Decisión nº PJ074201000000043 de Tribunal Cuarto Superior del Trabajo de Bolivar, de 12 de Mayo de 2010

La suma de Bs.F 2.478,29, por concepto de Antigüedad (sic), de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

La suma de Bs.F 316,50, por concepto de Intereses sobre Prestaciones Sociales (sic), de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

La suma de Bs.F 635,50, por concepto de Utilidades (sic) año 2005 y 2006, y la Utilidad Fraccionada año 2007.

La suma de Bs.F 645,27, por concepto de Vacaciones no Disfrutadas (sic), periodos 2005-2006 y 2006-2007, y la fracción 2007-2008.

La suma de Bs.F 316,17, por concepto de Bono Vacacional (sic) años 2006 y 2007, y la fracción 2007-2008.

La suma de Bs.F 1.469,40, por concepto de Indemnización (sic), de acuerdo al artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, ordinal 2º.

La suma de Bs.F 1.469,40, por concepto de Indemnización Sustitutiva de Preaviso (sic), de acuerdo al artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, literal d.

Monto Total Demandado = Bs.F 7.330,62.

Finalmente demandó los Intereses Moratorios (sic), las Costas y Costos (sic) que ocasione el presente proceso.

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA

El abogado O.M., en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO DE S.P.D.E.B., dio contestación a la demanda de la siguiente manera:

DE LOS HECHOS ADMITIDOS

Es cierto y admito que el actor ocupó el cargo de VIGILANTE, desde el 01(sic)-08(sic)-2005 hasta el 30-09(sic)-2007, en calidad de personal contratado a tiempo determinado.

DE LO RECHAZADO

Rechazo, niego y contradigo, todos y cada uno de los conceptos demandados por el actor en su libelo de demanda, por cuanto prestó servicios para mi representada bajo la figura de trabajo a tiempo determinado, en virtud de la naturaleza del servicio.

En tal sentido rechazo que el Instituto deba cancelar la suma de Bs.F 7.330,62, por concepto de Antigüedad, Intereses, Utilidades, Vacaciones, Bono Vacacional e Indemnizaciones por Despido Injustificado (sic), por cuanto la relación de trabajo culminó por vencimiento del contrato a tiempo determinado.

Finalmente solicito se declare improcedente la solicitud de cobro de prestaciones sociales.

LIMITES DE LA CONTROVERSIA

De acuerdo a como ha quedado planteada la litis, la misma se circunscribe a determinar si los beneficios sociales y económicos contenidos en la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponden al actor al termino (sic) de la relación de trabajo que mantuvo con la parte demandada, INSTITUTO DE S.P.D.E.B..

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA

De acuerdo a los límites en que ha quedado planteada la controversia, la carga de la prueba se distribuirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establece:

Artículo 72: “Salvo disposición legal e contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal”.

En justa concordancia con lo establecido en el artículo 135 eiudem (sic) que establece:

Artículo 135: “Concluida la audiencia preliminar sin que haya sido posible la conciliación ni el arbitraje, el demandado deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, consignar por escrito la contestación de la demanda determinando con claridad cuáles de los hechos invocados en la demanda admite como ciertos y cuales niega o rechaza y expresar asimismo, los hechos o fundamentos de su defensa que creyere conveniente alegar. Se tendrán por admitidos aquellos hechos indicados en la demanda respectiva, de los cuales, al contestar la demanda, no se hubiere hecho la requerida determinación, expuestos los motivos del rechazo, ni aparecieren desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso.

Si el demandado no diera la contestación de la demanda dentro del lapso indicado en este artículo, se le tendrá por confeso, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante. En este caso, el tribunal remitirá de inmediato el expediente al Tribunal de Juicio, quien procederá sentenciar la causa sin más dilación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, al recibo del expediente, ateniéndose a la confesión del demandado”.

En tal sentido corresponde a la parte demandada probar que el actor renunció al cargo y que no fue despedido en forma injustificada, así como comprobar que canceló las prestaciones sociales y demás conceptos laborales que se le reclaman.

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA

Promovió veinte (20) copias de Cheques (sic) emitidos a favor del demandante ciudadano, J.L.R.M., por Eventuales (sic) 2006, Malariología, contra la agencia del Banco Guayana de esta ciudad; a fin de dejar constancia del salario que devengaba el actor (folio 55 al 61). Al no ser impugnado se le asigna valor probatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Promovió dos (2) Carnet de Trabajo (sic) del actor, emitidos por la parte demandada, INSTITUTO DE S.P.D.E.B., (folio 62 al 63). Al no ser impugnado se le asigna valor probatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Promovió original de C.d.T. (sic) emitido por el INSTITUTO DE S.P.D.E.B., de fecha 23 de Agosto (sic) del 2005, a favor del actor, ciudadano J.L.R.M., (folio 64), donde se deja constancia que ingresó a prestar servicios para el Instituto en fecha 01(sic)-08(sic)-2005 hasta el 30-08(sic)-2005, contratado bajo la modalidad de eventualidad, devengando un salario mensual de Bs. 405.000,00. Al no ser impugnado se le asigna valor probatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Promovió originales de Planillas de Dotación de Uniformes (sic) de fecha 06(sic)-02(sic)-2006, perteneciente al trabajador J.L.R.M. (folio 65 al 66), por parte del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Dirección de S.A.. Al no ser impugnado se le asigna valor probatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Promovió original de Carta (sic) dirigida por el demandante, ciudadano J.L.R.M., al Jefe de la Unidad de Consultaría Jurídica de la Dirección de S.A., abogado E.C., de fecha 06 (sic) de Febrero (sic) del 2007, informando sobre la falta de dos (2) vigilantes a su sitio de trabajo (folio 67). Al no ser impugnado se le asigna valor probatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Promovió Oficio (sic) dirigido a la Jefa de División de Gestión de Personal de la Dirección de S.A., por abogado E.C., Jefe de la Unidad de Consultaría Jurídica, de fecha 13 de Febrero (sic) del 2007, enviando listado del ciudadano J.L.R.M. (folio 68). Al no ser impugnado se le asigna valor probatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Promovió tres (3) copias certificadas de Actas (sic) emanadas por la Sala de Reclamos de la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar, expediente Nº 018-2008-03-00478, de fechas 14-05(sic)-08, 29-05(sic)-08 y 24-06(sic)-08, respectivamente, donde el actor ciudadano J.L.R.M., hace la reclamación de las prestaciones sociales a la demandada INSTITUTO DE S.P.D.E.B. (folio 69 al 71). Al no ser impugnado se le asigna valor probatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Promovió Tarjeta Credilab Nº 999999 000000 0529780, con fecha de vencimiento 06(sic)-11, perteneciente al demandante, ciudadano J.L.R.M., emanada del INSTITUTO DE S.P.D.E.B., (folio 72). Al no ser impugnado se le asigna valor probatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Promovió la prueba de Informe (sic) a la Caja Regional del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.), de Ciudad Bolívar, ubicado en el sector Fuente Luminosa, para que suministre a este Juzgado la siguiente información:

– Si el ciudadano J.L.R.M., portador de la cedula de identidad Nº 10.879.021, está inscrito en sus registros como trabajador del INSTITUTO DE S.P.D.E.B..

