Decisión de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Adolescen de Tachira, de 4 de Noviembre de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 478273954

Decisión de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Adolescen de Tachira, de 4 de Noviembre de 2013

RESUMEN

Por todo lo cual, este Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, actuando en sede constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: SIN LUGAR la pretensión de amparo constitucional interpuesta por Seguros Los Andes C.A., contra la sentencia dictada por el... (ver resumen completo)

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL,

MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA

Parte presuntamente agraviada: Seguros Los Andes C.A., sociedad mercantil, domiciliada en San Cristóbal, estado Táchira, inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del estado Táchira, bajo el N° 16, de fecha 1956, cuya última modificación quedó inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, bajo el N° 74, Tomo 29-A, de fecha 29 de diciembre de 2006.

Apoderados de la Parte presuntamente agraviada: Luis Antonio Álvarez Rubio, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.792.849, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 111.075, Wolfred Bernabé Montilla Bastidas, titular de la cédula de identidad N° v-5.637.562, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 28.357, Claudia Teresa Di Giulio, titular de la cédula de identidad N° V-9.229.867, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 28.452 y Jhoan Sánchez Montilla, titular de la cédula de identidad N° V-11.504.316, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 63.745

Parte Presuntamente Agraviante: Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, constituido como Tribunal Retasador.

Terceros Interesados: Alejandro Biaggini Montilla, Francisco Rodríguez Nieto, José Gerardo Chávez Carrillo, Mónica Rangel Valbuena y Jorge Isacc Jaimes Larrota, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N°s V-3.792.990, V-5.021.874, V-5.024.511, V-9.129.582 y V-14.941.231 abogados, Inpreabogado N°s 12.922, 26.199, 28.365, 28.440, 97.381, en su orden.

Abogado Asistente de los Terceros Interesados Julio Pérez Vivas, venezolanos, mayores de edad, Inpreabogado N° 28.440.

Motivo: Amparo Constitucional

203° y 154°

El abogado Luis Antonio Álvarez Rubio, presentó escrito, cuyo conocimiento correspondió por distribución a este Tribunal, mediante el cual interpone amparo constitucional contra la sentencia dictada el día 16 de abril de 2013, por el Tribunal Retasador del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en la causa de estimación e intimación de honorarios seguida en el expediente N° 6417, alegando que le habían sido vulnerados a su representada el derecho constitucional a la defensa, el debido proceso, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, que contemplan los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

I

DE LA SOLICITUD DE AMPARO

Manifiesta el referido abogado, que el día 13 de mayo de 2013, cuando procede a revisar la causa, constata que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial había decretado el cumplimiento voluntario, a pesar de que la decisión de retasa no fue dictada dentro del lapso previsto en la Ley del Ejercicio del Abogado, sino dentro de un plazo mayor de treinta (30) días con posterioridad a la fecha solicitada por el ponente para presentar el proyecto, por lo cual, era deber del Tribunal ordenar la notificación de las partes, independientemente que contra dicho fallo no existiera recurso legal alguno. Aduce que el ponente depositó en el tribunal el proyecto de sentencia en fecha 04 de marzo de 2013 y la Retasadora María Teresa Galiffa N., solicitó un plazo de diez días para la revisión del proyecto, conminándole inmediatamente la Juez del Juzgado unipersonal a presentar el voto salvado.

Señala que el día 11 de abril de 2013 se levanta acta en la cual la Jueza retasadora María Teresa Galiffa N., consigna observaciones al proyecto de sentencia, el cual se debió discutir con la mayoría sentenciadora y le otorgan tres días para que presentara su voto salvado, el cual fue consignado el mismo día que publican la sentencia, por lo que resulta evidente que el lapso establecido en el artículo 29 de la Ley de Abogados para el momento de publicarse el fallo se encontraba absolutamente vencido.

