Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 14 de Noviembre de 2013

Respecto de la RESPONSABILIDAD DE LA COLISIÓN, este Tribunal observa que de las actuaciones levantadas por las autoridades de t.t., especialmente del croquis que cursa al folio veinte (20) de este expediente, se evidencia que el vehículo Marca: DURO, Modelo: BUCHERS, Clase: Camión, Tipo: Estacas, Color: Verde, Uso: Carga, Año: 2004, Placas: EV-3335, propiedad de la Comandancia General del Ejercito del Ministerio para el Poder Popular de la Defensa, impactó por la parte trasera al vehículo Marca: Toyota, Clase: Automóvil, Modelo: Corolla, 1.6 A/T, Tipo: Sedan, Año: 1.999, Color: Gris, Serial de Motor: 4AM531306, Serial de Carrocería: 8XA53AEB1X2007425, Uso: Particular, Placas: MBG-05Y, propiedad de la ciudadana S.A.d.C.. El anterior medio de prueba debe ser adminiculado con la prueba con la testimonial del ciudadano FRDDY A.T.C., evacuada en esta misma fecha, quien atestiguó que todos los vehículos circulaban por el canal izquierdo, siendo que el Toyota Corolla se encontraba detenido cuando fue impactado por la parte trasera por el camión estaca. En consecuencia, ha quedado demostrado que el conductor del indicado camión fue el responsable del accidente de tránsito descrito en la demanda. Así se establece.

De los medios de prueba adquiridos por este proceso no quedó demostrado el exceso de velocidad.

Tampoco quedó probado si la conductora del vehículo propiedad del demandado, estaba bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes. Sin embargo, las actuaciones de tránsito, así como la testimonial del ciudadano F.A.T.C., son coincidentes en demostrar que el camión causante del accidente se desplazaba anti-reglamentariamente por el canal izquierdo, en contravención de lo dispuesto e el numeral primero del artículo 190 del Reglamento de la Ley de T.T.. De esta manera, quedó acreditada la culpa del agente y la relación de causalidad entre su conducta y el daño sufrido por la víctima.

Tampoco quedó demostrado que el accidente ocurrió mientras el semáforo de la esquina cambiaba su luz verde para permitir el paso de los vehículos.

Respecto de la verificación de daños, es menester destacar que el experto U.G.M., no concurrió a la audiencia correspondiente al debate oral celebrado en esta fecha, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 862 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente:

(...) Si la prueba practicada fuera de la audiencia fuere la de experticia, se oirá en la audiencia la exposición y conclusiones orales de los expertos y las observaciones que formulen las partes, sin lo cual la prueba carecerá de eficacia y será desestimada por el Juez. (...)

Como consecuencia, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en la norma adjetiva precedentemente transcrita, dicha prueba carece de eficacia en este proceso, por lo que formalmente se desestima.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe señalar que los daños sufridos por el Toyota Corolla propiedad de la parte demandada quedaron demostrados en las actuaciones de las autoridades de t.t., siendo establecidos en la suma de Bs. 10.200,00, para el 18 de agosto de 2005, y así queda establecido.

En cuanto a los daños emergentes, quedó demostrado que la actora celebró un contrato de servicios de transporte con el ciudadano J.A.S.P., estableciendo un pago mensual de Bs. 800,00, pero no quedó probado que dicho contrato haya sido efectivamente ejecutado, ni que la parte actora haya efectuado los pagos correspondientes. A los fines de demostrar los gastos de grúa y estacionamiento, la parte actora produjo instrumentos privados emanados de terceros, que no fueron ratificados mediante la prueba testimonial, tal como lo exige el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, por lo que dichos gastos no quedaron demostrados.

Respecto de las lesiones corporales sufridas por la parte actora como consecuencia del accidente, la misma pretende una indemnización de Bs. 10.000,00, siendo que solo quedó demostrado que por tales lesiones pagó la suma de Bs. 9.130,54, tal como consta de la prueba de informes emanada del Centro Médico de caracas, emitida en fecha 05 de octubre de 2011, que cursa a los folios 375 y siguientes de este expediente.

