Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 13 de Abril de 2015

Demandamos la corrección monetaria …omissis…

El pago de costos y Honorarios Profesionales a que hubiere lugar…”

A tenor de lo precedentemente expuesto, este Tribunal Superior significa:

De acuerdo con lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico vigente, el Juez conoce el derecho y debe, con base a los hechos alegados por las partes, lo existente en los autos y con fundamento al ordenamiento jurídico, calificar los derechos, peticiones o acciones que se manifiesten en un determinado proceso, independientemente de la calificación que éstas le den, precisamente porque el Juzgador, es conocedor del derecho, de las normas jurídicas, de la jurisprudencia y de las máximas de experiencia; lo cual es un principio procesal rector en la actividad jurisdiccional, conocido en doctrina como Iura Novit Curia.

En ese sentido, se hace necesario hacer las siguientes precisiones:

No ha sido discutido en este proceso, que las partes que intervienen en el mismo, han admitido y aceptado de manera expresa que lo que los vincula es un contrato de cuenta corriente, tal como se evidencia tanto del libelo como de la respectiva contestación.

Tal circunstancia además, queda confirmada con la adhesión que a dicho contrato de cuenta corriente ha efectuado la demandante al documento mediante el cual se establecen las cláusulas que han de regir el contrato de cuenta corriente del Banco Unión, protocolizado el nueve (09) de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988), bajo el Nº 38, Tomo 25, Protocolo Primero, ante el Registrador Subalterno del Segundo Circuito de Registro del Municipio Baruta del Estado Miranda.

Ahora bien, de la revisión exhaustiva del libelo, se observa que el demandante narra una serie de irregularidades que presuntamente cometió el banco referidas fundamentalmente al pago de cheques no librados por su representada que supuestamente fueron objeto de falsificación y que la misma, saltaba a simple vista, ya que la firmas que aparecían en los cheques pagados, no coincidían con las que existían en los registros de firmas suscritos en el momento de la apertura de la cuenta corriente; y, referidas también al pago de un mismo cheque repetidas veces, entre otras.

Además se aprecia del libelo, que el demandante invocó los elementos que enmarcan la responsabilidad del banco, como depositario de las sumas de dinero acreditadas en la cuenta corriente, la obligación de los bancos de debitar únicamente de la cuenta del depositante los pagos autorizados por el cuenta correntista; la responsabilidad objetiva del banco en relación con los riesgos propio de la entidad bancaria; y señaló detalladamente lo que en su criterio configuraba la imprudencia y la negligencia de la actuación de la entidad bancaria, en la custodia y cuidado de los bienes a su cargo.

De modo pues, que si bien es cierto, que en su petitorio invoca el artículo 1.167 del Código Civil y pide la ejecución del contrato, cuando precisa su pretensión en los particulares primero y segundo, entiende este Juzgador, que lo que se ha pedido en la acción que da inicio a estas actuaciones, es que se le pague o reintegre al demandante las cantidades de dinero que se han pagado indebidamente con cargo a la cuenta corriente de la cual es titular la parte actora.

En ese sentido, se debe destacar que aún cuando se invoque el 1.167 del Código Civil y se diga que se demanda la ejecución de un contrato, nos encontramos frente a una acción por pago de lo indebido contemplada en los artículos 1.178 y siguientes del mismo cuerpo legal, calificación esta que le está permitida a este Juzgador, en función de que es conocedor del derecho que debe aplicarse con fundamento en los hechos invocados. Así se establece.-

En consecuencia de lo aquí resuelto, se debe precisar asimismo que, como quiera que, no se trata de una acción por cumplimiento o ejecución de contrato, no se hace imprescindible señalar en que consistió el incumplimiento del banco, como lo alega la parte demandada en su contestación.

No obstante lo anterior, con respecto a dicho argumento, observa este Tribunal que el demandante, detalladamente indicó en que consistía lo que para él configuraba la negligencia y la imprudencia del banco, cuando pagó cheques con la misma numeración, pagó cheques con firmas que a simple vista no coincidían con las firmas registradas en la entidad bancaria; pagó cheques con formatos que supuestamente habían sido descontinuados por instrucciones del propio banco ante la llegada del milenium.

Tales señalamientos, en el libelo de la demanda que se analizarán más adelante para determinar si los mismos quedaron o no probados, a criterio de este sentenciador, expresan con claridad el incumplimiento de las obligaciones del demandado, invocados en el libelo de demanda como fundamento de los pagos indebidos que presuntamente hizo el banco; y que en opinión de la demandante, le dan el derecho a exigir la repetición de lo pagado indebidamente, referido en este asunto en concreto, a las cantidades que le habían sido debitadas (mediante cheques) indebida y negligentemente de la cuenta corriente Nro. 005-56627-4, de la cual era titular, por una suma de SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 73.834.435,00), moneda vigente para ese momento; hoy, equivalentes a la suma de SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 73.834,43). Así se decide.-

De lo anterior se desprende, que también deben ser desechadas las defensas efectuadas en la contestación de la demanda, referidas a que la acción que se intentó era una ejecución de contrato, y que no se había indicado en que consistía el incumplimiento. Así se declara.-

Por otra parte se observa, que la demandada, en la contestación a la demanda, limita las acciones que pudiera tener el titular de una cuenta corriente contra la entidad bancaria que maneje la misma, a las acciones especificas previstas en el artículo 520 del Código de Comercio, referidas a: (i) Rectificación de la cuenta por errores de cálculos, omisiones, artículos extrañas o indebidamente llevados al debito o crédito, o duplicación de partidas; (ii) Solicitar el arreglo de la cuenta corriente; (iii) Pago del saldo judicial o extrajudicialmente reconocido; y, en función de ello señala que la acción intentada es contraria a derecho y que la invocación de cualquier fuente extracontractual de obligaciones de su representada, derivadas del contrato de cuenta corriente existente entre las partes, se encuentra excluida de cualquier consideración jurídica.

Con respecto a este alegato, debe precisarse lo siguiente:

La cuenta corriente bancaria, según lo define el artículo 521 del Código de Comercio, puede ser de dos maneras, al descubierto cuando el banco hace adelanto de dinero o con provisión de fondos cuando el cliente lo tiene depositados en él.

De acuerdo con la doctrina patria, se trata de un contrato comercial, que para su ejercicio se requiere el libramiento de los cheques, conforme a lo previsto en los artículos 489 y siguientes del texto legal citado; y, el cuenta correntista solo puede tener derecho a disponer a su favor o de un tercero cuando tiene cantidades de dinero disponibles.

De igual forma, la propiedad de lo depositado, le es atribuible a la persona a nombre de quien se abre la cuenta y por ende ostenta su titularidad.

Ha reconocido también la doctrina, que la apertura de la cuenta corriente significa el inicio de la relación jurídica entre el banco y su cliente, la cual se desarrolla a lo largo del tiempo, y se concreta con una serie de prestaciones económicas que van a engendrar consecuencias jurídicas y cuya defectuosa realización puede dar lugar a responsabilidades.

En la cuenta corriente de provisión de fondos como la que nos ocupa, le impone al titular de esta, la obligación de proveer los fondos a los fines de que la entidad bancaria en la cual se encuentran depositados, pueda gestionar los pagos y los cobros autorizados por el cuenta correntista y pueda realizar cabalmente su gestión.

Determinado lo anterior, considera este sentenciador, que como depositario y gestor de los pagos y los cobros, no pueden limitarse las acciones que pudiera tener el cuenta correntista, contra el banco, en caso de que encuentre defectuosa la gestión realizada por él, en su nombre y por su cuenta y orden, únicamente a las acciones específicas a que se contrae el artículo 520 del Código de Comercio. En efecto, su gestión en el manejo y en el cuidado del dinero que le fue dejado bajo su custodia, puede generar responsabilidades que den lugar a otro tipo de acciones, vale decir, por ejemplo, una acción por repetición fundamentada en el pago de lo indebido; y, una acción por indemnización por daños y perjuicios si los hubiere.

Como ya se dijo, a criterio de este Juzgador nos encontramos en presencia de la primera de las nombradas, es decir, una acción de repetición fundamentada en el pago de lo indebido, y originada en las obligaciones genéricas y no específicas que tiene un contrato de depósito. En otras palabras, si el titular de una cuenta corriente, considera que el banco en su actuar como custodio del dinero que fue depositado en la cuenta, no lo hizo con la debida diligencia de un buen padre de familia, de acuerdo con la teoría general de las obligaciones, tiene derecho a reclamar que se le reintegre lo pagado indebidamente o a reclamar una indemnización por daños y perjuicios, si lo hubiere.

En vista de lo anterior, no es contraria a derecho la pretensión de la empresa demandante que da inicio a estas actuaciones; en razón de lo cual la defensa esgrimida en este sentido, debe ser desechada. Así se declara.-

Resueltas las defensas antes señaladas, pasa este Tribunal a determinar, si el demandante probó los hechos en que fundó su pretensión, o si el demandado logró excepcionarse; y a tales efectos, observa:

Dispone el artículo 1.354 del Código Civil, lo siguiente:

Artículo 1.354.- Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación

.

Asimismo, establece el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil:

Artículo 506.- Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación

.

En las normas antes transcritas, se establece la teoría de la carga de la prueba, según la cual, corresponderá al actor probar los hechos constitutivos de su pretensión; y, a la parte demandada, probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de la obligación demandada.

La noción de carga de la prueba, se encuentra vinculada a los principios mencionados, la cual tiene justificación filosófica en la necesidad práctica ante la cual se encuentra una parte para poder obtener el efecto jurídico deseado y evitar el daño de perderlo, de probar el nacimiento del derecho reclamado si quiere que le sea reconocido por el Juez, o en su extinción, si se defiende alegándola, más no tiene la obligación de llevar esa prueba al proceso, ya que, esta necesidad no posee efectos coercitivos significativos de las obligaciones sino que constituyen cargas procesales.

Pasa entonces este Juzgado Superior a examinar, las pruebas traídas al proceso por ambas partes, para determinar sí la actora probó la existencia de la obligación reclamada; o si por el contrario, la demandada, demostró la extinción o la modificación de la obligación.