– Que cantidad de semanas y salario cotizó el ciudadano J.L.R.M., portador de la cedula de identidad Nº 10.879.021, para el INSTITUTO DE S.P.D.E.B..

Al respecto deja constancia este juzgado, que en fecha 22 de Febrero (sic) del año 2010, se recibió oficio Nº OACBL/0162, enviado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, informando que el ciudadano J.L.R.M., portador de la cedula de identidad Nº 10.879.021, actualmente está cesante ante el Sistema del Seguro Social, reflejando su egreso al I.V.S.S., el 11-09(sic)-2001, por la empresa Sadeven Industrias, C.A., Nº Patronal E4-40.0569-9. Se le asigna valor probatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Promovió la prueba de Informe (sic) a la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar, ubicada en la Avenida Upata, Quinta J.C. Nº 13, para que suministre a este Juzgado la siguiente información:

– Si el ciudadano J.L.R.M., portador de la cedula de identidad Nº 10.879.021, formuló reclamo administrativo en cual se encuentra signado con (sic) el expediente Nº 018-2008-03-00478.

Al respecto este Tribunal constata que no existe en autos, información alguna suministrada por parte de la Inspectoría del Trabajo de este ciudad, por lo tanto no hay material probatorio que valorar, y así se decide.

Con respecto a la prueba de informe solicitada por la representación judicial de la parte actora a la empresa Credilab, S.A., este Tribunal negó esta prueba, en virtud de que no fue consignada la dirección exacta de la empresa a la cual se debe solicitar esta información, y así se decide.

Promovió la testimonial de los ciudadanos: J.R.T., M.E.G. y A.J.G.S., portadores de la cedulas de identidad números: 8.892.481 y 10.045.503, de los dos últimos, respectivamente. Al respecto este Tribunal deja constancia que los testigos no se presentaron a rendir sus declaraciones en la Audiencia de Juicio, por lo tanto no hay material probatorio que valorar, y así se decide.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

Promovió Contrato de Trabajo a Tiempo Determinado (sic), suscrito entre el actor, ciudadano J.L.R.M. y la parte demandada, como VIGILANTE, adscrito a la Dirección de S.A. y Contraloría Sanitaria del INSTITUTO DE S.P.D.E.B., teniendo como inicio el 01(sic)-07(sic)-2007 al 30-03(sic)-2007 (folio 74 al 76). Al no ser impugnado se le asigna valor probatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Habiéndose establecido que el tema a decidir consiste en determinar si el actor, ciudadano J.L.R.M., fue despedido en forma injustificada y si le corresponde el pago de sus prestaciones sociales y demás beneficios socio-económicos, establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo.

Así las cosas, vemos que en la pruebas existentes en autos y valoradas por este Juzgador, se desprende que el actor, ciudadano J.L.R.M., ingresó a prestar sus servicios en la Dirección de S.A. y Contraloría Sanitaria del Estado Bolívar, desempeñando funciones de VIGILANTE en calidad de contratado, bajo la modalidad de eventual en forma ininterrumpida desde el 1º de Agosto (sic) del 2005 hasta el 30 de Septiembre (sic) del 2007, cuando finalizó su último contrato a tiempo determinado, para una Antigüedad (sic) de dos (2) años, un (1) mes y veintinueve (29) días.

Al respecto establecen los artículos 67, 72 y 77, de la Ley Orgánica del Trabajo lo siguiente:

Artículo 67: “El contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona se obliga a prestar servicios a otra bajo su dependencia y mediante una remuneración”.

Artículo 72: “El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo indeterminado, por tiempo determinado o para una obra determinada”.

Artículo 77: “El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo determinado únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando lo exija la naturaleza del servicio;

2. Cuando tenga por objeto sustituir provisional y lícitamente a un trabajador; y

3. En el caso previsto en el artículo 78 de esta Ley”.

   Ahora bien, en cuanto a los beneficios sociales y económicos a que tienen derecho los trabajadores, se encuentran comprendidos en los siguientes artículos de la Ley Orgánica del Trabajo: 108, 184, 219, 223, 224 y 225.

   Artículo 108: “Después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes.

   Después del primer año de servicio, o fracción superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, el patrono pagará al trabajador adicionalmente dos (2) días de salario, por cada año, por concepto de prestación de antigüedad, acumulativos hasta treinta (30) días de salario.

   La prestación de antigüedad, atendiendo a la voluntad del trabajador, requerida previamente por escrito, se depositará y liquidará mensualmente, en forma definitiva, en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o se acreditará mensualmente a su nombre, también en forma definitiva, en la contabilidad de la empresa. Lo depositado o acreditado mensualmente se pagará al término de la relación de trabajo y devengará intereses según las siguientes opciones:

1. Al rendimiento que produzcan los fideicomisos o los Fondos de Prestaciones de Antigüedad, según sea el caso y, en ausencia de éstos o hasta que los mismos se crearen, a la tasa del mercado si fuere en una entidad financiera;

2. A la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país; si el trabajador hubiese requerido que los depósitos se efectuasen en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o en una entidad financiera, y el patrono no cumpliera con lo solicitado; y

3. A la tasa promedio entre la activa y pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país, si fuere en la contabilidad de la empresa.

   El patrono deberá informar anualmente al trabajador, en forma detallada, el monto que le acreditó en la contabilidad de la empresa, por concepto de prestación de antigüedad.

   La entidad financiera o el Fondo de Prestaciones de Antigüedad, según el caso, entregará anualmente al trabajador los intereses generados por su prestación de antigüedad acumulada. Asimismo, informará detalladamente al trabajador el monto del capital y los intereses.

   Los intereses están exentos del Impuesto sobre la Renta, serán acreditados o depositados mensualmente y pagados al cumplir cada año de servicio, salvo que el trabajador, mediante manifestación escrita, decidiere capitalizarlos.

   PARÁGRAFO PRIMERO.- Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a:

1. Quince (15) días de salario cuando la antigüedad excediere de tres (3) meses y no fuere mayor de seis (6) meses o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente;

2. Cuarenta y cinco (45) días de salario si la antigüedad excediere de seis (6) meses y no fuere mayor de un (1) año o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente; y

3. Sesenta (60) días de salario después del primer año de antigüedad o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente, siempre que hubiere prestado por lo menos seis (6) meses de servicio, durante el año de extinción del vínculo laboral.

   PARÁGRAFO SEGUNDO.- El trabajador tendrá derecho al anticipo hasta de un setenta y cinco por ciento (75%) de lo acreditado o depositado, para satisfacer obligaciones derivadas de:

1. La construcción, adquisición, mejora o reparación de vivienda para él y su familia;

2. La liberación de hipoteca o de cualquier otro gravamen sobre vivienda de su propiedad;

3. Las pensiones escolares para él, su cónyuge, hijos o con quien haga vida marital; y

4. Los gastos por atención médica y hospitalaria de las personas indicadas en el literal anterior.

   Si la prestación de antigüedad estuviere acreditada en la contabilidad de la empresa, el patrono deberá otorgar al trabajador crédito o aval, en los supuestos indicados, hasta el monto del saldo a su favor. Si optare por avalar será a su cargo la diferencia de intereses que pudiere resultar en perjuicio del trabajador.

   Si la prestación de antigüedad estuviere depositada en una entidad financiera o un Fondo de Prestaciones de Antigüedad, el trabajador podrá garantizar con ese capital las obligaciones contraídas para los fines antes previstos.

   PARÁGRAFO TERCERO.- En caso de fallecimiento del trabajador, los beneficiarios señalados en el artículo 568 de esta Ley, tendrán derecho a recibir la prestación de antigüedad que le hubiere correspondido, en los términos y condiciones de los artículos 569 y 570 de esta Ley.

   PARÁGRAFO CUARTO.- Lo dispuesto en este artículo no impide a los trabajadores o a sus causahabientes el ejercicio de las acciones que puedan corresponderles conforme al derecho común.

   PARÁGRAFO QUINTO.- La prestación de antigüedad, como derecho adquirido, será calculada con base al salario devengado en el mes al que corresponda lo acreditado o depositado, incluyendo la cuota parte de lo percibido por concepto de participación en los beneficios o utilidades de la empresa, de conformidad con lo previsto en el artículo 146 de esta Ley y de la reglamentación que deberá dictarse al efecto.

   PARÁGRAFO SEXTO.- Los funcionarios o empleados públicos nacionales, estadales o municipales, se regirán por lo dispuesto en este artículo”.

   Artículo 184: “Los patronos cuyas actividades no tengan fines de lucro estarán exentos del pago de la participación en los beneficios, pero deberán otorgar a sus trabajadores una bonificación de fin de año equivalente a por lo menos quince (15) días de salario”.

   Artículo 219: “Cuando el trabajador cumpla un (1) año de trabajo ininterrumpido para un patrono, disfrutará de un período de vacaciones remuneradas de quince (15) días hábiles. Los años sucesivos tendrá derecho además a un (1) día adicional remunerado por cada año de servicio, hasta un máximo de quince (15) días hábiles.

   A los efectos de la concesión del día adicional de vacación previsto en este artículo, el tiempo de servicio se empezará a contar a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley.

   Parágrafo Único: El trabajador podrá prestar servicio en los días adicionales de disfrute a que pueda tener derecho conforme a su antigüedad, a su libre decisión. En este caso tendrá derecho al pago adicional de los salarios que se causen con ocasión del trabajo prestado”.

   Artículo 223: “Los patronos pagarán al trabajador en la oportunidad de sus vacaciones, además del salario correspondiente, una bonificación especial para su disfrute equivalente a un mínimo de siete (7) días de salario más un (1) día por cada año a partir de la vigencia de esta Ley hasta un total de veintiún (21) días de salario, cuando el trabajador no hubiere adquirido el derecho a recibir una bonificación mayor a la inicialmente prevista de siete (7) salarios. Si fuere el caso, de que el trabajador debe recibir en razón de su antigüedad una cantidad que exceda a los siete (7) salarios iníciales, recibirá la cantidad a que se haya hecho acreedor, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo respecto de la bonificación adicional de un día de salario por año de servicio a partir de su vigencia”.

   Artículo 224: “Cuando por cualquier causa termine la relación de trabajo sin que el trabajador haya disfrutado de las vacaciones a que tiene derecho, el patrono deberá pagarle la remuneración correspondiente”.

   Artículo 225: “Cuando la relación de trabajo termine por causa distinta al despido justificado antes de cumplirse el año de servicio, ya sea que la terminación ocurra durante el primer año o en los siguientes, el trabajador tendrá derecho a que se le pague el equivalente a la remuneración que se hubiera causado en relación a las vacaciones anuales, de conformidad con lo previsto en los artículos 219 y 223 de esta Ley, en proporción a los meses completos de servicio durante ese año, como pago fraccionado de las vacaciones que le hubieran correspondido”.

   Así las cosas, vemos que el actor reclama sus prestaciones sociales; por ante la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar, en fecha 14 de Mayo (sic) del 2008; y por cuanto las partes no llegaron a un acuerdo quedo (sic) expedita la vía jurisdiccional para continuar el reclamo.

   En tal sentido se observa que si el actor hubiera considerado que su contrato era a tiempo indeterminado hubiera reclamado por ante la Inspectoría de Trabajo, su reenganche y pago de salarios caídos, amparados en la inamovilidad que para el momento de la terminación de la relación de trabajo estaba vigente; en razón de que a juicio de este Juzgador el contrato de trabajo a tiempo determinado suscrito por el actor tenia vigencia hasta el 30 de Septiembre (sic) del 2007; fecha ésta que coincide con la fecha señalada por el actor en su libelo de demanda como terminación de la relación de trabajo; se puede concluir que no finalizó por despido injustificado, sino por vencimiento del contrato a tiempo determinado; por lo que no se considera procedente el reclamo de indemnización por despido injustificado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, y así se decide.