Respecto de la justa indemnización por daño moral, este Tribunal observa que quedó demostrada la culpa del agente y el daño físico sufrido por la víctima como consecuencia del accidente de tránsito, lo que indudablemente conlleva un sufrimiento moral susceptible de ser indemnizado, por lo que resulta justa la indemnización por año moral reclamada por la parte demandante, estimada en la suma de Bs. 15.000,00, y así se establece.

-V- -

DISPOSITIVA

En razón de todos los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de indemnización de daños y perjuicios causados por accidente de tránsito, incoada por la ciudadana S.A., en contra de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del Ministerio del Popular para la Defensa, así como contra la sociedad mercantil SEGUROS HORIZONTE, C.A., y en consecuencia se dispone lo siguiente:

Se declara que la sociedad mercantil SEGUROS HORIZONTE, C.A., carece de cualidad pasiva para ser demandada en esta causa, por lo que se declara improcedente la pretensión contenida en la demanda, respecto de dicha sociedad mercantil.

Respecto de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del Ministerio del Popular para la Defensa, se dispone lo siguiente:

1. Se condena a la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del Ministerio del Popular para la Defensa, a pagar a la parte actora la suma de Bs. 10.200,00, por concepto de indemnización por los daños materiales causados al vehículo, propiedad de la parte actora, en virtud del accidente de tránsito descrito el la demanda que originó esta causa.

2. Se niega la pretensión de la parte actora, relacionada con indemnización de daño emergente, estimados en el libelo de la demanda en la cantidad de Bs. 5.532,00, por concepto de indemnización de los daños emergentes consistentes en la privación del uso del vehículo durante seis meses y medio, contado a partir del 1° de octubre de 2005, hasta el 15 de abril de 2006, así como gasto de estacionamiento y servicio de grúa.

3. Se condena a la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del Ministerio del Popular para la Defensa, a pagar a la parte actora la suma de Bs. 9.130,54, como indemnización por los gastos médicos sufragados por la parte actora, en virtud de las lesiones corporales sufridas en su anatomía, como consecuencia del accidente de tránsito a que se contrae la demanda.

4. Se condena a la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del Ministerio del Popular para la Defensa, a pagar a la parte actora la suma de Bs. 15.000,00, como indemnización por daño moral originado por el accidente de tránsito descrito en la demanda.

5. Se ordena la indexación de las cantidades indicada en los ordinales 1° y 3°, calculados desde la interposición de la demanda, hasta la fecha en que eventualmente resulte firme esta sentencia, mediante experticia complementaria del fallo, e la cual deberán aplicarse el IPC acumulado para el Área Metropolitana de Caracas, de acuerdo a las estimaciones del Banco Central de Venezuela. Se hace constar que se excluye de indexación la indemnización correspondiente a daño moral.

No hay condena en costas (…)”

Establecido lo anterior pasa esta proveedora de justicia a la valoración del material probatorio traído a los autos:

DEL MATERIAL PROBATORIO:

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA:

• Copia Simple de Certificado de Registro de Vehiculo Nº 21279341, emanado del Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre, otorgado a la ciudadana S.A.d.C., cedula o Rif V02911283, serial de carrocería 8XA53AEB1X2007425, serial de motor 4AM531306, placa MBG05Y, marca TOYOTA. Modelo Corolla 16 A/T, año 1999, color Gris, Clase Automóvil, Tipo Sedan, de fecha 12 de septiembre de 2005, Nº de autorización 911EXY251755, que demuestra la propiedad del vehiculo en cuestión, otorgándole valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Dando como elementos de convicción a quien aquí suscribe la propiedad del vehiculo en cuestión es ostentada por la hoy actora. ASI SE DECIDE.

• Copia de expediente Nº 0210-2005 proveniente del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transito y Transporte Terrestre el cual contiene reporte de accidente ocurrido, y en el cual el ciudadano J.R. esboza los detalles del siniestro ocurrido el cual estaría involucrado el vehiculo propiedad de la hoy demandante, así como también vehiculo propiedad del Ministerio de la Defensa, Ejercito Batallón de Transporte, así pues, siendo que dicha documental es emanadas de un funcionario público competente como lo es el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre, el cual dio fe pública de lo allí expresado, esta alzada le otorga valor probatorio conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE.