Alega que a su representada se le vulneraron a los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica que contempla los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que los jueces retasadores apartándose de las atribuciones y facultades previstas en la Ley del Ejercicio del Abogado, actuaron fuera de su competencia procedieron a emitir en el fallo juicios de valor con respecto al juzgamiento de la causa principal, se adentraron en hacer análisis, cálculo de la indexación de los montos estimados por los abogados aforantes y violentando normativas legales fijaron un valor de conversión de cambio de nuestro signo monetario con respecto al dólar americano por encima de la tasa legal estatuida por el Banco Central de Venezuela para el año 2007, lo cual determinan, que el fallo dictado fue proferido por los retasadores desbordando los límites de la competencia funcional porque actuaron con extralimitación de su función jurisdiccional por Ley estaba circunscrita sólo a determinar el quantum de los honorarios profesionales, simple y llanamente retasándolos, pero se abrogaron una facultad que sólo le asistía juzgar y proveer al juez de mérito en la etapa cognoscitiva del proceso que en la sentencia sólo se pronunció sobre la procedencia al cobro de los honorarios aforados.

Presenta copia de la sentencia dictada en fecha 16 de abril de 2013 que es objeto del amparo; copia de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en el expediente N° 6131 de fecha 11 de febrero de 2008; copia de la sentencia del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario, de fecha 25 de mayo de 2011 en el expediente N° 2462. Informa que solicitó copias certificas de estos fallos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, los cuales se reserva el derecho de presentar en oportunidad ulterior o cuando lo fije este despacho.

Invoca el artículo 4 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales como norma legal para recurrir en amparo constitucional y como fundamento jurisprudencial trascribe parte de la sentencia N° 501 de fecha 12 de abril de 2011, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que hace referencia a que la Sala no niega la posibilidad de que a través de una acción de amparo constitucional pueda ser impugnado y anulado una decisión dictada por un tribunal retasador, siempre y cuando la decisión atacada vulnere derechos constitucionales.

Sostiene que los abogados Alejandro Biaggini Montilla, Francisco Rodríguez Nieto, José Gerardo Chávez Carrillo, Mónica Rangel Valbuena y Jorge Isaac Jaimes Larrota, en representación del ciudadano Daniel Figueroa Merchán, interpusieron recurso de amparo constitucional, teniendo como fundamento de hecho la violación de sus garantías constitucionales, originadas de la comunicación de fecha 1 de octubre de 2007, suscrita por Seguros Los Andes con el objeto de cambiar las condiciones contractuales, específicamente la cobertura del “Anexo de Enfermedades Críticas” del contrato de seguro contenido de la póliza integral 02-02-12501-28-01. Agrega que el amparo fue declarado con lugar, ordenando a su representada al cumplimiento de darle cobertura de los gastos de enfermedades críticas, cuyo fallo fue apelado. Que conoció de la apelación este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente en el expediente N° 6131, quien dictó sentencia en fecha 11 de febrero de 2008, transcribiendo para mayor ilustración, el dispositivo de dicho fallo, y subraya el particular tercero que a la letra establece: “… Ordena a la sociedad Mercantil Seguros Los Andes C.A., que debe garantizarle al accionante Daniel Figueroa Merchán los servicios previsto en la póliza y el anexo de enfermedades crítica que forma parte de la misma, numerada 02-02-12501-28001-00000001, a los fines de que el agraviado continúe recibiendo el servicio médico con cargo a su contrato de seguro, hasta tanto no medie sentencia judicial firme que resuelva las diferencias contractuales derivadas del contrato de seguro celebrado entre las partes”.

Que de la referida sentencia se extrae cuales fueron las razones para acordar el amparo constitucional, que no era otra que seguir sufragando los costos del siniestro. Que ordenó a las partes dirimir sus controversias ante la jurisdicción ordinaria. Afirma que su representada sufragó la cantidad de Bs. 645.196,00, monto que consignó ante el tribunal a los fines de que el recurrente tramitara el otorgamiento y compra de divisas para el pago de los gastos incurridos en el extranjero.

Que posteriormente mediante demanda que se inició en el Juzgado Tercero de Primera Instancia y que luego conoció el Juzgado Cuarto de Primera Instancia ambos en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, los abogados demandantes, contradiciendo lo previsto en reiterada jurisprudencia y doctrina patria que surgen de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 320, de fecha 4 de mayo de 2000, ratificada en sentencia 886 de fecha 9 de mayo de 2002 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y en sentencia N° 00869 del 14 de noviembre de 2006, aforaron honorarios estableciéndole una cuantía al recurso de amparo constitucional en la cantidad de...

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