   En cuanto a los demás conceptos demandados, se consideran procedentes por cuanto el INSTITUTO DE S.P.D.E.B., no canceló los mismos al término de la relación de trabajo, y así se decide.

   En tal sentido le corresponde al actor, ciudadano J.L.R.M., los siguientes conceptos:

La suma de Bs.F 2.478,28, por concepto de Antigüedad (sic), de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

La suma de Bs.F 316,50, por concepto de Intereses sobre Prestaciones Sociales (sic), de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

La suma de Bs.F 635,59, por concepto de Utilidades (sic) años 2005 y 2006, y Utilidades Fraccionadas (sic) año 2007.

La suma de Bs.F 645,27, por concepto de Vacaciones no Disfrutadas (sic), periodos 2005-2006 y 2006-2007, y fracción 2007-2008.

La suma de Bs.F 316,17, por concepto de Bono Vacacional (sic) años 2005-2006 y 2006-2007, y fracción 2007-2008.

La suma de Bs.F 2.478,28, por concepto de Antigüedad (sic), de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Omissis

No fue un hecho controvertido, pues en ello coincidieron ambas partes, que el demandante comenzó a prestar servicios para el ente accionado el 1 de agosto de 2005 y dejó de hacerlo el 30 de septiembre de 2007, acumulando una antigüedad de 2 años, 1 mes, 29 días, con lo cual generó el derecho a percibir por concepto de antigüedad una prestación de 112 días, conforme a las reglas establecidas por el artículo 108 LOT. Así se resuelve.

Del mismo modo, no obra en autos medio de prueba que permita concluir que el demandante percibió salarios distintos a los señalados por él en el cuadro que aparece en el folio tres de la demanda, siendo destacable que el ente demandado, cuando dio contestación a la demanda, no rechazó esos salarios, ni invocó salarios distintos, razón por la que este sentenciador da por ciertos los salarios señalados por el accionante en ese cuadro, para los efectos del cálculo de la prestación de antigüedad pretendida. Así queda establecido.

En consecuencia, estando demostrado —como está— el vínculo laboral que existió entre las partes —lo que generó para el demandante el derecho de percibir la prestación de antigüedad en los términos legalmente señalados—, correspondía al ente demandado demostrar que canceló dicha prestación con los intereses generados por ella o que la misma estaba colocada en fideicomiso o en un fondo de prestaciones de antigüedad. La parte accionada no aportó ningún medio de prueba para abonar en su beneficio defensivo la exoneración del pago directo pretendido por el demandante, limitándose a negar el derecho con base en el erróneo fundamento de la imposibilidad de tutela por haber sido el demandante un contratado a tiempo determinado desde el inicio de la relación de trabajo. Como consecuencia, concluye quien sentencia que por ser un derecho que el ordenamiento jurídico laboral asegura a los trabajadores, le corresponde al accionante que el ISPEB le cancele por concepto de antigüedad la suma de Bs. F. 2.478,28 y por concepto de intereses generados por esa antigüedad a lo largo del vínculo laboral, la cantidad de Bs. F. 316,50. Así se deja decidido.

2. BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.

Regula la LOT:

Artículo 174. Las empresas deberán distribuir entre todos sus trabajadores por lo menos el quince por ciento (15%) de los beneficios líquidos que hubieren obtenido al fin de su ejercicio anual. A este fin, se entenderá por beneficios líquidos la suma de los enriquecimientos netos gravables y de los exonerados conforme a la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

A los efectos de este Capítulo, se asimilarán a las empresas los establecimientos y explotaciones con fines de lucro.

Omissis

Artículo 184. Los patronos cuyas actividades no tengan fines de lucro estarán exentos del pago de la participación en los beneficios, pero deberán otorgar a sus trabajadores una bonificación de fin de año equivalente a por lo menos quince (15) días de salario.

Tratándose que el demandado en causa es un ente de naturaleza pública que no tiene fines de lucro, es incorrecto aludir al concepto de utilidades, reservado únicamente para las personas con fines de lucro. Consiguientemente, entiende este sentenciador que lo pretendido por el demandante es el pago de la bonificación de fin de año correspondiente a 2005 (fraccionada porque solo cubrió el período desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre), 2006 (completo) y 2007 (fraccionada porque solo cubrió el período desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre).

En la sentencia consultada, con respecto a las bonificaciones de fin de año pretendidas, se dice:

Omissis

En cuanto a los demás conceptos demandados, se consideran procedentes por cuanto el INSTITUTO DE S.P.D.E.B., no canceló los mismos al término de la relación de trabajo, y así se decide.

En tal sentido le corresponde al actor, ciudadano J.L.R.M., los siguientes conceptos:

Omissis

Omissis

La suma de Bs.F 635,59, por concepto de Utilidades (sic) años 2005 y 2006, y Utilidades Fraccionadas (sic) año 2007.

Omissis

Observa quien sentencia que no obra en autos medio de prueba que permita concluir que el demandante percibió el pago de las bonificaciones de fin de año pretendidas por él, razón por la que este sentenciador da por cierto que el ente demandado no canceló dichas bonificaciones, las que debe cancelar porque las adeuda. En razón de ello, se declara procedente el pago de las siguientes cantidades:

1. Bs. F. 84,38 correspondientes a la bonificación de fin de año fraccionada 2005, por el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre. Dicha cantidad es el resultado de dividir 15 días de bonificación (artículo 184 LOT) entre 12 meses del año y multiplicar el resultado por 5 meses de servicio prestados en el período. Este resultado se multiplica por el salario diario indicado en el escrito de demanda, es decir, Bs. F. 13,50.

2. Bs. F. 280,20 correspondientes a la bonificación de fin de año completa 2006. Dicha cantidad es el resultado de multiplicar 15 días de bonificación (artículo 184 LOT) por el salario diario indicado en el escrito de demanda, es decir, Bs. F. 18,60.

3. Bs. F. 271,01 correspondientes a la bonificación de fin de año fraccionada 2007, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. Dicha cantidad es el resultado de dividir 15 días de bonificación (artículo 184 LOT) entre 12 meses del año y multiplicar el resultado por 9 meses de servicio prestados en el período. Este resultado se multiplica por el salario diario indicado en el escrito de demanda, es decir, Bs. F. 24,09.

   En consecuencia, estando demostrado —como está— el vínculo laboral que existió entre las partes —lo que generó para el demandante el derecho de percibir la bonificación de fin de año en los términos legalmente señalados—, correspondía al ente demandado demostrar que canceló dicho concepto. La parte accionada no aportó ningún medio de prueba para abonar en su beneficio defensivo la exoneración del pago directo pretendido por el demandante, limitándose a negar el derecho con base en el erróneo fundamento de la imposibilidad de tutela por haber sido el demandante un contratado a tiempo determinado desde el inicio de la relación de trabajo. Como consecuencia, concluye quien sentencia que por ser un derecho que el ordenamiento jurídico laboral asegura a los trabajadores, le corresponde al accionante que el ISPEB le cancele por concepto de bonificación de fin de año (períodos ya indicados antes) la suma de Bs. F. 635,59. Así se establece.

3. VACACIONES ANUALES Y BONO VACACIONAL.

   Dispone la LOT:

   Artículo 219. Cuando el trabajador cumpla un (1) año de trabajo ininterrumpido para un patrono, disfrutará de un período de vacaciones remuneradas de quince (15) días hábiles. Los años sucesivos tendrá derecho además a un (1) día adicional remunerado por cada año de servicio, hasta un máximo de quince (15) días hábiles.

   A los efectos de la concesión del día adicional de vacación previsto en este artículo, el tiempo de servicio se empezará a contar a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley.

   Parágrafo Único: El trabajador podrá prestar servicio en los días adicionales de disfrute a que pueda tener derecho conforme a su antigüedad, a su libre decisión. En este caso tendrá derecho al pago adicional de los salarios que se causen con ocasión del trabajo prestado.

   Artículo 223. Los patronos pagarán al trabajador en la oportunidad de sus vacaciones, además del salario correspondiente, una bonificación especial para su disfrute equivalente a un mínimo de siete (7) días de salario más un (1) día por cada año a partir de la vigencia de esta Ley hasta un total de veintiún (21) días de salario, cuando el trabajador no hubiere adquirido el derecho a recibir una bonificación mayor a la inicialmente prevista de siete (7) salarios. Si fuere el caso, de que el trabajador debe recibir en razón de su antigüedad una cantidad que exceda a los siete (7) salarios iniciales, recibirá la cantidad a que se haya hecho acreedor, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo respecto de la bonificación adicional de un día de salario por año de servicio a partir de su vigencia.

   Artículo 224. Cuando por cualquier causa termine la relación de trabajo sin que el trabajador haya disfrutado de las vacaciones a que tiene derecho, el patrono deberá pagarle la remuneración correspondiente.

   Artículo 225. Cuando la relación de trabajo termine por causa distinta al despido justificado antes de cumplirse el año de servicio, ya sea que la terminación ocurra durante el primer año o en los siguientes, el trabajador tendrá derecho a que se le pague el equivalente a la remuneración que se hubiera causado en relación a las vacaciones anuales, de conformidad con lo previsto en los artículos 219 y 223 de esta Ley, en proporción a los meses completos de servicio durante ese año, como pago fraccionado de las vacaciones que le hubieran correspondido.

   Artículo 226. El trabajador deberá disfrutar las vacaciones de manera efectiva.

   Mientras exista la relación de trabajo, el convenio mediante el cual el patrono paga la remuneración de las mismas sin conceder el tiempo necesario para que el trabajador las disfrute, lo dejará obligado a concederlas con su respectiva remuneración, sin que pueda alegar en su favor el hecho de haber cumplido anteriormente con el requisito del pago.

   Artículo 235. El patrono llevará un Registro de Vacaciones según lo establezca el Reglamento de esta Ley.

   Y dispone el Reglamento vigente de la LOT:

   Artículo 95.- Salario para el cálculo de las vacaciones y el bono vacacional:

   El pago de las vacaciones y del bono vacacional deberá realizarse en base al salario normal devengado por el trabajador o trabajadora en el mes de labores inmediatamente anterior al día en que disfrute efectivamente del derecho a la vacación. En caso de salario por unidad de obra, por pieza, a destajo o a comisión, será el promedio del salario devengado durante el año inmediatamente anterior a la fecha en que disfrute efectivamente del derecho a la vacación.

   Cuando por cualquier causa termine la relación de trabajo sin que el trabajador o trabajadora haya disfrutado de las vacaciones a que tiene derecho, el patrono o patrona deberá pagarle la remuneración correspondiente calculado en base al último salario que haya devengado, incluyendo el pago de los días feriados y de descanso semanal obligatorio que le hubieren correspondido de haber disfrutado efectivamente las vacaciones.

   Con respecto a las vacaciones pretendidas, se resolvió en la sentencia consultada:

   Omissis

   En cuanto a los demás conceptos demandados, se consideran procedentes por cuanto el INSTITUTO DE S.P.D.E.B., no canceló los mismos al término de la relación de trabajo, y así se decide.

   En tal sentido le corresponde al actor, ciudadano J.L.R.M., los siguientes conceptos:

   Omissis

La suma de Bs.F 645,27, por concepto de Vacaciones no Disfrutadas (sic), periodos 2005-2006 y 2006-2007, y fracción 2007-2008.

Omissis

Acusa el accionante en el escrito de demanda que no disfrutó las vacaciones correspondientes a los períodos comprendidos 2005-2006 y 2006-2007, no obrando en autos ningún medio de prueba que permita a este sentenciador concluir que el demandante sí disfrutó las vacaciones reclamadas, carga probatoria que estaba en la esfera de riesgos procesales de la parte demandada. Dicha demostración bien pudo hacerse a través de cualquier medio probatorio idóneo, lícito y pertinente, particularmente con el registro de vacaciones que todo patrono está obligado a llevar según lo establecido por el artículo 235 LOT, pero, no habiéndolo hecho, quedó sin demostración esa circunstancia, siendo lo concluyente que ciertamente el demandante no disfrutó de las vacaciones a las cuales tuvo derecho a lo largo del vínculo laboral, estando obligado entonces el Instituto demandado a cancelarle dichas vacaciones no disfrutadas, con base en el salario normal devengado por el demandante, incluyendo el pago de los días feriados y de descanso semanal obligatorio que le hubieran correspondido si hubiere disfrutado de manera efectiva sus respectivas vacaciones. En consecuencia el ISPEB deberá cancelar al accionante los períodos de vacaciones vencidas y no disfrutadas (2005-2006 y 2006-2007) y las vacaciones fraccionadas aspiradas, calculadas de la siguiente manera:

1. Período 2005-2006: 15 días a base del salario diario indicado en el escrito de demanda (Bs. F. 16,83) = Bs. F. 252,45.

2. Período 2006-2007: 16 días a base del salario diario indicado en el escrito de demanda (Bs. F. 20,49) = Bs. F. 327,84.

3. Período fraccionado 2007: Bs. F. 64,98, por concepto de 2,83 días a base del salario indicado en el escrito de demanda (Bs. 22,96). El monto en cuestión es el resultado de dividir 17 días de vacaciones entre 12 meses del año y multiplicar el resultado por 2 meses de servicio prestados en el período; este resultado se multiplica por el salario diario indicado en el escrito de demanda.

   Consiguientemente, se declara procedente la pretensión del demandante para que, por concepto de vacaciones, el ente demandado le cancele la suma total de Bs. F. 645,27. Así se decide.

   Por lo que concierne al bono vacacional —cuya regulación legal ya ha sido transcrita— precisa este sentenciador que es un derecho cuyo pago corresponde a todo trabajador en la oportunidad de disfrutar sus vacaciones anuales —es, por tanto, un derecho que se apareja con el derecho a vacacionar. En el caso sub examine, está establecido ya por este juzgador que el demandante nunca disfrutó las vacaciones a las cuales tuvo derecho a lo largo del vínculo de trabajo. No habiendo disfrutado ninguna vacación, resulta evidente que tampoco se le canceló el bono vacacional al cual tenía derecho, obrando en cuanto a este concepto que debe el Instituto demandado cancelarle al demandante 15 días de bono vacacional no pagado (no obra en autos medio de prueba que demuestre lo contrario) por 2 lapsos vacacionales (2005-2006 y 2006-2007) y 1,5 días (bono vacacional fraccionado 2007) al salario de cálculo señalado en el escrito de demanda, pago que deberá efectivizar de la siguiente manera:

1. 2005-2006: 7 días a base de Bs. F. 16,83 (salario de cálculo señalado en el escrito de demanda) = Bs. F. 252,45.

2. 2006-2007: 8 días a base de Bs. F. 20,49 (salario de cálculo señalado en el escrito de demanda) = Bs. F. 163,92.

3. Período fraccionado 2007: Bs. F. 64,98, por concepto de 1,5 días a base del salario indicado en el escrito de demanda (Bs. 22,96). El monto en cuestión es el resultado de dividir 9 días de bono vacacional entre 12 meses del año y multiplicar el resultado por 2 meses de servicio prestados en el período; este resultado se multiplica por el salario diario indicado en el escrito de demanda.

   Consiguientemente, se declara procedente la pretensión del demandante para que, por concepto de bono vacacional, el ente demandado le cancele la suma total de Bs. F. 481,35, punto en el que queda modificada la sentencia consultada. Así se resuelve.

4. INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 125 LOT.

   El sentenciador de primer grado, para resolver lo pretendido por el demandante, se pronunció acertadamente en los siguientes términos:

   Omissis

   … vemos que en la pruebas existentes en autos y valoradas por este Juzgador, se desprende que el actor, ciudadano J.L.R.M., ingresó a prestar sus servicios en la Dirección de S.A. y Contraloría Sanitaria del Estado Bolívar, desempeñando funciones de VIGILANTE en calidad de contratado, bajo la modalidad de eventual en forma ininterrumpida desde el 1º de Agosto (sic) del 2005 hasta el 30 de Septiembre (sic) del 2007, cuando finalizó su último contrato a tiempo determinado, para una Antigüedad (sic) de dos (2) años, un (1) mes y veintinueve (29) días.

   Al respecto establecen los artículos 67, 72 y 77, de la Ley Orgánica del Trabajo lo siguiente:

   Artículo 67: “El contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona se obliga a prestar servicios a otra bajo su dependencia y mediante una remuneración”.

   Artículo 72: “El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo indeterminado, por tiempo determinado o para una obra determinada”.

   Artículo 77: “El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo determinado únicamente en los siguientes casos:

   1. Cuando lo exija la naturaleza del servicio;

   2. Cuando tenga por objeto sustituir provisional y lícitamente a un trabajador; y

   3. En el caso previsto en el artículo 78 de esta Ley”.

      Omissis

      Así las cosas, vemos que el actor reclama sus prestaciones sociales; por ante la Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar, en fecha 14 de Mayo (sic) del 2008; y por cuanto las partes no llegaron a un acuerdo quedo (sic) expedita la vía jurisdiccional para continuar el reclamo.

      En tal sentido se observa que si el actor hubiera considerado que su contrato era a tiempo indeterminado hubiera reclamado por ante la Inspectoría de Trabajo, su reenganche y pago de salarios caídos, amparados en la inamovilidad que para el momento de la terminación de la relación de trabajo estaba vigente; en razón de que a juicio de este Juzgador el contrato de trabajo a tiempo determinado suscrito por el actor tenia vigencia hasta el 30 de Septiembre (sic) del 2007; fecha ésta que coincide con la fecha señalada por el actor en su libelo de demanda como terminación de la relación de trabajo; se puede concluir que no finalizó por despido injustificado, sino por vencimiento del contrato a tiempo determinado; por lo que no se considera procedente el reclamo de indemnización por despido injustificado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, y así se decide.

      Omissis

      Establece la LOT:

      Artículo 125. Si el patrono persiste en su propósito de despedir al trabajador, deberá pagarle adicionalmente a lo contemplado en el artículo 108 de esta Ley, además de los salarios que hubiere dejado de percibir durante el procedimiento, una indemnización equivalente a:

      1) Diez (10) días de salario si la antigüedad fuere mayor de tres (3) meses y no excediere de seis (6) meses.

      2) Treinta (30) días de salario por cada año de antigüedad o fracción superior de seis (6) meses, hasta un máximo de ciento cincuenta (150) días de salario.

      Adicionalmente el trabajador recibirá una indemnización sustitutiva del preaviso previsto en el artículo 104 de esta Ley, en los siguientes montos y condiciones:

   1. Quince (15) días de salario, cuando la antigüedad fuere mayor de un (1) mes y no exceda de seis (6) meses;

   2. Treinta (30) días de salario, cuando fuere superior a seis (6) meses y menor de un (1) año;

   3. Cuarenta y cinco (45) días de salario, cuando fuere igual o superior a un (1) año;

   4. Sesenta (60) días de salario, cuando fuere igual o superior a dos (2) años y no mayor de diez (10) años; y

   5. Noventa (90) días de salario, si excediere del límite anterior.

      El salario de base para el cálculo de esta indemnización no excederá de diez (10) salarios mínimos mensuales.

