Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 16 de Noviembre de 2011

Corresponden las presentes actuaciones al conocimiento de esta alzada, en razón del recurso de apelación interpuesto en fecha 16 de agosto de 2011, por el abogado D.S.P.R., en su carácter de apoderado judicial de la parte accionante, ciudadano S.E.A. contra la sentencia proferida en fecha 12 de agosto de 2011, por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró improcedente la acción de a.c. ejercida contra las actuaciones materiales, vías de hecho y omisiones infringidas por el Presidente y demás miembros de la Caja de Ahorros de los Trabajadores Jubilados y Pensionados de la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital, al negársele la participación dentro del C.d.A. y obstaculizar el cumplimiento de sus labores como tesorero principal de la misma, la cual fue impetrada por el mencionado ciudadano, expediente No. AP11-O-2011-000032, nomenclatura del aludido juzgado.

El referido medio recursivo quedó oído en ambos efectos, -debiendo señalar este sentenciador que las acciones de amparo deben oírse en el solo efecto devolutivo, tal y como lo dispone el artículo 35 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales-, por el juez a quo mediante auto que aparece fechado 19 de agosto de 2011 (f. 514), por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial. Asignado el conocimiento y decisión del recurso ejercido al Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial quien lo recibió en fecha 22 de agosto de 2011, fue remitido el expediente al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que corrigiera los errores de foliatura detectados, quien lo recibió mediante auto fechado 5 de septiembre de 2011 y luego de corregidos los mismos y mediante auto de la misma fecha, fueron remitidas la totalidad de las actuaciones al Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, quien lo recibe mediante auto de fecha 9 de septiembre de 2011, abocándose el juez del referido tribunal al conocimiento de la causa en el estado en que se encontraba.

Mediante auto proferido en fecha 16 de septiembre de 2011 –fecha de reinicio de actividades judiciales-, y consecuencialmente finalizadas las funciones de guardia asumidas por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, conforme a la Resolución No. 002-2011, fechada 10 de septiembre de 2011, emitida por la Rectoría Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo dispuesto por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en Resolución signada con el No. 2011-0043 de fecha 3 de agosto de 2011, ordenó la remisión de las presentes actuaciones al Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial quien para la fecha ejercía funciones de distribuidor, correspondiéndole en virtud de la misma el conocimiento de la referida apelación a este Juzgado Superior, quien mediante auto de fecha 30 de septiembre de 2011, le dio entrada y fijó un lapso de treinta (30) días consecutivos siguientes a esa fecha –exclusive-, para emitir la decisión correspondiente conforme lo dispone el artículo 35 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales.

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

La presente acción de a.c. se inicia mediante escrito de solicitud de tutela constitucional interpuesto en fecha 22 de febrero de 2011, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano S.E.Á., asistido por el abogado D.S.P., contra el Presidente y demás miembros de la Caja de Ahorros de los Trabajadores Jubilados y Pensionados de la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital, por la presunta violación de los preceptos constitucionales y legales consagrados en los artículos 21, 28, 49.1.3, 55 y 70 referidos a la vulneración de su derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, el derecho a la participación, su derecho a ser informado, el derecho de acceso a la información y a los datos, tutelados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, en virtud de las vías de hecho y omisiones desplegadas por los ciudadanos antes identificados los cuales conforman el C.d.A. y Vigilancia de la Caja de Ahorros de los Trabajadores, Jubilados y Pensionados de la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital (C.A.T.J.P.A.M.L.D.C.), parte presuntamente agraviante, por cuanto los mismos omiten convocarlo a las reuniones ordinarias y extraordinarias del mencionado Consejo, en su carácter de Tesorero Principal para presenciar y participar en las deliberaciones de la Junta Directiva, con fundamento en un falso supuesto de hecho y también cuando el presidente se niega a suscribir conjuntamente con él las obligaciones estatutarias, inhabilitándolo en las funciones inherentes a su cargo, siendo tales actuaciones materiales, vías de hecho y omisiones realizadas por el presidente y demás miembros de la Caja de Ahorros, por lo que intenta la presente acción de amparo conforme al contenido de los artículos 1, 2, 5, 9 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales en concordancia con lo preceptuado en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil enfatizando que interpone la acción de amparo que nos ocupa por la vulneración flagrante a los derechos ya denunciados como infringidos.

Adujo el quejoso que el Presidente del C.d.A. y Vigilancia de la Caja de Ahorros de los Trabajadores, Jubilados y Pensionados de la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital (C.A.T.J.P.A.M.L.D.C.) se niegan a suscribir conjuntamente con el Tesorero Principal las obligaciones contenidas en los Estatutos, inhabilitando y obstruyendo en consecuencia al quejoso S.E.Á. en sus funciones como Tesorero Principal de la referida Caja de Ahorros.

