K.A.A.P..

ENTE QUERELLADO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.

APODERADA JUDICIAL DEL ENTE QUERELLADO: ÁNGEL A.M. CRUCES.

OBJETO: PAGO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES E INTERESES DE MORA.

En fecha 21 de septiembre de 2012, se recibió en este Juzgado Superior, previa distribución, la presente querella interpuesta por el abogado K.A.A.P., Inpreabogado Nº 46.233, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana T.M.S.D.C., titular de la cédula de identidad Nº 5.033.685, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.

En fecha 26 de septiembre de 2012, se admitió la querella y se ordenó citar a la ciudadana Procuradora General de la República, para que de conformidad con lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con los artículos 81 y 82 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le diera contestación a la querella. Igualmente se ordenó notificar al Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria.

En fecha 12 de diciembre de 2012, el abogado Á.A.M.C., Inpreabogado Nº 136.884, actuando como sustituto de la Procuradora General de la República, dio contestación a la querella interpuesta.

En fecha 14 de enero de 2013, se celebró la audiencia preliminar, dejando constancia de la comparecencia de la parte querellante, quien no solicitó la apertura del lapso probatorio.

En fecha 24 de enero de 2013, se celebró la audiencia definitiva, dejando constancia que se encontraban presentes ambas partes, e igualmente se dejó establecido que el dispositivo del fallo sería consignado dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes.

En fecha 29 de marzo de 2013, este Tribunal dictó auto para mejor proveer, designando como experto al ciudadano G.E.D.Z., titular de la cédula de identidad Nº 9.125.954, a los fines de que ilustrara a este Tribunal para el pronunciamiento de la sentencia correspondiente, lo relacionado con el monto que por concepto de prestaciones sociales le cancelara el órgano querellado a la actora. Al efecto se ordenó notificar al referido experto, para que compareciera al segundo (2do) día de despacho siguiente a su notificación, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), a fin de que manifestara su aceptación o excusa para el cargo que fue designado.

En fecha 31 de enero de 2013, este Juzgado suspendió por un lapso de diez (10) días de despacho la publicación del dispositivo del fallo, a fin de que fuese consignado el informe pericial requerido al experto designado en fecha 29 de marzo de 2013.

En fecha 04 de febrero de 2013, se celebró el acto de juramentación de experto, compareciendo el ciudadano G.E.D.Z., quien aceptó el cargo para el cual fue designado y juro cumplir bien y fielmente. Asimismo solicitó un lapso de diez (10) días de despacho para cumplir con la misión encomendada. En fecha 26 de febrero de 2013, el experto consignó la experticia.

En fecha 27 de febrero de 2013, se dictó y consignó dispositivo del fallo declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta, e igualmente se informó a las partes que el texto íntegro de la sentencia se publicaría dentro de los diez (10) días de despacho siguientes, de conformidad con el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Ahora bien, siendo la oportunidad para dictar el extenso de la sentencia, este tribunal lo hace sin narrativa y con exposición breve y concisa de los extremos de la litis por exigirlo así el artículo 108 ejusdem, lo cual se hace en los siguientes términos:

I

MOTIVACIÓN

El apoderado judicial de la querellante, señala que su representada estuvo aproximadamente veinticinco (25) años de servicio en la Administración Pública, como Personal Docente. Que, ingresó en fecha 15 de septiembre de 1983, como Docente Ordinario Instructor I, a Dedicación Exclusiva, en el Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial del estado Trujillo, donde permaneció hasta el año 1991. Que, de allí fue trasladada al Instituto Agroindustrial Región Los Andes, en San Cristóbal, estado Táchira, donde concluyó toda su carrera profesional como Docente Fijo / Ordinario, alcanzando la categoría de titular a Dedicación Exclusiva, y egresó como Jubilado el 01 de enero de 2009, según el Acto Administrativo contenido en la Resolución Nº 3221, de fecha 03 de noviembre de 2008.

Que en fecha 27 de Junio del 2012, su representada recibió como pago de prestaciones sociales la cantidad de trescientos cincuenta y cinco mil diez bolívares con once céntimos (Bs. 355.010,11), presentando errores el cálculo que condujo a tal monto, pues estima que la cantidad que debió cancelársele asciende a quinientos ochenta y cinco mil ochocientos sesenta bolívares con veintidós céntimos (Bs. 585.860,22), siendo la diferencia entre dicho monto y lo cancelado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la cantidad de doscientos treinta mil ochocientos cincuenta bolívares con once céntimos (Bs. 230.850,11).

