Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de Febrero 03, 2011

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RESUMEN

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta el 10 de agosto de 2010, por el abogado ANTONIO SUPPA PEÑAT... (ver resumen completo)

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, DEL TRANSITO Y DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.

PARTE ACTORA.-

ANTONIO JOSE SUPPA PEÑATE, HECTOR SUPPA PEÑATE y ADRIANA ZUNILDE SUPPA PEÑATE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-11.100.537, V-8.609.711 y V-11.100.536, en el mismo.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA.-

HECTOR GAMEZ ARRIETA y PEGGI GAMEZ de DUBEN, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 2.769 y 52.088, respectivamente, de este domicilio.

PARTE DEMANDADA.-

RUGGIERO SUPPA CORCELLA, YADIRA COROMOTO ROJAS TORRELLES y ESTHER INDIRA SUPPA ROJAS; y las sociedades mercantiles ALMACENADORA RUGGIERO, C.A., INVERSIONES SUPPA, C.A. y EQUIPOS SUMAR, C.A.

APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA.-

MARITZA QUINTERO HERRERA y LIGIA SANTAFE COLMENARES, abogadas en ejercicio, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 14.010 y 17.605, respectivamente.-

MOTIVO.-

ACCION MERO DECLARATIVA (INCIDENCIA SOBRE OPOSICION A MEDIDAS)

EXPEDIENTE: 10.635

En el juicio de acción merodeclarativa, incoado por los ciudadanos ANTONIO JOSE SUPPA PEÑATE, HECTOR SUPPA PEÑATE y ADRIANA ZUNILDE SUPPA PEÑATE, contra los ciudadanos RUGGIERO SUPPA CORCELLA, YADIRA COROMOTO ROJAS TORRELLES y ESTHER INDIRA SUPPA ROJAS; y las sociedades mercantiles ALMACENADORA RUGGIERO, C.A., INVERSIONES SUPPA, C.A. y EQUIPOS SUMAR, C.A., que conoce el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, con sede en Puerto Cabello, quien el día 05 de agosto de 2010, dictó sentencia interlocutoria declarando parcialmente con lugar la oposición a las medidas nominadas e innominadas, efectuada por las abogadas MARITZA QUINTERO y LIGIA SANTAFE, apoderadas judiciales de la parte demandada, de cuya decisión apelaron el 10 de agosto del 2010, el abogado ANTONIO JOSE SUPPA PEÑATE, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 73.261, actuando en su propio nombre, parte demandante, y el 11 de agosto de 2010, la abogada LIGIA SANTAFE COLMENARES, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, recurso éste que fue oído en un solo efecto mediante auto dictado el 16 de septiembre de 2010, razón por la cual dicho cuaderno de medidas fue enviado al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito, y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, donde una vez efectuada la distribución, lo remitió a este Tribunal, donde se le dio entrada el 30 de septiembre del 2.010, bajo el número 10.635, y el curso de Ley.

Consta igualmente que en fecha 20 de octubre de 2010, las abogadas MARITZA QUINTERO y LIGIA SANTAFE, apoderadas judiciales de la parte demandada, presentaron escrito contentivo de informes, por lo que encontrándose la causa en estado de sentencia, pasa este Tribunal a decidir previa las consideraciones siguientes:

PRIMERA.-

De la lectura de las actas que corren insertas en el presente expediente se observa que:

a) Auto dictado el 14 de mayo de 2010, por el Tribunal “a-quo”, en el cual se lee:

“…Vista la solicitud hecha por la parte actora, consistente en que sean decretadas medidas cautelares -nominadas e innominadas- tal como aparece contenida -dicha solicitud- en el libelo de la demanda (F-69 al 102, Pieza I) y, ratificadas mediante escrito de fecha 10 de Mayo de 2010 (F-96 al 102, Pieza II); este Despacho a los fines de pronunciarse sobre el decreto o no, de las medidas solicitadas, lo hace de conformidad con el siguiente análisis y consideraciones:

De los Artículos 585, y 558 parágrafo Primero, del Código de Procedimiento Civil, tal como lo ha venido ratificando y manteniendo en forma reiterada la jurisprudencia y doctrina científica, acogida plenamente por este Tribunal, se desprenden los requisitos de procedencia de las medidas cautelares, los cuales, mediante el examen y análisis de las actas que conforman el presente expediente debe concluirse su existencia o no y pronunciarse al respecto.- Esto son, para ¡as cautelares nominadas: el peligro en el retardo o (fumus pericullum in mora), la presunción de humo a buen derecho (fumus boni iuris), y para las cautelares innominadas, además: el pericullum in danni ( o daño temido), cuya concurrencia ha de ser concomitante; así como el acompañamiento de un medio de prueba de donde se desprendan estos,

Con respecto a los requisitos, el fumus perícullum in mora y el fumus honi

iuris, se desprende de autos, como manifiesta la parte actora que el demandado -su padre- al no haber hecho la declaración sucesoral por la muerte de su señora madre y con ello liquidar la sociedad conyugal y los bienes hereditarios, adquiridos durante el matrimonio de sus padres, estos bienes quedaron en comunidad con sus hijos «hoy co-demandantes», creándose entre ellos una sociedad de hecho; que continuó él manejando y administrando, pero que nunca ha repartido dividendos, no obstante si efectuado operaciones, vendiendo los bienes pertenecientes a la comunidad conyugal y a la comunidad hereditaria, sin el consentimiento de los accionantes, utilizando el dinero obtenido para adquirir nuevos bienes y crear empresas a su nombre y su concubina. Utilizando incluso subterfugios para burlar la buena fe de funcionarios notariales y regístrales, al presentarse algunas veces como soltero, otro como divorciado, a realizar las operaciones y negociaciones, en detrimento de los intereses actoriles, Para ello, se fundamentan y mencionan, extractos de diversas jurisprudencias, e invocan el favor de artículos como el 75, constitucional, y los artículos 148, 170, 171, 759 a 770, del Código Civil, entre otras norma legales.

Ahora bien, el objeto de la demanda lo constituye la declaración de certeza en el sentido de que entre los demandantes y demandados existe una sociedad de hecho sobre los bienes y empresas que se identifican en el libelo de demanda. En tal sentido, alegan que para garantizar las resultas del juicio se hace necesario el decreto de las medidas solicitadas, las primeras de ellas, las Medidas Cautelares Nominadas.

A ese respecto y aunado a lo inmediato anteriormente dicho, se observa que: Revisado el libelo de la demanda y recaudos anexes marcados con los números que van del 50 al 69. Pieza I, ambos inclusive, se tiene por lo que respecta al peligro en la mora, que se corre el riesgo -como lo alegan los solicitantes- que de no decretarse las medidas y en el caso de que prospere la demanda, sus derechos se vean nugatorios, dada la libre disponibilidad que sobre ellos, tiene la parte demanda, al ser aparentemente el demandado RUGGIERO SUPPA el único que administra, dispone y representa legalmente el -posiblemente- patrimonio colectivo y comunero, tal como se denuncia y se presume gravemente lo ha venido haciendo; amen de la circunstancia de aceptar pacíficamente el hecho cierto y notorio de lo dilatado de los procesos judiciales, y sus resultas finales; hacen que este Tribunal considere la suficiencia necesaria para dar por configurada la existencia de tal requisito de procedibilidad Y; ASÍ SE DECIDE.

En cuanto a la presunción o humo a buen derecho, se puede indicar que los demandantes fundamentan esta presunción en los artículos 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 148, 170,171, 750 al 770, del Código Civil, entre otras normas legales invocadas, así como en decisiones parcialmente caseritas; elementos estos, que apreciados en su conjunto, hacen nacer prima facie y con carácter de verosimilitud, en el ánimo de quien aquí juzga y hasta tanto ello sea desvirtuado en la oportunidad procesal correspondiente, la presunción de que existen a su favor los derechos reclamados.

Sin prejuzgar sobre el fondo de lo que se discute, es un hecho cierto que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 184 del Código Civil, el matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges y; por mandato del Artículo 173 Ejusdem, la comunidad de bienes en el matrimonio se extingue por el hecho de disolverse este o cuando se declare nulo, además de disolverse por la ausencia declarada, por la quiebra de uno de los cónyuges y, por la separación judicial de bienes en los casos autorizados por el Código. Cuando se acuerda judicialmente, la separación de cuerpos y de bienes, queda extinguida la comunidad, de la misma lanera ocurre que al tener lugar la disolución del matrimonio por divorcio el juez en la sentencia ordena la liquidación de la sociedad conyugal.

Así igualmente, estima el Tribunal, que las situaciones nuevas que podrían crearse por la muerte de uno de los cónyuges, por la declaratoria de nulidad del matrimonio o disolución el mismo por sentencia que declare el divorcio, sino se liquidó o no se ha liquidado la sociedad conyugal argumentada, constituirá el mérito del asunto y en ese sentido será el tribunal en la sentencia, quien aclare esa nueva situación; pero mientras ello no ocurra existe una presunción grave, salvo prueba en contrario de que entre las partes y sus causahabientes están ligados por algún nexo que deberá el Tribunal determinar en definitiva, como también determinará sus alcances y proyecciones hacia el fututo, en el caso de que existan tales proyecciones o efectos.

Sentado lo anterior, es evidente, que entre el ciudadano RUGGIERO SUPPA CORCELLA y MARÍA DEL CARMEN PÉÑATE, estuvieron unidos por matrimonio hasta el momento de la muerte de esta, ocurrido este último acontecimiento el 04 de Septiembre de 1988, tal como consta del recaudo acompañado al libelo marcado con el N° 7 (F-114 y 115, Pieza I), pues el Divorcio que curso en este Tribunal fue declarado sin lugar según copia certificada del expediente que corre en autos (F-144 y 145, Pieza!),

Vista así la situación y las ventas efectuadas de una serie...

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