Que la precitada situación comenzó en fecha 15 de noviembre de 2010, cuando le solicitó mediante comunicación escrita a la Secretaria de la tantas veces mencionada Caja de Ahorros, ciudadana A.S. en presencia de los ciudadanos E.J.N.P., E.S.O., R.A.N.C., D.G., F.L. y Tapia Añon I.A., titulares de las cédulas de identidad Nos. 6.173.490, 5.863.516, 3.725.175, 10.546.299, 4.884.594 y 6.860.899, respectivamente, una explicación con relación al por qué impedían el pleno cumplimiento de sus funciones, al excluir su firma “B” de las instituciones financieras donde la misma mantiene sus cuentas corrientes y por omitir convocarlo de manera formal a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva en el C.d.A. y Vigilancia, haciéndole saber a la ciudadana Secretaria que esas eran funciones inherentes al cargo de Tesorero Principal para el cual había sido designado, no siéndole recibida la dicha comunicación por parte de la ciudadana quien se limitó a decirle que él estaba siendo suplido por su persona en todas y cada una de sus funciones, en particular en la de firmar conjuntamente con el Presidente los cheques librados contra las diferentes instituciones bancarias para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con los asociados y proveedores de bienes y servicios, en virtud de lo cual le manifestó su disconformidad con tan aberrante situación.

Que en fecha 19 de enero de 2011, solicitó Inspección Judicial a la presunta agraviante Caja de Ahorros de los Trabajadores, Jubilados y Pensionados de la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital (C.A.T.J.P.A.M.L.D.C.), la cual fue practicada por el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en donde le participó al Presidente y demás miembros de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, la omisión en la que venía incurriendo el C.d.A. al impedirle el cumplimiento de sus funciones solicitándole que en un lapso de diez (10) días, procedieran a restablecer la situación y en consecuencia, fuera de nuevo convocado a las reuniones ordinarias y extraordinarias, obteniendo como respuesta del Presidente Suplente, ciudadano V.M., que los miembros de la Junta Directiva habían acordado no permitirle sesionar y que aun cuando el Tesorero Suplente había renunciado, ese Consejo y su Presidente, seguirían firmando las operaciones que realizara la agraviante en todas y cada una de las cuentas que mantiene la misma en cada institución financiera o en su defecto la Secretaria Asociada ciudadana A.S., ejerciendo la firma “B” conjunta -quien en su decir-, usurpa las funciones del accionante en amparo, en virtud de lo cual instó al órgano contralor a que solicitara a los miembros de la tantas veces mencionada Caja de Ahorros, a los fines de que realizaran las funciones que le fueron atribuidas, absteniéndose la Secretaria de convocarlo a la reunión, en vista de que la misma estaba usurpando –reiteró-las funciones del accionante con la anuencia del Presidente, y habiendo transcurrido el lapso de diez (10) días que le fueran concedidos y a la fecha de interposición de la presente acción de amparo, se mantienen –en decir del accionante-, las conductas omisivas, arbitrarias y las vías de hecho denunciadas por parte de los presuntos agraviantes.

Que adicionalmente, en fecha 17 de febrero de 2011 recibió comunicación en donde se le informa de lo decidido en reunión realizada en fecha 28 de enero de 2011 con los ciudadanos miembros del C.d.A.D.R., A.S., J.P., R.C.P.; E.S. y el Presidente Suplente V.M., donde se acordó negarle al accionante en a.S.Á., todo acceso a las informaciones por él solicitadas y convocar al asociado J.P. en nombre del quejoso, para que lo supla en las deliberaciones a resolver por el dicho Consejo, esto en virtud de que el mismo sólo se limita a cuestionar y denunciar sus actuaciones.

Acotó que acciona en amparo por cuanto las actuaciones materiales, vías de hecho, omisiones e inobservancia de las reglas vulneran los derechos constitucionales denunciados en el presente caso por el accionante, y siendo la situación actual y reparable y ante la inexistencia de un procedimiento que detenga la conducta de los miembros del C.d.A. y Vigilancia, es por lo que ejercen la presente acción.