      PARÁGRAFO ÚNICO.-. Lo dispuesto en este artículo no impide a los trabajadores o sus causahabientes el ejercicio de las acciones que puedan corresponderles conforme al derecho común.

      Comparte plenamente este sentenciador la decisión del iudex a quo, pues, como lo regula la ley, para que el trabajador tenga derecho a las indemnizaciones adicional de antigüedad y sustitutiva del preaviso, es menester que haya acaecido una manifestación unilateral injustificada por parte del patrono para poner término a la relación de trabajo, supuesto que no se da en el caso bajo decisión, pues la cesantía del demandante se dio por expiración del término del último contrato de trabajo que existió entre las partes. Así queda establecido.

      Por razón de ello, se declara improcedente la pretensión del accionante con respecto a las indemnizaciones adicional de antigüedad y sustitutiva del preaviso. Así se deja resuelto.

5. INTERESES DE MORA.

   Solicitó el actor en el escrito de demanda la cancelación de los intereses moratorios causados por la no oportuna cancelación de los créditos laborales a los cuales tiene derecho.

   Establece la Constitución de la República:

   Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales con créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.

   Esa categorización constitucional a nivel normativo del salario y de las prestaciones sociales de los trabajadores hace evidente que, a partir de la entrada en vigencia de la actual Constitución, tales beneficios sociales gozan de las siguientes garantías:

1. Se deben cancelar de inmediato una vez se causen, de modo que el salario debe pagarse en la forma, tiempo y lugar regulados por los artículos 147-157 LOT; y la prestación de antigüedad se debe cancelar al terminar la relación de trabajo, según lo establecido en el artículo 108 eiusdem. He allí el sentido de la norma cuando califica ambos conceptos como créditos de exigibilidad inmediata. La no cancelación en el momento debido, es decir, inmediatamente después de su causación, hace que el patrono deudor deba cancelar intereses de mora, los cuales constituyen deudas de valor.

   En doctrina se diferencian las obligaciones dinerarias de las obligaciones de valor. Las primeras nacen como obligaciones pecuniarias y se cumplen con la transmisión de la propiedad de una cantidad de dinero, mientras que las segundas no nacen como obligaciones dinerarias, sino como referentes a un determinado valor no monetario y sólo se cumplen a través de la transmisión de la propiedad sobre una suma de dinero. «Las obligaciones de valor presentan así un doble aspecto temporal: en primer lugar, nacen como obligaciones referidas a un valor; posteriormente, ese valor es transformado en una cantidad de dinero, cambiando el objeto de la obligación, por lo que ésta se transforma en una obligación de dinero» (V. en http://www.zur2.com/fcjp/115/viso.htm, Á.G.V., Naturaleza jurídica de la obligación tributaria).

2. Si el patrono no cancela el salario y las prestaciones sociales de manera inmediata a su causación, debe cancelar intereses moratorios desde el mismo momento de incurrir en la mora, los que deben calcularse y pagarse, según diuturna e inveterada doctrina de la Sala de Casación Social, sobre el monto condenado, cálculo que debe partir desde la fecha de culminación del nexo laboral hasta que la sentencia quede definitivamente firme, basando la Sala su doctrina en lo establecido por el artículo 92 de la Constitución de la República antes transcrito.

   Consiguientemente, procede la pretensión del actor en cuanto al pago de los intereses de mora, los cuales se establecerán por la experticia complementaria del fallo que se ordenará en esta sentencia, con base en la tasa inflacionaria establecida mes a mes por el Banco Central de Venezuela. Así se resuelve.

   DOCTRINA DE LA SALA DE CASACIÓN SOCIAL SOBRE INTERESES MORATORIOS Y CORRECCIÓN MONETARIA.

   La Sala de Casación Social, en sentencia de 11 de noviembre de 2008 (caso J.S. contra Maldifassi & Cia, C. A.), precisó lo siguiente:

   Omissis

   Conteste con lo anterior, esta Sala de Casación Social establece en la presente decisión algunas parámetros que deberán ser tomados en cuenta por los jurisdicentes al momento de hacer la condena de los intereses moratorios e indexación previstos constitucional y legalmente, y que constituyen la nueva doctrina jurisprudencial de esta Sala, en el sentido infra detallado, a ser aplicada tanto en los procedimientos iniciados bajo el iter procesal consagrado en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo, como en los iniciados o que se inicien en lo sucesivo bajo el vigente régimen adjetivo laboral.

   En primer lugar, y en lo que respecta a los intereses moratorios causados por la falta de pago de la prestación de antigüedad consagrada en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al ser concebida constitucionalmente como una deuda de valor, se establece que el cómputo de los mismos debe hacerse desde la fecha en que la misma es exigible, vale decir, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, sea por causas atribuibles a la voluntad de las partes o por causas ajenas a la misma, independientemente de la oportunidad elegida por el trabajador para reclamar sus derechos judicial o extrajudicialmente.

   En segundo lugar, debe asumirse el mismo criterio establecido en el párrafo anterior con respecto a la indexación de la cantidad que por prestación de antigüedad sea adeudada al ex trabajador.

   En tercer lugar, y en lo que respecta al período a indexar de los otros conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha de notificación de la demandada en el nuevo proceso y de citación en el procedimiento derogado, por las razones y fundamentos anteriormente explanados hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales.

   En cuarto lugar, y en lo que respecta al período a indexar de las indemnizaciones provenientes de la ocurrencia de accidentes laborales o enfermedades profesionales, exceptuando lo que concierne al daño moral, su inicio será la fecha de notificación de la demandada en el nuevo proceso y de citación en el procedimiento derogado, por las razones y fundamentos anteriormente explanados hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales.

   En quinto lugar, las condenas indemnizatorias en los juicios de estabilidad, tales como salarios dejados de percibir y demás establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, se ratifica el criterio asumido por esta Sala en decisión Nº 254 del 16/03/2004 en el sentido que en los juicios especiales de estabilidad no se demanda el pago de prestaciones o indemnizaciones laborales porque el patrono estuviera en mora, en ellos se solicita la calificación de un despido por el incumplimiento de una obligación de no hacer, y la sentencia, en caso que se declare procedente, ordena sólo el reenganche con el pago de los salarios caídos; pero es a partir de esa declaratoria que se deben los salarios caídos, que son exigibles, no antes, aún cuando para su cuantificación se tome en cuenta el tiempo del procedimiento como sanción al empleador, por lo que no puede aplicarse la corrección monetaria en el procedimiento de estabilidad, en el entendido que si se cumple con el reenganche y el trabajador regresa a su puesto de trabajo debe recibir exactamente el monto de los salarios caídos que dejó de percibir, sin imputarle corrección monetaria porque de hacerlo, primeramente se estaría aplicando la indexación sin estar presente la mora del patrono, y en segundo lugar, pudiera darse la circunstancia que el trabajador reenganchado, al indexarle los salarios caídos, reciba mayor remuneración que la obtenida por otros trabajadores que realizan idénticas funciones.

   En sexto lugar, en lo que respecta a las acciones de mero certeza o de mera declaración, en las que no se pide una resolución de condena a una prestación, sino la mera declaración de la existencia o inexistencia de una relación jurídica, las cuales no requieren ejecución, debe señalarse que a las mismas es inaplicable la institución de la indexación.

   En séptimo lugar, en caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

   En octavo lugar, estos peritajes serán realizados por un solo experto designado por el Tribunal Ejecutor.

   Omissis

   CONCLUSIÓN.

   Precisado todo lo anterior, este sentenciador confirmará en esta decisión la sentencia consultada. Así se resuelve.

   VIII

   DECISIÓN

   Por todos los razonamientos que anteceden, este Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar (sede Ciudad Bolívar), en ejercicio de la facultad de administrar justicia que dimana de los ciudadanos y ciudadanas, en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA:

SE CONFIRMA la sentencia consultada, proferida el 9 de marzo del corriente 2010 por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO de esta extensión territorial, en los puntos y términos explicados en la motiva de esta sentencia, menos en lo que concierne al bono vacacional, punto en que SE MODIFICA la sentencia.

SE DECLARA CON LUGAR la demanda que encabeza las actuaciones de este asunto y contiene pretensión del ciudadano J.L.R.M. (identificado en el encabezamiento de esta decisión) contra el INSTITUTO DE S.P.D.E.B. (ISPEB), en los puntos indicados en el dispositivo siguiente.

SE CONDENA al INSTITUTO DE S.P.D.E.B. (ISPEB) a cancelar al demandante J.L.R.M., los siguientes conceptos:

1. Por concepto de antigüedad, la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO BOLÍVARES FUERTES CON 28/100 (BS. F. 2.478,28).

2. Por concepto de intereses generados por la prestación de antigüedad acumulada durante la relación de trabajo, la suma de TRESCIENTOS DIECISÉIS BOLÍVARES FUERTES CON 50/100 (BS. F. 316,50).

3. Por concepto de bonificación de fin de años (períodos 2005, 2006, 2007), la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES FUERTES CON 59/100 (BS. F. 635,59).

4. Por concepto de vacaciones (períodos 2005-2006, 2006-2007 y fraccionada 2007), la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLÍVARES FUERTES CON 27/100 (BS. F. 645,27).

5. Por concepto de bono vacacional (períodos 2005-2006, 2006-2007 y fraccionada 2007), la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN BOLÍVARES FUERTES CON 35/100 (BS. F.481,35).

6. Los intereses de mora generados por las sumas adeudadas y no canceladas por el ente demandado, los cuales se establecerán por la experticia complementaria del fallo que se ordena en este dispositivo.

SE DECLARA SIN LUGAR la demanda en lo que concierne a la pretensión del demandante para que el ente demandado le cancele las indemnizaciones adicional de antigüedad y sustitutiva del preaviso, reguladas por el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo.

SE ORDENA LA REALIZACIÓN DE UNA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO para calcular los intereses moratorios sobre las cantidades condenadas a pagar por esta sentencia, experticia que se ajustará a los siguientes parámetros: i) se realizará por un solo perito que designará el juez a quien corresponda la ejecución de esta decisión, una vez que la misma alcance estado de ejecutoriedad; ii) los intereses moratorios serán calculados con base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, según lo dispuesto en el artículo 108.c) de la Ley Orgánica del Trabajo; iii) el perito deberá ajustarse al criterio establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia del caso J.S. contra Maldifassi & Cia, C. A., parcialmente transcrita en esta decisión; iv) para el cálculo de los intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los mismos, ni serán objeto de indexación; v) todos los conceptos deberán calcularse con apego a lo establecido tanto en la parte motiva de esta sentencia, como en este dispositivo; vi) el perito deberá considerar que el actor laboró efectivamente desde el día 1 de agosto de 2005 hasta el 30 de septiembre de 2007; vii) el ISPEB deberá suministrar al perito toda la información que éste le requiera para hacer sus cálculos, en el entendido que de no suministrarle la información o de suministrarla falsa o incompleta, el experto hará sus cálculos con la información aportada por el accionante en el escrito de demanda; viii) el juez de la ejecución dotará al perito de una credencial clara, amplia y suficiente para los fines de lo establecido en el punto anterior; ix) los montos que se obtengan del peritaje se expresarán en bolívares fuertes; y X) los honorarios profesionales del experto serán cancelados por el ISPEB.

En caso que el ISPEB no diere cumplimiento voluntario a los mandatos contenidos en este dispositivo, el juez al que corresponda la ejecución aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la decisión y del privilegio del cual gozan los institutos públicos estaduales para no ser condenados en costas.

Conforme lo establecido en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente, notifíquese de esta decisión al ciudadano Procurador General del Estado Bolívar, remitiéndole copia certificada de la misma, en el entendido que, desde la fecha en que conste en autos haberse cumplido con la notificación ordenada, comenzará a correr un lapso de 30 días continuos, al término del cual se tendrá por notificado el Procurador del Estado. En la respuesta que por ley debe dar el Procurador al acto de notificación que se ordena, deberá manifestar si se ratifica la suspensión o si renuncia a lo que quede del lapso.

Una vez quede firme esta decisión, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Ciudad Bolívar, a los doce días del mes de mayo de dos mil diez. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

EL JUEZ SUPERIOR,

A.S.N.

LA SECRETARIA DE SALA,

M.E.R.I.

En la misma fecha, siendo las doce del mediodía, se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA DE SALA,

M.E.R.I.