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Decisión nº UG012012000307 de Corte de Apelaciones de Yaracuy, de 8 de Noviembre de 2012

Procedimiento:Sin Lugar El Recurso De Apelación
Ponente:Wladimir Di Zacomo Capriles
Número de Expediente:UP01-R-2011-000008
Fecha de Resolución: 8 de Noviembre de 2012
Emisor:Corte de Apelaciones
RESUMEN

Esta Corte De Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los Abogados Bárbara Macchia Angélica y Jean Carlos Tovar Vargas, actuando en su condición de Fiscal Sexto en materia de Defensa Ambiental a Nivel Nacional del... (ver resumen completo)

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Corte de Apelación Penal de San Felipe

San Felipe, 8 de noviembre de 2012

202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : UP01-P-2009-004799

ASUNTO : UP01-R-2011-000008

RECURRENTE: ABOGADOS BARBARA MACCHIA y JEAN

CARLOS TOVAR EN SU CARÁCTER DE FISCAL

SEXTA NACIONAL Y CUARTO DEL ESTADO

YARACUY

MOTIVO: RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO

PROCEDENCIA: TRIBUNAL DE CONTROL Nº 4 DEL CIRCUITO

JUDICIAL PENAL DEL ESTADO YARACUY

PONENTE: WLADIMIR DI ZACOMO

Corresponde a esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, de conformidad con lo establecido en el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, conocer acerca del recurso de apelación de auto, conforme el artículo 447, numeral 5º del Código Orgánico Procesal Penal, interpuesto por los Abogados Bárbara Macchia Angélica y Jean Carlos Tovar Vargas, actuando en su condición de Fiscal Sexto en materia de Defensa Ambiental a Nivel Nacional del Ministerio Público y Fiscal (E) Cuarto del Ministerio Público del Estado Yaracuy, respectivamente, contra la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 4 de este Circuito Judicial Penal, en fecha 25 de enero de 2011, inserta en la causa principal UP01-P-2011-004799.

Para resolver, este Tribunal Colegiado realiza las siguientes consideraciones:

En fecha 8 de octubre de 2012, se da por recibido el presente asunto y se acuerda darle entrada, anotándolo en los libros respectivos y se procedió a asignar la nomenclatura respectiva.

El día 15 de octubre de 2012, se constituye el Tribunal Colegiado, para conocer el presente asunto con los Jueces Superiores: Abg. Jholeesky del Valle Villegas Espina (Presidenta), Abg. Luís Ramón Díaz y Abg. Wladimir Di Zacomo, siendo designado ponente el Juez Superior Temporal Abg. Abg. Wladimir Di Zacomo, según el orden del sistema de distribución y con tal carácter firma el presente fallo.

En fecha 22 de octubre de 2012 esta Corte de apelaciones acuerda remitir nuevamente el asunto al Tribunal de origen a fin que sean agregados las boletas de notificación libradas a las partes.

En fecha 30 de octubre reingresa el presente asunto procedente del Tribunal de Control Nº 4 de este Circuito Judicial Penal, una vez consignado los recaudos solicitados por esta Corte.

En fecha 01 de noviembre de 2012, se publica resolución mediante la cual se admite el presente recurso de apelación.

En fecha 07 de noviembre de 2012, el Juez ponente Abg. Wladimir Di Zacomo, consignó ante la Secretaría de esta Corte la ponencia en el presente asunto.

DECISIÓN RECURRIDA

La decisión recurrida, versa sobre sentencia publicada en fecha 25 de enero de 2011, por el Juzgado de Control Nº 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, mediante el cual el órgano jurisdiccional prenombrado declara sin lugar la medida judicial precautelativa solicitada por el Ministerio Público, consistente en que se ordene el desalojo de las personas, animales y cosas que se encuentren en las viviendas ubicadas en el sector los Letreros-las Crucesitas, Zona protectora de la Sierra de Aroa, naciente del Río Guama, municipio Sucre del Estado Yaracuy, así como la demolición de viviendas, cercas, muros y cualquier otro.

DE LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN

Los recurrentes manifiestan que fundamentan su apelación en el artículo 285, numeral 4ª de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 447, numeral 5º del Código Orgánico Procesal Penal.

Así mismo los recurrentes narran los hechos y las actuaciones que acompañaron a su solicitud consistentes en escrito de denuncia de fecha 19 de agosto de 2002, acta de inspección de fecha 14 de septiembre de 2002, acta de inspección de fecha 16 de septiembre de 2002, comunicación de fecha 08 de diciembre de 2004, informe circunstanciado de fecha 11 de julio de 2006, informe de inspección técnica de fecha 18 de julio de 2006, informe técnico de fechas 15 y 16 de agosto de 2006, informe de inspección de fecha 18 de julio de 2006, acta policial de fecha 18 de julio de 2007, informe de inspección de fecha 16 de agosto de 2006 e informe de inspección ocular de fecha 13 de noviembre de 2007.

Así mismo los recurrentes expresan que la decisión recurrida solamente se limita a valorar la fecha de la denuncia de los hechos sin evaluar ninguno de los informes de inspección presentados, informes que en su gran mayoría emanan del órgano rector en al materia ambiental como lo es el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, donde se desprende una conducta de depredación ambiental continua y progresiva en un área que requiere de protección especial para el mantenimiento del balance hidrológico de la sierra de Aroa.

Que la Juzgadora en cortas líneas carentes de motivación desechó la posibilidad de ponerle un freno a una serie de actividades degradantes del ambiente, sin entrar a valorar que se trata de un área bajo régimen de administración especial. Que dicha sentencia causa un gravamen irreparable al no establecer motivación alguna para considerar la necesidad de dejar desprovistos de tutela judicial efectiva ambiental a la Zona Protectora de la Sierra de Aroa y en consecuencia al recurso hídrico que esta área concede y al no valorar los informes técnicos que sustentan la solicitud fiscal. Que la Juez quebranto el mandato legal consagrado en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal y cita su contenido.

Igualmente cita sentencia Nº 553 de fecha 12 de agosto de 2005 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Así mismo denuncia los recurrentes que el fallo realiza una errónea interpretación de la norma al argumentar que para que sea viable la solicitud de una medida precautelar ambiental es necesario que exista una causa registrada en el sistema informático JURIS 2000, situación que se aleja del contenido del artículo 24 de la Ley Penal del Ambiente, así como que en la presente causa existe una investigación penal previa signada con el número 22F4-4249-02, por ante la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público.

Que para decidir sobre la tutela judicial ambiental solicitada por el Ministerio Público con base al artículo 24 de la Ley Penal del Ambiente y 111 y 112 de la Ley Orgánica del Ambiente, en directa conexión con los artículos 550, 585 y 588 del Código Orgánico Procesal Penal, era necesario que el tribunal entrara a examinar de forma motivada todas y cada uno de los tres elementos esenciales cautelares como lo son el fumus boni iuris, el periculum in mora y el periculum in damni.

Igualmente los recurrentes manifestaron que ostentan la legitimación para solicitar las medidas precautelativas. Así como citan sentencia de fecha 25 de junio de 2003 en el expediente Nº 02-2588 de la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia en el expediente Nº 00-1395 de fecha 21 de noviembre de 2000.

Que en el presente caso se cumplen los supuestos legales exigidos para la procedencia de la medida cautelar solicitada por tratarse de daños irreversibles en las zonas boscosas de vegetación...

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