Decisión nº PJ0032012000074 de Tribunal Superior Primero del Trabajo. Sede en Coro de Falcon, de 3 de Mayo de 2012

“La recurrida presenta una errónea interpretación de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008”.

Efectivamente, durante su intervención oral, la representación judicial de la demandada recurrente esgrimió como primer motivo de apelación que se había hecho una errónea interpretación del numeral 3 de la cláusula 19 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, por cuanto en ese numeral no está contemplado el tipo de discapacidad específica que le fue certificado al trabajador demandante, ciudadano F.R., afirmando que la Sala de Casación Social ha establecido que, cuando se aplique una norma a unos hechos que no se subsuman en el supuesto fáctico de la misma, hay errónea interpretación de la norma, por lo considera que la Juez a quo incurrió en dicha equivocación. También indicó, que no debía considerarse que la ausencia de la discapacidad que padece el hoy demandante en el numeral 3 de la cláusula 19 de la mencionada Convención Colectiva, era ingenua o casual, por cuanto al momento de la discusión de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, ya la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), tenía más de una año de vigencia y ésta, en su contenido, específicamente en su artículo 78, hace una clasificación de las discapacidades que pueden padecer los trabajadores.

Así las cosas, este Tribunal observa que el tipo de discapacidad que padece el actor (Discapacidad Total Permanente Para el Trabajo Habitual), la cual fue debidamente certificada por la autoridad administrativa competente, es decir, por el INPSASEL (folio 107 de la pieza I de este expediente), está comprendida en el encabezamiento de la Cláusula 19 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, la cual contempla el caso de un trabajador que quede “discapacitado permanentemente, en forma total o parcial”, de donde se deduce que, el encabezamiento de esta norma contempla todos los casos de discapacidad permanente, indistintamente de la gravedad de los mismos o del nivel de afectación que produzcan en el trabajador. Inclusive, este encabezamiento no sólo comprende casos de infortunios laborales (accidente de trabajo y enfermedad ocupacional), sino que también incluye casos de “enfermedad común o accidente no laboral”.

Sin embargo, en el desarrollo de esta norma, observa quien aquí decide que el caso específico de la discapacidad del actor, no está previsto en ninguno de los numerales que la integran, es decir, que a pesar de que la Discapacidad Total Permanente Para el Trabajo Habitual que le fue certificada al actor se encuentra comprendida en el encabezamiento de la Cláusula 19 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, por cuanto es una discapacidad permanente, no obstante, la misma no aparece expresamente contemplada en ninguno de los supuestos que integran dicha norma, incluido el numeral 3 desde luego.

Así las cosas, para la correcta interpretación de esta norma, esta Alzada considera apropiado aplicar el Principio Indubio Pro Operario contemplado en el artículo 9 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en este sentido, de la Cláusula 19 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, se toma la interpretación más favorable al trabajador y en razón de ello, considera esta Alzada que lo ajustado a derecho es aplicar al caso de autos el numeral 3 de la mencionada Cláusula, el cual remite a su vez a la Cláusula 20 de la misma Convención Colectiva que en su numeral 1 dispone, que al demandante de autos deben pagársele “las prestaciones sociales que puedan corresponderle calculadas como si se tratara de un despido injustificado …”.

Por estas razones considera este Tribunal Superior que la recurrida, habiendo aplicado el numeral 3 de la cláusula 19 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008 al caso de autos, no cometió ningún error en la interpretación de dicha norma, por lo que resulta forzoso declarar improcedente este primer motivo de apelación. Y así se establece.

“Es improcedente el pago del Doble Preaviso condenado por la recurrida”.

Ciertamente, durante su exposición oral en la Audiencia de Apelación, la apoderada judicial de la parte demandada recurrente indicó que la sentencia recurrida, indebidamente reconoció y condenó el pago del “Doble Preaviso” en beneficio del trabajador. Visto el motivo de apelación que antecede, considera útil y oportuno este Juzgador transcribir las normas involucradas, con el objeto de determinar el alcance de las mismas y la interpretación que de ellas se deriva, aplicadas a los hechos de autos y habida consideración de los alegatos expuestos por la representación judicial de la demandada. Así, el numeral 3 de la Cláusula 19 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, dispone lo siguiente:

“CLÁUSULA No. 19. DISCAPACIDAD PARA EL TRABAJO Y ACCIDENTE DE TRÁNSITO.