A los fines de tramitar la acción de a.c. impetrada consignó a los autos signada “A” copia fotostática del Acta de Juramentación y Proclamación de fecha 8 de mayo de 2008, de donde se infiere el carácter con que actúa el accionante y cuales son los miembros integrantes de la Junta Directiva; signada “B” copia fotostática de los Estatutos Sociales de la Caja de Ahorros de los Trabajadores, Jubilados y Pensionados de la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital (C.A.T.J.P.A.M.L.D.C.), de donde se desprenden las atribuciones que le son conferidas al Tesorero Principal; signada “C” original de Inspección Judicial, documento indubitado fechado 19 de enero de 2011, practicada por el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de donde se evidencia la renuncia del Tesorero Suplente J.P., Signada “D” original de Notificación Judicial, documento indubitado fechado 29 de enero de 2011, practicada por el Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, signada “E” misiva en original suscrita por el Presidente Suplente del C.d.A. ciudadano V.M., fechada 17 de febrero de 2011; signada “F” misiva en original suscrita por el accionante ciudadano S.Á. en su carácter de Tesorero Principal de la presunta dirigida al ciudadano V.M., fechada 15 de noviembre de 2010, mediante la cual solicita información acerca de las razones que impiden el ejercicio de sus funciones, la exclusión de su firma como “Firma conjunta “B” en las instituciones financieras así como con respecto a su no convocatoria a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva en el C.d.A. y Vigilancia de la C.A.T.J.P.A.M.L.D.C.

Solicitó se decrete medida cautelar innominada conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de nuestra Carta Magna en concordancia con lo preceptuado en los artículos 12, 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, consistente en la suspensión de todos los efectos acordados mediante actas, cartas e informes asentadas en el libro del C.d.A. y Vigilancia, que se hayan celebrado con desconocimiento del accionante en amparo, sin dar cumplimiento al debido proceso, con miras a obstaculizar el ejercicio pleno y la participación en las deliberaciones como miembro principal de la Junta Directiva del C.d.A. de esa Caja de Ahorros, que se ordene a la Superintendencia de la Caja de Ahorros en el ámbito de sus atribuciones y competencia a que mantenga la correspondiente vigilancia a fin de que cesen y se eviten irregularidades entre los miembros principales del C.d.A. y Vigilancia y en consecuencia, se de cumplimiento con lo preceptuado en la Carta Magna, Código de Procedimiento Civil y Normas Estatutarias, hasta la fecha en que se elija la Junta Directiva correspondiente al año 2011.

Concluyó su escrito contentivo de solicitud de tutela constitucional, solicitando al tribunal que la acción de amparo impetrada sea admitida y declarada con lugar en la definitiva, por la flagrante violación de los derechos constitucionales ya denunciados como infringidos y como consecuencia de ello, le sea permitido al accionante el libre ejercicio de sus funciones sin discriminación alguna y en consecuencia, se restablezca la situación jurídica denunciada como infringida.

III

DE LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancariode la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, emitió su pronunciamiento en fecha 12 de agosto de 2011, declarando inadmisible la pretensión de A.C. ejercida, en los siguientes términos:

“(…) Siendo la oportunidad de pronunciarse en la definitiva de la presente Acción de A.C., aprecia esta Juzgadora, actuando en sede constitucional, que el caso bajo análisis, se activa en virtud de la presunta violación de los derechos constitucionales, expresamente consagrados en los articulo (sic) 25, 26, 27 y 55 de nuestra Carta Magna, por cuanto el accionante en amparo alude que se omite por parte de (sic) C.D.A. Y Vigilancia De La Caja De Ahorro De La Alcaldía Del Municipio Libertador Del Distrito Capital, convocarlo para las reuniones ordinarias y extraordinarias de ambos consejos, como Tesorero Principal, aduciendo además que el presidente se niega ha (sic) suscribir conjuntamente con él las obligaciones estatutarias, quienes (sic) lo inhabilitan en sus funciones. (...)

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 657 de, Expediente Nº 02-1598 de fecha 04/04/2003, sostiene lo siguiente:

[…] La acción de a.c. está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales, por lo que el ejercicio de la acción está reservado para restablecer situaciones que provengan de las violaciones de tales derechos y garantías. En este orden de ideas, conforme a la garantía fundamental de acceso a la justicia prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos tienen derecho a acceder a los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses y, a obtener pronta decisión que tutele judicial y efectivamente los mismos, en la forma más expedita posible y sin formalismos o rigurosidades inútiles que menoscaben la real posibilidad de petición. Dentro de este marco constitucional y para concretar la tutela judicial efectiva, se consagró la acción de a.c. prevista en el artículo 27 del Texto Constitucional como una garantía constitucional específica, por tanto no subsidiaria, tampoco extraordinaria, sino discrecionalidad constitucional determinada por el problema para el que se exige tutela constitucional. […]

.

