Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de Febrero 13, 2013

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RESUMEN

Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación de Autos interpuesto por los Abogados LUISA ORIBIO SALINAS, FRANCIS RODRÍGUEZ y ANDRÉS MATOS, actuando ... (ver resumen completo)

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Circuito Judicial Penal

Circunscripción Judicial del Estado Lara

CORTE DE APELACIONES

Barquisimeto, 13 de Febrero de 2013 Años: 202º y 153º

ASUNTO: KP01-R-2012-000712

ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2012-024968

PONENTE: ABG. JOSE RAFAEL GUILLEN COLMENARES

Partes:

Recurrente: Abogados LUISA ORIBIO SALINAS, FRANCIS RODRÍGUEZ y ANDRÉS MATOS, actuando en su condición de Defensores Privados del ciudadano HENRY HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.

Fiscalía: Fiscal 2º del Ministerio Público del Estado Lara.

Recurrido: Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 05 de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara.

Delitos: TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS y FABRICACIÓN ILÍCITA DE MUNICIONES, previstos y sancionados en los artículos 38 y 39 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo.

Motivo: Recurso de Apelación Auto, contra la decisión dictada en Audiencia de Calificación en Flagrancia celebrada en fecha 12 de Diciembre de 2012 y fundamentada en fecha 14 de Diciembre de 2012, por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 05 de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante el cual decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano HENRY HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS y FABRICACIÓN ILÍCITA DE MUNICIONES, previstos y sancionados en los artículos 38 y 39 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo.

CAPITULO PRELIMINAR

Corresponde a esta Corte conocer del recurso de Apelación de Autos interpuesto por los Profesionales del Derecho Abogados LUISA ORIBIO SALINAS, FRANCIS RODRÍGUEZ y ANDRÉS MATOS, actuando en su condición de Defensores Privados del ciudadano HENRY HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, contra la decisión dictada en Audiencia de Calificación en Flagrancia celebrada en fecha 12 de Diciembre de 2012 y fundamentada en fecha 14 de Diciembre de 2012, por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 05 de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante el cual decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a su defendido, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS y FABRICACIÓN ILÍCITA DE MUNICIONES, previstos y sancionados en los artículos 38 y 39 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo.

Recibidas las actuaciones en fecha 04 de Febrero de 2013, se le dio entrada a esta Corte de Apelaciones, previo cumplimiento del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial correspondiéndole la ponencia al Juez Profesional Dr. José Rafael Guillen Colmenares, quien con tal carácter suscribe la presente decisión y estando dentro del lapso legal para decidir, lo hace en los siguientes términos:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 442 del Código Adjetivo Penal, en fecha 07 de Febrero del año en curso, se admitió el recurso de Apelación, por no concurrir ninguno de los supuestos a que se contrae el artículo 428 eiusdem. Y acogiéndose al lapso establecido en el tercer aparte de la citada norma legal, se pasa a dictar pronunciamiento con fundamento en los siguientes términos en atención a lo siguiente:

TITULO I.

DE LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS PARA RECURRIR POR APELACIÓN.

Esta Corte de Apelaciones, con el único propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 424, 427 y 445 del Código Orgánico Procesal Penal (en lo adelante COPP), hace las siguientes consideraciones en cuanto a:

CAPÍTULO I.

LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE.

En efecto, en la presente causa, se observa que en el Asunto Principal signado bajo el N° KP01-P-2012-024968, intervienen los Abogados LUISA ORIBIO SALINAS, FRANCIS RODRÍGUEZ y ANDRÉS MATOS, actuando en su condición de Defensores Privados del ciudadano HENRY HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, tal como consta del presente Asunto. Por lo que se encuentran legitimados para interponer la impugnación. Y ASÍ SE DECLARA.

CAPÍTULO II

INTERPOSICIÓN Y OPORTUNIDAD PARA EJERCER RECURSO DE APELACIÓN.

Vistas las actuaciones y los cómputos efectuados por orden del Tribunal de la recurrida, CERTIFICA: que el lapso a que se contrae el artículo 445 del Código Orgánico Procesal Penal, transcurrió desde el día 17/12/2012 día hábil siguiente a la fundamentación de la decisión de fecha 14/12/2012, hasta el día 21/12/2012 transcurrieron (5) días hábiles, asimismo se deja constancia que el recurso de apelación fue interpuesto ante el Tribunal por los recurrentes Abogados LUISA ORIBIO SALINAS, FRANCIS RODRÍGUEZ y ANDRÉS MATOS, actuando en su condición de Defensores Privados del ciudadano HENRY HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, el día 20/12/2012. Computo efectuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECLARA.

Del mismo modo, y en cuanto al trámite del emplazamiento se deja constancia que desde el 09/01/2013, día hábil siguiente al Emplazamiento efectuado al Fiscal del Ministerio Público, a los fines de que contestase el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados LUISA ORIBIO SALINAS, FRANCIS RODRÍGUEZ y ANDRÉS MATOS, actuando en su condición de Defensores Privados del ciudadano HENRY HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, en el presente asunto, hasta el día 11/01/2013, transcurrieron tres (03) días hábiles y que el plazo a que se contrae el artículo 446 del Código Orgánico Procesal Penal venció en ese mismo día. Se deja constancia que el Ministerio Público no dio contestación al recurso de apelación. Computo efectuado de conformidad con el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECLARA.

CAPÍTULO III

DEL AGRAVIO Y POSIBILIDAD DE IMPUGNAR LA DECISIÓN RECURRIDA:

Con respecto al primero esta Alzada considera, por interpretación auténtica contextual del artículo 427 del Código Orgánico Procesal Penal, que debe existir un agravio invocado por el recurrente legitimado, ocasionado por la decisión que se pretende recurrir y que por ello le sea desfavorable. No considerándose necesario la demostración expresa del agravio; mientras que el mismo pueda ser inferido de los fundamentos que motivan el Recurso, y bastando el hecho de haberse fundamentado legalmente la causal de motivación del mismo.

En el escrito de apelación, dirigido al Juez de Primera Instancia en funciones de Control Nº 05 de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, se expone como fundamento textualmente entre otras cosas, lo siguiente:

“…Nosotros, LUISA ORIBIO SALINAS, FRANCIS RODRÍGUEZ y ANDRÉS MATOS (…) actuando con el carácter de Defensores Técnicas del ciudadano HENRY HERNANDEZ RODRÍGUEZ, (…) ocurrimos ante esta instancia, a objeto de interponer RECURSO DE APELACIÓN de autos, en los términos siguientes:

I. DE LA DECISIÓN RECURRIDA

La decisión recurrida es la proferida en la audiencia de calificación de flagrancia de fecha 12 de Diciembre del año 2012, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 5 de este Circuito Judicial Penal, específicamente del pronunciamiento siguiente:

(Omisis)…

II. DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

Se fundamenta el presente recurso en la causal contenida en el artículo 447 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal (Omisis)…

DE LOS FUNDAMENTOS DE FONDO DEL RECURSO

(Omisis)…

Esta defensa técnica considera que el Juez de Control Nº 5 incurre en error en su decisión cuando da como acreditado la existencia del numeral segundo (2) del artículo trascrito pues en su fundamentación señala que existen elementos de convicción que vinculan a nuestro defendido con los hechos que se le atribuyen y que permiten presumir que el mismo ha sido autor o partícipe en la comisión del hecho (…)

Lo que quiere significar esta Defensa Técnica es que ninguno de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y valorados por el Juez de Control son suficientes para acreditar la comisión del hecho punible o conducta criminal (…)

Es necesario acotar que por existir en la presente causa una causa una sola persona investigada y no figurar persona jurídica o asociativa alguna es imposible e ilegal que sea procesado bajo las premisas de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, pues las condiciones objetivas de punibilidad para este delito son inexistentes y por lo tanto las consecuencias de tal calificación como lo es la medida Judicial privativa de libertad dictada, cuestión que ésta defensa solicita a esta honorable Corte, sea corregida.

Por otra parte, atendiendo al criterio legal y jurisprudencias referido a la necesidad de que sean concurrentes los supuestos del artículo 250 y 251 del COPP, ya que analizados los numerales 1 y 2 del artículo 250, es necesario acotar que el tercer numeral tampoco esta acreditado pues el peligro de fuga u obstaculización no se cumplen (…)

Por otra parte en el presente caso no hay dentro de los elementos de investigación la declaración de testigos que puedan ser manipulados para cambiar o desorientar su intención, pues los únicos dos testigos que allí aparecen, se refieren al allanamiento, hecho no controvertido por esta parte.

Ahora bien, nuestro representado tiene su residencia desde hace mas de quince años en este estado Lara, donde tiene su asiento laboral y una familia constituida por lo que tiene arraigo mas que comprobado; No presenta conducta predelictual, lo que consta en el presente asunto; No existe daño causado a terceras personas, y no puede hablarse en esta etapa del proceso de ello hasta no tener sentencia definitiva; La conducta de nuestro patrocinado durante los actos de investigación es ajustada a derecho, por lo que observamos que no se encuentran acreditados los supuestos del 251 del COPP, lo cual es requisito para la procedencia de una medida privativa de libertad.

En...

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