Ante ello se aprecia, que la parte actora, a los efectos de fundamentar sus alegatos, acompañó a su libelo de demanda los siguientes documentos:

1. - Original de comunicación de fecha veinte (20) de marzo de dos mil (2000), suscrita por los abogados C.R.B.U. y M.E.Á.B., en su condición de apoderados judiciales de la empresa INMOBILIARIA DATA HOUSE, C.A., dirigida a BANCO UNIÓN, C.A., con sus respectivos anexos de: Corte de Cuenta; soporte contable de la empresa; cheques emitidos por la empresa; cheques debitados por el banco; cuando comparativo de los cheques emitidos y debitados; cuadro demostrativo de agencias, fechas y terminales; carta en relación al cambio de formato exigido; copia del nuevo formato; copia de cheques debitados por el banco; y, muestra de sellos y firmas (constante a los folios del diecinueve (19) al doscientos veintiocho (228) de la primera pieza del expediente); por medio de la cual le manifestaban a dicha institución bancaria que, la cuenta corriente Nro. 005-56627-4, perteneciente a su mandante, presentaba una serie de irregularidades, a partir del mes de febrero, en cuanto a que varios de sus empleados, no habían podido proceder el cobro o pago de unos cheques, ante sus diversas agencias; y, que no habían llegado a la empresa, los estados de cuenta correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero.

2. - Copia simple de comunicación emanada de los abogados C.R. BELLO U. y M.E.Á. B., dirigida al ciudadano H.M., de la Unidad de Prevención de Legitimación de Capitales del Banco Unión, C.A., de fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil (2000), a través de la cual le manifestaban a dicha entidad bancaria que, debido a las irregularidades suscitadas, estaban siendo objeto de acciones penales, civiles y administrativas, razón por la cual, le solicitaban, a efectos de elaborar su defensa, la entrega de las copias de los cheques, así como copia de las fotografías de los pagos.

   Con respecto a los medios probatorios que anteceden, observa este sentenciador que los mismos ya fueron analizados al momento de pronunciarse acerca de la caducidad de la acción alegada en este procedimiento; razón por la cual, da por reproducida su valoración Así se establece.-

3. - Originales de comprobantes de pagos y emisión de cheques supuestamente emanados de la empresa INMOBILIARIA DATA HOUSE, C.A., identificados con los Nros. 00071760, 00073970, 00073971, 00073972, 00073973, 00073974, 00073975, 00073976, 00073977, 00073978, 00073979, 00073981, 00073982, 00073983, 00073984, 00073985, 00073986, 00073987, 00073988, 00073990, 00073991, 00073992, 00073993, 00073994, 00073995, 00074720, 00074721, 00074722, 00074723, 00074737, 00074738, 00074739, 00074741, 00074743, 00074746, 00074747, 00074749, 00074750, 00074751, 00074752, 00074753, 00074756, 00074757, 00074758, 00074759, 00074760, 00074761, 00074762, 00074763, 00074764, 00074765, 00074766, 00074767, 00074768, 00074769, 00074771, 00074772, 00074773, 00074774, 00074775, 00074776, 00074777, 00074778, 00074779, 00074780, 00074781, 00074782, 00074783, 00074784, 00074786, 00074787, 00074788, 00074789, 00074790, 00074791, 00074792, 00074793, 00074794, 00074872, 00074873, 00074874, 00074875, 00074876, 00074877, 00074878, 00074879, 00074880, 00074881, 00074882, 00074883, 00074884, 00074885, 00074887, 00074888, 00074889, 00074890, 00074891, 00074893, 00074894, 00074895, 00074897, 00074898, 00074899, 00075301, 00075302, 00075303, 00075304, 00075305, 00075306, 00075308, 00075310, 00075311, 00075312, 00075313, 00075314, 00075315, 00075316, 00075318, 00075319, 00075320, 00075321, 00075323, 00075324, 00075327, 00075328, 00075329, 00075330, 00075331, 00075332, 00075333, 00075334, 00075335, 00075340, 00075344, 00075345, 00075346, 00075347, 00075348, 00075349, 00075350, 00075351, 00075356, 00075357, 00075358, 00075365, 00075366, 00075367, 00075368, 00075369, 00075370.

   Con respecto a los medios probatorios que anteceden, observa este sentenciador que si bien es cierto, que los mismos emanan de la propia parte que hoy pretende hacerlos valer en juicio; no es menos cierto, el hecho de que los mismos no fueron desconocidos ni impugnados, por la parte contra la cual fueron opuestos, en la oportunidad legal respectiva; aunado a la circunstancias de que dichos comprobantes de pago, cursan a los folios 54 al 204 de la primera pieza del expediente, como anexos a la misiva de fecha veinte (20) de marzo de dos mil (2000), analizada anteriormente, cuyo contenido no fue descocido por la hoy demandada; razón por la cual, este sentenciador les atribuye valor probatorio; y, en consecuencia, adminiculada con la prueba analizada en el numeral 1, los considera demostrativo de que los cheques contenidos en dichos comprobantes de pago, habían sido presentados al cobro y rechazado su pago. Así se decide.-

4. - Original del misiva de fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil (2000), emanada del ciudadano O.A.R., en su condición de presidente de la sociedad mercantil INMOBILIARIA DATA HOUSE, C.A., dirigida al BANCO UNIÓN, Agencia El Silencio, por medio de la cual le notificaban que, a partir de esa fecha, habían estado utilizando cheques elaborados e impresos por la empresa, numerados consecutivamente desde el 00074000, hasta el número 00080000, en la cuenta corriente Nro. 005-56627-4.

5. - Original de comunicación del seis (06) de julio de dos mil (2000), suscrita por la entidad de comercio INMOBILIARIA DATA HOUSE, C.A., dirigida a BANCO UNIÓN AGENCIA EL SILENCIO, a través de la cual hacían de su conocimiento que, a partir de ese momento, estaban utilizando cheques elaborados e impresos por dicha empresa, numerados desde el 00078001 hasta el 00079000.

   Las documentales que anteceden, no fueron expresamente desconocidas por la parte contra la cual fueron opuestas, en la oportunidad legal correspondiente; asimismo, se observa que, al contenido de dichas misivas, consta sello húmedo de la entidad bancaria BANCO UNIÓN, C.A.- BANCO UNIÓN, S.A.C.A., Agencia El Silencio, con señal de haber recibido la misma; motivo por el cual, este Tribunal Superior, las tiene por reconocidas, de conformidad con lo previsto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, les atribuye el valor probatorio que le concede el artículo 1.363 del Código Civil; y, en consecuencia, los considera demostrativo de lo siguiente:

   Con respecto a la prueba indicada en el numeral 4, queda demostrado que la hoy empresa demandante, INMOBILIARIA DATA HOUSE, C.A., le notificó a BANCO UNIÓN, S.A.C.A., en fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil (2000), que hasta ese momento, habían estado utilizando cheques elaborados e impresos por la empresa, numerados consecutivamente desde el 00074000, hasta el número 00080000, en la cuenta corriente Nro. 005-56627-4.

   Por su parte, con la documental identificada con el numeral 5, queda evidenciado que la sociedad mercantil INMOBILIARIA DATA HOUSE, C.A., hizo del conocimiento a la hoy entidad bancaria demandada que, a partir del seis (06) de julio de dos mil (2000), estaban utilizando cheques elaborados por dicha sociedad mercantil, desde el 00078001 hasta el cheque 00079000.

6. - Asimismo, la representación judicial de la parte actora, trajo al debate procesal, tal como consta a los folios del trescientos ochenta y cuatro (384), al cuatrocientos treinta y siete (437), copias simples de los cheques emanados de la INMOBILIARIA DATA HOUSE, C.A., del Banco Unión; para demostrar el hecho de los cheques que habían sido indebidamente presentados y pagados. Con respecto a ello, este Juzgado Superior observa que, los mismos, fueron objeto de revisión mediante prueba de experticia grafotecnica, la cual será analizada por este Juzgador más adelante.

7. - Original de cheques supuestamente emanados de la cuenta 005-56627-4, de INMOBILIARIA DATA HOUSE, C.A., identificados con los siguientes números, fechas y montos:

   - Nro. 00073972, del 31 de enero de 2000, por la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 54.600,00); a nombre de AULESTIA DE LOS A.M..

   - Nro. 00073974, del 31 de enero de 2000, por SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 68.569,25), a nombre de L.R.P..

   - Nro. 00073975, de fecha 31 de enero de 2000, por SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 67.735,95), a nombre de J.F.B.

   - Nro. 00073976, del 31 de enero de 2000, por la cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS BOLÍVARES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 54.316,95), a nombre de G.P.R..

   - Nro. 00073977, del 31 de enero de 2000, por VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLÍVARES CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 26.666,65), a nombre de M.F.D.P..

   - Nro. 00073978, del 31 de enero de 2000, por la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE BOLÍVARES CON SETENTA CÉNTIMOS (Bs. 59.315,70), a nombre de M.Z.D.N..

   - Nro. 00073979, del 31 de enero de 2000, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 38.000,00), a nombre de E.O.M.M..

   - Nro. 00073981, de fecha 31 de enero de 2000, por CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLÍVARES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 143.651,95), a nombre de PALMIÑO USECHE VARELA.

   - Nro. 00073982, del 31 de enero de 2000, por OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 82.569,25), a nombre de H.A.A..

   - Nro. 00073983, del 31 de enero de 2000, por TREINTA Y DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 32.000,00), a nombre de E.P.B..

   - Nro. 00073984, de fecha 31 de enero de 2000, por la suma de SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 76.569,25), a nombre de P.J.R..

   - Nro. 00073985, del 31 de enero de 2000, por OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON DIEZ CÉNTIMOS (Bs. 86.064,10), a nombre de H.M.R..

   - Nro. 00073986, del 31 de enero de 2000, por la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 84.569,25), a nombre de D.V.D..

   - Nro. 00073987, del 31 de enero de 2000, por la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS (Bs. 44.569,30), a nombre de G.D.J.A.V..

   - Nº 00073988, de fecha 31 de enero de 2000, por CIENTO VEINTINUEVE MIL DIECINUEVE BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 129.019,25), a nombre de E.A.N..

   - Nro. 00073990, del 31 de enero de 2000, por la cantidad de NUEVE MIL BOLÍVARES (Bs. 9.000,00), a nombre de L.P.F.

   - Nro. 00073992, de fecha 31 de enero de 2000, por la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS BOLÍVARES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 57.426,95), a nombre de R.M.P.P..

   - Nro. 00073993, de fecha 31 de enero de 2000, por OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLÍVARES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 83.853,85), a nombre de H.T.H..

   - Nro. 00073994, del 31 de enero de 2000, por la suma de SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 69.886,95), a nombre de F.R..

   - Nro. 00073995, de fecha 31 de enero de 2000, por CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 56.569,25), a nombre de J.A.F..

   - Nro. 00074720, del 18 de febrero de 2000, por la suma de CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES BOLÍVARES (Bs. 423.363,00), a nombre de J.O..

   - Nro. 00074721, de fecha 18 de febrero de 2000, por la cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ BOLÍVARES CON NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 183.310,09), a nombre de INMOBILIARIA DATA HOUSE C.A.

   - Nro. 00074722, de fecha 18 de febrero de 2000, por CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO BOLÍVARES (Bs. 461.318,00), a nombre de INMOBILIARIA DATA HOUSE C.A.

   - Nro. 00074723, del 18 de febrero de 2000, por SETENCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE BOLÍVARES (Bs. 740.677,00), a nombre de INMOBILIARIA DATA HOUSE C.A.

   - Nro. 00074737, del día 22 de febrero de 2000, por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 449.099,99), a nombre de INMOBILIARIA DATA HOUSE C.A.

   - Nro. 00074738, del 22 de febrero de 2000, por la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 450.925,00), a nombre de INMOBILIARIA DATA HOUSE C.A.

   - Nro. 00074739, de fecha 22 de febrero de 2000, por TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO BOLÍVARES (Bs. 310.218,00), a nombre de INMOBILIARIA DATA HOUSE C.A.

   - Nro. 00074741, del 22 de febrero de 2000, por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA BOLÍVARES (Bs. 342.690,00), a nombre de RES. VISTA BELLA.

   - Nro. 00074747. de fecha 23 de febrero de 2000, por la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS BOLÍVARES CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 559.342,45), a nombre de RES. LAS CALIFORNIAS.

   - Nro. 00074749, del 23 de febrero de 2000, por OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES (Bs. 804.680,00), a nombre de RES. LAS CALIFORNIAS

   - Nro. 00074750, del 23 de febrero de 2000, por la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 175.949,97), a nombre de I.D.P.

   - Nº 00074751, del 23 de febrero de 2000, por la cantidad de QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS BOLÍVARES CON CINCUENTA Y CON CÉNTIMOS (Bs. 507.826,51), a nombre de INMOBILIARIA DATA HOUSE C.A.

   - Nro. 00074753, de fecha 23 de febrero de 2000, por CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO BOLÍVARES CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 160.918,58), a nombre de INMOBILIARIA DATA HOUSE C.A.

   - Nro. 00074756, del 23 de febrero de 2000, por la suma de TRESCIENTOS SETENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 370.000,00), a nombre de INMOBILIARIA DATA HOUSE C.A.

   - Nro. 00074757, de fecha 23 de febrero de 2000, por la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 631.325,31), a nombre de CHENSERQUIN C.A.

   - Nro. 00074762, del 24 de febrero de 2000, por CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN BOLÍVARES CON SESENT CÉNTIMOS (Bs. 121.361,60), a nombre de I.T.B..

   - Nro. 00074763, de fecha 24 de febrero de 2000, por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE BOLÍVARES (Bs. 596.847,00), a nombre de ADMINISTRADORA SERDECO S.A.

   - Nro. 00074764, del 24 de febrero de 2000, por CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 459.052,85, a nombre de W.B..

   - Nro. 00074765, del día 24 de febrero de 2000, por la cantidad de CIENTO SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (Bs. 170.159,26), a nombre de L.M.R..

   - Nro. 00074766, de fecha 24 de febrero de 2000, por QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 582.000,00), a nombre A.A..

   - Nº 00074767, del 24 de febrero de 2000, por QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 582.000,00), a nombre de A.A..

   - Nro. 00074768, del 24 de febrero de 2000, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 293.175,00), a nombre de HIDRAULICA UNIÓN C.A.

   - Nro. 00074769, de fecha 24 de febrero de 2000, por DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 285.862,50), a nombre de SERVICIO TÉCNICO TUBIBASCEN C.A.

   - Nro. 00074771, del 24 de febrero de 2000, por UN MILLÓN CUATROCIENTOS NUEVE MIL SESCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 1.409.650,00), a nombre de ROSECA VIGILANCIA PROVADA.

   - Nro. 00074773, del día 24 de febrero de 2000, por la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA BOLÍVARES (Bs. 266.490,00), a nombre de M.R..

   - Nro. 00074774, del 24 de febrero de 2000, por CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES BOLÍVARES CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 137.693,32), a nombre de CORPORACIÓN SABELCA.

   - Nro. 00074779, del 24 de febrero de 2000, por la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 138.600,00); a nombre de SERVICIOS ZAISER C.A.

   - Nro. 00074780, de fecha 24 de febrero de 2000, por la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE BOLÍVARES (Bs. 447.909,00), a nombre de SIMAR C.A.

   - Nro. 00074781, del 24 de febrero de 2000, por TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS BOLÍVARES CON UN CÉNTIMO (Bs. 333.892,01), a nombre de FERRE INDUSTRIAL TOCOME C.A.

   - Nro. 00074782, de fecha 24 de febrero de 2000, por la suma de OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 88.935,00), a nombre de HIDRONEUMATICOS BRIAL C.A.

   - Nro. 00074785, del 24 de febrero de 2000, por SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 711.200,00), a nombre de RELE-MATIC DE VENEZUELA C.A.

   - Nro. 00074786, de fecha 24 de febrero de 2000, por la cantidad de CIENTO TRES MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 103.500,00), a nombre de INMOB. DATA HOUSE C.A.

   - Nro. 00074787, del 24 de febrero de 2000, por la suma de CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 191.626,25), a nombre de PUERTAS AUTOMATICAS VARELA C.A.

   - Nro. 00074790, de fecha 24 de febrero de 2000, por CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS BOLÍVARES CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 438.916,86), a nombre de PLANSUAREZ C.A.

   - Nro. 0074791, del 24 de febrero de 2000, por la cantidad de OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 81.335,00), a nombre de MIDECAS C.A.

   - Nro. 00074792, del 24 de febrero de 2000, por la suma de OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA BOLÍVARES (Bs. 83.160,00), a nombre de C.A CINEMATICA B.G.

   - Nro. 00074794, de fecha 24 de febrero de 2000, por DOSCIENTOS SIETE MIL NOVIENTOS BOLÍVARES (Bs. 207.900,00), a nombre de CORPORACION TOTALAIRE C.A.

   - Nro. 00074872, del 28 de febrero de 2000, por la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 57.815,40), a nombre de J.A.F..

   - Nro. 00074873, del 28 de febrero de 2000, por la suma de CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 57.815,40), a nombre de V.S.L..

   - Nro. 00074874, de fecha 28 de febrero de 2000, por CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN BOLÍVARES CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 58.361,55), a nombre de M.D.L.A.M..

   - Nro. 00074875, del 28 de febrero de 2000, por la cantidad de SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA CÉNTIMOS (Bs. 6.084,60), a nombre de M.A. RENGIFO M.

   - Nro. 00074876, del 28 de febrero de 2000, por la suma de NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 91.819,25), a nombre de J.C.C.G..

   - Nro. 00074877, de fecha 28 de febrero de 2000, por OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLÍVARES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 80.253,85), a nombre de W.B..

   - Nro. 00074878, del 28 de febrero de 2000, por la cantidad de CIENTO CATORCE MIL BOLÍVARES (Bs. 114.000,00), a nombre de P.E. RENGIFO C.

   - Nro. 00074879, del día 28 de febrero de 2000, por un monto de CIENTO UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 101.769,25), a nombre de L.M.R..

   - Nro. 00074880, de fecha 28 de febrero de 2000, por SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLÍVARES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 76.753,85), a nombre de IRALDO PEINADO VIDES.

   - Nro. 00074881, del 28 de febrero de 2000, por la cantidad de CIENTO DOCE MIL BOLÍVARES (Bs. 112.000,00), a nombre de J.E.R.S..

   - Nro. 00074882, del día 28 de febrero de 2000, por la suma de NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLÍVARES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 90.953,85), a nombre de MAIKEL R.R..

   - Nro. 00074883, del 28 de febrero de 2000, por un monto de OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO BOLÍVARES CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 80.738,45), a nombre de M.F.G.D..

   - Nro. 00074884, del 28 de febrero de 2000, por NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 92.794,25), a nombre de R.I.Q..

   - Nro. 00074885, de fecha 28 de febrero de 2000, por la cantidad de CIENTO DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 110.176,95), a nombre de F.R.B..

   - Nro. 00074887, del 28 de febrero de 2000, por la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 58.635,25), a nombre de D.G.P..

   - Nro. 00074888, del día 28 de febrero de 2000, por TREINTA Y TRES MIL CIENTO BOLÍVARES (Bs. 33.100,00), a nombre de A.L.B.R..

   - Nro. 00074889, de fecha 28 de febrero de 2000, por un monto de CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN BOLÍVARES CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 58.361,55), a nombre de M.D.C.A..

   - Nro. 00074890, del 28 de febrero de 2000, por la cantidad de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN BOLÍVARES CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 29.361,55), a nombre de N.G.T..

   - Nro. 00074893, del día 28 de febrero de 2000, por VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN BOLÍVARES CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 29.361,55), a nombre de Y.M. CEDEÑO DE H.

   - Nro. 00074894, del 28 de febrero de 2000, por la suma de CIENTO QUINCE MIL SESENTA Y UN BOLÍVARES CON CINCUENTQA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 115.061,55), a nombre de M.A..

   - Nro. 00074897, del fecha 28 de febrero de 2000, por un monto de CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN BOLÍVARES CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 42.861,55), a nombre de L.V.B..

   - Nro. 00074898, del 28 de febrero de 2000, por la cantidad de TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN BOLÍVARES CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 30.261,55), a nombre de H.S.R.F..

   - Nro. 00075301, del 15 de marzo de 2000, por SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 75.000,00), a nombre de G.R.P.A..

   - Nro. 00075303, de fecha 15 de marzo de 2000, por la suma de SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 75.000,00), a nombre de A.G..

   - Nro. 00075304, del 15 de marzo de 2000, por TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 36.500,00), a nombre de A.M.F..

   - Nro. 00075305, del día 15 de marzo de 2000, por un monto de SESENTA Y OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 68.000,00), a nombre de J.L.S.A..

   - Nro. 00075306, de fecha 15 de marzo de 2000, por la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 45.000,00), a nombre de M.C..

   - Nro. 00075310, del 15 de marzo de 2000, por la suma de VEINTINUEVE MIL BOLÍVARES (Bs. 29.000,00), a nombre de L.A.S.E..

   - Nro. 00075311, del día 15 de marzo de 2000, por NOVENTA Y CUATRO MIL QUIINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 94.500,00), a nombre de M.D.C.M..

   - Nro. 00075312, del 15 de marzo de 2000, por un monto de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 42.500,00), a nombre de M.Y.M.C..

   - Nro. 00075313, de fecha 15 de marzo de 2000, por la cantidad de VEINTINUEVE MIL BOLÍVARES (Bs. 29.000,00), a nombre de B.G.Q..

   - Nro. 00075314, del 15 de marzo de 2000, por CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 42.500,00), a nombre de F.M.P..

   - Nro. 0075319, del 15 de marzo de 2000, por CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 42.500,00), a nombre de O.R.C..

   - Nro. 00075320, del día 15 de marzo de 2000, por CUARENTA Y DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 42.000,00), a nombre de A.B.F..

   - Nro. 00075321, del 15 de marzo de 2000, por la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 49.600,00), a nombre de R.P.R..

   - Nro. 00075327, de fecha 15 de marzo de 2000, por la cantidad de TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs. 30.000,00), a nombre de C.T.R..

   - Nro. 00075351, del 15 de marzo de 2000, por SESENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 64.000,00), a nombre de E.V..

   - Nro. 00075358, del 15 de marzo de 2000, por un monto de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 42.500,00), a nombre de M.G.D.S..

   - Nro. 0075370, del día 15 de marzo de 2000, por VEINTINUEVE MIL BOLÍVARES (Bs. 29.000,00), a nombre de Y.M.L..

   - Nro. 00075328, de fecha 15 de marzo de 2000, por la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 75.000,00), a nombre de R.M.L..

   - Nro. 00075329, del 15 de marzo de 2000, por la suma de SETENTA Y UN MIL BOLÍVARES (Bs. 71.000,00), a nombre de J.G.R.M..

   - Nro. 00075330, del 15 de marzo de 2000, por SESENTA Y SEIS MIL BOLÍVARES (Bs. 66.000,00), a nombre de L.D.V.M..

   - Nro. 00075333, del día 15 de marzo de 2000, por un monto de SESENTA Y OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 68.000,00), a nombre de L.A.S..

   - Nro. 00075334, de fecha 15 de marzo de 2000, por la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 45.000,00), a nombre de XIOLYS MORA ROSALES.

   - Nro. 00075335, del 15 de marzo de 2000, por VEINTINUEVE MIL BOLÍVARES (Bs. 29.000,00), a nombre de

   - Nro. 00075340, del día 15 de marzo de 2000, por SESENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 65.000,00), a nombre de C.V.R..

   - Nro. 00075345, del 15 de marzo de 2000, por la suma de VEINTINUEVE MIL BOLÍVARES (Bs. 29.000,00), a nombre de R.M.N.D.T..

   - Nro. 00075349, de fecha 15 de marzo de 2000, por la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 42.000,00), a nombre de L.M.C.V..

   - Nro. 00075813, del 05 de abril de 2000, por un monto de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UN BOLÍVARES CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 341.201,72), a nombre de R.A. AULAR P.

   - Nro. 00076165, del día 13 de abril de 2000, por CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 483.300,00), a nombre de ELEVADORES GAR C.A.

   - Nro. 00076342, del 25 de abril de 2000, por la suma de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 328.664,82), a nombre de ADMINISTRADORA R.L. C.A.

   - Nro. 00076930, de fecha 17 de mayo de 2000, por la cantidad de CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 115.500,00), a nombre de SERVI A.L. C.A.

   - Nro. 00077643, del 16 de junio de 2000, por UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA BOLÍVARES (Bs. 1.633.170,00), a nombre de ROSECA VIGILANCIA PRIVADA.

   - Nro. 00077304, del 31 de mayo de 2000, por un monto de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 150.000,00), a nombre de SISTEMA ENERGICO S.A.

   - Nro. 00077278, del día 30 de mayo de 2000, por CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ BOLÍVARES CON DIECISIETE CÉNTIMOS (Bs. 199.710,17), a nombre de ASCENSORES FALCONI DE VZLA C.A.

   - Nro. 00077644, del 16 de junio de 2000, por la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES (Bs. 468.680,00), a nombre de RES. EL PARQUE.

   - Nro. 00077281, de fecha 30 de mayo de 2000, por SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 79.695,00), a nombre de ASCENSOORES AMYR.

   - Nro. 00077282, del 30 de mayo de 2000, por la suma de CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO BOLÍVARES (Bs. 129.938,00), a nombre de SERVICIOS TECNICOS REAMPA.

   Con respecto a los medios de prueba que anteceden, observa este sentenciador que, dichos cheques, no fueron desconocidos ni impugnados por la parte contra la cual fueron opuestos, en la oportunidad legal respectiva, todo lo contrario, tal como consta a los folios del ochenta y tres (83), al ciento treinta y dos (132), de la segunda pieza del expediente, los mismos fueron aportados por la parte demandada como fundamento de sus alegatos; razón por la cual este Tribunal Superior, les atribuye valor probatorio; y, por ende, de dicha prueba, adminiculada a los comprobantes de pago identificados en el numeral 3, y a la prueba documental indicada en el numeral 1, se desprende que dichos cheques fueron presentados para su cobro; y, que los mismos, ya habían sido cancelados. Así se establece.-

   Por su parte, la representación judicial de la entidad bancaria demandada, al momento de presentar su escrito de contestación a la demanda, trajo al debate procesal, los siguientes medios probatorios:

1. - Documento denominado registro de firmas, de fecha nueve (09) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), suscrito por los ciudadanos O.R., NOHELIS DE RAMIREZ y J.R., personas que aparecen como firmas autorizadas para movilizar la cuenta corriente Nº 005566274 de la sociedad mercantil INMOBILIARIA DATA HOUSE, C.A., ante la Agencia El Silencio del BANCO UNIÓN S.A.C.A., a los efectos de demostrar que la primera de las referidas había registrado su firma ante dicha entidad bancaria.

   La documental que antecede, no fue expresamente desconocida por la parte contra la cual fue opuesta (actora), en la oportunidad procesal correspondiente; motivo por el cual, este Juzgador las tiene por reconocidas de conformidad con lo establecido en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil; se le atribuye el valor probatorio que le concede el artículo 1.363 del Código Civil; y, en consecuencia, lo considera demostrativo de que en fecha nueve (09) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), ante el BANCO UNIÓN, S.A.C.A., para la movilización de la cuenta corriente Nº 005566274, de la cual es titular la demandante, se registraron las firmas autorizadas de los ciudadanos O.R., NOHELIS RAMÍREZ y J.R..

   Asimismo, de dicha documental se evidencia, que la empresa hoy demandante, manifestó que para el retiro de fondo de la cuenta, bastaría con que la entidad bancaria cotejara favorablemente las firmas que seguidamente se registraron bajo las siguientes condiciones o modalidades: Contiene tres firmas indistintas, indispensable el sello. Igualmente, quedó demostrado que en esa oportunidad, la empresa demandante, manifestó su conformidad con el documento en el cual se han contemplado las condiciones a que se encuentra sujeta la cuenta, el cual fue debidamente registrado en la Oficina Subalterna de Registro bajo el Nº 38, Tomo 25, Protocolo Primero, del nueve (09) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), para las cuentas corrientes. Así se decide.-

2. - Tanto en copia simple, como en copia certificada, contrato de cuenta corriente, suscrito por el ciudadano H.A. BRILLEMBOURG, en su carácter de Vicepresidente de la Junta Directiva del BANCO UNIÓN, C.A., protocolizado ante el Registro Subalterno del Segundo Circuito de Registro del Municipio Autónomo de Baruta del Estado Miranda, en fecha nueve (09) de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988); bajo el 38, Tomo 25, Protocolo 1º.

   Este Tribunal Superior, como quiera que el medio probatorio que antecede, se trata de un instrumento público, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.357 del Código Civil, al no haber sido tachado de falso en la oportunidad respectiva, por la parte contra la cual fue opuesto, le atribuye pleno valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, no obstante que dicho instrumento, fue expresamente aceptado por ambas partes.

   De dicho documento, se desprende lo siguiente:

   Queda evidenciada la regulación y cláusulas establecidas por la entidad bancaria BANCO UNIÓN, C.A., hoy parte demandada, en lo que se refiere al contrato de cuenta corriente que abriera una determinada persona natural o jurídica, en cualquiera de sus oficinas

   Que a pesar de no ser un hecho controvertido en la presente causa, existe un contrato de cuenta corriente, entre las partes litigantes en el presente proceso; y, que el banco no asumía responsabilidad alguna por el pago de cheques falsificados o adulterados, cuanto tales falsificaciones o adulteraciones no fueran susceptibles de ser apreciadas, a simple vista, por el cajero pagador. Así se declara.-

3. - Copia simple de comunicación supuestamente emanada de INMOBILIARIA DATA HOUSE, C.A., dirigida a BANCO UNIÓN, S.A.C.A, por medio de la cual le manifestaban que, para la movilización de la cuenta corriente Nro. 005-56627-4, no utilizarían cheques emitidos por dicha entidad bancaria, sino que se valdrían de los cheques elaborados e impresos por la empresa.

   Este Tribunal, no le atribuye valor probatorio a la mencionada comunicación, toda vez que se trata de la copia fotostática de un documento privado. Así se establece.

   Abierto el juicio a pruebas, se evidencia que, la representación judicial de la parte demandada, promovió los siguientes medios:

   A.- Estados de cuenta emitidos por la entidad BANCO UNIÓN, S.A.C.A., correspondientes a la cuenta corriente Nro. 005-56627-4, referidos a los meses de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), y enero, febrero y marzo de dos mil (2000); a los efectos de demostrar que estos debían presumirse como los mismos estados de cuenta enviados.

   Con respecto al medio de prueba que antecede, observa este Sentenciador que, como los mismos aparecen emanados de la misma parte quien hoy pretende hacerlos valer; aunado al hecho que, del contenido de los mismos, no se desprende sello húmedo o firma alguna de la hoy demandante, en señal de haber recibido los mismos, este Juzgado Superior, no les atribuye valor probatorio; y, por ende, los desecha del proceso.

   A ello debe añadírsele que como se estableció al comienzo de la parte motiva, de esta decisión, no se le aplicó la sanción prevista en el artículo 130 de la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras.

   Por su parte, la representación judicial de la parte demandante, durante el lapso probatorio, promovió los siguientes medios:

1. - Inspección judicial practicada por el Juzgado Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha veintidós (22) de agosto de dos mil (2000), en las oficinas de Banco Unión, Agencia El Silencio, signada bajo el Nº S5149.

2. - Inspección Judicial realizada por el Juzgado Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil (2000), ante las oficinas de la sociedad mercantil TÉCNICA DE VENEZUELA, C.A. (INTEVECA).

   Ahora bien, observa este Tribunal que, tal como se desprende a los folios cinco (05) al siete (07) de la tercera pieza del expediente, la representación judicial de la parte demandada procedió a oponerse a dichos medios de prueba, por cuanto para que dichas inspecciones pudieran ser practicadas y surtiera efectos en juicio, era menester que los hechos de los cuales se tratara dejar constancia, estuvieran sujetos a modificación o a desaparecer con el tiempo.

   En ese sentido, precisa este Sentenciador que, tales medios de prueba, constituyen lo que ha denominado la doctrina y la Ley como “Inspección ocular extra-litem”, respecto de acuerdo al criterio pacífico y reiterado, la jurisprudencia de nuestro M.T., la causa que motiva o pone en movimiento dicho medio probatorio (inspección judicial preconstituida), es la urgencia o el perjuicio por retardo que puede ocasionar su no evacuación inmediata, la cual debe ser alegada al Juez ante quien se promueve, para que éste, previo análisis breve de la circunstancia, así lo acuerde; que cuando la prueba preconstituida es posteriormente promovida en juicio, debe ser demostrada la urgencia o el retardo perjudicial, esto es, la necesidad de haberla practicado antes del proceso, en que, tal exigencia, procura justificar el por qué se instruyó dicha prueba sin la participación de la futura contraparte, privando a ésta de un derecho legítimo, como lo es el de participar en la evacuación, para hacer las respectivas observaciones durante el proceso; y, que la prueba de la urgencia, se puede realizar por una nueva inspección judicial. (verbigracia: Sentencia de la Sala de Casación Civil de la CSJ, de fecha siete (07) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993), Exp. Nro. 89-0626, Magistrado ponente Dr. R.J.A.G.).

   En ese orden de ideas, se evidencia que, en el caso que nos ocupa, la parte actora, promovente de las pruebas de inspección judicial preconstituida, no demostró, la necesidad de haberlas practicado antes del proceso, razón por la cual, este Tribunal de segunda instancia, no les atribuye valor probatorio. Así se establece.-

3. - Asimismo, promovió, de conformidad con lo previsto en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, prueba de exhibición y cotejo de documentos, a los fines de probar la negligencia de la entidad bancaria demandada, en cuanto a la emisión y pago de los cheques.

4. - Prueba de informes, a los fines de oficiar al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en su División de Crimen Organizado, para que procediera a verificar de los microfilms que custodiaba el Banco, en su Unidad de Prevención de Legitimación de Capitales, correspondientes a los cheques cursantes en los autos.

   Con respecto a las pruebas indicadas anteriormente con los numerales 3 y 4, aprecia esta Superioridad que, aún cuando los mismos fueron admitidos por el Juzgado de la causa, de una revisión exhaustiva del expediente, no se desprende la instrucción de éstos; motivo por el cual, este Juzgador, no tiene elemento alguno que valorar. Así se declara.-

5. - Promovió además la confesión judicial de la parte demandada, contenida en el escrito de contestación de la demanda, por cuanto había señalado que: “…Ahora bien, ciudadano Juez, como podrá observar, la parte actora acompaña al libelo de demanda varios cortes de cuenta correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del año dos mil (2000), los cuales fueron solicitados por la demandante en razón a las fechas que narra en el libelo.- Dichos cortes de cuenta no son más que estados de cuenta, sólo que ellos constituyen una relación que comienza desde la fecha del último estado de cuenta, y finaliza en el momento en que dicho corte de Cuenta es solicitado.- Podría decirse que un Corte de Cuenta es un estado de cuenta de menor tiempo.- Ello significa que, una vez entregados a la actora los mencionados cortes de cuenta que acompañó, ella tenía conocimiento de cuales habían sido los cheques cancelados, lo que equivale a decir que ya tenía unos estados de cuenta que reflejaban, al menos en ese lapso, la situación de su cuenta corriente.- Bien, de visu podrá observar el Sentenciador que los estados de cuenta presentados corresponden a los meses de enero, febrero y marzo del año dos mil (2000), lo que quiere decir que, si la actora no estaba conforme con los mismos, debió hacer las observaciones correspondientes y hacerlas llegar al banco por escrito y en forma detallada y razonada dentro de los seis meses siguientes a la fecha de terminación del respectivo mes o período de liquidación.- Esos seis (6) meses, para los estados de cuenta acompañados, culminaron en julio, agosto y septiembre del año dos mil (2000)…”

   Con respecto a la prueba indicada anteriormente, observa este Juzgador que, la doctrina más calificada, ha sido conteste al definir a la prueba de confesión como: “…un testimonio y, por eso, una declaración de ciencia, desde luego no hay confesión sino cuando la parte declara alguna cosa como verdadera (…) no cualquier testimonio de la parte es confesión, sino solamente aquel que narra un quid contrario al interés de la misma parte…” (FRANCESCO CARNELUTTI, Sistema de Derecho Procesal Civil. Traducido por Alcalá Zamora, N. y Sentís Melendo, S., del original en italiano. Unión Tipográfica Editorial Hispano América, Buenos Aires, 1944, Pp. 482 y 483.).

   Por otro lado, precisa esta superioridad que, en lo que se refiere a los alegatos y defensas realizados por las partes en el libelo, contestación y, excepcionalmente en los informes, no pueden ser considerados como confesiones espontáneas, debido a que solamente delimitan la controversia y quedan relevados de pruebas, si alguno de ellos supone una admisión de los hechos de la contraparte; y, que la exposición que hagan las partes en el transcurso de un proceso, concretamente, las que exponen para apoyar sus defensas, no constituyen una confesión como medio de prueba, puesto que en estos casos, lo que se persigue es precisar el alcance y límite de la relación procesal, de la litis.

   Así lo ha establecido la Sala de Casación Civil de nuestro M.T.d.J., en sentencia Nro. 00794, de fecha tres (03) de agosto de dos mil cuatro (2004), con Ponencia del Magistrado Dr. T.A.L., la cual dejó sentado que:

   …en relación a los alegatos y defensas hechos por las partes en el libelo de la demanda, contestación y excepcionalmente en los informes, los mismos no pueden se considerados como confesiones espontáneas, pues solamente delimitan la controversia y quedan relevados de pruebas, si alguno de ellos supone una admisión de los hechos de la contraparte.

   En efecto, la confesión considerada como prueba es el testimonio que una de las partes hace contra sí mismo, es decir, el reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jurídicas en su contra.

   En una sentencia de vieja data (21 de junio de 1984, caso: Inversora Barrialito C.A. c/ F. Giudice) pero apropiada al caso que se estudia, la Sala expresó que en muchas oportunidades las exposiciones de las partes en el transcurso del proceso, y especialmente, las exposiciones que emiten para apoyar sus defensas, no constituyen una ‘confesión como medio de prueba’, pues en estos casos lo que se trata es de fijar el alcance y límite de la relación procesal.

   (…omissis… )

   Dicho de otra manera, cuando las partes concurren al proceso y alegan ciertos hechos, no lo hacen con ‘animus confitendi’.

   La ausencia del ‘animus confitendi’ en los alegatos rendidos por el demandado en su escrito de contestación fue expresada en la doctrina de esta Sala de fecha 17 de noviembre de 1954, reseñada en la sentencia antes aludida, en el sentido de que no toda declaración envuelve una confesión. Para que ella exista, se requiere que verse sobre un hecho capaz de tener la juridicidad suficiente para determinar el reconocimiento de un derecho a favor de quien se hace la confesión y la existencia de una obligación en quien confiesa…

   (Subrayado y Resaltado de este Juzgado Superior).

   Así las cosas, se observa que, la parte actora-promovente, alegó la confesión de la parte demandada, por las afirmaciones realizadas por ésta en su escrito de contestación al fondo de la demanda, la cual, en atención a los criterios anteriormente plasmados, esto es, que los alegatos y defensas esgrimidas por las partes en los diferentes escritos presentados a lo largo del proceso, no pueden ser considerados como confesiones espontáneas de las partes, puesto que dichos alegatos solamente delimitan la controversia y quedan relevados de pruebas; no constituye una confesión como medio de prueba, razón por la cual, no se le atribuye valor probatorio. Así se decide.-

   6.- Prueba de experticia grafotécnica, sobre todos y cada uno de los cheques cursantes en el expediente, emitidos por su representada, así como sobre los cancelados por el Banco, siendo comparados entre sí y con la tarjeta de registro de firmas que llevaba la entidad bancaria; a los fines de determinar la similitud de las firmas de los cheques emitidos por su representada, en relación a los cheques debitados por el banco y la tarjeta de registro de firmas; si las firmas registradas por el Banco, coincidían con los cheques debitados por éste; y, para que determinara la complejidad en la diferencia de las firmas para el ojo humano, por su simple experiencia. .

   Este Tribunal, de conformidad con lo establecido a la Ley Procesal, procede a examinar el siguiente medio probatorio:

   Los ciudadanos J.M.L., J.C.P. y O.G.E., en su condición de expertos grafotécnicos designados para realizar la peritación, al momento de realizar su respectivo informe, concluyeron que las firmas que aparecían identificados en los cheques del número 00074775, al 00075314, no habían sido ejecutadas por la misma persona que, como J.R., aparecía firmando en la tarjeta de registro de firmas, de fecha 09-11-1998, de la cuenta corriente Nro. 0056627-4, Oficina el Silencio, la cual presentaba dos (02) impresiones de sellos húmedos con las leyendas “ANULA ANTERIOR DATA HOUSE, C.A. INMOBILIARIA”.

   Asimismo, señalaron que, las firmas de emisión que suscribían los cheques del Nro. 00073971 al 00073986, no habían sido tampoco ejecutados por la misma persona que, como NOHELIS DE RAMÍREZ, aparecía firmando la tarjeta de registro de firmas, del 09 de noviembre de 1998.

   De igual forma, determinaron que, los formatos de los cientos cuarenta y cinco (145) cheques, presentaban una fuente de producción de origen distinta, con respecto al estándar de comparación de los cheques indubitados suministrados.

   Por su parte, el experto O.G. E. salvó su voto por cuanto, si bien consideró que las firmas examinadas, no habían sido producidas por sus respectivos ejecutantes, en lo cual estaba totalmente de acuerdo, no decía en el informe el parecido y la buena imitación que había hecho el o los falsarios de dichas firmas.

   Ahora bien, advierte este Juzgador que, dicho informe rendido por los expertos, fue objeto de observaciones por las representaciones judiciales de ambas partes litigantes; razón por la cual éstos, en fecha ocho (08) de noviembre de dos mil uno (2001), procedieron a presentar nuevamente escrito de informe pericial, en el cual, con respecto a los cheques en cuestionamiento, manifestaron, lo siguiente:

   …que de la misma no puede concluirse otra cosa que las firmas que aprecen en los cheques (…), las cuales fueron debidamente comparadas con el instrumento indubitado presentar claras diferencias en su inicio, en su punto medio y en su rasgo final, que a simple vista pueden ser apreciadas determinandose fácilmente que las mismas no se corresponden en ningún trazo predominante con la de las firmas indubitadas. Siendo su apreciación fácilmente determinada por el ojo humano, sin necesidad de equipo alguno, ni ser grafotécnico experimentado, sino basta identificar las notables diferencias la más somera experiencia en el cotejo, como por ejemplo el cajero de un Banco, que coteja firmas en forma cotidiana y habitualmente, y que por la instrucción que recibe en el sentido de cotejo y verificación de firmas se convierte en un experto en cotejo, lo que le hace fácilmente a su vista el apreciar las marcadas diferencias que existen entre las firmas cuestionadas y las indubitadas, pues pese a que efectuamos todos y cada uno de las pruebas técnicas que la experticia ameritaba, las diferencias esenciales fueron fácilmente determinadas a simple vista, con un simple cotejo…

   (…)

   …Sin embargo, repetimos, que las firmas cuestionadas presentan rasgos diferenciales tan evidentes en su inicio, parte media y final, que el cajero de un Banco, a simple vista pudo determinarlas debido a que por nuestra vasta experiencia, sabemos, que los mismos son expertos cotejeadores ya que su instrucción y/o adiestramiento integral los prepara para ellos…

   (Resaltado de este Tribunal de segunda instancia).

   Con respecto a la experticia grafotécnica, observa este Juzgador que, los expertos, fueron contestes, convincentes y recurrentes, al momento de realizar el cotejo de las firmas de los respectivos cheques aportados por las partes al expediente; aunado a la circunstancia que, el contenido de tales informes, no fue en modo alguno desconocido o impugnado por las partes; razón por la cual, este Tribunal de segunda instancia, les otorga valor probatorio, con especial énfasis en que, de la misma, se desprende que las firmas de los cheques en cuestión, presentaban rasgos diferenciales evidentes, en la cual, el cajero de una determinada entidad bancaria, podía determinar, a simple vista, las diferencias que existían entre estas; y, asimismo, de dicho medio de prueba, queda demostrada la falsedad, en cuanto a su firma se refiere, existente en los cheques pertenecientes a la cuenta corriente Nro. 005-56627-4, presentados para su cobro ante la entidad bancaria, hoy, demandada. Así se establece.-

   Ahora bien, luego del análisis de todas las pruebas aportadas por las partes al debate procesal, este Juzgador pasa a hacer las siguientes consideraciones:

   En esta parte del presente fallo, se estableció que la acción que daba inicio a estas actuaciones era una demanda por repetición de las cantidades presuntamente pagadas indebidamente por la parte demandada:

   El artículo 1.178 del Código Civil, dispone:

   Artículo 1.178. Todo pago supone una deuda: lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición.

   La repetición no se admite respecto de las obligaciones naturales que se han pagado espontáneamente.

   En la norma antes transcrita, se encuentra contemplada expresamente en nuestro ordenamiento jurídico positivo la acción para repetir lo que ha sido pagado de forma indebida; y respecto de la cual, el legislador patrio únicamente ha previsto como excepción las obligaciones naturales que se han pagado espontáneamente.

   La pretensión de la parte actora, se encuentra centrada en que, el banco, había procedido a actuar imprudente y negligentemente en el pago y cobro de los cheques emitidos por ella; por lo que solicitó el pago de todas y cada una de las cantidades de dinero que habían sido debitadas de la cuenta corriente Nro. 005-56627-4, pertenecientes a su mandante, los cuales correspondían a los ciento cincuenta y tres (153) cheques (especificados por el demandante a los folios del ocho (08) al diez (10) de la primera pieza del expediente), y los montos, discriminados de dicha cuenta, que ascendían a la suma de SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 72.834.435,00), moneda vigente para esa fecha; hoy, equivalentes a SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 72.834,43); así como también la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS BOLÍVARES CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (Bs. 364.172,18), moneda vigente para el momento de interposición de la demanda; hoy, TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON DIECISIETE CÉNTIMOS (Bs. 364,17), por concepto del 0,5%, correspondiente al impuesto al débito bancario, el cual estaba vigente para esa fecha.

   Por su parte, los apoderados judiciales de la parte demandada, argumentaron que su mandante había dado cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones, asumidas en el contrato de cuenta corriente bancaria; que había procedido a pagar los cheques que le eran presentados a su cobro, comprobando que la firma estampada en los mismos, se comparara favorablemente con la de los registros; que como la cuenta corriente presentaban disponibilidad de fondos para el momento del cobro de los cheques, se habían hecho efectivos los montos de éstos; que los cheques pagados no habían presentado borraduras o enmendaduras que fueran observables a simple vista; y, que para la fecha en que habían sido pagado los cheques, su mandante no había recibido notificación de suspensión por extravío, ni ninguna otra condición que impidiera su cancelación.

   En ese sentido, se hace menester para esta superioridad precisar que, las Instituciones Bancarias, entendidas como prestadoras de servicios, deben adecuar su actividad a la tutela especial, la cual puede ser directa e indirecta; en efecto, que la actividad desplegada por dichas entidades, representa indistintamente para éstas, un lucro, por lo que mal podrían las sociedades mercantiles bancarias, obtener un lucro o beneficio absoluto, obviando cualquier tipo o género de responsabilidad que, la guarda y custodia del dinero, como activo líquido genera.

   Por otro lado, tenemos que nuestro ordenamiento jurídico vigente, dispone que, que en atención a las disposiciones legales, las cuales desarrollan el enunciado constitucional que pretende establecer auténticas normas de derecho público que actúen en función de la protección de los consumidores y de los usuarios, puede el Órgano Jurisdiccional indicar que, el artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cumple el papel de cláusula general que tienen por objeto prevenir que el contenido de los contratos de adhesión no contravengan los principios de justicia, orden público y buena fe, con exclusión de las situaciones abusivas.; y, que el operador jurídico que se encuentre en presencia de esta situación, esto es, de cláusulas generales que afecten a un consumidor, ha de plantearse la secuencia apuntada para determinar si las mismas han superado el control de inclusión y pueden ser integradas formando parte del contrato en sentido jurídico, en tarea previa a la interpretación; pues únicamente habrán de ser interpretados los pactos que se consideren parte del acto negocial, sin ser suficiente que el consumidor haya expresado su consentimiento para que pueda estimarse la validez de aquellas cláusulas que no reúnan ciertos y determinados requisitos en su redacción y plasmación.

   Así ha sido el criterio plasmado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en lo que se refiere al ámbito de la responsabilidad objetiva de los bancos en materia de contratos de adhesión, las cláusulas exorbitantes y el principio de proporcionalidad que deben regir y regular la actividad bancaria, al dejar sentado que:

   …Así las cosas, en primer lugar, debe esta Corte observar que las Instituciones Bancarias, entendidas como prestadoras de un servicio, deben adecuar su actividad a la tutela especial, la cual se manifiesta en dos vertientes, a saber:

   1. Tutela Indirecta: la cual proviene del equilibrio de intereses entre la actividad de las mismas empresas y/o prestadores de un servicio, lo cual va orientado a asegurar que la libre competencia, no asuma vertientes oligopólicas o desleales, tales mecanismos se circunscriben a: i) garantizar relaciones de libre competencia; ii) velar por un correcto comportamiento en la dinámica de la competencia; iii) establecer controles de estabilidad y transparencia, llamados a su vez a garantizar la estabilidad jurídica. (Vid. BARBER, E.A., “Contratación Bancaria”. Editorial ASTREA, Buenos Aires, 2002. Pp. 43 y ss).

   2. Tutela Directa: dicha protección proviene del equilibrio de intereses que debe existir entre las empresas bancarias y los usuarios. Es allí, precisamente, donde radica el régimen especial de protección hacia los consumidores y usuarios, los cuales no pueden ser tratados en igualdad de condiciones con respecto a las instituciones bancarias, pues estas últimas, a diferencia de los usuarios, cuentan con medios especiales para manejar los montos en ellos depositados, de los cuales carece el usuario. A su vez, se observa igualmente que la actividad desplegada por dichas entidades, representa indistintamente para éstas un lucro, entendiendo por tal

   (…omissis…)

   En síntesis, en atención a las disposiciones legales vigentes, las cuales desarrollan el enunciado constitucional que pretende erigir auténticas normas de derecho público que actúen en función de la protección de los consumidores y de los usuarios, puede este Órgano Jurisdiccional señalar que el artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cumple el papel de cláusula general que tienen por objeto prevenir que el contenido de los contratos de adhesión no contravengan los principios de justicia, orden público y buena fe, con exclusión de las situaciones abusivas.

   (…omissis…)

   De lo anterior, se aprecia entonces unas cláusulas impuestas al usuario, a través de un contrato de adhesión de la cual se ha valido la entidad financiera prestadora del servicio a los fines de exonerarse de cualquier tipo de responsabilidad que podría devenirle como consecuencia de la guarda y custodia del dinero depositado en la cuenta corriente cuya titular es la ciudadana E.P.R., en el entendido que el banco quedaría libre de responsabilidad en caso de presentarse ante sus taquillas un cheque con la aparente firma del librador, lo cual conllevaría a considerar que, tratándose de una aparente omisión en el resguardo de dicho instrumento por parte del titular de la cuenta corriente, no podría recaer sobre la entidad financiera obligación alguna de verificar las características de los elementos empleados para complementar el mismo y ser diligente en el resguardo del dinero del titular de la cuenta.

   (…omissis…)

   El operador jurídico que se encuentre en presencia de cláusulas generales que afecten a un consumidor, ha de plantearse la secuencia apuntada para determinar si las mismas han superado el control de inclusión y pueden ser integradas formando parte del contrato en sentido jurídico, en tarea previa a la interpretación; pues únicamente habrán de ser interpretados los pactos que se consideren parte del acto negocial, sin ser suficiente que el consumidor haya expresado su consentimiento para que pueda estimarse la validez de aquellas cláusulas que no reúnan ciertos y determinados requisitos en su redacción y plasmación. (Sentencia Nro. 2008-1560, de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, de fecha 12-08-2008, Expediente Nº AP42-N-2005-001300)

   Asimismo, tenemos que, las soluciones como las que ofrece el banco, equivalen a trasladar exclusivamente al usuario la responsabilidad por una deficiencia esencialmente atribuible al banco, quien no puede a través de una cláusula contractual prerredactada, relajar su obligación de custodia del dinero implementando mecanismos de seguridad y control a prueba de errores; estableciendo así en contra del usuario un reparto desequilibrado de los riesgos que ofrece la contratación del servicio y en las obligaciones, dado que la obligación de custodia del dinero corresponde al banco, la responsabilidad que corresponde, en principio, a la entidad financiera, a menos que se pueda demostrar que el fraude no se pudo haber cometido sino debido a una conducta dolosa o negligente imputable al usuario, en cuyo caso es el banco quien tiene la carga probatoria de demostrar la responsabilidad del cliente; que corresponde al banco en todo momento actuar diligentemente comprobando de manera minuciosa, bajo los elementos de seguridad necesarios para ello, los elementos que componen el título cambiario presentado antes sus taquillas, diligencias que debe extremarse en los cheques de elevada cuantía, incluso consultando al cliente cuando le surja alguna duda acerca de su autenticidad.

   De igual forma, observa este juzgador que, ante la presentación de un cheque cuya firma del librador pueda haber sido falsificada o alterado alguno de los elementos de dicho instrumento sin que, ante tales circunstancias, pueda considerarse como elemento de exoneración, la simple responsabilidad del titular de la cuenta en el resguardo y protección de los talonarios o cheques, pues ello no representa una circunstancia que facilite o conlleve a que la institución financiera pueda desprenderse de ejercer sus medidas para resguardar el dinero depositado; y, que corresponde a la institución financiera emplear de manera sistemática, efectivos y oportunos mecanismos de seguridad, con la finalidad de proteger al cliente que deposita en ella no sólo su dinero sino también su confianza, los cuales deben extremarse en casos de que se presenten en taquilla cheques por elevadas cantidades de dinero.

   De esta manera lo ha establecido igualmente la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia anteriormente indicada, que reza:

   …soluciones como la que ofrece el banco equivalen a trasladar exclusivamente al usuario la responsabilidad por una deficiencia esencialmente atribuible al banco, quien no puede a través de una cláusula contractual prerredactada relajar su obligación de custodia del dinero implementando mecanismos de seguridad y control a prueba de errores; estableciendo así en contra del usuario un reparto desequilibrado de los riesgos que ofrece la contratación del servicio y en las obligaciones. En criterio de esta Corte, dado que la obligación de custodia del dinero corresponde al banco en los términos expuestos, la responsabilidad en casos como el presente corresponderá en principio a la entidad financiera, a menos que se pueda demostrar que el fraude no se pudo haber cometido sino debido a una conducta dolosa o negligente imputable al usuario, en cuyo caso es el banco quien tiene la carga probatoria de demostrar la responsabilidad del cliente.

   De esta forma, debe quedar claro que corresponde al banco en todo momento actuar diligentemente comprobando de manera minuciosa, bajo los elementos de seguridad necesarios para ello, los elementos que componen el título cambiario presentado antes sus taquillas, diligencias que debe extremarse en los cheques de elevada cuantía, incluso consultando al cliente cuando le surja alguna duda acerca de su autenticidad.

   Así, se advierte que, por ejemplo, ante la presentación de un cheque cuya firma del librador pueda haber sido falsificada o alterado alguno de los elementos de dicho instrumento sin que, ante tales circunstancias, pueda considerarse como elemento de exoneración, la simple responsabilidad del titular de la cuenta en el resguardo y protección de los talonarios o cheques, pues ello no representa una circunstancia que facilite o conlleve a que la institución financiera pueda desprenderse de ejercer sus medidas para resguardar el dinero depositado.

   De manera que, como se aprecia, corresponde a la institución financiera emplear de manera sistemática, efectivos y oportunos mecanismos de seguridad, con la finalidad de proteger al cliente que deposita en ella no sólo su dinero sino también su confianza, los cuales deben extremarse en casos de que se presenten en taquilla cheques por elevadas cantidades de dinero.

   (…omissis…)

   …, por una parte, no han existidos parámetros objetivos a los fines de determinar el criterio bajo el cual pudo considerarse razonablemente similar o coincidente en sus rasgos generales la firma colocada en el cheque presentado ante la taquilla correspondiente, respecto de la tarjeta que se encuentra en el denominado Centro de Firmas en el que aparece la firma autorizada por la cuentadante.

   Por otra parte, y en estrecha relación con lo anterior, se observa que las cláusula contractual octava incluida en el Contrato de Cuenta Corriente, pretende igualmente hacer reposar en la sola persona del titular de la cuenta corriente el resguardo y custodia de los talonarios o libretas de cheques, disposición en la cual se ha fundamentado la mencionada institución financiera a los fines de quedar exenta de responsabilidad por el pago del cheque por la cantidad de Novecientos Mil Bolívares (Bs. 900.000,oo), siendo que tal circunstancias de modo alguno le exoneraba de cumplir con su obligación de constatar la identidad entre la firma colocada en el aludido título cambiario y la perteneciente a la titular de la cuenta corriente.

   (…omissis…)

   En este sentido, no se puede considerar que la sola presentación en taquilla de un cheque que en apariencia guarde similitud con los datos del titular de la cuenta, en especial con la firma autorizada e incluida en los registros de la institución financiera, constituyan elementos que por sí solos representen una actitud negligente del librador en la protección y custodia de los talonarios del cheque, por lo que, alegando la plena aplicación de la cláusula octava antes referida, mal podría el banco exonerarse de responsabilidad y quedar exento de su obligación de colocar especial diligencia al momento de abonar el documento bancario en la cuenta de su titular…

   En último término, se hace necesario para este sentenciador, precisar igualmente el hecho de que, para eximirse de responsabilidad, el banco debe estar en condiciones de probar la culpa o el dolo del titular, tomando en consideración que en tales casos el banco asumirá la carga de la prueba, a los fines de demostrar que ha existido por parte del titular de la cuenta corriente una posible negligencia en el resguardo de los cheques o chequeras, así como una posible actitud dolosa de su parte, casos en los cuales no podría obligarse a la institución financiera de que se trate asumir la obligación de reparar los daños ocasionados.