• Copia Certificada de expediente identificado Nº 01-F42-0567-05, el cual es contentivo de averiguaciones llevadas a cabo por Fiscalia Cuadragésima Segunda del Área Metropolitana de Caracas, de dicha actuación se desprende la declaración realizada por los demás conductores involucrados en el siniestro, siendo que dicha documental es emanadas de un funcionario público competente como lo es el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre, el cual dio fe pública de lo allí expresado, esta alzada le otorga valor probatorio conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. De dicha documental se desprende la ubicación del siniestro, así como desprendiéndose de dichas declaraciones que los demás vehículos involucrados, así como el propiedad de la parte actora se encontraban estacionados en la esquina de socorro, esperando el cambio de luz del semáforo Y ASÍ SE DECIDE.

• Original de contrato de servicio de transporte realizado entre la hoy demandante y el ciudadano J.A.S., titular de la cédula de identidad Nº V.-4.282.546, del mismo se desprende el contrato de transporte acordado por las partes, a efectuarse de lunes a viernes desde la dirección de habitación de la contratante hasta su oficina, dicha documental fue ratificada en juicio en cuanto al contenido y firma del mismo por el ciudadano J.A.S.P., de quien fuere promovida su testimonial, de conformidad con el articulo 431 del Código de Procedimiento Civil, dando únicamente valor probatorio esta alzada de conformidad a ello, en lo que respecta al contenido allí ratificado, y no a su ejecución. En este sentido se evidencia de la presente documental que la parte actora contrato servicio de transporte para realizar el traslado diario de su dirección de habitación hasta sitio de trabajo. Así se Decide. Aunado a ello se desprende que la parte actora consignó a los autos factura identificada con el Nº 48261, por concepto de gastos de servicio de grúa y estacionamiento, mas sin embargo no se desprende de autos que dichas documentales hayan sido ratificadas de conformidad con el artículo 431 eiusdem, por lo que, al no haber sido confirmados mediante testimoniales, las documentales en cuestión carecen de valor probatorio. ASÍ SE DECIDE.

• Original de Notificación realizada a Seguros Horizonte por la ciudadana S.A.d. siniestro de transito ocurrido entre esta y vehiculo marca Duro, año 2004, `placas EV-3335, propiedad de las Fuerzas Armadas, adscrito al 824 batallón de transporte Figueredo, de la cual se desprende la notificación de choque ocurrido en fecha 18 de agosto de 2005 entre el vehiculo antes descrito y Toyota Corola color Gris, año 1999, placas MBG-05Y. Siendo que la presente no fue tachado ni desconocido por las partes esta alzada le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECIDE.

• Original de prueba de Informes emanados del medico tratante R.Z.S. de fecha 18 de agosto de 2005 y de Centro Medico Caracas, de fecha 05 de octubre de 2011, suscrito por el DR. J.G.G., en el cual remite copia de historia medica de la ciudadana S.A.. Al respecto se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo estatuido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto quedo demostrado que la hoy actora canceló la suma de Nueve Mil Ciento Treinta Bolívares con Cincuenta y Cuatro céntimos, por concepto de lesiones sufridas las cuales fueron atendidas en esa institución medica como consecuencia del accidente de transito. ASÍ SE DECIDE.

• Testimonial del ciudadano F.A.T.C., titular de la cédula de identidad Nº v.-2.523.819, quien manifestó ser testigo presencial del siniestro ocurrido, declarando que presencio el hecho ocurrido, que recordó el vehiculo marca Toyota Corolla así como camión militar, así también estableció no saber si los vehículos estacionados se encontraban esperando el cambio de semáforo y afirmo que el vehiculo militar estaba conducido por una mujer uniformada. En este sentido, observa quien aquí suscribe que las declaraciones aquí presentadas concuerdan con los hechos narrados por la demandante en su escrito libelar apreciando los hechos narrados como indicios de veracidad de lo establecido. Apreciando lo aquí narrado de conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE.

• Experticia realizada por los ciudadanos D.A.V.P., Ing. C.R.G. y U.G.M., cursante a los folios 300 al 319, solicitada por la representación judicial actora, en razón de determinar el justiprecio de reparación de los daños materiales causados al vehiculo marca Toyota, Corolla, Color Gris, Placa MBG05Y, propiedad de la demandante. Al respecto observa quien aquí suscribe que la presente probanza será valorada y apreciada en la parte infine del presente fallo.