Cuando un Trabajador quede discapacitado permanentemente, en forma total o parcial, a causa de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, o por una enfermedad común o accidente no laboral, y esta discapacidad, total o parcial le impida continuar desempeñando sus funciones habituales, la Empresa y el Sindicato respectivo signatario de la Convención Colectiva de Trabajo convienen en lo siguiente:

Omisis.

3. Cuando un Trabajador, a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, accidente o enfermedad común, sufra una discapacidad absoluta permanente o gran discapacidad para cualquier tipo de actividad, que lo inhabilite para realizar cualquier tipo de oficio o actividad laboral, el contrato de trabajo con la empresa se extinguirá, procediéndose en este caso a su finiquito con el pago de sus indemnizaciones, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 20 de esta Convención y/o los artículos 2, 10 y 11 del Plan de Jubilaciones que como Anexo “D” forma parte integrante de esta Convención, según fuere el caso”. (Subrayado y negritas del Tribunal).

   Por su parte, el numeral 5 de la Cláusula 60 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, establece:

   CLÁUSULA No. 60. OPORTUNIDAD Y FORMA DE PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES Y/O PRESTACIONES CON OCASIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

   5.- Cuando la relación de trabajo termine por fallecimiento o discapacidad total y permanente del Trabajador a consecuencia de una enfermedad ocupacional o accidente de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones correspondientes se pagarán de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula Nro. 20 de esta Convención Colectiva de Trabajo

   . (Subrayado y negritas del Tribunal).

   Finalmente, la Cláusula 20 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, es del siguiente tenor:

   CLÁUSULA No. 20. PAGOS POR DISCAPACIDAD TEMPORAL O ABSOLUTA A CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO Y/O POR MUERTE DEL TRABAJADOR.

   1. La Empresa conviene en pagar al Trabajador que sufra un accidente de trabajo, que lo discapacite absoluta y permanentemente para el trabajo, además del Seguro Colectivo de Vida previsto en la Cláusula 46 de esta Convención, las prestaciones sociales que puedan corresponderle calculadas como si se tratara de un despido injustificado y la indemnización prevista en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo; así como gestionar los pagos correspondientes ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), por concepto de discapacidad

   . (Subrayado y negritas del Tribunal).

   Ahora bien, se observa que entre los hechos no controvertidos y entre los hechos demostrados en el presente asunto, destaca que la relación laboral entre las partes terminó con ocasión de una Enfermedad Profesional, que le originó al trabajador demandante una Discapacidad Total y Permanente Para el Trabajo Habitual.

   Analizadas las reclamaciones efectuadas por la parte demandada recurrente, en lo que se refiere a la condenatoria del pago Doble de Preaviso, pasa este Tribunal a estudiar ¿si el concepto de preaviso (inicialmente reclamado por el actor en su libelo como “doble preaviso” y más recientemente esgrimido como motivo de apelación de la demandada contra la sentencia del Juez de Juicio, es un concepto de las prestaciones sociales que correspondía pagar al trabajador demandante ciudadano F.R., o por el contrario no le correspondía? Desde luego, conteste con los razonamientos precedentes, si la respuesta a esta interrogante es positiva, entonces el pago de este concepto de las prestaciones sociales (el preaviso), debía realizarse “como si se tratara de un despido injustificado”, pero si la respuesta a esta pregunta es negativa, entonces no sólo no corresponde el pago de este concepto “como si se tratara de un despido injustificado”, sino que tampoco corresponde ni correspondía el pago del concepto mismo, bajo ninguna forma, ni siquiera en su más simple y llana expresión.

   Ahora bien, estudiada esta figura jurídica se tiene que el preaviso es un concepto que corresponde al trabajador única y exclusivamente cuando la relación de trabajo ha terminado por “despido injustificado o basado en motivos económicos o tecnológicos”, conforme lo establece el encabezamiento del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo. En otras palabras, la procedencia del preaviso como parte de las prestaciones sociales de un trabajador es privativa de los casos de finalización de la relación de trabajo por “despido injustificado o basado en motivos económicos o tecnológicos”.

   Luego, se observa de autos como un hecho no controvertido inclusive, que la relación de trabajo entre las partes en juicio terminó por “enfermedad profesional absoluta y permanente” del trabajador, la cual no es una de las causas de terminación de la relación de trabajo contempladas en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo y por tanto, a este motivo de terminación de la relación de trabajo no le corresponde el preaviso.