De la anterior sentencia se entiende y así lo indica la doctrina, que la acción de a.c., es una acción personalísima, que sólo puede ser intentada por aquel ciudadano que considere que le han sido vulnerados sus derechos constitucionales contra el Estado o el particular que vulnere o atente contra cualquiera de esos derechos fundamentales previstos en nuestra Carta Magna, sobre este punto establece el artículo 2 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, lo siguiente:

Artículo 2.- La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. También procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley.

Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo aquella que sea inminente.

Dentro de este contexto legal, tenemos que en la (sic) los hechos planteados por el accionante en su libelo, así como en la oportunidad de la audiencia Constitucional, no encuadran en los derechos contenidos en la Constitución Nacional, ya que los mismos provienen de la voluntad de elección de los miembros de la Caja de Ahorros de la Alcaldía Del Municipio Libertador, es por ello que los hechos expuestos pudieran subsumirse eventualmente entre las causales de nulidad de contrato, por cuanto estando sometido el cargo de tesorero, a un proceso de elección por los miembros de la caja de ahorro, se estaría en presencia de un acuerdo de voluntades, por lo que a todas luces debía (sic) ser tramitado (sic) los hechos aquí expuestos, en principio ante la SUPERINTENDENCIA DE LA CAJA DE AHORROS, el cual es el organismo (sic) competente para dilucidar estos conflictos, sin menos (sic) cabo de ejercer la vía ordinaria ante la persistencia de la violación alegada, lo cual no consta en los autos que el accionante haya intentado. De lo anteriormente expuesto se concluye, que no puede pretender el accionante, ante lo expuesto en las actas y en la audiencia constitucional, que se le restituya mediante este procedimiento extraordinario y especialísimo a sus funciones como tesorero de la caja de ahorro, mas aun cuando ya no es funcionario de la alcaldía, y sin haber agotado la vía administrativa, así como la judicial ordinaria, por lo que forzosamente debe este Tribunal, declarar la presente acción de a.c. IMPROCEDENTE, tal como se hará en el dispositivo del presente fallo ASI SE DECIDE. (…)”.

IV

DE LA OPINIÓN FISCAL

En fecha 12 de agosto de 2011, la abogada S.M.R., en su condición de Fiscal Octogésimo Novena del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas y Estado Vargas, con competencia en Materia de Derechos y Garantías Constitucionales consignó escrito constante de diez (10) folios útiles contentivo de su opinión, a través del cual ratificó lo alegado en la audiencia constitucional, en los siguientes términos:

(…) Así las cosas, tenemos que la petición formulada por el actor consiste en que se restablezca el ejercicio pleno de las funciones que como Tesorero Principal tiene establecidas de conformidad con el contenido del artículo 37, de los Estatutos Sociales de la Caja de Ahorros… se hace necesario en primer lugar pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción de amparo propuesta lo cual se hace en los términos siguientes: Para que el amparo proceda es necesario: ¡) Que el actor invoque una situación jurídica ¡¡) Que exista una violación de derechos y garantías constitucionales, iii) Que tal situación jurídica afecte su situación jurídica de manera tal, que se sepa cual era el estado de las cosas antes de la violación o amenaza. iiii) Y por último que sea necesaria la intervención judicial inmediata para que restablezca la situación, ya que de no ser así el daño se haría irreparable. Estos caracteres surgen en los numerales 2 y 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales.

Observa esta representante del Ministerio Público, que para que sea admisible y por lo tanto procedente la protección constitucional solicitada, es absolutamente necesario que no estemos frente a ninguna de las causales de inadmisiblidad establecidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales. (…) El Ministerio Público vistos los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente planteados, solicita respetuosamente al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en sede Constitucional: Sea declarada inadmisible la presente Acción de A.C..

En el caso de marras, no puede pasar por alto esta representante del Ministerio Público, que se extrae de los autos que el hoy accionante fue destituido de su cargo que como NALISTA DE PERSONAL JEFE II, del extinto C.M., hoy absorbido por la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital, mediante Resolución Nº 405, notificada por el Dr. M.M., en su condición de Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, notificación que fue realizada mediante publicación del diario de la ciudad de Caracas en fecha 22-06-2011, situación que conlleva directamente a la inhabilitación de sus funciones que excepcionalmente tenía como Tesorero Principal del C.d.A. en la Caja de Ahorros de los Trabajadores, Jubilados y Pensionados de la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital (C.A.T.J.P.A.M.L.D.C.) lo cual resulta impretermitible concluir que se hace totalmente irreparable la situación jurídica aquí denunciada…

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Este Juzgado Superior en razón de lo expuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, pasa a conocer del recurso de apelación ejercido por la parte actora en contra de la decisión dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en fecha 18 de agosto de 2010, con base en las siguientes consideraciones:

En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sede constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley declara: