Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 17 de Octubre de 2013

Los abogados actores que se abrogan el derecho de intimar tal cantidad por concepto de honorarios profesionales a su mandante, en razón a la condenatoria en costas que deriva de la sentencia dictada en fecha 04 de octubre de 2007 por el Juzgado Décimo Noveno en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no cumplieron con el requisito del previo cálculo del monto de los honorarios profesionales dando las razones fundadas para estimar esos honorarios, de manera tal que puedan ser discutidas por el deudor de las costas, a tenor del articulo 40 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano.

Por otra parte los abogados intimantes no cuentan con la debida legitimación para ejercer la presente acción en forma directa, por cuanto es un requisito impretermitible para proceder a tal reclamación, exhibir la previa aprobación autentica de su cliente JACOBUS H.D.W., quien realmente es la parte a quien le pertenecen las costas y le corresponde la obligación de pagar los honorarios profesionales de sus abogados, requisito necesario para accionar por cuanto en este caso específico, el procedimiento del cual pretenden hacer derivar tal derecho los abogados intimantes, es un proceso no estimable en dinero, por tratarse de las costas derivadas de un juicio penal. Fundamenta este alegato en lo dispuesto en la sentencia N° 320 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictada en fecha 04 de mayo de 2000, por lo que se deberá declarar IMPROCEDENTE el presente procedimiento de ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES ADMITIDO SEGÚN AUTO DE FECHA 02 de JULIO DE 2009, teniendo en consideración el criterio vinculante y por lo tanto de obligatoria aplicación expresado en la señala sentencia.

Por todo lo antes expuesto, en resguardo a los derechos de su representada PRODUCCIONES RODENEZA, C.A., niega y rechaza que la misma esté en la obligación de pagar directamente a los intimantes la cantidad de SETECIENTOS TREINTA MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 730.000,00) por concepto de honorarios profesionales de abogados, por cuanto los referidos profesionales del derecho, Dres. J.L.T.R., JOLSENY C.T.O. y Á.D.R.C., carecen de la legitimación para ejercer la acción directa de cobro de honorarios profesionales, la cual corresponde al ciudadano JACOBUS H.D.W., soltero y titular de la cédula de identidad E-82.239.169, en todo caso beneficiario de la condenatoria en costas.

Igualmente, niega, rechaza y contradice que los abogados actores puedan alegar que en razón del caso penal de su cliente JACOBUS H.D.W., se vieron en la imposibilidad para atender otros asuntos judiciales, ya que los identificados profesionales trabajan en forma preferente y exclusiva la materia de penal, por lo cual la mayoría de los juicios que atienden cursan en los Juzgados del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con todas las ventajas de la automatización del servicio, y al actuar tres co-apoderados en un proceso, además de contar para la vigilancia del expediente con el concurso de un asistente no profesional designado por el Dr. J.L.T.R., es evidente que contaron con tiempo suficiente para atender el caso en cuestión, así como otros juicios de otros clientes, y conforme su especialidad profesional determinar las correspondientes gestiones y acciones para la preparación del caso y su estudio, sin que hubieren requerido trabajar fuera de su horario y lugar establecido para despachar, así como en horas nocturnas y/o fines de semanas, por cuanto de las actuaciones que acompañaron del expediente penal, este alegato queda desvirtuado.

Señala, que el Juez deberá tomar en consideración que el proceso del cual deriva la condenatoria en costas y la cual obrara a favor de JACOBUS H.D.W., es un procedimiento penal, el cual por mandato constitucional es de carácter absolutamente gratuito, siendo la obligación del Tribunal en priviligenciar (sic) tal garantía constitucional, ya que la causa no es estimable en dinero, y por lo tanto no es posible la aplicación del articulo 286 del Código de Procedimiento Civil, en el cual toda condenatoria por honorarios de apoderados no podría superar el 30% del valor de lo litigado, es decir, no podría ser superior al máximo del treinta por ciento (30%) de la estimación de la demanda, y por no existir otro parámetro o contención para la exagerada pretensión de honorarios profesionales de los abogados intimantes, que la prudencia, la moral, la lealtad y la probidad que se deben las partes en el proceso, debe el ciudadano Juez aplicar los principios rectores del proceso, por mandato de los artículos 15 y 17 del Código de Procedimiento Civil.

Por último, indicó que a todo evento, y sin que ello implique de manera alguna legitimación o subsanación de los vicios del presente procedimiento, en resguardo al derecho de la defensa de su mandante PRODUCCIONES RODENEZA, C.A., conforme lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Abogados se acogió al derecho de retasa de los honorarios de abogados intimados por los Doctores J.L.T.R., JOLSENY C.T.O. y Á.D.R.C., y en consecuencia, se reservó el derecho de designar el correspondiente retasador por la parte que representa, en el caso que el Tribunal decida desaplicar los conceptos constitucionales y decrete la continuación del presente procedimiento.

PRUEBAS

Junto con el escrito libelar, la parte actora consignó los siguientes instrumentos (los cuales fueron promovidos en la articulación probatoria):

1. Copia certificada de cuaderno de apelación, perteneciente al expediente No. 10Aa 2275-08, del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Corte de Apelaciones, Sala 10, marcado como anexo “I” (folios 21 al 168, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que los accionantes ejercieron recurso de apelación contra el auto de fecha 13 de junio de 2008, dictado por el Tribunal Décimo Noveno de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual declaró inadmisible la demanda interpuesta por estimación e intimación de honorarios profesionales a la sociedad mercantil Producciones Rodeneza, C.A., en virtud del juicio seguido por la empresa mencionada contra JACOBOUS H.D.W., por la presunta comisión del delito de difamación, juicio del cual fue absuelto el acusado. En este sentido, se observa que la Corte de Apelaciones en fecha 28 de octubre de 2008 dictó decisión declarando sin lugar el recurso de apelación, confirmando la decisión recurrida.

2. Copia simple de decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, No. 2296, de fecha 18 de diciembre de 2007, marcada “A” (folios 169 al 201, pieza 1). Al respecto, debe señalar esta juzgadora que el portal web del Tribunal Supremo de Justicia tiene una finalidad informativa, por lo tanto advierte que la veracidad y exactitud de los datos publicados en la página web deben ser contrastados con los originales que reposan en los archivos y demás dependencias de las Salas del Tribunal Supremo (Vid. sentencias Nos. 982/2001, 400/2007, 453/2009, todas de la Sala Constitucional); por consiguiente, no se le confiere valor probatorio.

3. Copia certificada de escrito de excepciones y promoción de pruebas más anexos, marcado “B” (folios 204 al 265, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 01 de noviembre de 2006, los abogados C.A.T.T. y J.L.T.R., en su carácter de defensores técnicos del ciudadano JACOBOUS DE WAARD, consignaron escrito de oposición de excepciones y promoción de pruebas (más anexos) ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con ocasión del juicio incoado contra JACOBOUS DE WAARD por la presunta comisión del delito de difamación.

4. Copia certificada de acta de aceptación y juramentación del Abogado J.L.T., como defensor técnico del acusado JACOBUS H.D.W., marcado “C” (folio 266, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 15 de noviembre de 2006, el abogado J.L.T. aceptó el cargo de defensor técnico de JACOBUS H.D.W. y juró cumplir bien y fielmente con los deberes inherentes al mismo.

5. Copia certificada de acta de apertura de juicio suscrita en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (folio 267 al 291, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 16 de noviembre de 2006, se verificó la audiencia oral y pública en la causa No. 2J-439-06, en el juicio seguido por R.A.M. (acusador privado) contra Jacobous De Waard (acusado); siendo los representantes legales del acusado los abogados C.T. y J.L.T., quienes se encontraban presentes en el acto.

6. Copia certificada de acta de continuación y clausura del juicio oral y público suscrita en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 20 de noviembre de 2006, marcada “E” (folios 292 al 328, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 20 de noviembre de 2006, se verificó la continuación y conclusión de la audiencia oral y pública en la causa No. 2J-439-06, en el juicio seguido por R.A.M. (acusador privado) contra Jacobous De Waard (acusado); siendo los representantes legales del acusado los abogados C.T. y J.L.T., quienes se encontraban presentes en el acto. En esta audiencia se absolvió al acusado del delito de difamación y se condenó en costas a la parte acusadora. También corre inserto en los folios señalados y que aquí se analizan, copia certificada del extenso de la decisión proferida en fecha 20 de noviembre de 2006.

7. Copia certificada de escrito de solicitud de saneamiento de acto omitido marcado “F” (folios 330 al 333, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 22 de febrero de 2007), el abogado J.L.T., en su carácter de defensor técnico de JACOBOUS DE WAARD, solicitó el saneamiento de la omisión de un acto, a saber: el emplazamiento del acusado a los fines de la contestación del recurso de apelación ejercido por la parte acusadora en fecha 15 de enero de 2007; en consecuencia, solicitó se difiriera la audiencia oral fijada para el 1 de marzo de 2007 para una oportunidad posterior.

8. Copia certificada de escrito de contestación del recurso de apelación de fecha 12 de abril de 2007, marcado “G” (folios 334 al 343, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 12 de abril de 2007, el abogado J.L.T., en su carácter de defensor técnico de JACOBOUS DE WAARD, consignó escrito de contestación al recurso de apelación interpuesto por la parte acusadora, en el juicio seguido por Producciones Rodeneza, C.A. contra Jacobous De Waard.

9. Copia certificada de acta de aceptación y juramentación de la abogado Á.D.R.C., como defensor técnico del acusado JACOBUS H.D.W., marcado “H” (folio 344, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 25 de mayo de 2007, la abogado Á.D.R.C. se asoció a la defensa de JACOBOUS H.D.W. y juró cumplir bien y fielmente con los deberes inherentes al mismo.

10. Copia certificada de acta de audiencia oral de apelación de fecha 25 de mayo de 2007, suscrita en la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de esta Circunscripción Judicial, marcada “I” (folios 345 al 349, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 25 de mayo de 2007, se verificó la audiencia oral de apelación en la causa No. 2701-07, en el juicio seguido por Producciones Rodeneza, C.A. (acusador privado) contra Jacobous De Waard (acusado); siendo los representantes legales del acusado los abogados C.T., J.L.T. y Á.R.C., encontrándose presente en el acto la abogado Á.R.C..

11. Copia certificada de diligencia de fecha 30 de julio de 2007, consignada en el expediente No. 396-07, MARCADO “j” (folio 350, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 30 de julio de 2007, el abogado J.L.T., en su carácter de defensor técnico del ciudadano JACOBUS H.D.W. solicitó el diferimiento del juicio oral y público fijado para ese día ya que los testigos de la defensa no se encontraban en el país.

12. Copia certificada de diligencia de fecha 09 de agosto de 2007, consignada en el expediente solicitando el diferimiento del juicio oral y público, marcada “K” (folio 351). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 09 de agosto de 2007, la abogado Á.R., en su carácter de defensor del ciudadano JACOBUS H.D.W. solicitó el diferimiento del juicio oral y público fijado para ese día ya que los testigos de la defensa no se encontraban en el país.

13. Copia certificada del acta de juicio oral y público de fecha 17 de septiembre de 2007, suscrita en el Juzgado Décimo Noveno de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de esta Circunscripción Judicial, marcada “L” (folios 352 al 360, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 17 de septiembre de 2007, se verificó la audiencia oral y pública en la causa No. 19J-396-07, en el juicio seguido por R.A.M. (acusador privado), Presidente de la sociedad mercantil Producciones Rodeneza, C.A., contra Jacobous De Waard (acusado); siendo los representantes legales del acusado los abogados J.L.T., quien se encontraba presente en el acto.

14. Copia certificada de acta de fecha 21 de septiembre de 2007 (folio 375, pieza 1), marcado “M”. Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 21 de septiembre de 2007, el abogado J.L.T., en su carácter de defensor del ciudadano JACOBUS DE WAARD, designó como asistente no profesional al Bachiller D.A.T.O..

15. Copia certificada de acta de aceptación y juramentación de la abogado Jolseny C.T.O., como defensor del acusado JACOBUS H.D.W. (folio 376, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 21 de septiembre de 2007, la abogado Jolseny C.T.O. fue designada defensor privado de JACOBUS H.D.W. y juró cumplir bien y fielmente con los deberes inherentes al mismo.

16. Copia certificada del acta de juicio oral y público de fecha 21 de septiembre de 2007, suscrita en el Juzgado Décimo Noveno de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de esta Circunscripción Judicial, marcada “O” (folios 360 al 366, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 21 de septiembre de 2007, se verificó la continuación de la audiencia oral y pública en la causa No. 19J-396-07, en el juicio seguido por R.A.M. (acusador privado), Presidente de la sociedad mercantil Producciones Rodeneza, C.A., contra Jacobus De Waard (acusado); siendo los representantes legales del acusado los abogados J.L.T. y Jolseny C.T., quienes se encontraban presentes en el acto.

17. Copia certificada del acta de juicio oral y público de fecha 01 de octubre de 2007, suscrita en el Juzgado Décimo Noveno de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de esta Circunscripción Judicial, marcada “P” (folios 366 al 370, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 01 de octubre de 2007, se verificó la continuación de la audiencia oral y pública en la causa No. 19J-396-07, en el juicio seguido por R.A.M. (acusador privado), Presidente de la sociedad mercantil Producciones Rodeneza, C.A., contra Jacobus De Waard (acusado); encontrándose presentes en dicho acto –por la parte acusada- el abogado J.L.T., Jolseny Tamayo, así como el Bachiller D.T.O..

18. Copia certificada del acta de juicio oral y público de fecha 04 de octubre de 2007, suscrita en el Juzgado Décimo Noveno de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de esta Circunscripción Judicial, marcada “Q” (folios 370 al 374, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 04 de octubre de 2007, se verificó la continuación de la audiencia oral y pública en la causa No. 19J-396-07, en el juicio seguido por R.A.M. (acusador privado), Presidente de la sociedad mercantil Producciones Rodeneza, C.A., contra Jacobus De Waard (acusado); encontrándose presentes en dicho acto –por la parte acusada- el abogado J.L.T. y el Bachiller D.T.O.. En esta audiencia se absolvió al acusado del delito de difamación y se condenó en costas a la parte acusadora. También observa esta juzgadora que corre inserto en los folios 377 al 402, pieza 1, copia certificada del extenso de la decisión proferida en fecha 04 de octubre de 2007, al cual se le concede pleno valor, según el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil.

19. Copia certificada de diligencia de fecha 05 de octubre de 2007 (folio 403, pieza 1), marcado “R”. Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 05 de octubre, el abogado J.L.T., en su carácter de defensor técnico de JACOBUS DE WAARD, solicitó copia certificada de la sentencia dictada en fecha 04 de octubre de 2007.

20. Copia certificada del escrito de contestación al recurso de apelación de fecha 26 de octubre de 2007, marcado “S” (folios 404 y 405, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 26 de octubre de 2007, el abogado J.L.T., en su carácter de defensor técnico de JACOBUS DE WAARD, consignó escrito de contestación al recurso de apelación interpuesto por la contraparte.

21. Copia certificada del acta de juicio oral y público de fecha 20 de diciembre de 2007, suscrita en la Sala Quinta Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de esta Circunscripción Judicial, marcada “T” (folios 407 al 410, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 20 de diciembre de 2007 se llevó a cabo la audiencia de apelación en el expediente signado No. SA-5-07-2211, en el juicio seguido por R.A.M. (acusador privado), Presidente de la sociedad mercantil Producciones Rodeneza, C.A., contra Jacobus De Waard (acusado); encontrándose presentes en dicho acto –por la parte acusada- la abogado Jolseny Tamayo.

22. Copia certificada de diligencia de fecha 21 de febrero de 2008, marcado “U” (folio 412, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 21 de febrero de 2008 el abogado J.L.T., en su carácter de defensor técnico de JACOBUS DE WAARD, solicitó copia certificada de la decisión que declaró sin lugar el recurso de apelación incoado por la contraparte.

23. Copia certificada de diligencia de fecha 05 de marzo de 2008, marcado “V” (folio 413, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 05 de marzo de 2008 el abogado J.L.T., en su carácter de defensor técnico de JACOBUS DE WAARD, solicitó copia simple de los folios 41, 46 al 52 y 138 de la pieza No.1; copias simples de los folios 7 al 10, 71 al 80, 100, 158, 164, 192, 193, 258 y 277, de la pieza 2, y copias simples del folio 99 de la pieza No.3, del expediente.

24. Copia certificada de diligencia de fecha 26 de marzo de 2008, marcado “W” (folio 414, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que en fecha 26 de marzo de 2008 el abogado J.L.T., en su carácter de defensor técnico de JACOBUS DE WAARD, solicitó copia simples de las actas de los dos juicios orales.

25. Copia certificada de escrito dirigido al Juzgado décimo Noveno de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, marcado “X” (folio 415, pieza 1). Al respecto, observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis si bien no constituye un documento público, merece fe pública según lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se le confiere valor probatorio, desprendiéndose del mismo que los abogados J.L.T., Jolseny Tamayo y Á.R. solicitaron copias certificadas de diversas actuaciones contenidas en el expediente No. 19J-396-07.

26. Copia simple de instrumento autenticado en fecha 15 de noviembre de 2010, ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Libertador (folios 253 al 255, pieza 2). Observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis constituye un documento privado, autenticado, de fecha cierta, el cual, al no haber sido objeto de impugnación, se le confiere valor probatorio según lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Del mismo se desprende que el ciudadano JACOBUS H.D., autorizó a los abogados J.L.T.R., Jolseny C.T.O. y Á.D.R.C. para que según lo establecido en el artículo 23 y 24 de la Ley de Abogados estimen e intimen honorarios profesionales a la sociedad mercantil Producciones Rodeneza, C.A.; asimismo, les confirió poder a dichos abogados para que, sin limitación alguna, realicen en su nombre todas las gestiones judiciales y extrajudiciales que sean menester en el respectivo procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales.

    Junto con el escrito de oposición a la intimación, la abogado P.M.d.F. consignó:

1. Copia simple de decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, No. 320, de fecha 04 de mayo de 2000 (folios 474 al 489, pieza 1). Al respecto, debe señalar esta juzgadora que el portal web del Tribunal Supremo de Justicia tiene una finalidad informativa, por lo tanto advierte que la veracidad y exactitud de los datos publicados en la página web deben ser contrastados con los originales que reposan en los archivos y demás dependencias de las Salas del Tribunal Supremo (Vid. sentencias Nos. 982/2001, 400/2007, 453/2009, todas de la Sala Constitucional); por consiguiente, no se le confiere valor probatorio.

   En la articulación probatoria promovió:

1. Copia simple de instrumento autenticado en fecha 15 de noviembre de 2010, ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Libertador (folios 265 y 266, pieza 2). Observa esta juzgadora que el instrumento bajo análisis constituye un documento privado, autenticado, de fecha cierta, el cual, al no haber sido objeto de impugnación, se le confiere valor probatorio según lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Del mismo se desprende que el ciudadano JACOBUS H.D., autorizó a los abogados J.L.T.R., Jolseny C.T.O. y Á.D.R.C. para que según lo establecido en el artículo 23 y 24 de la Ley de Abogados estimen e intimen honorarios profesionales a la sociedad mercantil Producciones Rodeneza, C.A.; asimismo, les confirió poder a dichos abogados para que, sin limitación alguna, realicen en su nombre todas las gestiones judiciales y extrajudiciales que sean menester en el respectivo procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales.

2. Invocó el mérito probatorio que se desprende de los autos. Al respecto, es menester señalar que ha sido criterio del Tribunal Supremo de Justicia, que la apreciación del mérito favorable de los autos no constituye medio de prueba, sino la solicitud de aplicación del principio de comunidad de la prueba, que rige en todo el sistema probatorio venezolano y que el juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte; razón por la cual, al no ser promovido un medio probatorio susceptible de valoración, se considera improcedente otorgarle valor a tales alegaciones.

   MOTIVACIÓN

   Observa este Juzgador, que la parte intimada en su escrito de oposición alegó que los abogados intimantes no cumplieron con el requisito del previo cálculo del monto de los honorarios profesionales dando las razones fundadas para estimar esos honorarios.

   Al respecto, debe este juzgador señalar el criterio expresado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 320, de fecha 04 de mayo de 2000, según el cual quien pretenda intimar las costas derivadas de un proceso no estimable en dinero, debe explicar, conforme al artículo 40 del Código de Ética Profesional del Abogado, las razones que tuvo para estimar esos honorarios; en este sentido, aprecia esta Alzada que en su escrito de intimación y estimación de honorarios profesionales, los abogados intimantes expusieron como razones para la determinación del monto intimado, tomando como lineamientos lo dispuesto en los artículos 39 y 40 del Código de Ética del Abogado, lo siguiente:

   a) El proceso fue conocido por la opinión pública a través de los medios de comunicación social (prensa escrita e internet).

   b) Los problemas jurídicos discutidos fueron de carácter novedoso, ya que hubo que determinar si una persona natural podía difamar a un producto comercial.

   c) Los abogados actuantes somos especialistas en la materia penal con una trayectoria intachable y reconocida.

   d) Durante los quince meses aproximados que duraron ambos procesos penales, fuimos responsables en nuestras actuaciones, tal como se desprende de las actas del expediente, pues cumplimos a cabalidad con las labores profesionales encomendadas.

   e) Finalmente, de las actas del expediente se desprende que nuestro patrocinado, merced de nuestra actuación profesional, fue absuelto en los dos juicios que se celebraron en su contra, resultando igualmente victoriosos en la incidencia de apelación que se llevó a cabo ante la Sala Accidental Quinta de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, que puso fin al proceso seguido en contra de nuestro patrocinado, lo cual demuestra el rotundo éxito de nuestra actuación.

   .

   Así, considera este juzgador que en efecto si bien, los honorarios profesionales intimados derivan de un juicio de naturaleza penal, en consecuencia, no estimable económicamente, no puede dejar de apreciarse que, en efecto, la parte actora dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 del Código de Ética del Abogado, indicando las razones que fundamentan el monto de su estimación, en observancia a los lineamientos establecidos en el artículo supra indicado.

   También, adujo la parte intimada que los actores no cuentan con la debida legitimación para ejercer la presente acción en forma directa, por cuanto se requiere la previa aprobación auténtica de su cliente, JACOBUS H.D.W., por ser ésta la parte a quien le pertenecen las costas y le corresponde la obligación de pagar los honorarios profesionales a sus abogados.

   Ahora bien, con relación al derecho de los abogados a estimar e intimar honorarios profesionales el artículo 23 de la Ley de Abogados establece:

   Artículo 23.- Las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que la establecida en esta Ley

   .

   Por su parte el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Abogados dispone:

   Artículo 24.- A los efectos del Artículo 23 de la ley se entenderá por obligado, la parte condenada en costas

   .

   Aprecia quien juzga que respecto, a la interpretación de los artículos in commento, la doctrina patria es pacífica al considerar que el artículo 23 de la Ley de Abogados concede acción al abogado que representa en juicio a la parte vencedora para cobrar honorarios profesionales a la contraparte condenada en costas, y a esa acción se la denomina acción directa, en palabras del autor venezolano H.E.B.T., “…es una vez que se produce la decisión judicial donde se declare la condenatoria en costas a favor del ganancioso y luego que se produzca su firmeza, por el ejercicio, agotamiento o no de los recursos ordinarios o extraordinarios, que el mismo puede considerarse como acreedor de ese derecho accesorio que constituye una especie de indemnización patrimonial, momento para el cual pude ser exigido al respectivo obligado, que será el perdidoso y condenado en costas; pero si bien las costas pertenecen a la parte gananciosa en el proceso, tal como lo estipula el artículo 23 de la Ley de Abogados, conforme a dicha norma el abogado se encuentra dotado de un derecho personal y directo para cobrar sus honorarios profesionales al condenado en costas, para hacer efectivo el derecho a ser retribuido por la prestación de servicios…”(“Procedimientos Judiciales para el Cobro de los Honorarios profesionales de Abogados y Costas Procesales”, 2006).

   No obstante, con relación a los procedimientos de estimación e intimación de honorarios profesionales, derivados de procesos no estimables económicamente, como el caso en marras, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fallo de fecha 04 de mayo de 2000, Nº 320, estableció lo siguiente:

   (…)

   Solo si la parte involucrada en el proceso es un abogado, él podrá cobrar honorarios, si resultare con una condena en costas a su favor, ya que a pesar de que desplegó una actividad propia, ella a su vez fue profesional y mientras atendió su asunto, no pudo ejercer la profesión de abogado en otros casos que tuvieron lugar en la misma fecha y hora.

   b) Que las partes se hicieron representar o fueron asistidos por abogados. Los honorarios de estos podrán cobrárseles al condenado en costas.

   Estos honorarios, que van a ser cobrados a persona ajena a las partes del contrato de prestación de servicios profesionales que existe entre abogado y cliente, no pueden fundarse en dicho contrato, que a tenor del artículo 1166 del Código Civil ni lo beneficia, ni lo perjudica; y la forma de cálculo del monto de esos honorarios es la señalada en los artículos 39 y 40 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano de 3 de agosto de 1985. En especial se ponderarán las circunstancias del artículo 40 de dicho Código de Ética, aplicable a cualquier proceso en esta materia, por imperativo del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil.

   Dada esta estimación fundada en las circunstancias del artículo 40 del Código de Ética Profesional, y siendo las costas propiedad de la parte beneficiada por la condena de su contraparte, considera esta Sala, que el procedimiento para el cobro al perdidoso en el juicio de amparo, no es el establecido en el artículo 23 de la Ley de Abogados, el cual como presupuesto para la intimación de honorarios, sólo exige que se tome en cuenta las anotaciones del valor de la actuación, que haga el abogado al margen de todo escrito o diligencia en que actúe, o la relación de estas actuaciones en diligencia o documento aparte, sin que el artículo 24 de la Ley de Abogados requiera se dé cumplimiento en alguna forma al artículo 40 del Código de Ética Profesional del Abogado.

   Este procedimiento del artículo 23 de la Ley de Abogados está relacionado con el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, con su limitante de que el monto de la condena en costas, por honorarios profesionales, no puede rebasar el treinta por ciento (30%) del valor de la demanda que debe ser estimada por el actor. De allí que por más anotaciones o estimaciones que se hagan por concepto de honorarios, exagerados o no, la suma de los mismos siempre chocará con la valla del treinta por ciento (30%).

   Pero en el caso de costas dentro de un proceso no estimable en dinero, esa valla no existe, y por ello el que pretenda el cobro de los honorarios, debe explicar conforme al artículo 40 del Código de Ética citado, las razones que tuvo para estimar esos honorarios, las cuales pueden ser discutidas por el deudor de las costas; y por ello es criterio de esta Sala, que tal cobro no pueda realizarse por el procedimiento de estimación e intimación, previsto en el artículo 23 de la Ley de Abogados, sino mediante una demanda donde el abogado previa conformación auténtica de la parte victoriosa, adaptándose al citado artículo 40 del Código de Ética Profesional del Abogado, explica las razones en que funda sus honorarios a fin que ellos puedan serle discutidos, procedimiento este que no lo contemplan los artículos 23 y 24 de la Ley de Abogados.(…)

   .

   De la decisión reseñada se desprende que, en casos de estimación e intimación de honorarios profesionales causados en procedimientos no estimables en dinero, constituye un requisito que los abogados intimantes tengan autorización auténtica del titular del derecho al cobro de costas judiciales, en el caso bajo estudio, el ciudadano JACOBOUS H.D.W..

   Ahora bien aprecia quien juzga que, en el presente caso, si bien dicha aprobación no fue consignada al momento de incoar la demanda como documento fundamental de la misma, en la oportunidad de la promoción de pruebas la parte actora, consignó copia simple de instrumento autenticado que riela al folio 254 del la pieza Nº 2 del presente expediente, el cual al no haber sido impugnado surte plenos efectos probatorios, del cual se evidencia que el ciudadano JACOBUS H.D.W., autorizó a los abogados J.L.T.R., Jolseny C.T.O. y Á.D.R.C. para que según lo establecido en el artículo 23 y 24 de la Ley de Abogados estimen e intimen honorarios profesionales a la sociedad mercantil Producciones Rodeneza, C.A.; asimismo, les confirió poder a dichos abogados para que, sin limitación alguna, realicen en su nombre todas las gestiones judiciales y extrajudiciales que sean menester en el respectivo procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales; por lo cual considera este Juzgador que la parte actora dio cumplimiento al requisito establecido por el criterio jurisprudencial supra señalado.

   Ello aunado al hecho de que, la parte intimada jamás desconoce el hecho de que los abogados intimantes, a saber, J.L.T.R., JOSLENY C.T.O. y A.D.R.C., en efecto fueron los apoderados judiciales del ciudadano JACOBOUS H.D.W. en el curso del procedimiento penal iniciado mediante querella en su contra por la sociedad mercantil PRODUCCIONES RODENEZA, C.A., y en la cual este resultara absuelto y en consecuencia condenada en costas la sociedad mercantil querellante, conforme a la decisión dictada por el Juzgado Décimo Noveno en funciones de Juicio del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas en el curso de la audiencia de juicio oral y pública iniciada en fecha 17 de septiembre de 2007 (cuya copia certificada riela del folio 352 al 376 pza. 1) y cuyo texto íntegro fue publicado en fecha 04 de octubre de ese mismo año (copia certificada que riela del f. 377 al 401, pza. 1), la cual fuera confirmada en sentencia dictada por la Sala Quinta Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas en fecha 23 de enero de 2008, aunado al hecho de que, tal y como se desprende del escrito de intimación de honorarios profesionales, la parte intimante acciona solo por éste concepto y no por las costas generadas en el juicio, resulta impretermitible para esta Alzada concluir que, tienen cualidad los abogados intimantes para incoar la presente acción; y así se decide.

   La representación judicial de la parte intimada, además, negó, rechazó y contradijo que los profesionales del derecho intimantes se hubieren visto imposibilitados de atender otros asuntos judiciales, ya que trabajan en forma preferente y exclusiva materia penal, por lo cual la mayoría de los juicios que atienden cursan en los Juzgados del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas, igualmente formuló otra serie de consideraciones tendentes a desvirtuar los argumentos explanados por la parte actora al momento de justificar el monto intimado; ahora bien con relación a este particular observa quien juzga que dichos alegatos no están dirigidos a atacar la existencia del derecho que tienen los intimantes a cobrar honorarios profesionales, siendo que tal y como se desprende del propio escrito de oposición a la intimación la representación demandada, de manera subsidiaria se acogió al derecho a retasa, considera este Juzgador que, de ser declarada la existencia del derecho de los intimantes, es en esa fase procedimental (retasa), en la que deben ser tomados en consideración.

   Del mérito

   Ahora bien con relación al fondo de la demanda, considera esta alzada necesario traer a colación el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 01 de junio de 2011, con ponencia de la Magistrada Isbelia P.V.E.. Nro. 2010-000204, mediante el cual se sentó nuevo criterio jurisprudencial con relación al procedimiento de intimación de honorarios profesionales, conforme a lo siguiente:

   “…El procedimiento aplicable en materia de cobro de honorarios de abogados causados judicialmente, se encuentra establecido en los artículos, 22 de la Ley de Abogados y 22 de su reglamento, cuyos dispositivos normativos disponen lo siguiente:

   (…)

   En el señalado propósito de esta Sala, de sistematizar de la mejor manera las normas de procedimiento que se vinculan con el procedimiento de cobro de honorarios judiciales e interpretar sus preceptos para comprenderlas a cabalidad y fijar su alcance, propendiendo así hacia su más provechosa, armoniosa y justa aplicación, esta M.J. juzga relevante dejar establecidas algunas pautas de interpretación que considera fundamentales.

   Es la primera de ellas dejar sentado, que por sus características y objeto, la acción mediante la cual el abogado estima e intima sus honorarios, constituye una acción de condena, que a través de su ejercicio el abogado puede pretender tutela jurisdiccional para que le sean pagados por el respectivo deudor el monto correspondiente a los honorarios o emolumentos que se causaron en su favor por la actividad profesional que ha cumplido en juicio. Tal es la acción específicamente establecida como hipótesis en el artículo 22 de Ley de Abogados, cuya norma no da lugar a dudas de que el legislador ha dispuesto otorgar al abogado, acción en derecho para exigir a su cliente el cumplimiento de la prestación de pago de la suma en que estima el valor de sus honorarios.

   Del mismo modo y con la misma naturaleza y alcance, ha acogido el legislador en el artículo 23 eiusdem, una acción mediante la cual el abogado de la parte vencedora en juicio, puede reclamar sus honorarios “al respectivo obligado” que, como señala expresamente el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, no es otro que la parte “condenada en costas”, adicionando así el legislador la llamada “acción directa del abogado contra el condenado en costas.”

   Ahora bien, tales acciones, como se ha dicho, son acciones de condena y así se desprende del contenido y propósito que emerge evidente en las mismas, dirigidas por el actor a reclamar el cumplimiento de una prestación de dar, representada en el pago de sus honorarios, pretensión que encierra la de que se lleve a cabo jurisdiccionalmente la satisfacción coactiva o ejecutiva del derecho deducido en juicio.

   Las normas de la Ley de Abogados y su reglamento, propenden precisamente a sistematizar esa particular tutela jurisdiccional del abogado, a través de un pronunciamiento judicial que condene al deudor al pago de una suma de dinero por honorarios, y que puede ser objeto de ejecución material o forzada, a través de los medios generales que para ello dispone nuestro ordenamiento jurídico.

   La sentencia que ha de resolver jurisdiccionalmente tal acción, es igualmente una sentencia de condena, definidas por el maestro E.C. “…como aquella que impone el cumplimiento de una prestación, ya sea en sentido positivo (dar, hacer), ya sea en sentido negativo (no hacer, abstenerse)…”. Es manifiesto, que es a esta categoría de sentencias, a la que pertenece la que recae en los juicios de intimación de honorarios judiciales, ya que el abogado pretende, se repite, el cumplimiento de la prestación del pago de honorarios que ha quedado insatisfecha y esa petición es una pretensión de condena que se resuelve mediante una sentencia de condena.

   (…)

   Así se tiene que, no obstante haber esta Sala calificado como de condena en varias ocasiones a la aludida sentencia, señaló, sin embargo, entre otros fallos, en decisión Nº 959 de fecha, 27 de agosto de 2004, caso: Hella M.F. y Otro contra Banco Industrial de Venezuela, C.A., lo siguiente:

   …Especial atención merece en esta oportunidad el procedimiento correspondiente para hacer efectivo el cobro de honorarios profesionales judiciales, pues su desarrollo, de acuerdo al artículo 22 de la Ley de Abogados y al artículo 22 de su Reglamento, necesariamente, se verifica en dos fases distintas, una declarativa y otra estimativa...

   .

   En relación con ello, debe en primer término señalarse que, existiendo en la Ley esta acción, mediante la cual el abogado “puede obtener la satisfacción completa de su interés”, debe concluirse que la pretensión no es otra que el cobro efectivo, material y cierto del monto de sus honorarios y no, la mera declaración sobre la existencia de un derecho.

   Las características de la acción normalmente propuesta por el abogado para el cobro de honorarios, por más que encierre, como en toda acción como advertía Couture, la necesidad de una previa declaración sobre el derecho deducido en juicio, el verdadero interés va más allá y, obtiene tutela real mediante una típica acción de condena, es decir, el abogado aspira a una sentencia de esta misma especie, que permita conminar al condenado al cumplimiento de lo pretendido en la demanda, apercibido de ejecución material del fallo una vez que éste se ha producido y haya quedado definitivamente firme; y es por ello que el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Abogados señala que el “…cliente que hubiere sido condenado a pagarlos…” vale decir, los honorarios.

   Es de importancia, no obstante, precisar que los señalamientos precedentes, no buscan afirmar de una manera general, la inexistencia de las acciones merodeclarativas en todo supuesto vinculado a los honorarios del abogado, pues bien puede darse el caso, si bien muy excepcional, de que exista un claro interés del abogado a la mera declaración de sus derechos por la necesidad objetiva de disipar una situación de incertidumbre sobre su posición jurídica con relación al derecho al cobro de honorarios.

   Siendo ello así, es necesario concluir que, en el orden práctico y por una necesidad del procedimiento, al proponer el abogado la acción de cobro de honorarios, no propone una acción o pretensión merodeclarativa, sino una verdadera y propia acción de condena, haciendo valer en su demanda una relación de las actuaciones generadoras de los honorarios a que la demanda se refiere, indicando de manera apropiada, precisa y separada el monto de los honorarios que pretende le sean pagados por cada una de tales actuaciones. Así lo impone, no sólo la naturaleza del proceso, sino un sentido práctico y de economía procesal, pues de ese modo, se fija la cuantía de la demanda, se precave el ejercicio de algunos derechos dispuestos en la Ley y se evita la necesidad de tener que hacer una inadecuada e improcedente fijación ulterior en el particular, como sostiene la tesis que indica la existencia de una fase estimativa.

   El abogado debe afirmar en su demanda un monto por honorarios y la sentencia dictar una condena a pagarlos estableciendo dicho monto desde luego, de modo que la cosa juzgada se forma tan pronto como se dicta la decisión, de forma regular y uniforme sobre lo que la sentencia ha declarado, es decir, sobre el derecho reclamado, y sobre el monto sólo si no es ejercida la retasa.

   La realidad procesal, es que el proceso de cobro de honorarios, es un solo proceso, en el cual se ejerce una acción de condena y debe recaer una sentencia de condena, sin la necesidad de separar el derecho al cobro de honorarios y la retasa, para caracterizar como declarativo un período previo del juicio que terminaría sobre una sentencia que no podría pronunciarse sobre el monto de los honorarios.

   El fallo debe contener un dispositivo que incluya la referencia a un monto condenado a pagar sobre el cual se formará cosa juzgada, ya sea en los términos indicados en ese respecto por el fallo, si no se ha ejercido la retasa, o en los términos de la decisión que se produzca en la fase de retasa, si la misma se ejerció y desarrolló oportuna y legalmente. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 601, caso:A.B.M. y Otros contra Seguros Los Andes, C.A., expediente 2010-000110).

   Bajo esa premisa, el abogado actor debe señalar en su demanda, el monto de los honorarios que pretende debe condenarse a pagar al demandado, y ello integra inexorablemente la causa como un todo, en forma tal que posteriormente, en la sentencia, de prosperar la demanda, resultará un monto condenado a pagar. El condenado sólo podrá pretender que sea ese monto, vale decir, el indicado en la sentencia de condena, el que sea revisado por los retasadores y, el que fije la pauta o tope a los retasadores.

   Así se ha enfocado este punto y ha llevado a considerar, que todo cuanto se vincule con el monto de los honorarios queda reservado a los retasadores, pero de una manera que ha llevado a considerar que la sentencia inicial corresponde a un juicio meramente declarativo del derecho del abogado a cobrar los honorarios, a pesar de que los montos reclamados no son extraños al fallo, por el contrario, es el punto clave del mismo, sobre el cual se formará la cosa juzgada respecto del derecho reclamado, y del monto, en el supuesto de no ser ejercida la retasa.

   Entiende la Sala que a la base de toda esta situación, que incluso inspiró la doctrina imperante de la Sala, se encuentra también el texto del artículo 22 del Reglamento de la Ley de Abogados:

   (…)

   Como se advierte, en dicho artículo se señala literalmente que es sólo después de dictada la sentencia que “el Abogado estimará el monto de sus honorarios”. Sin embargo, esta Sala, penetrada del perjuicio del sistema de procedimiento que genera dicho artículo y la frase citada en particular, con respecto al conjunto de normas, principios y fundamentos que informan todo el sistema del procedimiento de cobro de honorarios de abogado, en aplicación de una interpretación sistemática y progresiva de la misma, a la cual la autorizan los principios constitucionales del acceso a la justicia, de una tutela judicial efectiva y el debido proceso, previstos en los artículos 26 49 y 257 Constitucionales, la Sala abandona el criterio que se viene aplicando, a partir del establecido mediante sentencia Nº 959 de fecha 27 de agosto de 2004 (Caso Hella M.F. y otro, contra Banco Industrial de Venezuela, C.A.), en la cual se había establecido que el abogado actor en cobro de honorarios por actuaciones judiciales, debía agotar por vía de una pretensión declarativa, en la que debía indicar aquellas actuaciones con respecto a las cuales pretendía tener derecho, a fin de que tal derecho quedara meramente declarado, para luego, una vez firme esta declaración por sentencia o subrogado de la misma, proceder a estimar e intimar el monto de tales actuaciones, todo en aplicación de lo que en ese mismo sentido parece establecer el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Abogados.

   (…)

   Expuesto lo anterior, esta Sala procede a señalar que el procedimiento a seguir en materia de cobro de honorarios por actuaciones judiciales intentado por el abogado de manera autónoma o incidental, bien sea contra su cliente o contra el condenado en costas, es el siguiente:

   El proceso de intimación de honorarios profesionales de abogado, pautado en el artículo 22 de la Ley de Abogados, tiene carácter autónomo y puede comprender o abarcar dos etapas, una de conocimiento y otra de retasa, según la conducta asumida por el intimado. En la etapa de conocimiento, cuya apertura se produce con la introducción del escrito de estimación e intimación de los honorarios, lo que constituye una verdadera demanda de cobro, una vez citado el demandado, éste dispone de diez días para impugnar el cobro de los honorarios intimados y para acogerse a la retasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de abogados. (Cfr. Sentencia de esta Sala, de fecha 11 de agosto de 1993, caso: J.A.G. contra Bancentro C.A). Luego de ello, se debe abrir expresamente por el tribunal, la articulación probatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil; esta fase culmina con la respectiva sentencia definitivamente firme de condena, que se pronuncia sobre la demanda o, como fase única, con el solo ejercicio del derecho de retasa, por parte del intimado.

   La parte perdedora tiene derecho a que le sea revisada la indicada sentencia de condena dictada en la fase de conocimiento, no sólo por el tribunal de alzada sino incluso por casación, bajo los supuestos y oportunidades previstos por la ley.

   En la segunda fase, de retasa, el demandado tiene derecho a que sea retasado el monto condenado a pagar por la sentencia de condena, todo de conformidad con el procedimiento de retasa dispuesto en la Ley de Abogados, siendo de observar que la solicitud de acogerse al derecho de retasa puede ser ejercido por el demandado en la oportunidad de contestar la demanda, o dentro de los diez días de despacho después de haber quedado firme la sentencia de condena. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 601, caso: A.B.M. y Otros contra Seguros Los Andes, C.A., expediente 2010-000110).

   Ahora bien, hechas las anteriores consideraciones, deben hacerse las siguientes advertencias puntuales, de gran trascendencia: 1º- La fase de conocimiento termina con la sentencia de condena y, en caso de que quede firme y no se haya ejercido el derecho de retasa oportunamente, será dicha sentencia la que se ejecute, sin que deba aludirse ni haya lugar a una nueva demanda en que se dicte decreto o auto intimatorio alguno. De ahí la importancia, de que la sentencia que condene al pago deba indicar el monto que condena a pagar al demandado si es el caso, tanto porque debe bastarse a si misma para toda virtual ejecución, como también, para que sirva de parámetro a los jueces retasadores.

   2. - En atención a los principios de confianza legítima y expectativa plausible, es necesario advertir, que los criterios adoptados en el presente fallo, en cuanto al procedimiento aplicable para el cobro de honorarios causados judicialmente, no podrán ser aplicados a aquellas causas que ya se encuentren en trámite, es decir, de manera retroactiva…”. (Negritas de esta Alzada).

   En virtud del criterio establecido supra, concluye este Juzgador que la función del tribunal que examina la estimación e intimación de honorarios del abogado, es solamente determinar si tiene derecho o no al cobro de los mismos; la del tribunal de retasa es analizar el monto y retasarlo, para menos o para más. El primero es un tribunal de derecho y el de retasa debe a.e.q.d.l. honorarios y su pronunciamiento debe ser exclusivamente sobre el problema cuyo juzgamiento le es conferido, el cual no tiene recurso, solo en casos excepcionales, precisamente por esa razón, por no haber una regla general fija que diga cuánto le corresponde al abogado percibir, se trata de una decisión discrecional, aunque ésta debe ser motivada.

   Ahora bien la parte demandada en su escrito de oposición a la intimación, si bien expuso defensas como la falta de cualidad de la parte actora y la improcedencia del monto intimado, entre otras, en ningún punto de su escrito de oposición a la intimación negó la representación ejercida por los abogados intimantes en el proceso en el cual se generó la condenatoria en costas y por el cual accionan en intimación y estimación de honorarios profesionales; ni desconocieron la existencia de una sentencia publicada en fecha 04 de octubre de 2007, que condena en costas a la parte demandada, a saber, sociedad mercantil PRODUCCIONES RODENEZA, C.A. en virtud de la declaratoria de absolución que recayera sobre el ciudadano JACOBOUS H.D.W., contra quien dicha sociedad mercantil había iniciado un proceso penal mediante querella por la presunta comisión del delito de difamación agravada, dictada por el Juzgado Décimo Noveno de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas; fallo éste que quedara definitivamente firme en fecha 23 de enero de 2008 mediante sentencia proferida por la Sala Quinta Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación contra ella formulada por la parte querellante, fallo que si bien no consta en el presente expediente, pudo constatar este Tribunal por notoriedad judicial.

   Tampoco se aprecia de autos que la parte demandada haya alegado el pago o cualquier otro hecho capaz de modificar o extinguir el derecho de los actores a incoar la presente demanda de intimación y estimación de honorarios profesionales.

   En consecuencia, resulta forzoso para esta Alzada establecer que, en efecto los abogados J.L.T.R., JOSELENY C.T.O. y A.D.R.C. tienen derecho al cobro de honorarios profesionales causados por la representación judicial por ellos ejercida en el curso del proceso penal iniciado mediante querella presentada por la demandada contra el ciudadano Jacobous H.d.W., actuaciones éstas ejercidas ante el Circuito Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y que se encuentran discriminadas en la parte motiva del presente fallo. Así se decide.

   Ahora bien, y siendo que la representación judicial de la parte demandada ejerció en la oportunidad de oponerse a la intimación de honorarios profesionales, el derecho de retasa, contemplado en el artículo 25 de la Ley de Abogados, será en esta fase procedimental en la cual corresponda determinar el monto por el cual se condenará a la demandada, tomándose siempre como límite máximo el monto intimado por los abogados demandantes o monto a retasar, a saber, la cantidad se setecientos treinta mil bolívares fuertes (Bs.F. 730.000,00); en consecuencia, deberá entonces continuarse con la fase del procedimiento de Estimación e Intimación de Honorarios de Abogados a tal fin, conforme al artículo 25 de la Ley de Abogados. ASÍ SE DECLARA.

   En consideración a los motivos que anteceden; resulta forzoso para quien juzga declarar SIN LUGAR el recurso de apelación formulado por la parte demandada, contra la decisión dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario del la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 12 de noviembre de 2012, en consecuencia se confirma el fallo recurrido en todas sus partes, y así se establecerá en la parte dispositiva de la presente decisión.

   DISPOSITIVA

   Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 14 de diciembre de 2012 y ratificado en fecha 19 de diciembre de 2012, por el abogado N.F., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada –sociedad mercantil PRODUCCIONES RODENEZA, C.A.- en la presente acción de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales.

SE CONFIRMA en todas sus partes la decisión apelada, de fecha 12 de noviembre de 2012, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área metropolitana de Caracas.

De acuerdo al artículo 22 del Reglamento de la Ley de Abogados, y como quiera que la parte demandada, se acogió de manera subsidiaria al derecho a retasa el tramite se seguirá conforme a lo dispuesto en los artículos 25 al 29 de la Ley de Abogados.

Dada la naturaleza del procedimiento, ya que se trata de una Intimación de honorarios profesionales, no hay condenatoria en costas.

Por haberse dictado la presente decisión dentro del lapso de diferimiento, no se ordena la notificación de las partes.

Publíquese y Regístrese. Déjese copia certificada en el copiador de sentencias de éste Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los Diecisiete (17) días del mes de octubre del año 2013. Años 203° de la Independencia y 154º de la Federación.

EL JUEZ,

ABG. C.A.R.R.

LA SECRETARIA,

ABG. A.M.L.

En esta misma fecha, (17) de octubre de 2013, siendo las 3:00 p.m., se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA,

ABG. A.M.L.

Exp. N° AP71-R-2013-000094

CARR/AML