   En consecuencia, resulta forzoso concluir que al trabajador demandante, dado el motivo por el cual terminó la relación de trabajo (“enfermedad profesional absoluta y permanente”), no le correspondía el concepto de preaviso al momento de pagarle sus prestaciones sociales y por tal motivo, mucho menos le corresponde actualmente una diferencia por el “pago doble” de dicho concepto, llamado por su representación judicial “doble preaviso”, como erróneamente lo ha solicitado en su demanda y ha insistido en ello en la Audiencia de Apelación ante el motivo de apelación que nos ocupa, planteado por la demandada de autos. Por tanto, se declara improcedente la existencia de una diferencia por un supuesto “doble preaviso” y en consecuencia, la improcedencia de la obligación de la demandada a pagarlo. Y así se declara.

   Como consecuencia de la decisión que precede, se declara procedente este segundo motivo de apelación. Y así se decide.

   TERCERO: “Es improcedente el pago de la indemnización prevista en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo, condenada por la recurrida”.

   En efecto, durante su intervención en la Audiencia de Apelación, la apoderada judicial de la parte demandada recurrente se alza sobre este particular, en razón de haber sido su representada condenada al pago de veinticinco (25) salarios mínimos en la sentencia dictada por el A Quo, lo cual arroja la cantidad de Bs.12.808,13, toda vez que afirma que este concepto en particular le fue pagado al trabajador, pero que el mismo no consta en actas, en razón de que dicho pago fue depositado directamente en la cuenta nómina del trabajador.

   En relación con este tercer y último motivo de apelación de la parte demandada recurrente, este Tribunal de Alzada pudo constatar que efectivamente la recurrida condenó el pago de este concepto a la demandada de autos, CADAFE y también pudo constatarse que la parte demandada no logró demostrar el pago de dicho concepto.

   Sin embargo, al respecto debe advertirse que la indemnización que reclama el actor, contemplada en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo (indistintamente de que la demandada recurrente la haya pagado o no), no debe exigirse a la parte patronal directamente cuando el trabajador está debidamente inscrito en el Seguro Social Obligatorio, es decir, resulta contrario a derecho exigir su pago a la demandada (CADAFE), por cuanto aplicando la misma Ley Orgánica del Trabajo, a saber en su artículo 585, ésta contempla el carácter supletorio que tiene el régimen de indemnizaciones contenidas en ese Título de la Ley Sustantiva Laboral, disponiendo expresamente que la obligación de honrar dichas indemnizaciones corresponde directamente al patrono, únicamente cuando el trabajador no se encuentre inscrito en el Seguro Social Obligatorio y evidenciado como está en las actas procesales, que el demandante de autos ciudadano F.R. se encuentra afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, registrado por la demandada como su patrona, es por lo que resulta procedente este tercer motivo de apelación, por cuanto la demandada de autos está exceptuada de pagar dicha indemnización. Y así se declara.

   Para mayor abundancia de la declaración que precede, resulta oportuno indicar, el criterio jurisprudencial de la Sala de Casación Social de nuestro M.T., en relación con aquellos casos donde se demanda la indemnización del artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo, estando el trabajador inscrito en el Seguro Social, citándose para tales fines, un extracto de la Sentencia de fecha 17 de marzo de 2011, No. 254, con ponencia del Magistrado Dr. O.M.D., la cual es del siguiente tenor:

   Para decidir, la Sala observa:

   Determinado lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre el fondo de la controversia, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los siguientes términos:

   La Sala procede a reproducir el criterio establecido por el Juzgado de Primera Instancia y del Juzgado Superior, para descartar las indemnizaciones previstas en artículo 571 y 575 de la Ley Orgánica del Trabajo y reproduce también, lo referente al daño moral e indemnizaciones previstas en el artículo 130 parágrafo tercero de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, bajo los siguientes términos:

   La responsabilidad objetiva para indemnizar los daños y perjuicios así como por vida útil, demandados por el actor, corresponde por subrogación legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, tal como lo ha establecido la Sala de Casación Social, al considerar supletoria la aplicación de la legislación laboral solo en el caso que el trabajador no esté protegido por el sistema de la seguridad social.

   Así pues, admitida la ocurrencia del accidente de trabajo al actor, en fecha 15 de agosto de 2005, y que por tanto este hecho no es objeto de controversia, y al observar esta Sala que el accionante estaba amparado por el sistema de seguridad social, lo cual consta de las resultas de la prueba de informes que corre inserta al folio 221 de la pieza principal del expediente -valorada plenamente-, y del que se desprende que el actor fue pensionado por invalidez desde octubre 2007 por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), es forzoso declarar improcedente ambos conceptos reclamados. Así se decide

   . (Subrayado de este Tribunal).

   En consecuencia, con fundamento en el criterio jurisprudencial que precede, es claro que en aquellos casos donde se reclame la indemnización establecida en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponde el pago por subrogación legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, al considerar supletoria la aplicación de la legislación laboral y; sólo en el caso que el trabajador no esté protegido por el sistema de la seguridad social, correspondería directamente al patrono el pago de dicha indemnización, situación fáctica que no se corresponde con el caso bajo estudio, como antes se dijo. En consecuencia, con lugar este tercer y último motivo de apelación. Y así se decide.

   II.5) OBSERVACIÓN DE OFICIO SOBRE LA INDEXACIÓN O CORRECCIÓN MONETARIA CONDENADA POR LA RECURRIDA.

   Observa este Tribunal que en relación con la Indexación o Corrección Monetaria, el Tribunal de Primera Instancia de Juicio incurrió en un error, por cuanto, se condenó su pago (lo cual es correcto), pero iniciando su cómputo a partir de la admisión de la demanda, desconociendo así el criterio reiterado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia sobre este particular, el cual dispone que la Indexación o Corrección Monetaria, debe ser calculada en caso de la prestación de antigüedad desde la fecha de terminación de la relación de trabajo, excluyendo de dicho cálculo, los lapsos en los cuales la causa se ha paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor y por vacaciones judiciales. Así lo ha dispuesto la Sala de Casación Social de nuestro M.T., entre otras decisiones, en la Sentencia No. 1.345, de fecha 18 de Noviembre de 2010, la cual acoge la Sentencia emanada de la misma Sala de fecha 11 de Noviembre de 2008, distinguida con el No. 1.841 y que señala lo que a continuación se transcribe:

   Para decidir, la Sala observa:

   La sentencia Nº 1841 dictada por esta Sala en fecha 11 de noviembre de 2008 (caso: J.S. contra Maldifassi & Cía. C.A.), estableció:

   (Omissis).

   En tercer lugar, y en lo que respecta al período a indexar de los otros conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha de notificación de la demandada en el nuevo proceso y de citación en el procedimiento derogado, por las razones y fundamentos anteriormente explanados hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales.

   (Omissis)

   En séptimo lugar, en caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

   Del criterio jurisprudencial transcrito, se colige que la prestación de antigüedad, constitucionalmente está definida como una deuda de valor, por tanto, genera el pago de intereses de mora e indexación judicial, contados a partir de la fecha de terminación del vínculo; asimismo, se estableció el pago de la corrección monetaria de los demás conceptos laborales (vacaciones, utilidades, etc), contados a partir de la fecha de citación o notificación de la demandada -nuevo régimen o régimen derogado-, ambos conceptos hasta la fecha en que la sentencia quede definitivamente firme, toda vez que en ambos casos puede discurrir un período considerable que afecte los intereses del trabajador; y finalmente, se establece que en caso de no cumplimiento voluntario, el juez aplicará lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

   Por su parte, la sentencia objeto del recurso de casación, en su motiva estableció:

   De la lectura detallada de los párrafos que preceden, advierte la Sala que el Juez de Alzada, ordenó el pago de la corrección monetaria de la prestación de antigüedad y demás conceptos laborales, contadas a partir de la fecha de terminación de la relación de trabajo y de la fecha de notificación de la demandada -respectivamente-, “hasta la fecha en que se dictó el dispositivo oral” y no “hasta la fecha en que la sentencia quede definitivamente firme”.

   En tal sentido, advierte la Sala que entre la fecha de la lectura del dispositivo oral del fallo y la fecha en que la sentencia quede definitivamente firme -agotamiento de la vía recursiva-, ciertamente puede discurrir un período considerable que afecte los intereses del trabajador.

   Ahora bien, observa la Sala que el Juez de Alzada ordenó que en caso de no cumplirse voluntariamente la sentencia, se deberá pagar la corrección monetaria de conformidad con los términos establecidos en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esto es, desde el decreto de ejecución hasta su materialización, ordenando calcular el monto correspondiente a la corrección monetaria transcurrida “entre la fecha en que se dictó el dispositivo del fallo y el día del pago efectivo”, período que comprende el tiempo transcurrido en que la sentencia quedó definitivamente firme, con lo cual colige esta Sala que el ad quem subsanó en su propia motiva el vicio denunciado por la parte actora recurrente, empero, bajo una redacción ambigua -que la parte habría podido subsanar mediante la solicitud de aclaratoria-, y que eventualmente podría generar incidencias en fase de ejecución del fallo.

   Consecuente con lo expuesto, y en aplicación del principio finalista de la casación, advierte esta Sala, que la corrección monetaria de los conceptos ordenados a pagar serán computados en lo que respecta a la prestación de antigüedad, desde la fecha de terminación de la relación de trabajo -31 de mayo de 2005- y los demás conceptos desde la fecha de notificación de la demandada -8 de diciembre de 2006- hasta la fecha en que la sentencia quede definitivamente firme y en caso de no cumplimiento voluntario se aplicará lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece

   . (Subrayado de este Tribunal).

   Sin embargo, a pesar del error evidenciado y del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, el cual comparte íntegramente esta Alzada, quien suscribe actuando en segunda instancia está impedido de modificar dicha equivocación, por cuanto el Principio de la Prohibición de la Reformatio In Peius no lo permite, ya que en el presente asunto sólo apeló la decisión definitiva de primera instancia la parte demandada, de donde se presume la conformidad de la parte demandante con la totalidad de esa sentencia y por cuanto no le es dado al Juzgador de Alzada perjudicar o gravar aún más la situación jurídica de la única parte recurrente en el presente caso, en atención del aforismo latino que reza tantum apellatum quantum devolutum, no se modifica este particular aspecto de la sentencia recurrida y su enunciación se hace, a los solos efectos de destacar que ese no es el criterio de esta Alzada. Y así se decide.

   Para mayor abundancia de la decisión que precede, se transcribe a continuación un extracto de la Sentencia No. 400 del 08 de abril de 2008, emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. L.E.F.G., la cual, entre muchas otras que constituyen doctrina jurisprudencial sobre el tema, se estableció lo siguiente:

   “Como se ha establecido en anteriores oportunidades, la configuración del vicio en referencia se soporta en la vulneración del principio contenido en el aforismo “tantum apellatum quantum devolutum” que no es otro, que el deber que tienen los juzgadores de alzada de ceñirse estrictamente al fuero de conocimiento atribuido en razón del recurso de apelación ejercido, de modo que las facultades o potestades cognoscitivas del Juez quedan absolutamente circunscritas al gravamen denunciado por el apelante, en otras palabras, es la prohibición que tiene el juez superior de empeorar la situación de quien ha apelado cuando no media recurso alguno de su contraparte, lo cual ocurrió en la presente causa en virtud de la contradicción en la que incurrió el ad quem”.

   II.6) DE LOS MONTOS CONDENADOS A PAGAR A LA EMPRESA DEMANDADA.

   Se condena a la parte demandada a pagar al actor, únicamente los conceptos que fueron ordenados por la recurrida y que han sido confirmados por esta Alzada, los cuales se indican expresamente a continuación:

   Diferencia de Indemnización de Antigüedad Doble: Bs. 197.762,22.

   Igualmente se CONDENA a la parte demandada a pagar al actor, los Intereses Sobre Prestaciones Sociales, los cuales se pagarán de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, sobre los montos condenados a pagar, a partir “del tercer mes ininterrumpido de servicio”, hasta la oportunidad del pago efectivo.

   Asimismo, se condena a pagar sobre dicha cantidad, los Intereses de Mora de las Prestaciones Sociales, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ser éste un concepto que se generó por el retardo en el cumplimiento de la obligación de pagar oportunamente las prestaciones sociales, una vez culminada la relación de trabajo. La misma deberá ser calculada desde la fecha en que terminó la relación laboral, hasta la fecha de su pago definitivo. Del mismo modo, en caso de incumplimiento voluntario del presente fallo por la demandada, se ordena adicionalmente el pago de los Intereses de Mora a que se contrae el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Todo ello conforme a lo establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia No. 1.345, de fecha 18 de Noviembre de 2010, con ponencia de la Magistrada Dra. C.E.P.. Y así se decide.

