Decisión de Juzgado Superior Civil y Mercantil de Monagas, de 23 de Julio de 2014
| Fecha de Resolución | 23 de Julio de 2014 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil y Mercantil |
| Ponente | José Tomas Barrios Medina |
| Procedimiento | Nulidad De Venta |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, BANCARIO Y DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS
204° y 155°
A los fines de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se establece que en el presente juicio intervienen como partes y apoderados las siguientes personas:
PARTE DEMANDANTE: J.D.R.D.S., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.599.429, domiciliado en la ciudad de Caracas.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: L.A.R.C., J.A.B. y J.E.C.C., abogado en ejercicios, inscritos en el Inpreabogado bajo los nros. 5472, 7950, 30601, carácter que se desprende de instrumento poder cursante del folio ciento nueve (109) y su vto. del presente expediente.-
PARTE DEMANDADA: J.D.L.A.D.A., M.C.S.M., M.F.D.L.A., M.A.M.D.C. y M.P.R., titulares de las cédulas de identidad Nros. E-33.989, 9.914.238, E-83.203, E-715.424 y V-2.952.566.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: J.G.M., abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el nro.8035, carácter que se desprende de instrumento poder cursante desde el folio doscientos quince (215) hasta el doscientos dieciocho (218) del presente expediente.-
MOTIVO: NULIDAD DE VENTA
EXPEDIENTE Nº 005172.-
Conoce este Tribunal con motivo del Recurso de apelación incoado por el abogado en ejercicio J.G. y Luís A gusto Rincón cano, actuando el primero de los nombrados en su carácter de apoderado de la parte co-demandados y en el segundo en su carácter de apoderado de la parte demandante, en contra de la decisión de fecha 16 de Septiembre de 1.993 proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, que negó el pedimento de reposición efectuado, en el Juicio que con motivo de NULIDAD DE VENTA que incoará el ciudadano J.D.R.D.S. en contra de los ciudadanos J.D.L.A.D.A., M.C.S.M., M.F.D.L.A., M.A.M.D.C. y M.P.R..
ÚNICO
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En fecha 26 de Abril de 2.006 el abogado D.R.J., se aboco al conocimiento de la presente causa y al efecto se libraron las respectivas boletas de notificación. (Folio 287 al 289).-
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Posteriormente, en fecha 03 de Noviembre de 2.010 se aboco al conocimiento de la causa el abogado J.T.B.M.. (Folio 290).-
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En fecha 23 de Julio de 2.014 ME ABOQUE al conocimiento de la presente causa por cuanto fui designado por la Comisión Judicial en fecha 04 de Junio de 2014, como Juez Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, debidamente juramentado ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 02 de Julio del presente año, habiendo tomado posesión del referido cargo en fecha 08 de Julio de 2014. (Folio 291).-
Ahora bien, efectuado el correspondiente recorrido procesal quien decide denota que la única actuación existente es la realizada por este Tribunal, habiendo transcurrido más de diecisiete (17) desde que se le dio entrada al presente expediente, tal como consta en el libro de entrada llevados por ante este Tribunal, sin que se haya realizado ningún acto para impulsar la actividad de este Órgano Jurisdiccional; de lo cual se desprende una total falta de interés procesal que se evidencia por la injustificada paralización en que se ha mantenido esta causa y la falta del debido Impulso, conducta que debe ser sancionada conforme al criterio sostenido por la Sala Constitucional de nuestro más Alto Tribunal, en sentencia Nº 956, de fecha 01 de Junio de 2.001 con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, referida al Decaimiento de la Acción, que de seguidas se copia en extracto:
(…) Es cierto, que es un deber del Estado, que se desarrolla por medio del órgano jurisdiccional, sentenciar en los lapsos establecidos en la ley, que son los garantes de la justicia expedita y oportuna a que se refiere el artículo 26 constitucional. Es cierto que incumplir tal deber y obligación es una falta grave, que no debe perjudicar a las víctimas del incumplimiento; pero cuando tal deber se incumple existen como correctivos, que los interesados soliciten se condene a los jueces por el delito tipificado en el artículo 207 del Código Penal, o acusar la denegación de justicia que funda una sanción disciplinaria, o la indemnización por parte del juez o del Estado de daños y perjuicios (artículos 838 del Código de Procedimiento Civil y 49 Constitucional); y en lo que al juez respecta, además de hacerse acreedor de todas esas sanciones, si el Estado indemniza puede repetir contra él. (…) No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta. No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor. En los tribunales reposan procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando espacio en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas preventivas dictadas ad eternum, y un buen día, después de años, se pide la sentencia, lo más probable ante un juez distinto al de la sustanciación, quien así debe separarse de lo que conoce actualmente, y ocuparse de tal juicio. ¿Y es que el accionante no tienen ninguna responsabilidad en esa dilación?. A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor. No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya que contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor, tal elemento de la acción cuya falta se constata, no sólo de autos sino de los libros del archivo del tribunal que prueban el acceso a los expedientes, tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción…
Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 25 de marzo de 2.002, indicó, entre otras cosas lo siguiente:
(…) Por otra parte, es oportuno destacar que, esta Sala, al referirse a inactividad procesal en estado de sentencia, en atención a lo preceptuado en el articulo 26 de la Constitución vigente, estimó que dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encontraba la pérdida de interés, la cual tendría lugar cuando la parte no quiera que se sentencie la causa, lo que se refleja en la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso…
En atención a lo supra expuesto, adoptando íntegramente el criterio vinculante sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y constatada la falta de interés de las partes desde la entrada del presente expediente en esta instancia judicial, este Sentenciador considera procedente declarar EL DECAIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION POR PERDIDA DEL INTERES PROCESAL, en consecuencia EXTINGUIDO EL P.E.E.I. y ordena la remisión del expediente al Tribunal de la causa a los fines legales consiguientes. Y así se declarara en la dispositiva.-
DISPOSITIVA
Por los razonamientos que anteceden este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, y en total apego a criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 956, de fecha 01 de Junio de 2.001, declara el DECAIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION POR PERDIDA DEL INTERÉS PROCESAL, en el juicio con motivo de NULIDAD DE VENTA, incoado por el ciudadano J.D.R.D.S., en contra de los ciudadanos J.D.L.A.D.A., M.C.S.M., M.F.D.L.A., M.A.M.D.C. y M.P.R.. En consecuencia, se declara EXTINGUIDO EL P.E.E.I.. Asimismo remítase el presente expediente al Tribunal de Origen a los fines legales consiguientes. Líbrese lo conducente.-
Dada la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas.-
Publíquese, Regístrese, déjese copia y cúmplase.-
Dado, firmado y sellado en la sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En Maturín, a los Veintitrés (23) días del mes de Julio del año Dos Mil Catorce. Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
EL JUEZ,
ABG. C.E.N.A..-
LA SECRETARIA,
ABG. NEYBIS RAMONCINI RUIZ.-
En esta misma fecha siendo las 3:19 p.m., se publicó la anterior decisión. Conste.
LA SECRETARIA,
ABG. NEYBIS RAMONCINI RUIZ.-
CENA/nrr/amca*
Exp. Nº 005172