Que, de un cuadro comparativo entre los cálculos efectuados por el querellante y los cancelados por la Administración se observan las siguientes discrepancias;

En cuanto a los intereses sobre prestaciones sociales -antiguo régimen desde el 28 de julio de 1980 hasta el 18 de junio de 1997- hay un saldo por cancelar de ocho céntimos (Bs. 0,08). En cuanto a los intereses adicionales de prestaciones sociales antiguo régimen desde el 19 de junio de 1997, hasta el 31 de enero de 2007, hay un saldo por cancelar de nueve céntimos (Bs. 0,09).

Por lo que se refiere a los intereses sobre prestaciones sociales -nuevo régimen, desde el 19 de junio de 1997, hasta el 31 de enero de 2007- hay un saldo por cancelar de dieciocho mil ciento noventa y cinco bolívares con veintidós céntimos (Bs. 18.195,22), lo que obedece a la no inclusión en la capitalización de los días adicionales y fraccionados establecidos en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y 97 de su reglamento, además de deducir tanto del capital como de los intereses, los montos de anticipos e intereses abonados en cada unas de las fechas en que se hizo efectivo el abono en cuentas.

Por último solicita el pago de los intereses de mora por un monto de doscientos doce mil seiscientos cincuenta y cuatro bolívares con noventa céntimos (Bs. 212.654,90), ocasionados por el retardo en el pago de sus prestaciones sociales, desde el 01 de enero de 2009 hasta el 27 de junio de 2012, según lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por su parte el apoderado judicial del ente querellado, aduce que es cierto que le fue pagado al querellante la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DÍEZ BOLÍVARES CON ONCE CÉNTIMOS (Bs. 355.010,11) como cancelación de sus Prestaciones Sociales y demás beneficios laborales, según consta y se evidencia de la liquidación elaborada por la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Que, se evidencia a través de los cálculos efectuados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, que se ha cumplido con el pago previsto en nuestro ordenamiento jurídico sobre las prestaciones sociales, y que tal forma de cálculo hace que la República honre todos los conceptos que le correspondía pagar sobre las prestaciones sociales e intereses al querellante. Sin embargo, se observa que fueron capitalizados los intereses sobre las prestaciones sociales mes a mes, lo cual constituye un anatocismo, tal forma de cálculo hace que la República haya pagado en exceso las cantidades que le correspondió pagar por concepto de intereses sobre las prestaciones sociales que correspondían al querellante.

Que, la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, al calcular los intereses sobre las prestaciones sociales, capitalizó mes a mes el interés que dichas prestaciones producían, tanto en los cálculos efectuados para el pago de las prestaciones sociales del régimen anterior, como en lo que corresponde a los intereses sobre las prestaciones sociales del régimen anterior (intereses adicionales al egreso) y a los intereses sobre las prestaciones sociales del actual régimen de prestaciones sociales.

Que, el Ministerio calculó que la cantidad de doscientos ocho mil ochocientos cuatro bolívares con treinta y seis céntimos (Bs. 208.804,36) correspondía al régimen anterior, pero lo correcto es la cantidad de cincuenta y un mil quinientos veintiún bolívares con noventa y tres céntimos (Bs. 51.521,93), lo que trae como resultado una diferencia de ciento cincuenta y siete mil doscientos ochenta y dos bolívares con cuarenta y tres céntimos (Bs. 157.282,43) en contra de la administración e indebidamente a favor de la parte actora.

En cuanto al régimen nuevo, el ministerio pagó erróneamente la cantidad de ciento setenta y seis mil trescientos cuarenta bolívares con ochenta céntimos (Bs. 176.340,80), cuando lo que debió pagar es la cantidad de ciento treinta y cuatro mil novecientos veintitrés bolívares con ochenta y siete céntimos (Bs. 134.923,87) generándose una diferencia en contra de la República en el orden de los cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y dos bolívares con veintiún céntimos (Bs. 53.342,21).

Que, vistos los anteriores resultados, señala que la República pagó en exceso a la querellante la cantidad de doscientos diez mil seiscientos veinticuatro bolívares con sesenta y cuatro céntimos (Bs. 210.624,64). Por ello, solicita que, en el supuesto negado que la República sea condenada a pagar intereses moratorios, se compense con las cantidades que fueron pagadas en exceso, con fundamento en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Para decidir al respecto, observa este Tribunal que el actor reclama del régimen anterior (1980-1997) diferencia en el pago de los intereses sobre prestaciones sociales por la cantidad de ocho céntimos (Bs. 0,08), y en cuanto a los intereses adicionales de prestaciones sociales un saldo por cancelar de nueve céntimos (Bs. 0,09). Para decidir al respecto observa el Tribunal que independientemente que puedan revelarse diferencias entre la cantidad aspirada por el funcionario y la cancelada por el Organismo, ello obedece a la fórmula de cálculo utilizada, con la observancia de que la Administración no queda sujeta en sus cálculos a las fórmulas que señale el administrado, salvo que éste demuestre que la utilizada por el Ente querellado es contraria a la Ley, lo cual no ha sucedido en este caso, por tal razón es infundado el reclamo, y así se decide.

Por lo que se refiere a los intereses sobre prestaciones sociales -nuevo régimen, desde el 19 de junio de 1997, hasta el 31 de enero de 2007- reclama un saldo por cancelar de dieciocho mil ciento noventa y cinco bolívares con veintidós céntimos (Bs. 18.195,22), lo que obedece a la no inclusión en la capitalización de los días adicionales y fraccionados establecidos en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y 97 de su reglamento, además de deducir tanto del capital como de los intereses, los montos de anticipos e intereses abonados en cada unas de las fechas en que se hizo efectivo el abono en cuentas; sobre ello se observa que corre inserto a los folios 26 al 40 del expediente judicial, los cálculos realizados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de las prestaciones sociales e intereses correspondientes a la ciudadana querellante, de los cuales se evidencia la inclusión de los dos (02) días adicionales de salario por cada año, que en el presente caso fueron acumulados hasta 20 días adicionales para junio de 2008, reiterándose que la diferencia entre la cantidad aspirada por el funcionario y la cancelada por el Organismo, obedece a la fórmula de cálculo utilizada, con la observancia de que la Administración no queda sujeta en sus cálculos a las fórmulas que señale el administrado, razón por la cual se declara improcedente el reclamo aquí solicitado, y así se decide.

En cuanto a la solicitud de los intereses de mora, este Tribunal observa lo siguiente: de los cálculos realizados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, los cuales cursan a los folios 26 al 40 del presente expediente, se demuestra que dicho Ministerio incurrió en un error al capitalizar los intereses mes a mes al momento de realizar el cálculo correspondiente a las prestaciones sociales de la querellante, lo cual produjo que se le pagaran cantidades superiores a las que realmente le correspondían a la misma, sin embargo, este J. observa que en fecha 26 de febrero de 2013, el ciudadano G.D., en su condición de experto designado por este Juzgado para realizar la experticia ordenada mediante auto para mejor proveer de fecha 29 de enero de 2013, consignó dicha experticia, la cual le fuese requerida a los fines de ilustrar a este Órgano Jurisdiccional, en lo relacionado con el monto que por concepto de prestaciones sociales le cancelara el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria a la ciudadana querellante, experticia esta que a tenor de lo previsto en el artículo 1427 del Código Civil Venezolano vigente la acoge y sigue para el pronunciamiento de la presente decisión. Ahora bien, una vez analizada la mencionada experticia, este Tribunal evidencia que el monto total que el Ministerio querellado debió pagar a la actora por concepto de prestaciones sociales e intereses de mora, es la cantidad de trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs. 368.494,34), y el monto total que le fue cancelado a la actora en fecha 27 de junio de 2012, fue la cantidad de trescientos cincuenta y cinco mil diez bolívares con once céntimos (Bs. 355.010,11) (sin incluir los intereses moratorios), resultando una diferencia a favor de la actora de trece mil cuatrocientos ochenta y cuatro bolívares con veintitrés céntimos (Bs. 13.484,23).