   De esta manera lo dispuso la precitada Corte, al establecer lo siguiente:

   …ante la reclamación del cliente debe el banco asumir la responsabilidad que derive del riesgo profesional y de la negligencia propia y de sus dependientes, por lo que basta presentar el cheque con base en cuyo pago procedió el banco a cargarlo a la cuenta de su cliente, ante lo cual éste deberá denunciar oportunamente la existencia de una falsificación o adulteración, siendo responsable la institución financiera en los casos en que, por ejemplo tal pago se haya verificado por complicidad interna de sus dependientes, en atención a las disposiciones generales contenidas en el artículo 1.191 del Código Civil venezolano vigente, relativas a la responsabilidad de los dueños, principales y directores por los daños causados por sus sirvientes y dependientes. No obstante lo anterior, para eximirse de responsabilidad, el banco debe estar en condiciones de probar la culpa o el dolo del titular, tomando en consideración que en tales casos el banco asumirá la carga de la prueba, a los fines de demostrar que ha existido por parte del titular de la cuenta corriente una posible negligencia en el resguardo de los cheques o chequeras, así como una posible actitud dolosa de su parte, casos en los cuales no podría obligarse a la institución financiera de que se trate asumir la obligación de reparar los daños ocasionados…

   En el caso que nos ocupa, se aprecia que, en unas de las cláusulas establecidas por el contrato denominado Cuenta Corriente, aducido por la propia parte demandada para el fundamento de su defensa, y por ende, eximirse de responsabilidad, concretamente, la cláusula Cuarta (la cual, por demás, con fundamento al criterio jurisprudencial anteriormente indicado y de acuerdo con el artículo 117 del Texto Fundamental, constituye una cláusula abusiva, ya que pretende exonerar y obviar cualquier tipo de responsabilidad del Banco, con respecto al resguardo y custodia del dinero depositado en los mismos), se estableció, expresamente, que el banco no asumía responsabilidad por el pago de cheques adulterados o falsificados, que no fueran susceptibles de ser apreciados a simple vista por el cajero pagador. (Folio cincuenta y tres (53) de la segunda pieza).

   En ese orden de ideas, se observa que, del acervo probatorio aportado por las partes litigantes, ya valorado y apreciado por esta superioridad, concretamente, del informe rendido por los expertos grafotécnicos, quedó demostrado el hecho de que, las firmas de los ciento cincuenta y tres (153) cheques señalados por la parte demandante en su libelo de demanda, presentaban rasgos diferenciales evidentes, en la cual, el cajero de una determinada entidad bancaria, podía determinar, a simple vista, las diferencias que existían entre éstas; y, asimismo, se demostraba la falsedad, en cuanto a su firma se refiere, existente en los cheques pertenecientes a la cuenta corriente Nro. 005-56627-4, presentados para su cobro ante la entidad BANCO UNIÓN, S.A.C.A., (hoy, BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A.).

   Asimismo, se evidencia que, con base al criterio anteriormente citado, el cual esta Alzada acoge, en el asunto que nos ocupa, correspondía a la entidad bancaria demandada, para eximirse de responsabilidad, estar en condiciones de probar la culpa o el dolo del titular, tomando en consideración que en tales casos el banco asumía la carga de la prueba, a los fines de demostrar que había existido por parte del titular de la cuenta corriente, hoy demandante, una posible negligencia en el resguardo de los cheques o chequeras, así como una posible actitud dolosa de su parte, casos en los cuales no podría obligarse a la institución financiera de que se trate asumir la obligación de reparar los daños ocasionados, lo cual, como ya se señaló y estableció en el presente fallo, no quedó demostrado. Así se decide.-

   Así las cosas, tenemos que, tales circunstancias, a saber: por cuanto las instituciones financieras (Bancos), deben y tienen que asumir una responsabilidad objetiva en cuanto al resguardo y custodia del dinero depositado en los mismos; de que la cláusula cuarta del contrato denominado Cuenta Corriente, establece que el Banco no asume responsbilidad por el pago de cheques adulterados o falsificados, salvo que puedan ser apreciados, a simple vista, por el cajero pagador; aunado a la circunstancia de que, como se dijo, del material probatorio, quedó evidenciado que las firmas de los ciento cincuenta y tres (153) cheques señalados por la parte demandante en su libelo de demanda, presentaban rasgos diferenciales evidentes, en la cual, el cajero de una determinada entidad bancaria, podía determinar, a simple vista, las diferencias que existían entre éstas; llevan a la conclusión de este juzgador que efectivamente el banco pago indebidamente las sumas demandadas; por lo que, la demanda que dio inicio a estas actuaciones, debe ser declarada con lugar; y, en consecuencia, debe condenarse a la parte demandada, a pagar a la actora, por concepto de cheques pagados indebidamente, la cantidad de SETENTA Y DOS MILLLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 72.834.435,00); moneda vigente para ese momento; hoy, SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 72.834,43); más la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS BOLÍVARES CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (Bs. 364.172,18); hoy, equivalentes a TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON DIECISIETE CÉNTIMOS (Bs. 364,17); por concepto de Impuesto al Débito Bancario, el cual estaba vigente en dicho momento, de acuerdo con la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras del año mil novecientos noventa y tres (1993). Así se declara.-

   Ahora bien, establecido lo anterior, se evidencia que, la parte demandante, al momento de interponer su demanda, solicitó igualmente la corrección monetaria de las cantidades demandadas, tal como se desprende al folio once (11) de la primera pieza del expediente.

   En ese sentido, observa esta superioridad que, ha sido el criterio de nuestra jurisprudencia, que la indexación judicial persigue ajustar el monto reclamado por efecto del retardo con motivo del proceso, a los fines de mantener el equilibrio económico entre las partes e impedir enriquecimientos sin causa ni actitudes fraudulentas; la cual no se trata entonces de que la indexación persiga indemnizar sino ajustar el monto que se reclama; y, que ello está justificado por la desvalorización o pérdida del valor adquisitivo de la moneda, por el transcurso del tiempo mientras dura el juicio. (verbigracia: sentencia Nro. 145, de la Sala de Casación Civil de nuestro M.T.d.J., de fecha cinco (05) de abril de dos mil once (2011), bajo la ponencia de la Magistrada Dra. ISBELIA P.V.).

   En razón de lo anterior, a criterio de quien aquí decide, tal como lo estableció el a-quo, resulta procedente en derecho la solicitud de corrección monetaria sobre la suma demandada de SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE BOLÍVARES CON DIECIOCHO CENTIMOS (Bs. 73.198.607,18), moneda vigente para la interposición de la demanda; hoy equivalente a SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO BOLÍVARES CON SESENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 73.198,61).

   Con respecto a este punto, aprecia este sentenciador que la Juez de la primera instancia, en el particular tercero del dispositivo del fallo recurrido, a los efectos del cálculo de la referida corrección monetaria, indicó que la misma se aplicaría desde la fecha de introducción de la demanda, hasta la fecha en que quedara firme la decisión.

   En ese orden de ideas, y como quiera que, de acuerdo con el criterio de nuestro M.T., el cálculo para la indexación debe hacerse desde la admisión de la demanda, que es cuando comienza el proceso, se ordena practicar experticia complementaria del fallo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual deberá tomarse como base para el cálculo respectivo, desde el día veintiuno (21) de noviembre de dos mil (2000), fecha en la cual fue admitida la demanda por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, hasta el día en que por auto expreso sea recibido el expediente en el Juzgado de la primera instancia, una vez que haya quedado firme la presente sentencia, ya que es a ese Tribunal al que corresponde ordenar de la ejecución de la sentencia, la cual deberá determinarse conforme a los índices inflacionarios establecidos por el Banco Central de Venezuela. Así se decide.-

   A tenor de lo precedentemente expuesto en el presente fallo, resulta necesario concluir para este juzgador que, el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandada, debe ser declarado sin lugar; y, en consecuencia, debe confirmarse el fallo apelado, con la motivación expuesta en esta decisión.

   DISPOSITIVO

   Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

SIN LUGAR la defensa de caducidad de la acción, alegada por la representación judicial de la parte demandada.

SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado R.P.M., en su carácter de apoderado judicial de al parte demandada, BANCO UNIÓN, S.A.C.A., (hoy, BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A.), en contra de la decisión pronunciada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha ocho (08) de julio de dos mil once (2011). En consecuencia, QUEDA CONFIRMADO el fallo apelado con la motivación expuesta en esta decisión.

CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLÍVARES, intentara la sociedad mercantil INMOBILIARIA DATA HOOUSE, C.A., contra la entidad BANCO UNIÓN, S.A.C.A., (hoy, BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A.).

En consecuencia, SE CONDENA a la parte demandada, a pagar a la actora, la cantidad de SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE BOLÍVARES CON DIECIOCHO CENTIMOS (Bs. 73.198.607,18), moneda vigente para la interposición de la demanda; hoy equivalente a SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO BOLÍVARES CON SESENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 73.198,61), que comprende: a) Por concepto de cheques pagados indebidamente, la cantidad de SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 72.834.435,00); moneda vigente para ese momento; hoy, SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 72.834,43); más la cantidad de: b) TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS BOLÍVARES CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (Bs. 364.172,18); hoy, equivalentes a TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON DIECISIETE CÉNTIMOS (Bs. 364,17); por concepto de impuesto al débito bancario, el cual estaba vigente en dicho momento, de acuerdo con la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras del año mil novecientos noventa y tres (1993).

SE ORDENA la corrección monetaria sobre la suma condenada a pagar de SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE BOLÍVARES CON DIECIOCHO CENTIMOS (Bs. 73.198.607,18), moneda vigente para la interposición de la demanda; hoy equivalente a SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO BOLÍVARES CON SESENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 73.198,61), mediante experticia complementaria del fallo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual deberá tomarse como base para el cálculo respectivo, desde el día veintiuno (21) de noviembre de dos mil (2000), fecha en la cual fue admitida la demanda por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, hasta el día en que por auto expreso sea recibido el expediente en el Juzgado de la primera instancia, una vez que haya quedado firme la presente sentencia, ya que es a ese Tribunal al que corresponde ordenar de la ejecución de la sentencia, la cual deberá determinarse conforme a los índices inflacionarios establecidos por el Banco Central de Venezuela.

Se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente vencida en la presente causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, se le condena en costas del recurso, a tenor de lo dispuesto en el artículo 281 del mismo cuerpo legal.

Notifíquese a las partes de la decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.

Déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador de sentencias de este Tribunal.

Remítase el presente expediente en su oportunidad legal al Tribunal de origen.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los trece (13) días del mes de abril de dos mil quince (2015). AÑOS: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.-

EL JUEZ,

Dr. O.A.R. AGÜERO.

LA SECRETARIA,

M.C.C.P..

En esta misma fecha, a las tres horas de la tarde (3:00 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia.

LA SECRETARIA,

M.C.C.P..