   Del mismo modo, siendo que en la presente causa fue acordado por la recurrida el pago la Indexación o Corrección Monetaria sobre la cantidad condenada por concepto de deferencia de antigüedad y muy a pesar de que la misma se ordenó calcular a partir de la admisión de la demanda, lo que a juicio de esta Alzada es un error por las razones explicadas en el particular II.5) OBSERVACIÓN DE OFICIO SOBRE LA INDEXACIÓN O CORRECCIÓN MONETARIA CONDENADA POR LA RECURRIDA, sin embargo, la misma se deja incólume ya que este Tribunal Superior está impedido de modificar dicho aspecto debido al Principio de Prohibición de la Reformatio In Peius, en consecuencia, este concepto debe ser calculado a partir de la oportunidad indicada por el Tribunal A Quo, es decir, a partir de la admisión de la demanda, hasta la fecha en que quede definitivamente firme la sentencia, para cuya estimación se deberán tomar en consideración los indicadores oficiales del Banco Central de Venezuela.

   Los Intereses Sobre Prestaciones Sociales, Intereses Moratorios y la Indexación, se calcularán mediante una Experticia Complementaria del Fallo, siguiendo los parámetros que se indican a continuación:

1. - Será realizada por un único perito designado por el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de S.A.d.C. que resulte competente, de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

2. - Los Intereses Moratorios se calcularán de la siguiente forma:

   2.1.- Los causados antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el perito considerará para su cómputo, la tasa del 3% anual, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.277 y 1.746 del Código Civil. Se debe tomar en consideración la fecha de inicio de la relación laboral.

   2.2. Los generados con posterioridad a la vigencia del texto constitucional, el perito se servirá de la tasa promedio entre la activa y la pasiva fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente.

3. - Los Intereses Sobre Prestaciones Sociales se calcularán tomando en cuenta la tasa promedio entre la activa y la pasiva, fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, computados desde cuando comenzó a generarse la antigüedad, hasta su definitivo pago.

4. - Para el cálculo de los enunciados Intereses de Mora e Intereses Sobre Prestaciones Sociales, no operará el sistema de capitalización de los mismos, es decir, la capitalización de los propios intereses.

5. - La Corrección Monetaria o Indexación de los conceptos condenados a pagar, se determinará tomando en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor fijada por el Banco Central de Venezuela.

6. - El Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución competente podrá ordenarle al experto designado, que para determinar con precisión el monto de los conceptos antes indicados y condenados a pagar (con excepción de la Corrección Monetaria, por cuanto ya se estableció su cálculo), que la experticia se realice desde la oportunidad indicada en esta sentencia para cada concepto, hasta la fecha que ese Tribunal declare en estado de ejecución la presente causa y en caso de que la parte condenada a pagar no cumpla voluntariamente con la sentencia, aplique el contenido del artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y así se decide.

   III) DISPOSITIVA:

   Con fundamento en los hechos analizados, las normas aplicadas, los criterios jurisprudenciales utilizados, así como todas las razones y motivos que anteceden, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la abogada R.G., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 89.768, en su condición de apoderada judicial de la parte demandada, contra la Sentencia de fecha 16 de julio de 2010, emanada del Tribunal Primero de Juicio del Nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en el juicio que por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES tiene incoado el ciudadano F.R., contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE).

Se MODIFICA la sentencia recurrida únicamente en lo que respecta a las indemnizaciones derivadas del doble preaviso y la prevista en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo y como consecuencia de lo anterior, se CONFIRMAN el resto de la sentencia recurrida.

Se ORDENA notificar de la presente sentencia al Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en la ciudad de S.A.d.C..

Se ORDENA remitir el presente asunto a la Coordinación Judicial de este Circuito Judicial Laboral del Estado Falcón, con sede en la ciudad de S.A.d.C., a los fines de que efectúe la respectiva distribución entre los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial, para su prosecución procesal, una vez transcurrido el lapso legal sin que las partes intenten recurso alguno contra esta sentencia.

NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS por la naturaleza del presente fallo.

Publíquese, regístrese y agréguese. Notifíquese a la ciudadana Procuradora General de la República.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en S.A.d.C., a los tres (03) días del mes de mayo de dos mil doce (2012). Años 201º de la Independencia y 153º de la Federación.

EL JUEZ SUPERIOR.

ABG. J.P.A.R..

LA SECRETARIA.

ABG. L.V..

Nota: La anterior decisión se dictó y publicó en su fecha 03 de mayo de 2012, a las dos en punto de la tarde (02:00 p.m.). Se dejó copia certificada en el Libro Copiador de Sentencias de este Tribunal. Conste, en S.A.d.C. en la fecha señalada.

LA SECRETARIA.

ABG. L.V..