• Merito favorable de autos, al respecto quien aquí decide debe señalar que dicho mérito favorable no es considerado como un medio de prueba, mas sin embargo, es obligación del juzgador la valoración del acervo probatorio y el estudio minucioso del caso, extrayendo elementos de convicción para la conformación de la decisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE.

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA:

Se desprende de la revisión realizada a las actas procesales que conforman el presente expediente, que la parte demandada en la oportunidad correspondiente no trajo elementos probatorios a los autos para lograr desvirtuar los alegatos y afirmaciones de hecho realizadas por la parte actora.

Esgrimido y valorado como ha sido el acervo probatorio cursante en autos pasa quien aquí suscribe a realizar consideraciones en relación al recurso de apelación aquí sometido a consideración.

Del escrito de informes consignado ante esta Alzada, puede evidenciarse que la representación judicial de la parte demandante aduce que el recurso de apelación ejercido solo fue realizado en cuanto a dos aspectos contenidos en el petitorio, enunciando lo relacionado a que fuere desechada por el Juez A quo el punto en relación al valor actual de la reparación del vehiculo, por los daños sufridos a causa del impacto, y en cuanto a la responsabilidad de la garante Seguros Horizonte, por cuanto acusa que dicha empresa es aseguradora de los bienes propiedad del Ministerio para el Poder Popular de la Defensa, resaltando al respecto que solo sobre dichos puntos solicita la revisión de alzada por no estar conforme, es decir que solo apela la decisión del A quo, en cuanto a los puntos referidos.

En este orden de ideas, alega la representación judicial de Seguros H.l.f. de cualidad de su defendido para sostener el presente juicio, por cuanto dejó especial constancia de haber sido demandada como garante del vehiculo que ocasiono el siniestro en cuestión y observando así que dicho vehiculo no se encuentra respaldado con el ente asegurador, que si bien es cierto que el vehiculo en cuestión pertenece al Ministerio de la Defensa no es menos cierto que no es obligatorio el que este asegurado con Seguros Horizonte, alegando así la codemandada, la inexistencia de un contrato de seguros que ampare al vehiculo que presuntamente ocasiono el siniestro.

Es menester establecer que para que en un proceso se produzca una relación jurídica procesal valida debe cumplirse con determinados presupuestos procesales uno de ellos vendría a materializarse con la capacidad procesal de las partes, siendo este un requisito ineludible para que se establezca un vinculo procesal valido, dicho de otro modo, las partes en juicio deben portar un titulo efectivo u ostentar la adecuada legitimación, en el entendido de que, cuando se es demandado o llamado a comparecer en juicio debe materializarse el carácter valido para participar de de la reclamación realizada.

Para mayor abundamiento, considera pertinente esta Alzada citar la jurisprudencia pacíficamente reiterada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fallo de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil uno (2001), corroborando ésta a su vez, una sentencia de vieja data de la extinta Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de fecha doce (12) de mayo del año mil novecientos noventa y tres (1993), que expresó lo siguiente:

(…) El problema de la cualidad entendido de esta manera, se resuelve en la demostración de la identidad entre la persona que se presenta ejercitando concretamente un derecho o poder jurídico o la persona contra quien se ejercita, y el sujeto que es su verdadero titular u obligado concreto. Se trata, en suma, de una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la ley concede el derecho o poder jurídico o la persona contra quien se concede, y la persona que lo hace valer y se presenta ejercitándolo como titular efectivo o contra quien se ejercita en tal manera. La cualidad expresa la referencia de un poder o de un deber jurídico concreto a un sujeto determinado.

Omissis...

4. Si la noción de cualidad que se ha dado anteriormente es exacta, aparece manifiesto que ella denota sólo una relación de identidad lógica entre el efectivo titular de la acción y la persona que concretamente la ejercita. La cualidad expresa un modo de ser del derecho de acción; denota la relación en que se encuentran uno o más sujetos con la acción intentada; indica el lado subjetivo de la acción. Se trata, como he dejado apuntado, de una relación de identidad lógica entre la persona del actor y la persona a quien la ley concede la acción (cualidad activa); y de la persona del demandado, con la persona contra quien la acción es concedida (cualidad pasiva). En el primer caso, la cualidad no es un derecho, ni el título de un derecho, sino que expresa una idea de pura relación; en el segundo, no es una obligación, ni el título de una obligación, sino que expresa igualmente una idea de pura relación y nada más.