Siendo así, aun cuando la Administración pagó de más a la actora por concepto de prestaciones sociales en fecha 27 de junio de 2012 (Bs. 355.010,11) por el hecho de haber calculados los intereses y capitalizarlos mes a mes contrario a lo previsto en la derogada Ley Orgánica del Trabajo aplicable ratione temporis, artículo 108, dicho monto es inferior al monto total que debía cancelársele incluyendo los intereses de mora generados por el retardo en el pago de sus acreencias laborales en razón de su relación funcionarial, de allí que considera este Tribunal que opera la compensación de las cantidades que fueron pagadas en exceso por el organismo querellado, tal y como fuera solicitado en la contestación de la querella por la parte querellada, con los intereses moratorios adeudados a la actora, y en virtud de dicha compensación, resulta un monto a favor de la ciudadana querellante, de trece mil cuatrocientos ochenta y cuatro bolívares con veintitrés céntimos (Bs. 13.484,23), que es el monto que se ordena cancelar a la querellante por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, y así se decide.

Necesariamente debe este Tribunal referirse al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario Nro. 5.152 de la República de Venezuela de fecha 19 de junio de 1997, la cual entrara en vigencia en esa misma fecha y que se mantuvo en vigencia hasta la entrada en vigencia de la actual Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. Extraordinario 6.076 de fecha 07 de mayo de 2012. La norma derogada pero en vigencia para el momento, establecía:

Artículo 108.- Omissis.

La prestación de antigüedad, atendiendo a la voluntad del trabajador, requerida previamente por escrito, se depositará y liquidará mensualmente, en forma definitiva, en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o se acreditará mensualmente a su nombre, también en forma definitiva, en la contabilidad de la empresa.

O..

El patrono deberá informar anualmente al trabajador, en forma detallada, el monto que le acreditó en la contabilidad de la empresa, por concepto de prestación de antigüedad.

La entidad financiera o el Fondo de Prestaciones de Antigüedad, según el caso, entregará anualmente al trabajador los intereses generados por su prestación de antigüedad acumulada. Asimismo, informará detalladamente al trabajador el monto del capital y los intereses.

Los intereses están exentos del Impuesto Sobre la Renta, serán acreditados o depositados mensualmente y pagados al cumplir cada año de servicio, salvo que el trabajador, mediante manifestación escrita, decidiere capitalizarlos.

De la norma antes parcialmente transcrita se infiere, que bajo la vigencia de la misma, la prestación de antigüedad (prestaciones sociales) había que liquidarse mensualmente y depositarse en un fideicomiso o Fondo de Prestaciones Sociales, según la voluntad del trabajador o en la contabilidad de la empresa. El monto del capital de la prestación de antigüedad, que consistían en cinco (5) días mensuales de lo percibido durante el mes laborado, generaban intereses mensuales, donde estos siempre se incrementarían debido a la adición del capital mes a mes, más no formarían parte del capital esos intereses, salvo que el trabajador al final de cada año y por escrito manifestara su voluntad a su empleador de incorporarlos al capital o que se le entregaren, de lo contrario pasarían al Fideicomiso, al Fondo de Prestaciones o a la contabilidad de la empresa, según sea el caso manifestado por el trabajador, de manera pues que los intereses que se generaban mensualmente tomándose el monto del capital de las prestación de antigüedad no se capitalizaban mensualmente, sino que lo único que incrementaba el capital era la sumatoria de los cinco (5) días de cada mes que al final del año sumarían sesenta días (60); por consiguiente cuando el Ente querellado procedió a capitalizar mensualmente los intereses devengados por el capital de la prestación de antigüedad, incurrió en un error de cálculo de dichos intereses.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal declara Parcialmente Con Lugar la Presente querella, y así de decide.

II

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos:

PRIMERO

Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por el abogado K.A.A.P., en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana T.M.S. DE CONTRERAS, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.

SEGUNDO

Se ordena al Ministerio querellado cancelar a la actora, la cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (Bs. 13.484,23), monto éste que resulta de restar la cantidad que efectivamente le correspondía a la querellante por concepto de prestaciones sociales e intereses de mora (Bs. 368.494,34) con la cantidad que efectivamente le fue cancelada por la Administración (Bs. 355.010,11).

TERCERO

Se niegan los pedimentos referidos al pago de diferencia de prestaciones sociales, intereses adicionales del antiguo régimen, e intereses sobre prestaciones sociales nuevo régimen, por la motivación antes expuesta.

P., regístrese y notifíquese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil trece (2013). Años 202º de la Independencia y 154º de la Federación.

EL JUEZ,

G.J.C. LEÓN LA SECRETARIA,

D.M.

En esta misma fecha 18 de marzo de 2013, siendo las dos y treinta de la tarde (02:30 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia.

LA SECRETARIA,

Exp. 12-3261/GC/DM/FR. D.M.