5. Siendo la cualidad una relación de identidad lógica el problema práctico fundamental queda circunscrito a saber y determinar qué criterio o método ha de seguirse para descubrir y fijar en el proceso esa relación de identidad. El criterio tradicional y en principio válido, es el que afirma y enseña que tienen cualidad para intentar y sostener el juicio, esto es, cualidad activa y pasiva, los sujetos que figuran como titulares activos y pasivos de la relación jurídica material que es objeto del proceso. Ahora bien, por la naturaleza misma de las cosas, ese criterio no puede atenerse sino a la pura afirmación del actor, a los términos mismos de la demanda, ya que, precisamente la efectiva y real titularidad de la relación o estado jurídico cuya protección se solicita, forman el objeto mismo e inmediato del juicio, cuya existencia concreta se afirma y se demanda. Mientras la relación litigiosa no se halle definitivamente decidida y la sentencia que así lo reconozca pase en autoridad de cosa juzgada, no puede saberse jurídicamente si la relación o estado jurídico existe realmente (…)" (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 12 de mayo de 1993, caso: Junta de Condominio del Edificio La Pirámide contra Promotora La Pirámide C.A)

.

Más recientemente, la Sala Constitucional, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero en su sentencia del 14 de julio de 2003, Exp. N° 03-0019, dejó sentado lo que de seguidas se transcribe:

(…) En tanto, que la cualidad o legitimatio ad causam debe entenderse como la idoneidad de la persona para actuar en juicio; como titular de la acción, en su aspecto activo o pasivo; idoneidad que debe ser suficiente para que el órgano jurisdiccional pueda emitir un pronunciamiento de mérito; la cual, de acuerdo a lo antes expuesto,…

(Subrayado de este Tribunal).

Se destaca de lo transcripto ut supra, que tanto la doctrina como la jurisprudencia, han establecido que la cualidad procesal debe entenderse como una relación de identidad lógica entre la persona a quien la ley abstractamente concede la acción y el actor concreto, y entre la persona contra quien la ley otorga abstractamente la acción y el demandado concreto. La no concurrencia de esa relación de identidad en los sujetos de una controversia, origina en ellos una falta de cualidad activa o pasiva para la causa, y consiguientemente un derecho procesal en el demandado para hacer valer esa falta de cualidad, además se deduce que cuando el fenómeno de identidad lógica no se da con respecto al actor, se denomina falta de cualidad activa, y cuando tal falta ocurre en cuanto al demandado se le denomina falta de cualidad pasiva.

La relación jurídico-procesal, no puede existir indiferentemente entre cualesquiera sujetos, sino precisamente entre aquellos que se encuentran frente a la relación material o interés jurídico controvertido como "legítimos contradictores", en la posición de demandantes y demandados. (Subrayado propio del Tribunal) (…)".

Habiendo realizado un estudio minucioso de las actas que conforman el presente expediente, así como del material probatorio traído a los autos observa quien aquí juzga que la parte actora trajo elementos de convicción a fin de ilustrar y demostrar el daño causado por el siniestro ocurrido, compilando dentro del acervo probatorio bases sólidas que constatan la veracidad de las afirmaciones realizadas, mas sin embargo no logro demostrar la cualidad ostentada por Seguros Horizonte para sostener el presente juicio, en virtud, de que no fue traído a los autos contrato el cual avale que el ente asegurador haya suscrito póliza de seguros para el vehiculo generador del daño, a lo cual se hace necesario para esta alzada resaltar que no basta con las simples afirmaciones de hecho, por cuanto la legislación venezolana prevé que lo alegado debe ser probado en autos, siendo insuficiente simples afirmaciones, por lo cual para poder tener una la concesión del particular o dicho de otro modo una sentencia condenatoria, debió haber consignado a los autos p.e.p. Seguros Horizonte, mediante el cual se evidenciara que el vehiculo en cuestión se encontrara asegurado por este , para así poder demostrar su cualidad en el presente juicio. Y ASÍ SE DECIDE

Ahora bien, a.t.e.m. probatorio constante en autos, y adminiculadas todas las pruebas entre sí, esta Juzgadora concluye que de los medios probatorios presentados por la parte actora existe prueba fehaciente que permita sustentar el siniestro esbozado en el libelo de la demanda, por cuanto consigno a los autos expediente administrativo levantado en el sitio de los hechos por el funcionario de tránsito competente, siendo que ha sido reiterado por jurisprudencias de nuestro M.T. que éstas actuaciones realizadas por las Inspectorías de Vehículos, con ocasión de un accidente de tránsito tienen valor probatorio en el juicio respectivo, en virtud, que dichas actuaciones hacen fe en todo cuanto se refiere a lo que el funcionario declara haber efectuado o percibido por sus sentidos, o practicado como perito, la prueba que se deriva de tales instrumentos, considerándolas que contienen una presunción iuris tantum, aunado a ello, la prueba de testigos promovida por la actora da una presunción de la ocurrencia del accidente acaecido, Y ASÍ SE DECIDE.

Resuelto lo anterior, se observa que la recurrente en los informes consignados ante esta Alzada alegó que, el tribunal de causa desechó la experticia por cuanto uno de los expertos designados no compareció al debate oral; que en todo caso la experticia viene a significar para el juzgador un elemento que coadyuva con su tarea decisoria formándose una mas clara idea en cuanto a la situación que debe resolver, que el propio juez de la causa pudo fijar un monto intermedio y equitativo entre la experticia de transito y la realizada por los expertos, más aun, cuando la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un hecho que afecta a todos, que es un hecho cierto y notorio que era obligación del sentenciador tomar en cuenta y acoger el monto arrojado por la prueba de experticia, con respecto al valor de reparación de los daños materiales causados en el vehiculo por la colisión sufrida, ya que después de siete años que ocurrió el siniestro el valor de la reparación del vehiculo según la experticia practicada por las autoridades de t.t. quedo estimado en la cantidad de Diez Mil Doscientos Bolívares (Bs. 10.200,00) y que no puede tomarse como un equivalente para la fecha de la sentencia que hoy se recurre, por cuanto ese monto es irrisorio para cualquier reparación.

Al respecto, se desprende que en la sentencia recurrida el A quo, señalo específicamente en el punto quinto de las motivaciones para decidir, textualmente lo siguiente: “…QUINTO: Respecto de la verificación de daños, es menester señalar que el experto U.G.M., no concurrió a la audiencia correspondiente al debate oral celebrado en esta fecha, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 862 del Código de Procedimiento Civil (…), dicha prueba carece de eficacia en este proceso, por lo que formalmente se desestima”¸ en razón de lo anterior, considera quien decide, que mal podría el juez de instancia desestimar la prueba de experticia por la incomparecencia de uno de los expertos designados, por cuanto se evidencia que en la audiencia celebrada en fecha 23 de octubre de 2012, concurrieron a la misma los ciudadanos D.A.V.P. y C.R.G., venezolanos, mayores de edad, y titulares de la cedulas de identidades Nos. v.-2.918.607 y v.-5.423.698 respectivamente, como expertos, los cuales rindieron declaraciones en cuanto a la determinación con criterio técnico en cuanto al justiprecio para la fecha de su realización del justo valor de reposición de los daños materiales severos ocasionados al vehiculo de la demandante, determinando que el costo de reparación del vehículo fue por la cantidad de Setenta y Un Mil Ciento Noventa y Ocho con Cincuenta y un céntimo (Bs. 71.198,51).

En relación a lo antes señalados, considera quien aquí suscribe traer a colación el artículo 862 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece “(…) Si la prueba practicada fuera de la audiencia fuere la de experticia, se oirá en la audiencia la exposición y conclusiones orales de los expertos y las observaciones que formulen las partes, sin lo cual la prueba carecerá de eficacia y será desestimada por el Juez. En todo caso, el Juez puede hacer los interrogatorios que considere necesarios a las partes, a los testigos y a los peritos en la audiencia o debate oral”; de lo anterior, colige esta Alzada, que la norma in comento, si bien señala que al debate oral deberán comparecer los expertos a dar sus respectivas conclusiones en relación a la experticia, no es menos cierto, que el texto mismo de la norma no ordena la concurrencia de todos los expertos designados, motivo por el cual, considera esta Juzgadora que con la comparecencia al debate de los dos expertos, ciudadanos D.A.V.P. y C.R.G., ambos identificados en autos, se tiene como convalidado y plenamente eficaz la prueba de experticia promovida por la parte actora; en razón de ello, quien preside este despacho Superior, considera prudente acordar una experticia complementaria tanto del informe realizado por el Instituto de Transporte Y T.T., así como del informe de los expertos, con la finalidad de fijar un monto equiparado entre ambas experticias, conforme al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE.

En razón de los argumentos y valoraciones anteriormente esgrimidos se hace forzoso para quien aquí suscribe declarar, Parcialmente Con Lugar el recurso de apelación ejercido en fecha 19 de febrero de 2013, por la abogado en ejercicio S.A., debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 11.804, actuando en su propio nombre y representación, contra el fallo proferido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 06 de noviembre de 2012. ASÍ SE DECIDE.

III

DISPOSITIVO

En virtud de las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara, Parcialmente Con Lugar la apelación interpuesta en fecha 19 de febrero de 2013, por la abogado en ejercicio S.A., debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 11.804, actuando en su propio nombre y representación, mediante el cual apeló del fallo proferido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 06 de noviembre de 2012, Se modifica el fallo apelado en los términos expuestos a lo largo de la presente decisión, en los siguientes términos:

Se declara que la sociedad mercantil Seguros Horizonte, C.A. carece de cualidad pasiva para ser demandada en esta causa, por lo que se declara improcedente la pretensión contenida en la demanda, respecto de dicha sociedad mercantil.

Respecto de la República Bolivariana de Venezuela por Órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, se dispone lo siguiente:

1. -Se condena a la Republica Bolivariana de Venezuela, por Órgano del Poder Popular para la Defensa, a pagar a la parte actora la suma que resulte de la experticia complementaria tanto del informe realizado por el Instituto de Transporte Y T.T., así como del informe de los expertos, con la finalidad de fijar un monto equiparado entre ambas experticias por concepto de indemnización por los daños materiales causados al vehiculo, propiedad de la parte actora, en virtud del accidente de transito descrito en la demanda que originó esta causa.

2. - Se niega la pretensión de la parte actora, relacionada con indemnización de daño emergente, estimados en el libelo de la demanda en la cantidad de Bs. 5.532,00, por concepto de indemnización de los daños emergentes consistentes en la privación del uso del vehiculo durante seis meses y medio, contado a partir del 1º de octubre de 2005, hasta el 15 de abril de 2006, así como gastos de estacionamiento y servicio de grúa.

3. -Se condena a la Republica Bolivariana de Venezuela, por Órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a pagar a la parte actora a la suma de Bs. 9.130,54, como indemnización por los gastos médicos sufragados por la parte actora, en virtud de las lesiones corporales sufridas en si anatomía, como consecuencia del accidente de transito a que se contrae la demanda.

4. - Se condena a la Republica Bolivariana de Venezuela, por Órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a pagar a la parte actora la suma de Bs. 15.000,00 como indemnización por daño moral originado por el accidente de transito descrito en la demanda.

5. -Se ordena la indexación de las cantidades indicadas en los ordinales 1º y 3º, calculados desde la interposición de la demanda, hasta la presente fecha, en el cual deberán aplicarse el IPC acumulado para el Área Metropolitana de caracas, de acuerdo a las estimaciones del Banco Central de Venezuela. Se hace constar que se excluye de indexación la indemnización correspondiente a daño moral.

Déjese copia de la presente decisión en el copiador de sentencias.

Remítase en su oportunidad legal al Tribunal de origen

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

LA JUEZ PROVISORIO;

M.A.R.

EL SECRETARIO,

J.A.F.P.

En esta misma fecha siendo las ______________________________ (___________) se registró y publicó la anterior sentencia.

EL SECRETARIO,

J.A.F.P.

MAR/JFP/MilangelaR

Exp. AP71-R-2013- 000322